Diferencia entre responsabilidad mancomunada y responsabilidad subsidiaria

Toda obligación jurídica tiene dos partes: un acreedor y un deudor; estando el deudor obligado a realizar una prestación (dar, hacer o no hacer) a favor del acreedor. Pero ¿qué pasa cuando hay varios acreedores o varios deudores en una obligación? ¿Cómo responden ante la otra parte? ¿Cómo es la relación entre ellos?

Para responder correctamente estas cuestiones, lo primero de todo es determinar el tipo de responsabilidad de la obligación, porque en función del tipo de responsabilidad el régimen será distinto. Existen dos tipos:

  • Mancomunada
  • Solidaria

Siempre rige por defecto el régimen mancomunado, por lo que si en la ley o contrato que determine la obligación no se especifica expresamente que se trate de una obligación solidaria, corresponderá el régimen mancomunado. (art. 1137 C.C.).

Responsabilidad Mancomunada.

Como acabamos de ver, es el régimen general que rige por defecto en nuestro Derecho para las obligaciones en las que existen varios acreedores o varios deudores, por lo que se presumirán las deudas o beneficios mancomunados.

abogadoIgualmente, y salvo que se establezca algo distinto en la Ley o contrato del cuál surge la obligación, ésta se presumirá dividida en tantas partes iguales como acreedores o deudores haya, reputándose créditos o deudas distintos unos de otros (art. 1138 C.C.).

Si la división fuere imposible, sólo perjudicarán al derecho de los acreedores los actos colectivos de éstos, y sólo podrá hacerse efectiva la deuda procediendo contra todos los deudores. Si alguno de éstos resultare insolvente, no estarán los demás obligados a suplir su falta. (art. 1139 C.C.).

Responsabilidad Solidaria.

En este régimen, cada acreedor puede pedir y cada deudor debe prestar íntegramente las cosas objeto de la obligación. Es decir, si hay varios deudores que responden de manera solidaria, se puede exigir el cumplimiento íntegro de la obligación a cualquiera de ellos, debiendo todos ellos responder por el total de la misma. En caso de existir varios acreedores solidarios, cualquiera de ellos puede exigir el cumplimiento total de la obligación.

Así, el principio general es que cada deudor solidario, frente al acreedor, es deudor por entero; mientras que frente al resto de deudores, es deudor por su parte.

Las reglas generales en las obligaciones solidarias son las siguientes:

  • El deudor solidario podrá utilizar, contra las reclamaciones del acreedor, todas las excepciones que se deriven de la naturaleza de la obligación y las que le sean personales. De las que personalmente correspondan a los demás sólo podrá servirse en la parte de deuda de que éstos fueren responsables. (art. 1148 C.C.).
  • El pago hecho por uno de los deudores solidarios extingue la obligación. El que hizo el pago sólo puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno corresponda, con los intereses del anticipo (art. 1145 C.C.)
  • El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte cobrada la deuda por completo. (art. 1144 C.C.)
  • La incumplimiento por insolvencia de uno de los deudores solidarios será suplida por sus codeudores, a prorrata de la deuda de cada uno (art. 1145 C.C.).
  • La quita o remisión hecha por el acreedor de la parte que afecte a uno de los deudores solidarios, no libra a éste de su responsabilidad para con los codeudores, en el caso de que la deuda haya sido totalmente pagada por cualquiera de ellos. (art. 1146 C.C.).
  • Si la cosa hubiese perecido o la prestación se hubiese hecho imposible sin culpa de los deudores solidarios, la obligación quedará extinguida. Y si hubiese mediado culpa de cualquiera de ellos, todos serán responsables, para con el acreedor, del precio y de la indemnización de daños y abono de intereses, sin perjuicio de su acción contra el culpable o negligente. (art. 1147 C.C)

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Tipos de Decretos en España: Real Decreto, Real Decreto Legislativo y Real Decreto Ley

El Decreto es la norma jurídica que emana del poder ejecutivo, esto es, del Gobierno. Tradicionalmente se denomina Real Decreto por el hecho de que se sancionan por el Rey (art. 91 CE)  Son refrendados por el presidente del Gobierno o por los ministros competentes.

Según su rango en la jerarquía normativa, podemos diferenciarlos entre aquellos que tienen rango de Ley, y aquellos otros que tienen un rango inferior, reglamentario.

Real Decreto.

Como decíamos, se trata de una norma jurídica con rango de Reglamento, que sirve para ejercer el poder ejecutivo. La Constitución en su Art. 97 otorga al Gobierno la potestad reglamentaria, esto es, la facultad de promulgar normas con rango inferior a ley, y en desarrollo de los preceptos contenidos en ésta.

El Gobierno, al ejercer el poder ejecutivo, tiene a su disposición los decretos como la fórmula jurídica que le otorga la Constitución para el desarrollo de la Ley, a fin de poder ejecutar lo legislado.

El Decreto emana del Consejo de Ministros, pero existen también reglamentos que emanan de órganos ejecutivos inferiores, por delegación y especialización de las materias que desarrollan:

  • Real Decreto: proviene del Consejo de Ministros.
  • Orden: proviene de las Comisiones delegadas del Gobierno.
  • Orden Ministerial: proviene de un Ministerio.
  • Circulares, Resoluciones, Instrucciones y Ordenes de Servicio: provienen de los distintos órganos que integran la Administración Central, y su rango normativo depende del rango jerárquico del órgano del que emanan.

Podemos encontrar en la legislación administrativa, y para todos los sectores de actividad económica, miles de Decretos: sobre Energía, sobre Telecomunicaciones, sobre Agricultura, sobre Tráfico, etc… Cuanto mayor es la intervención del Gobierno en un sector, mayor es el número de Reales Decretos que podemos encontrar en dicho sector.

Real Decreto Legislativo.

Se trata de una norma que tiene rango de ley, realizada por el Gobierno por delegación del Parlamento.

El art. 82 C.E. permite al poder legislativo delegar en el Gobierno la realización de leyes, siempre que las materias a tratar no afecten a cuestiones reservadas a Ley Orgánica.

Existen dos tipos de delegación, y por tanto dos tipos de Real Decreto Legislativo:

  • Delegación para realizar un Texto Articulado, mediante una Ley de Bases del Parlamento, que delimita con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa, así como los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. Así, mediante esta técnica legislativa, el Parlamento sienta las bases de la materia a legislar, y el Gobierno desarrolla dicha materia en el Texto Articulado, que formalmente reviste la forma de Real Decreto Legislativo. El ejemplo más conocido en España es el del Código Civil: las Cortes aprobaron 27 bases que el Gobierno desarrolló en 1975 artículos.
  • Delegación para realizar un Texto Refundido, mediante una Ley Ordinaria del Parlamento que contendrá los límites y el objetivo de la delegación. Mediante esta técnica legislativa se encomienda al Gobierno la labor de refundir varios textos legales en uno solo. . La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. Algunos ejemplos de Reales Decretos Legislativos de este tipo son el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

Real Decreto-Ley.

Se trata también una norma con rango de Ley. El Art. 86 CE indica que en caso de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-Leyes.

Por esta naturaleza extraordinaria, tiene carácter provisional, y sólo puede valer para el tiempo necesario a fin de reunir al Parlamento para que sea éste quién “regularice” la situación de dicha legislación. Deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad en el Congreso en un plazo de treinta días desde su promulgación.

Así, en un plazo de treinta días el Congreso deberá convalidarlo o derogarlo. Si lo convalida, el Decreto-Ley seguirá llamándose así pero pasará a ser Ley ordinaria, y dejará de tener carácter temporal. Por el contrario, si el Congreso lo deroga dejará de existir pero habrá sido plenamente válido durante el tiempo anterior, pues la derogación no tiene efectos retroactivos.

El Gobierno como legislador.

La capacidad del Gobierno para crear normas legales está prevista en la Constitución como algo excepcional, solo para casos de extraordinaria y urgente necesidad (art. 86 CE) dado que nuestro Estado de Derecho tiene como principio básico la separación de poderes, quedando reservada la capacidad legislativa al Parlamento (art. 66.2 CE).

Por ello, el Real Decreto ordinario debería ser la única forma de crear normativa reguladora del Gobierno. Es decir, el Gobierno debe tener capacidad de crear Reglamentos pero no Leyes.

En el caso del Real Decreto Legislativo se entiende que no hay una creación pura de una nueva Ley, en tanto que se limita a Articular según lo previsto en la Ley de Bases, o bien a Refundir leyes y normas ya existentes.

Pero en el caso del Decreto-Ley el poder ejecutivo toma directamente las atribuciones de legislador, rompiendo la división de Poderes y entrando así en una dinámica peligrosa, la del Ejecutivo que además de ejecutar puede legislar, sin ostentar la representación del pueblo que sí que existe en el Parlamento, donde encontramos cientos de representantes de todos los partidos políticos (Congreso) y de todos los territorios nacionales (Senado).


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De quince a cinco, el nuevo plazo de prescripción en nuestro Derecho Civil

El pasado 7 de octubre entró en vigor la Ley 42/2015 de reforma de la Ley 1/2000 de 7 enero de Enjuiciamiento Civil (LEC), y junto a las distintas modificaciones que se realizan a la LEC encontramos también una reforma muy importante del régimen de prescripción de nuestro Código Civil. Concretamente una rebaja a cinco años del plazo general de prescripción.

La Disposición Final Primera de la Ley 42/2015 dispone la modificación del artículo 1964 C.C. que queda redactado como sigue:

<<1. La acción hipotecaria prescribe a los veinte años.

  1. 2. Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan>>

Anteriormente y desde su publicación en 1889 este artículo establecía un plazo general de prescripción de quince años. La prescripción es la institución jurídica que intenta salvaguardar la seguridad jurídica, haciendo que las acciones se extingan tras un plazo del tiempo que se considera suficientemente razonable como para que aquél que la hubiese querido ejercer lo hubiera hecho. Liberando así al sujeto pasivo de la misma tras dicho plazo.

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Por ejemplo, un acreedor no podrá venir hoy a reclamar el cumplimiento de una obligación de hace veinte años. Tras haber pasado esos veinte años sin que el acreedor haya reclamado, ha liberado con su <<non facere>> al deudor. El plazo de prescripción se inicia desde el día en que pudiesen haber sido ejercitados los derechos.Esta institución como decimos dota de seguridad jurídica y estabilidad al sistema. En la antigüedad del Derecho Romano las acciones fueron perpetuas, si bien según se fue desarrollando y evolucionando se estableció un plazo general de prescripción de treinta años. A nuestro Código Civil llegó el plazo general de quince años, un plazo que ha permanecido durante más de 125 años en nuestro Derecho Civil hasta la presente reforma.

Este plazo general de prescripción de quince años era uno de los más largos del mundo, por lo que el legislador ha decidido reducirlo a una tercera parte, en consonancia con los previstos en las legislaciones más modernas de los países de nuestro entorno jurídico. Según se indica en la exposición de motivos de la Ley, se trata de obtener un justo equilibrio entre los intereses del acreedor en la conservación de su pretensión y la necesidad de sujetarla a un plazo máximo. Es decir, reforzar la seguridad jurídica.

¿Y que pasa con la prescripción de las acciones nacidas antes de la entrada en vigor de esta Ley 42/2015? Según la Disposición Transitoria Quinta de esta Ley el tiempo de prescripción de las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se regirá por lo dispuesto en el art. 1939 del Código Civil: ” La prescripción comenzada antes de la publicación de este Código se regirá por las leyes anteriores al mismo; pero si desde que fuere puesto en observancia transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción, surtirá ésta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo.” Es decir, el plazo de prescripción para las acciones es el anterior de quince años; cambiando el mismo a cinco años, a partir del 7 de octubre de2015, fecha de publicación de la Ley 42/2015.

Diferencia entre Ley y Mandato

Decía ese gran jurista y economista que fue Hayek en su ensayo “Derecho y Ley” de abril de 1966 <<Ni la Atenas clásica, la Roma Republicana, la postrera Edad Media, los Países Bajos del siglo XVII o la Inglaterra del XVIII, conocieron una legislación que, según el sentido moderno, pudiese arbitrariamente transformar el derecho de determinar las relaciones de los hombres entre sí o con el gobierno. Sus corporaciones legislativas regían la conducción de los negocios del Estado y la administración de los medios confiados al gobierno. Pero el derecho que limitaba la libre esfera del individuo y fijaba las condiciones bajo las cuales él podía ser obligado a algo, emanaba, no de la caprichosa decisión de algunos hombres o de una mayoría, sino de una sala de juristas que, como jueces o juristas, creían no crear el derecho sino encontrarlo>>.

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Es decir, mientras que lo que hoy llamaríamos Derecho Público eran poco más que normas de carácter instrumental destinadas a organizar la administración del Estado, que desde luego no podían invadir la esfera privada del ciudadano, el verdadero Derecho, que hoy equivaldría al Derecho Civil de manera generalista (civil, mercantil y laboral) no se “inventaba” en el parlamento, sino que se buscaba en la forma más justa en que los hombres vivían, comerciaban y se relacionaban entre sí, fundamentado siempre en la libertad del individuo a disponer de sí mismo y de su patrimonio.

En la época moderna, el Estado ha invadido la libertad individual, confundiendo Derecho público y privado, y superponiendo al Estado frente al individuo.

La invasión del Estado se ha realizado a nivel jurídico igualando dos figuras que son muy distintas entre sí: La Ley y el Mandato. Mientras la Ley debe ser una norma de carácter general y abstracto, constante e invariable en el tiempo, que tradicionalmente regía el Derecho como tal, el Mandato supone una norma de carácter individual y concreto, destinada a regular un hecho determinado.

El Mandato era el tipo de norma que utilizaba la organización pública, mientras la Ley era el verdadero derecho, derivado de las relaciones entre los ciudadanos. Sin embargo, la apropiación del Estado de la vida de los ciudadanos se ha realizado vía Mandato, llamando Ley a muchas normas que no son más que meros Mandatos.

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La gran diferencia: mientras una Ley ordena la prohibición de hacer algo (no robar, no matar) un Mandato ordena el deber hacer algo (pagar un impuesto, seguir una determinada conducta).

Todo el Derecho Administrativo y el Derecho Fiscal, que han sido los instrumentos jurídicos del Estado para apoderarse de la vida civil, constituyen un mero conjunto de Mandatos, aunque sus normas tengan el nombre de Leyes.

Veamos las ocho diferencias entre ley y mandato:

LEY MANDATO
Norma abstracta, genérica, aplicable a todos por igual (no matar. Cualquiera que mate, está incumpliendo la ley, en cualquier situación y momento). Norma específica, de contenido concreto, que ordena hacer algo determinado en una circunstancia particular (si vendes un terreno, pagas un impuesto sobre la plusvalía).
La ley deja libertad para que cada uno actúe como quiera, dentro del marco legal. El mandato obliga a actuar de una manera concreta, por lo que restringe la libertad.
La Ley permite que cada individuo persiga sus propios fines. El mandato impone los fines del legislador a los ciudadanos, por lo que restringe la libertad.
Bajo las leyes lo hombres pueden cooperar entre sí en la búsqueda de sus fines individuales. Bajo los mandatos, los hombres deben llegar al poder para poder lograr sus propios fines individuales creando un mandato al efecto.
La ley tiene un origen evolutivo y consuetudinario, desde las mejores prácticas y usos. El mandato se decreta por un grupo de personas determinado.
La justicia es ciega: es justo todo comportamiento dentro de la ley. Justicia social: es justo lo que determine el legislador como justo en cada momento.
Sistema social: Liberalismo Sistema social: Estatismo
Todos somos iguales ante la ley. La igualdad viene determinada por cada mandato en cada momento.

Vía | Lecciones de Economía Jesús Huerta de Soto

Más Información | Hayek y el Derecho   Clases de Economía Jesús Huerta de Soto

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