Urdangarín, recurso de apelación y medidas cautelares

Una de los grandes errores de la opinión pública es pensar que con la primera sentencia termina el proceso penal. Y es que los condenados tienen derecho a recurrir a una segunda instancia, y así ha pasado en el caso de Iñaki Urdangarin, que ha planteado un recurso de apelación contra su sentencia condenatoria.

Este no es un derecho exclusivo de Urdangarin, sino que el recurso de apelación penal asiste a cualquier ciudadano condenado en el proceso penal, tratando de garantizar sus derechos y libertades en el marco del pleno Estado de Derecho.

Es lo que se conoce como principio de doble instancia, previsto en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, y en el  Protocolo 7º del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, que en nuestro derecho positivo garantiza el sistema de recursos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El recurso  permite un nuevo examen o novum iudicium de las pruebas practicadas, así como de la valoración jurídica de las normas aplicadas en la sentencia recurrida.

En tanto que se resuelva el recurso de apelación, la sentencia de primera instancia puede quedar en suspenso, y a fin de asegurar que este período de tiempo no pueda ser aprovechado por los condenados para intentar eludir la acción de la justicia, llevando a cabo acciones que dificulten o imposibiliten que el proceso penal pueda cumplir su fin, como por ejemplo la ocultación de bienes, o la huida a un tercer país sin convenio de extradición, se podrán imponer a los condenados medidas cautelares, que con carácter instrumental (no son un fin en sí mismas, sino un instrumento de aseguramiento de que la condena pueda devenir firme), provisional (no son medidas definitivas, sino modificables según discurra el proceso) y de  homogeneidad (con las penas previstas en la sentencia recurrida) aseguren la efectividad de la sentencia.

La adopción de medidas cautelares requiere de la valoración de dos presupuestos:

1- “Fumus Boni Iuris” o aspecto de buen derecho: razonada atribución del hecho punible a una persona determinada, con un alto grado de probabilidad, así como a que el hecho en cuestión sea constitutivo de delito.

2.- “Periculum in Mora” que significa la existencia de un peligro cierto de fuga del imputado, o de la disposición del patrimonio en perjuicio del futuro cumplimiento de la sentencia.

En el caso de Iñaki Urdangarin la Audiencia Provincial de Palma no ha apreciado riesgo de fuga, por lo que ha denegado el ingreso en prisión provisional.

En tanto que se dilucida el recurso de apelación, podría haberse decretado como medida cautelar el ingreso en prisión, bajo el razonado juicio de los presupuestos antes indicados. Pero pensemos que la privación de libertad es la más grave de las penas que pueden imponerse a un ciudadano, y como ya hemos explicado antes la sentencia de primera instancia no es definitiva en tanto que no se confirme en segunda instancia una vez interpuesta la apelación.

Por ello, cada día lo jueces se enfrentan a este tipo de decisiones (meter a una persona en la cárcel para asegurar la efectividad del proceso, sabiendo que la revisión de la sentencia puede dar lugar a la revocación de esta pena, con el consiguiente daño a las libertades del encausado). Y en el caso que nos ocupa se ha valorado la inexistencia de peligro de fuga.

Desde luego puede parecer un error, si ahora el penado se da a la fuga, o aprovecha su libertad para alterar elementos del proceso. Pero la Audiencia ha debido realizar su juicio de probabilidades bajo el marco del Estado de Derecho y su decisión es legítima, y garantista con las libertades fundamentales.

Otro error de la opinión pública es el de pensar que Iñaki Urdangarín ha eludido la cárcel y no tendrá que cumplir su condena. Ni mucho menos es así. Como ya hemos indicado en tanto que se dilucida la apelación, la sentencia está en suspenso. Pero si la segunda instancia confirma las penas privativas de libertad, tendrá que entrar en la cárcel y cumplir sus penas.

En resumen, no existen indicios para pensar que el señor Urdangarín ha gozado de un trato de favor por parte de la justicia española que no habría tenido el común de los ciudadanos. Sino que se ha actuado como con cualquier otro condenado en primera instancia, y le han asistido los mismos derechos. De la misma manera, tendrá que cumplir sus penas si se confirman en segunda instancia. Lo preocupante de nuestra justicia es que se hubiese caído en el populismo de haberle tratado más gravosamente por ser un personaje público.


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Tres razones para recomendar un PPA

Los Planes de Previsión Asegurados (PPA) han tenido un importante crecimiento en los últimos años, pasando a ser uno de los productos más utilizados por los particulares para la gestión del ahorro y previsión de su jubilación. Como ponen de manifiesto los Informes Anuales de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones publicados hasta 2015, mientras que las cuentas de partícipes de planes de pensiones individuales (PPI) presentaban una tendencia negativa, los PPA crecían cada año.

Por tanto en poco más de una década (los PPA se lanzaron al mercado español en 2003) estos seguros de ahorro se han convertido en un producto estrella, retando de manera directa el señorío que los PPI ostentaban tradicionalmente en nuestro país.

¿Por qué recomendar un PPA frente al resto de opciones disponibles en nuestro mercado, como los PPI o los PIAS? ¿No gozan todos prácticamente de la misma fiscalidad y de las mismas ventajas para los ahorradores?

En mi opinión, hay tres atributos diferenciales de los PPA que convierten este producto en una muy buena opción, y que debemos tener en cuenta para recomendar a los clientes en nuestro asesoramiento financiero:

1- Rentabilidad Técnica Asegurada: Sin duda, esta es la principal característica diferenciadora de estos productos. Los PPA son seguros de vida-ahorro que por Ley deben contar con un interés técnico garantizado. En un escenario como el actual, donde apenas encontramos PPI de rentabilidad garantizada, esto es, que garanticen las aportaciones más una rentabilidad anual, el PPA satisface esta necesidad de contar con una rentabilidad fija y conocida de antemano para nuestra inversión. Así, el tomador de una póliza de PPA sabe desde el minuto cero la rentabilidad que le va a aportar su inversión.

Aquí debemos destacar que el interés técnico garantizado no se aplica sobre la prima bruta, sino que a la misma se le deben descontar los gastos administrativos y de comercialización. Habrá que conocer las políticas de las compañías aseguradoras y leer las pólizas con detenimiento, para dar un buen servicio a nuestros clientes, pero no obstante estos no suelen ser relativamente elevados, por lo que la mayor parte del interés técnico garantizado se traducirá en interés real para el cliente.

¿Cómo consiguen las compañías de seguros ofrecer un interés asegurado? Lo que hacen las compañías de seguros es diseñar una estructura de inversión en activos financieros mediante técnicas actuariales que garantizan el interés asegurado: normalmente construyen una cartera de renta fija pública y privada, y/o productos derivados con subyacente renta fija, y con un horizonte de inversión coincidente con el plazo del PPA (habitualmente 10 años); con el dinero de las primas de los clientes que suscriben el PPA realizan la inversión en dichos activos financieros. Diseñan una estructura de inversión que asegure al tomador del PPA que en el plazo marcado recuperará el 100 % de su inversión, más el interés pactado.

Este esquema actuarial es muy similar al de los seguros de vida, que invierten sus primas en carteras de activos reales y financieros. Pues a nadie escapa que el PPA es un seguro de vida-ahorro con un plazo temporal marcado para su vencimiento.

2 – Participación en Beneficios o Interés Técnico Adicional: Además de garantizar un interés anual durante los años de duración del PPA, una gran parte de ellos ofrecen un interés adicional, variable, denominado “participación en beneficios”.

Como decíamos en el párrafo anterior, las primas se invierten en una cartera predefinida de activos, mediante técnica actuarial-financiera. Y si bien con la estructura de inversión se asegura una rentabilidad mínima, los activos pueden generar una mayor rentabilidad de la asegurada. El tomador que haya suscrito un PPA con participación en beneficios tendrá derecho a este plus de rentabilidad cada año.

Por tanto, su beneficio total será la suma del interés técnico asegurado más la participación anual en beneficios generada por las inversiones del PPA.

3 – Cobertura por fallecimiento: Si el PPA incluye esta cobertura, y la mayor parte la suelen incluir, en caso de fallecimiento del titular asegurado, los herederos designados cobrarán el 100 % del capital, más el interés designado en la póliza.

Sin embargo, si en vez de tratarse de un PPA se tratase de un PPI, en caso de fallecimiento los herederos designados cobrarían el valor de mercado de las participaciones del PPI, por lo que si en ese momento su valor de mercado fuese inferior al valor de la aportación que realizó el titular, los herederos obtendrían un menor importe del invertido. Un riesgo que el PPA elimina y una nueva ventaja por tanto a su favor.

Así por tanto, podemos concluir que la estructura interna de los PPA garantiza una rentabilidad asegurada a los ahorradores, lo cual resulta muy atractivo en un entorno de incertidumbre y tipos de interés bajos. Y no solo garantiza dicha rentabilidad en el caso de la cobertura ordinaria de jubilación o invalidez, sino también en caso de fallecimiento. Otorgando además una rentabilidad adicional mediante la participación en beneficios. Si bien un PPI nos puede llegar a otorgar mucha más rentabilidad, un PPA se constituye por todo lo dicho en una gran opción de seguridad para los ahorradores.

El oro como inversión segura

Desde la más remota antigüedad, pocos son los bienes materiales que se han demostrado tan idóneos para mantener y rentabilizar el valor de una inversión como el oro. Es sin duda el rey de los activos reales de inversión, seguido quizá de la plata y los diamantes.

Todo patrimonio bien diversificado, es decir, con activos de baja correlación entre sí que reduzcan al máximo el riesgo total de la cartera, debería distinguir entre activos reales y activos financieros. Y dentro de los activos reales distinguiríamos a su vez entre bienes muebles y bienes inmuebles. Entre los bienes muebles que podemos utilizar para invertir con éxito una parte del patrimonio de nuestros clientes aquellos de mayor solera son el arte, las joyas y los metales preciosos.

¿A quién podemos recomendar el Oro?

Dentro de los activos muebles, el oro se configura como el activo idóneo que podemos recomendar a los clientes de perfil conservador, con un horizonte de inversión a largo plazo, alta aversión al riesgo y que buscan estabilidad en su inversión.

¿Dónde adquirir oro físico?

Podemos adquirirlo en cualquier joyería o establecimiento dedicado a la compraventa de oro, pero es necesario tener muy en cuenta el precio de mercado del oro en cada momento, dado que muchos de estos comercios mantienen unos precios superiores, por lo cual habrá de negociarse para no acabar comprando por encima del valor real.

En distintas páginas de internet podremos conocer la cotización de este activo. Por ejemplo en oro.bullionvault.es.

https://oro.bullionvault.es/Precio-del-oro.do

También existen plataformas especializadas como Auvesta, Apmex o Lingoro, en las cuales poder realizar la compraventa.

¿Cuál es la forma estándar de medir el oro?

La forma estandarizada es el Lingote. También conocido como Gold Bar, o Bullion, consiste en la fusión de este metal precioso en un molde rectangular, con un peso de 400 Oz según el standard Good Delivery. En la práctica existen moldes de distinto peso, para facilitar las transacciones físicas. El lingote debe contener grabado el nombre de su fabricante, su pureza y su peso.

La Onza troy es una medida inglesa de peso que se utiliza para el oro, equivaliendo 1 Oz a 31,1035 gramos. La onza general equivaldría a 28,35 gramos, pero se adoptó internacionalmente la Onza troy para medir el peso del oro. Así por tanto, un lingote con el standard Good Delivery pesa 12,4 kg.

La pureza o ley viene determinada por la proporción del oro puro dentro de la aleación del lingote. Se han utilizado diferentes medidas en distintos países y momentos, pero siempre se mide el ratio de oro puro en el conjunto de la estructura o lingote. Una medida utilizada para la pureza del oro y muy conocida es el quilate. Un quilate de pureza de oro equivale a una veinticuatroava parte de la aleación. Así por tanto, si un lingote de oro es de 18 quilates esto significa que 18 de las 24 partes en que se puede dividir el lingote son oro puro. Esto equivale al 75 % del mismo. También se utilizan a nivel legal y en muchos países las milésimas, donde 750 milésimas de ley indican que 750 partes de cada 1.000 son oro puro (75 %).

¿Y por qué no todo el lingote o estructura de oro que compramos es oro puro? Principalmente porque para estabilizar y fundir el oro se pueden utilizar otros metales en el proceso. En joyería es habitual utilizar otros metales como el paladio o la plata, por ejemplo para crear oro blanco. Incluso cuando no se utilizan otros metales, pueden existir impurezas en el oro, para ello se utiliza la media “N” o “de los nueves” (9), mediante la cual una pieza de oro del 99 % de pureza se denominaría como de 2N, y si fuese del 99,9 % sería 3N (se han llegado a crear piezas de 6N).

¿Dónde custodiar el oro físico?

Podemos guardarlo en cualquier lugar que nos resulte seguro, desde luego. Por ejemplo en nuestra residencia en una caja fuerte. También pueden utilizarse cajas de seguridad de las instituciones bancarias y de depósito.

Fiscalidad del oro

Si compramos oro de joyería, debemos pagar el tipo general del IVA (21%).

Si compramos oro de inversión, podremos acogernos al régimen especial tributario previsto para el mismo. Y es que para lograr que el oro se asimile a otros activos financieros o de inversión, la legislación fiscal exime del IVA al mismo cuando los lingotes o láminas de oro adquiridas sean de ley igual o superior a 995 milésimas, y cuyo peso se ajuste a lo dispuesto en el apartado noveno de la Ley del IVA.

¿Qué alternativas existen a la compra y custodia personal del oro físico?

Los operadores Auvesta, Apmex o Lingoro ofrecen además del servicio de compra un servicio de custodia, emitiendo certificados de titularidad que reflejan la propiedad de los lingotes a nombre de su legítimo propietario. Estos certificados por sí mismos pueden utilizarse como medio de intercambio. Existe también un mercado de certificados de oro: por ejemplo, en Bolsa de Madrid se cotiza un certificado de oro referenciado a la Onza troy de Societé Generale.

También pueden utilizarse instituciones de inversión colectiva. Existen ETFs y Fondos de Inversión que se dedican a invertir en oro físico, así como en empresas mineras dedicas a la extracción del oro (con lo cual su correlación con el precio del oro es alta).
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La obligación de identificación de la policía

Si bien los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad están al servicio del ciudadano, y por lo general dichos cuerpos están formados por gente excepcional que vela cada día por nuestra seguridad, actuando como magníficos profesionales, no es menos cierto que cualquiera de nosotros podemos vernos involucrados en una situación complicada en la que consideremos que el funcionario policial no está actuando de manera respetuosa con nuestros derechos y libertades.

Y es que los miembros de los distintos cuerpos policiales en un Estado de Derecho deben ser absolutamente respetuosos con nuestra libertad de circulación, nuestra integridad física o moral, y con nuestra presunción de inocencia. Y nosotros como ciudadanos debemos exigir a estos funcionarios que el respeto a nuestra integridad y derechos sea efectivo siempre que veamos una sospecha de amenaza en la actuación policial.

Tras una situación que consideremos puede incurrir en abuso judicial debemos dirigirnos para denunciarlo al Juzgado, o a cualquier cuerpo de policía (Policía Nacional, Guardia Civil, Policías forales, Policías locales).

Pero poder identificar de manera clara y precisa al agente público que creemos ha menoscabados nuestras libertades o derechos es la piedra angular del proceso.

Pensemos que las más de las veces este tipo de situaciones en las que creeremos necesario levantar la mano ante un posible abuso policial van a ser situaciones de tensión o violentas, y si no recabamos de forma adecuada la identificación del funcionario es posible que no podamos después identificar de forma concreta a dicho agente en sede judicial.

Por ello, dentro de lo posible es necesario mantener la calma, y preguntar al agente público su número de identificación. Así mismo, y puesto que se trata de una numeración que puede ser difícil memorizar en el mismo instante, deberíamos poder anotarlo (por ejemplo en el teléfono móvil, o en cualquier papel que tengamos a mano). Incluso tendríamos que pedirle a dicho agente su colaboración, para que nos facilite por escrito dicha identificación. Los servidores públicos no deberían tener problema en ello si no tienen nada que ocultar.

El artículo 18 del Real Decreto 1484/1987, de 4 de diciembre, sobre normas generales relativas a escalas, categorías, personal facultativo y técnico, uniformes, distintivos y armamento del Cuerpo Nacional de Policía, prescribe que <<Todos los uniformes llevarán obligatoriamente la placa-emblema del Cuerpo, con indicación del número de identificación personal, en el pecho, por encima del bolsillo superior derecho de la prenda de uniformidad.>>.

Así mismo, el artículo 21 del mismo Real Decreto establece los siguientes puntos:

<<1.- Los funcionarios que prestan servicio sin uniforme usarán como medio identificativo de su condición de Agentes de la Autoridad el carné profesional y la placa-emblema, cuando sean requeridos para identificarse por los ciudadanos o en los casos que sea necesario para realizar algún servicio.

2.- Los funcionarios que realizan servicio de uniforme acreditarán su condición de Agentes de la Autoridad con el mismo. No obstante, llevarán obligatoriamente el carné profesional, que será exhibido cuando sean requeridos para identificarse por los ciudadanos, con motivo de sus actuaciones policiales.

3.- Hallándose los funcionarios fuera de servicio, solamente podrán utilizar el carné profesional y la placa-emblema, excepcionalmente, cuando tengan que actuar en defensa de la Ley o de la seguridad ciudadana.>>

Por tanto, todo agente de policía está obligado a identificarse mediante la exhibición de su carné profesional a solicitud de todo ciudadano que se vea inmerso en una actuación policial.

Pero cabe preguntarnos ¿qué hacer si el policía se niega a facilitarnos su identificación? Deberíamos seguir los siguientes puntos:

  • Memorizar o anotar el número de matrícula de su vehículo.
  • Recabar testigos que después puedan confirmar nuestra solicitud de identificación y la negativa del agente.
  • Solicitar al agente que nuestra demanda de poner en conocimiento de su superior jerárquico la negativa de éste a identificarse.

Como decíamos al principio, siempre debemos presuponer que los agentes policiales cumplen de manera diligente con su trabajo, y si nos vemos involucrados en actuaciones policiales deberíamos confiar en su buen criterio.

Pero es importante que no olvidemos nuestros derechos, y que los hagamos siempre valer ante cualquier autoridad, y por ello pedir la identificación de los funcionarios policiales debe ser lo primero en cuánto percibamos que la actuación puede menoscabar nuestros derechos como ciudadano.

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