El Estado de Derecho y el sometimiento al imperio de la ley, junto con la separación de poderes, han venido siendo características definitorias de los Estados democráticos occidentales en el último siglo. Y si vivimos en sociedades legalistas, resulta importante conocer cómo poder evaluar las diferentes normas jurídicas.
Existen tres parámetros que se pueden tener en cuenta para dicho análisis, a saber: Validez, Eficacia y Justicia. Vamos a estudiar de forma breve en este ensayo estos tres conceptos de teoría del Derecho, que nos permitirán cualificar la multitud de normas legales que nos podemos encontrar cada día.
La validez.
En primer lugar, si nos situamos en lo que respecta a la validez una norma, estaríamos ante una visión del Derecho como conjunto normativo coherente y sistemático. Es decir, para considerar válida una regla jurídica, tendríamos que analizar dicha validación confrontando la misma frente a un sistema jurídico formal previo y de orden superior. Ese orden por regla general conllevará que una norma solo sea válida si se cumplen todo y cada uno de los siguientes puntos:
- Ha sido emitida por un órgano con competencias suficientes para hacerlo.
- Dicho órgano ha seguido el procedimiento normativo adecuado para su emisión.
- La norma en cuestión no contradice ninguna otra norma de rango superior.
- La norma no ha sido modificada o derogada por otra norma posterior y con competencia suficiente para hacerlo.
Como vemos, la validez es tanto formal (órgano, procedimiento) como sistemática (no va en contra de otras normas, y no ha sido modificada o derogada por otra norma posterior).
Sintetizando, la validez de una norma requiere un órgano emisor competente, que ha seguido fielmente un procedimiento previamente definido para emitir normas, que no contraviene una norma superior, y que no ha sido derogada por una norma posterior que pudiese hacerlo.
Este juicio de validez sirve de forma directa para normas dentro del sistema (ley orgánica, ley ordinaria, decreto, reglamento, orden ministerial, etc…) pero puede plantear mayores dudas si lo que intentamos es emitir un juicio de validez respecto de normas consuetudinarias (basadas en la costumbre) o normas basadas en los principios generales del Derecho, así como también en cuanto a normas emanadas de la jurisprudencia. Como regla general creo que podríamos considerar a este respecto que si una norma dentro del sistema jurídico otorga validez a la costumbre, a los principios generales o a la jurisprudencia, dentro de unos supuestos o emitidos por unos órganos judiciales concretos, ahí radicaría y encontraríamos su validez.
Mucho más complicado resultaría emitir un juicio de validez respecto de una norma fundamental, es decir, una norma constitucional, fundacional o Constitución. ¿Dónde encontramos las reglas para validar una Constitución, si no existe una norma previa ni una norma superior que determine su validez?. En las democracias occidentales esta lógica falta de normas previas y superiores se suple recurriendo a principios de consenso democrático, es decir, los representantes políticos que se entiende que legítimamente representan de forma mayoritaria a la sociedad se reúnen en un Parlamento o Congreso, y acuerdan de forma consensuada las reglas que se seguirán para redactar y aprobar la Constitución. Después, una vez redactada, se somete el texto de la misma, a una votación de referéndum vinculante en la que participan todos los ciudadanos mayores de edad y con capacidad de obrar suficiente, a fin de que ello refuerce su validez.
La eficacia.
Este segundo parámetro se circunscribiría dentro de la concepción del Derecho como hecho social, consustancial a una sociedad concreta y específica en el espacio (un país, una comunidad de países, una nación, etc…) y en el tiempo (un gobierno determinado, una década o generación determinada, etc…). Busca enjuiciar si la norma objeto de estudio es eficaz a dicha situación temporal y espacial en la cual está en vigor.
En términos generales podríamos afirmar que una norma es eficaz cuando es observada de forma general por la ciudadanía, y de manera voluntaria. Es decir, que la sociedad se ajusta a dicha norma, y la misma por tanto cumple su cometido.
Cabría catalogar de manera muy genérica el grado de eficacia de una norma de la siguiente forma:
- Normas muy eficaces, que son aquellas que se cumplen generalmente por la sociedad, de manera voluntaria y sin que sea necesaria ninguna sanción. Ejemplo: el deber de alimentos respecto de los familiares prescrito por el Código Civil.
- Normas eficaces, que son aquellas que se cumplen generalmente por la sociedad, pero no tanto voluntariamente como por miedo a las sanciones que acarrearía su incumplimiento. Ejemplo: el deber de presentar la declaración del impuesto sobre la renta.
- Normas poco eficaces, que son aquellas que suelen incumplir, a pesar de las sanciones. Ejemplo: el límite de velocidad en autovía.
- Normas nada eficaces, que son aquellas que se incumplen de forma sistemática, a pesar de las sanciones. Ejemplo: no aparcar en doble fila en las ciudades, algo que nunca se respecta en determinados momentos como en la hora de salida de los niños del colegio, y que mayoritariamente la policía local no tiene capacidad de controlar o multar por concentrarse demasiados focos en toda la ciudad en un mismo momento.
La justicia.
Esta dimensión se refiere a la concepción del Derecho como sistema moral y de valores. Una norma por tanto podría ser válida y eficaz pero no considerarse justa.
Por ejemplo una norma tributaria como el Impuesto de Sucesiones podría ser válida por estar aprobada y en vigor siguiendo todos los cauces necesarios por parte del órgano competente, y podríamos valorarla también como eficaz porque los ciudadanos afectados la cumplen por miedo a las sanciones. Pero, siendo válida y eficaz, podría considerarse sin embargo como una norma injusta, en tanto que está gravando el patrimonio que un ciudadano ha ahorrado durante toda su vida y transfiere a sus legítimos herederos al morir, cuando de hecho durante toda esa vida ese mismo ciudadano ya había pagado otros muchos impuestos, consiguiendo tras dichos pagos tributarios ahorrar ese patrimonio objeto de nueva imposición.
Realmente la valoración de injusticia del ejemplo anterior tiene una premisa, y es la consideración de que gravar con impuestos dos veces un mismo patrimonio se considere injusto. Pero podría haber personas o grupos políticos que no tuviesen esa consideración, o bien pensasen que a partir de un determinado volumen patrimonial es injusta la sucesión “mortis causa” si no se abona un peaje para la comunidad.
Lo que intentamos exponer es que, a diferencia de la validez o de la eficacia, la consideración de lo que es justo y de lo que no lo es supone adentrarse en un terreno mucho más subjetivo e incierto. Quizá lo que para unos es justo para otros es sumamente injusto, y viceversa.
Expuesto el problema anterior, debemos no obstante teorizar que toda sociedad y época concreta tienden a compartir una moral común, en mayor o menor medida. Habrá normas morales, como no robar o no matar, que tendrán un mayor grado de consenso en la sociedad, con lo cual si por ejemplo una Ley permitiese matar a los ciudadanos, aunque fuese jurídicamente válida y eficaz se percibiría rápidamente como injusta. Y habrá otras normas morales con menos consenso, como por ejemplo respetar la libertad de una persona para decidir libremente vacunarse, con lo cual una norma que impusiese la obligatoriedad de vacunarse ante una pandemia podría verse como justa por una parte de la sociedad, pero injusta por otra parte de la misma.
Una cuestión añadida a esta valoración de la justicia de una norma es la valoración de legitimidad de una norma. Si los ciudadanos la perciben como injusta, estimarán que no goza de legitimidad y por tanto, aunque sea válida y eficaz, tenderán a incumplirla y a intentar que se derogue por ilegítima.
Finalmente cabe indicar que hemos dicho más arriba que lo que es justo para un grupo de ciudadanos puede no serlo para otros muchos, con lo cual la justicia sería puramente un aspecto subjetivo. Pero existe un remedio para transformar en objetivo este aspecto, que reside en encontrar un conjunto de principios morales que podamos afirmar que son inherentes a todos los seres humanos en cualquier momento del tiempo: el derecho natural.
Así, si pudiésemos establecer la premisa de que un conjunto de valores como la vida, la integridad física, la igualdad, la propiedad privada o el pluralismo político son valores absolutos e inherentes al propio ser humano, y a este conjunto de valores lo llamamos principios de derecho natural, tendríamos ya el baremo para poder medir la mayor o menor justicia en términos objetivos de una norma jurídica: si contraviene el derecho natural es injusta.
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