Acerca de Andrés Muñoz Barrios

Licenciado en Derecho. Postgrados en Economía, Finanzas, Marketing, Práctica Jurídica y Comercio Internacional. Miembro de EFPA España 7179 (EFA-II)

La regla del 72 en finanzas

Todos los que hemos estudiado contabilidad conocemos a Fray Luca Pacioli, fraile franciscano italiano del s. XV a quien debemos el sistema contable de partida doble (el debe y el haber) que desde entonces se ha utilizado en todas las instituciones y compañías mercantiles.

Pero este monje no solo desarrolló la moderna contabilidad, sino que aportó obras tan importantes como la Divina Proporción, manuales de matemáticas y manuales de Ajedrez.

Entre todas sus aportaciones, queremos aquí destacar una muy importante, denominada “la regla del 72”. Se trata de un método de resolución de problemas financieros que se aproximó a los logaritmos casi un siglo antes de que Jhon Napier desarrollase la logarítmica.

Esta regla del 72 nos permite de forma muy sencilla calcular cuántos años necesitamos para duplicar nuestra inversión, o bien dado un plazo de años determinado a qué tipo de interés se tendría que reinvertir para duplicar la inversión.

Primero recordemos que nuestra inversión se puede capitalizar a interés simple o bien a interés compuesto. El interés simple significa que los interese se cobran por el inversor y no se reinvierten, por lo que la fórmula matemática para calcular el rendimiento sería

Donde Cn es el capital final obtenido, Co es el capital inicial invertido, “i” es el tipo de interés que se cobra, y “n” es el término temporal en el que se cobran intereses por dicha inversión.

Como vemos, calcular aquí cuánto se tardaría en duplicar la inversión es relativamente sencillo, dado que basta con realizar operaciones aritméticas simples.

Sin embargo, el interés compuesto implica que los intereses generados por la inversión se reinvierten al mismo tipo de interés. Así, la fórmula matemática sería como sigue:

Dado que en este caso del interés compuesto el factor tiempo actúa como exponente, puesto que los nuevos intereses generados cada cierto tiempo se añaden a la inversión inicial, calcular el plazo necesario para duplicar la inversión requeriría operaciones complejas que hoy resolveríamos con logaritmos.

Sin embargo, Fray Luca Pacioli nos dio la regla simple para calcular aritméticamente el plazo de tiempo para necesario para multiplicar por dos lo invertido. Basta con dividir 72 entre el tipo de interés (multiplicado por 100) y obtendremos el tiempo necesario.

Veamos cómo funciona con un ejemplo. Pensemos que invertimos 10.000 € a un tipo de interés compuesto anual del 4 %. Cada año aplicando la fórmula del interés compuesto ganamos 400 € por lo que el capital final tras la inversión de un año será de 10.400 €

Con la regla del 72 podemos calcular de forma rápida el número de años necesario para que este capital final de nuestro ejemplo sea al menos de 20.000 € habiendo duplicado con el tiempo la inversión inicial.

Procedemos a dividir 72 entre el tipo de interés en términos absolutos, es decir, entre 4, y obtenemos como resultado 18 años. Veamos cómo efectivamente el resultado es aproximadamente correcto.

Si probamos con cualquier otro tipo de interés, veremos que el número de años calculado siempre permite hacer duplicar la inversión según el tipo de interés compuesto utilizado.

A la inversa, si tenemos un capital y un plazo de tiempo durante el cual podremos invertirlo, también podemos calcular el tipo de interés compuesto al cual lo debemos invertir para duplicar la inversión en dicho tiempo. Sería tan sencillo como dividir 72 entre el número de años, y el resultado sería el valor en términos absolutos del tipo de interés a requerir para aproximadamente multiplicar la inversión por dos en el plazo de años que tendremos disponible el capital.

Por ejemplo, si durante 10 años que nos faltan para la jubilación vamos a disponer de 30.000 € ahorrados, ¿qué tipo de interés deberíamos requerir para duplicar este capital en el momento de jubilarnos?. Al dividir 72 entre 10 obtenemos 7,2 por lo que el interés que duplica esta inversión en 10 años es de 7,2%.

Cómo es posible que esta regla tan sencilla funcione? La respuesta es que si calculamos a qué exponente es necesario elevar la suma del tipo de interés porcentual más 1 para que el resultado sea 2, dicho exponente necesario será igual siempre al resultado de la fracción entre 72 y el tipo de interés (este último multiplicado por 100, no en términos porcentuales).  Este cálculo corresponde en las matemáticas modernas al campo de los logaritmos y del cálculo infinitesimal, pero el conocimiento de Fray Luca Pacioli nos lo brindó en forma de sencilla regla financiera hace ya cinco siglos.


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Breve historia del sistema monetario internacional

Denominamos “Sistema Monetario Internacional” al conjunto de normas que regulan los cobros y pagos que se producen en las transacciones comerciales y financieras a nivel internacional. Estas normas, plasmadas generalmente en convenios internacionales, permiten que el tráfico mercantil entre diferentes países y con diferentes monedas se desarrolle con liquidez, fluidez y seguridad entre las partes.

El comercio internacional, con la utilización de diferentes monedas, es tan antiguo como la propia historia de la humanidad. Puesto que cada pueblo políticamente organizado ha tendido a mantener su propia moneda, el intercambio de bienes entre diferentes Reinos, Estados o Naciones siempre ha requerido la necesidad de establecer una valoración adecuada.

Si bien nunca ha existido una única moneda internacional, el oro ha funcionado desde la antigüedad como principal moneda mundialmente admitida, junto con la plata en menor medida.

Pero la historia formal del Sistema Monetario Internacional se inicia en el año 1880 con la adopción del “Patrón Oro”. Este sistema fue teoriazado por David Hume en 1752. Su funcionamiento supone que:

  1. cuando un país A incurre en déficit comercial con otro país B, el oro de la economía A será trasladado hacia la economía B.
  2. Ello implica que la oferta monetaria de oro en A disminuya, por lo que sus precios también disminuirán (“ceteris paribus”, si con menos oro en el país hay los mismos bienes, el precio relativo de cada bien disminuye de valor).
  3. Por el contrario, en la economía B habrá mayor oferta monetaria, derivando en un aumento de sus precios. (“ceteris paribus”, si con más oro en el país hay los mismos bienes, el precio relativo de cada bien aumenta de valor).
  4. Estos cambios conllevan que los productos de A se abaratan en los mercados internacionales mientras que los de B se encarecen.
  5. Consecuentemente, el país A aumentará sus exportaciones (por volverse más “barato” para el resto de países) y el país B disminuirá las propias (por volverse más “caro” para el resto de países), haciendo que los flujos de oro se reviertan y que, teóricamente, se llegue a un punto de equilibrio en las ofertas monetarias de ambas economías.

En este sistema todos los billetes emitidos como dinero de curso legal eran cambiables directamente por la cantidad en oro que representaban en cualquier momento, lo cual implicaba que los Estados y Bancos Centrales emisores del dinero en billetes estaban obligados a tener un coeficiente de caja del 100%, garantizando con oro todo el dinero emitido. Siendo Robert Peel el Primer Ministro de Reino Unido se aprobó en 1844 la Ley de Banca, conocida después como Ley de Peel, que obligaba a las entidades bancarias a conservar en oro un coeficiente de caja del 100 % del dinero recibido.

Más tarde, en la Conferencia de Génova de 1922 se alcanzó un acuerdo internacional para abandonar el tradicional Patrón Oro, por el cuál todas las monedas eran convertibles en oro, sustituyéndose por el Patrón Cambio de Oro. Con este nuevo modelo solo el dólar y la libra esterlina eran directamente convertibles en oro, quedando el resto de monedas con una relación de cambio con la libra esterlina o el dólar.

Posteriormente, tras la recesión económica iniciada por el gran Crack de 1929 y durante el período de entreguerras, el sistema de Patrón de Cambio Oro dejó de utilizarse entre los países. En este escenario los grandes gobiernos comenzaron a emitir una gran cantidad de deuda pública para financiar programas públicos, y para financiar su actuación en la Guerra.

Tras las segunda guerra mundial los gobiernos de las grandes naciones volvieron a reunirse en 1944 en la conferencia de Bretton Woods, que buscando seguir flexibilizando las monedas para dar lugar a más deuda pública y a mayores expansiones crediticias bancarias, decidió que solo el Dólar serían convertible en oro, siendo el resto de divisas a su vez convertibles en dólares.

Se creó por los acuerdos de Bretton Woods el organismo denominado Fondo Monetario Internacional, con el objetivo de crear estabilidad monetaria y eliminar las restricciones de cambio que en su opinión dificultaban el comercio internacional. El valor de cada moneda se expreó en cantidades fijas de oro, y la base del sistema era la convertibilidad del dólar de Estados Unidos en oro a un tipo de 35 dólares la onza. El dólar se convertía en la moneda estándar internacional.

Sin embargo, en las décadas siguientes la presión de los gobiernos, que se veían constreñidos en sus políticas de gasto expansivo, desencadenó finalmente el abandono de este sistema de tipo de cambios fijo. Finalmente, el 15 de agosto de 1971 el Presidente Richad M. Nixon decreto que el Dólar dejaba de ser convertible en oro, ante la presión de flujos externos de capital y su deseo de ampliar el déficit comercial. En 1972 el gobierno de Reino Unido decretó también la libre flotación del valor de la Libra esterlina.

Definitivamente en 1973 se rompió el acuerdo de Bretton Woods y los tipos de cambio entre las monedas pasaron a ser flotantes. A día de hoy por regla general las monedas fluctúan libremente, salvo en algunos países (como China) mantienen restringida la fluctuación de sus monedas en una banda de valores determinada.

En el sistema de libre flotación, cada Banco Central emite la moneda que estima oportuna, sin ceñirse al patrón oro ni a un coeficiente de caja (ha día de hoy el coeficiente de caja exigido a los Bancos en la Zona Euro es del 2 % para los depósitos a menos de dos años, y del 0 % para pasivos de más largo plazo).


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Tipos de procesos judiciales penales en España

El proceso judicial penal por objeto la averiguación del delito, la identificación del delincuente y su grado de responsabilidad en el delito, así como la imposición de una pena, o una medida de seguridad y de una responsabilidad civil, en su caso, y también lograr la ejecución y efectivo cumplimiento de las consecuencias del delito o de la falta cometidos.

Nuestro sistema jurídico procesal penal contempla diferentes procedimientos penales en función de un doble criterio, existiendo un total de diez procesos penales diferenciados:

En función de la naturaleza y de la gravedad de la infracción.

  1. Juicio ordinario por delitos graves.
  2. Procedimiento ante el Tribunal del Jurado.
  3. Procedimiento abreviado.
  4. Juicio rápido.
  5. Juicio de faltas o de delitos leves.
  6. Proceso por aceptación de decreto.
  7. Procedimiento de decomiso autónomo.

En función de la condición y circunstancias personales de los responsables.

  1. Procedimiento de la Ley del Menor.
  2. Procedimiento contra Diputados o Senadores.
  3. Proceso penal militar.

 

  1. Juicio ordinario.

Es el proceso judicial penal reservado a los delitos castigados con pena privativa de libertad superior a nueve años, salvo que para un delito de estas características corresponda el proceso ante el Tribunal del Jurado. También se denomina juicio por delitos graves o sumario ordinario. Se desarrolla en Audiencia Provincial.

 

  1. Procedimiento del Jurado.

La competencia del Tribunal de Jurado se extiende al conocimiento de los procesos penales por homicidio (artículos 138 a 140 CP) y otros delitos que relaciona el artículo 1.2 LOTJ.

  • homicidio (artículos 138 a 140 CP);
  • amenazas (artículo 169.1º CP);
  • omisión del deber de socorro (artículos 195 y 196 CP);
  • allanamiento de morada (artículos 202 y 204 CP);
  • incendios forestales (artículos 352 a 354 CP);
  • infidelidad en la custodia de documentos (artículos 413 a 415 CP);
  • cohecho (artículos 419 a 426 CP); h) tráfico de influencias (artículos 428 a 430 CP);
  • malversación de caudales públicos (artículos 432 a 434 CP);
  • fraudes y exacciones ilegales (artículos 436 a 438 CP);
  • negociaciones prohibidas a funcionarios (artículos 439 y 440 CP);
  • infidelidad en la custodia de presos (artículo 471 CP).

El Tribunal del Jurado se compone de nueve jurados y un Magistrado-Presidente, integrante de la Audiencia Provincial

  • La función de los jurados consiste en emitir el veredicto, declarando probado o no probado el hecho justiciable, así como la culpabilidad o inculpabilidad de los acusados
  • Al Magistrado-Presidente le corresponde dictar la sentencia, en que recogerá el veredicto del jurado e impondrá la pena que corresponda.

 

  1. Procedimiento abreviado.

Es el proceso judicial penal que corresponde a los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración (art. 757 L.e.cr.).

Se desarrolla en los Juzgados de lo Penal cuando el delito está penado con multa o con hasta cinco años de privación de libertad, y en la Audiencia Provincial para delitos con penas más graves.

  1. Juicio rápido.

Se trata del proceso reservado a los delitos castigados con penas privativas de libertad de hasta cinco años, o cualquier otra pena (o penas conjuntas hasta diez años) en los que se presenta un atestado policial con las siguientes características:

  1. El delito o delitos en concreto son:
    1. lesiones, coacciones, amenazas, violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las personas a las que se refiere el art 173.2 C.P.; hurto, robo, delitos contra la seguridad del tráfico, hurto y robo de vehículos, delitos contra la seguridad del tráfico; delitos de daños del art 263 C.P.; delitos contra la propiedad intelectual de los art. 270, 273, 274 y 275 C.P.; delitos contra la salud pública del art. 368 C.P.
  2. En el atestado policial aparecen identificadas las personas a las que se atribuye el delito.
  3. Se trata de delitos flagrantes según lo previsto en el art. 795.1 LECrim.
  4. Se trata de un hecho punible cuya instrucción presumiblemente va a resultar sencilla, conforme al art. 795.1 LECrim.

Con carácter general, este proceso corresponde a los Juzgados de lo Penal, y su instrucción a los Juzgados de Guardia.

  1. Juicio de faltas o de delitos leves.

Corresponde al proceso judicial que se sigue para juzgar infracciones leves determinadas como faltas por el Código Penal. Estos juicios se llevan a cabo por parte del Juzgado de Paz, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer o el Juzgado de Instrucción, según el tipo concreto de falta.

Los órganos judiciales competentes son los Juzgados de Paz para las siguientes faltas:

  • deslucir bienes inmuebles de dominio público o privado, sin la debida autorización de la Administración o de sus propietarios (art. 626 CP);
  • abandonar jeringuillas, en todo caso, u otros instrumentos peligrosos, de modo o con circunstancias que pudieran causar daño a las personas o contagiar enfermedades, o en lugares frecuentados por menores (art. 630 CP);
  • maltratar cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente (art. 632 CP);
  • perturbar levemente el orden en la audiencia de un Tribunal o Juzgado, en los actos públicos, en espectáculos deportivos o culturales, solemnidades o reuniones numerosas (art. 633 CP);
  • amenazar de modo leve a otro con armas u otros instrumentos peligrosos, o sacar armas o instrumentos peligrosos en riña, como no sea en justa defensa, y salvo que el hecho sea constitutivo de delito (art. 620.1º CP), salvo cuando la víctima pertenezca al ámbito familiar;
  • causar a otro una amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve (art. 620.2º CP), salvo cuando la víctima pertenezca al ámbito familiar.

 

Los órganos judiciales competentes son los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en los siguientes casos:

  • Por las faltas contenidas en los títulos I y II del libro III del Código Penal (faltas contra las personas y faltas contra el patrimonio), cuando la víctima sea la esposa del autor, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.
  • Así también, cuando la falta se cometa sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género.

Por último, son competentes los Juzgados de Instrucción en el resto de faltas previstas en la legislación penal.

 

  1. Proceso por aceptación de decreto.

Es el proceso judicial penal que sirve para la resolución anticipada de las causas penales en el caso de delitos de menor entidad: tanto para los delitos leves como a los delitos menos graves que se encuentren dentro de su ámbito material de aplicación.

Permite la conversión de la propuesta sancionadora realizada por el Ministerio Fiscal en sentencia firme.

En cualquier momento después de iniciadas diligencias de investigación por la fiscalía o de incoado un procedimiento judicial y hasta la finalización de la fase de instrucción, aunque no haya sido llamado a declarar el investigado, podrá seguirse el proceso por aceptación de decreto cuando se cumplan cumulativamente los siguientes requisitos:

  1. Que el delito esté castigado con pena de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad o con pena de prisión que no exceda de un año y que pueda ser suspendida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Código Penal con o sin privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
  2. Que el Ministerio Fiscal entienda que la pena en concreto aplicable es la pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad y, en su caso, la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
  3. Que no esté personada acusación popular o particular en la causa.
  4. Procedimiento de decomiso autónomo.

Es el proceso judicial penal establecido para la agilización de los trámites que hayan de llevar a la incautación y privación de los bienes y efectos relacionados con el delito y, por otro, preservar las garantías de las personas demandadas como titulares aparentes de esos mismos bienes

Se utiliza para los bienes, efectos o ganancias que procedan de un hecho punible cuyo autor haya fallecido o no pueda ser enjuiciado por hallarse en rebeldía o por incapacidad para comparecer en juicio, es decir, sin condena previa; o bien que el Fiscal haya hecho reserva expresa, en el correspondiente escrito de acusación, de la acción para solicitar el decomiso de bienes para este procedimiento autónomo.

Esta acción de decomiso autónomo será ejercitada exclusivamente por el Ministerio Fiscal.

Serán citados a juicio en calidad de demandados los sujetos contra los que se dirija la acción por su relación con los bienes a decomisar.

 

  1. Procedimiento de la Ley del Menor.

Es el proceso penal que se sigue para la exigencia de la responsabilidad penal de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por hechos tipificados en el Código Penal o en otras leyes especiales como hechos constitutivos de delito o falta.

La competencia corresponde como regla general al Juzgado de Menores del lugar donde se

haya cometido el hecho delictivo.

 

  1. Procedimiento contra Diputados o Senadores.

Los Diputados y Senadores gozan de inmunidad parlamentaria, y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara parlamentaria respectiva.

Tienen un fuero especial ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por lo que solo esta Sala de lo Penal es competente para juzgar en materia penal a los Senadores y Diputados.

 

  1. Proceso penal militar.

Conforme al art. 117.5 CE dispone que “La Ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución”.

La jurisdicción militar tiene atribuido el conocimiento de la materia penal militar y de la materia contencioso-administrativa militar.

En cuanto a la materia penal militar, se concreta en el enjuiciamiento de los siguientes delitos:

  1. a) Los comprendidos en el código penal militar.
  2. b) Los cometidos durante la vigencia del estado de sitio que se determinen en la declaración de dicho estado.
  3. c) Los cometidos por militares españoles en misiones fuera del territorio nacional, de acuerdo con los tratados en que España sea parte.

En cuanto a la materia contencioso-administrativa militar, se concreta en el conocimiento de los recursos contra las sanciones impuestas en aplicación del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

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La volatilidad como medida del riesgo.

En la inversión en activos financieros, a pesar de que existen siempre muy diversos riesgos asociados a la inversión en función del tipo de activos en concreto, la palabra riesgo suele referirse en concreto al riesgo de que un activo cotizado pierda gran parte de su valor en el mercado.

¿Y cómo se mide ese riesgo de posibles bajadas en la cotización de un activo? A través de la volatilidad de la cotización, que se mide mediante la desviación estándar estadística.

Para entender correctamente este concepto debemos partir de la base de que la cotización de las acciones en Bolsa, como las de resto de activos financieros en cualquier mercado en el que coticen, pueden visualizarse como una serie estadística en la que cada punto o registro de la serie es un valor de cotización en un momento determinado del tiempo, normalmente en los días en los que opera el mercado.

Por ejemplo, tomemos la siguiente serie para la cotización del último año de las acciones de la compañía REPSOL que cotizan en la Bolsa de Madrid:

Entre el 2 de agosto de 2018 y el 2 de agosto de 2019 hay 256 cotizaciones, con un valor medio de 15,21 € por acción, siendo el valor máximo de la serie de 17,14 € y el mínimo de 13,28 €.

En dicha serie de valores podremos en primer lugar calcular la varianza (Φ2 ) que es la medida estadística de dispersión que nos indica el valor medio de dispersión de los registros respecto de su media. Es decir, si tomamos en nuestro ejemplo los 256 registros de cotizaciones, para calcular la varianza debemos: 1) calcular en cada valor su desviación de la media de 15,21 €; 2) elevar al cuadrado dichas desviaciones, porque habrá unas positivas (cuando el registro se desvía al alza respecto de la cotización media) y otros negativos (cuando el registro se desvía a la baja respecto de la cotización media); 3) calculamos la media de dichas desviaciones al cuadrado (valores positivos). El resultado de este cálculo de la varianza es de . . Se indica así (más/menos) dado que la media de desviaciones al cuadrado puede ser al alza o a la baja. La Varianza no tiene unidad al haberse perdido la misma al elevar al cuadrado para eliminar los valores negativos.

Ahora, a partir de la varianza, podemos ya calcular la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de dicha varianza  ) y que en nuestro ejemplo es 0,973 €. Esta es la volatilidad o riesgo medio que estamos asumiendo teniendo en cuenta los valores de la serie de cotizaciones de Repsol en nuestro ejemplo, y significa que a tenor de esto datos conocidos para nuestra inversión el valor tenderá a subir o bajar 0,973 €.

Continuando con este ejemplo práctico, si compramos acciones de Repsol con el valor de la última cotización de la serie, esto es, 13,82 € nuestro riesgo medio de bajada, aplicando la volatilidad calculada, implicaría que podrían de media bajar a 12,84 €. Así por tanto, la volatilidad sería en este caso del 7%.

Ahora cabe preguntarse ¿es muy elevada? Si comparamos el 7% que hemos calculado con la volatilidad anual medida en el índice IBEX 35 en el que se incluyen estas acciones, que está en torno al 14%, podemos afirmar que el riesgo de estas acciones es un 50% inferior al riesgo de su Benchmark, con lo cual parece una apuesta poco arriesgada.

Aunque siempre debemos fijarnos en esta volatilidad como medida del posible riesgo de caída de las acciones que compramos, debemos tener en cuenta que dicha volatilidad no representa solo una media de la potencial caída, sino que representa cuánto puede subir o bajar de media el valor según la serie histórica de su cotización. Por lo tanto, el 7% también puede decirnos cuanto puede subir de media el valor de las acciones de Repsol en nuestro ejemplo. Aunque debemos repetir que la prudencia pasa por tener en cuenta la volatilidad como medida del riesgo, y realizar un análisis fundamental adecuado para predecir la posible subida que pueda tener el valor.

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Conociendo los fondos con estrategia “event driven”

Los particulares con unos ahorros en nuestra sucursal bancaria solo tenemos acceso a los fondos comercializados por nuestro Banco, normalmente fondos de la propia gestora del grupo bancario y con escasa rentabilidad pero altas comisiones. Sin embargo los inversores con mayor capacidad tienen acceso a Fondos de gestoras independientes, bien sea en el extranjero, bien sea en entidades de banca privada o de banca personal en España.

Algunos de estos fondos tienen se gestionan con estrategias alternativas, y entre ellos destacan los denominados “hedge fund” donde el riesgo asumido por los inversores es “a priori” superior, pero donde los gestores establecen estrategias que pueden ser verdaderamente atractivas y rentables.

Los “hedge funds” se caracterizan por no tener limitación en sus inversiones, y gozan de una amplia flexibilidad en su política de inversión, así como en los instrumentos que pueden utilizar para conseguirlas. Los gestores de estos fondos suelen utilizar tres tipos de estrategias:

  1. Valor Relativo (Relative Value): realizan arbitraje con bonos convertibles, con títulos de renta fija, o con posiciones largas y cortas para lograr resultados independientes a los del mercado.
  2. Oportunistas (Opportunistic): identifican oportunidades de inversión seleccionando diferentes países o en economías emergentes, realizando ventas en corto de determinadas compañías, con estrategias long-short, o con estrategias a través de futuros.
  3. Eventos Relelvantes (Event Driven): tratan de obtener beneficios identificando eventos extraordinarios e independientes de los movimientos de renta variable y renta fija.

Para llevar a cabo estas estrategias de inversión los gestores cuentan con importantes equipos de análisis, que estudian continuamente los mercados financieros y de materias primas internacionales e investigan con detenimiento cada posible oportunidad. Los datos y su correcto análisis son el gran activo de estos fondos.

Y cabe destacar que mientras que en los casos de estrategias “Relative Value” y “Opportunistic” el análisis se centra en aspectos financieros clásicos, tanto del mercado como de los activos o sociedades objeto de dicho análisis, en el caso de las estrategias Event Driven el análisis es más suspicaz, en tanto que se centra en buscar eventos relevantes que condicionan el valor futuro de la compañía en mayor medida que cualquier otro factor (mercado, situación económica, balance, etc…).

Esta estrategia permite al gestor del fondo desmarcarse del resto de inversores principalmente por dos razones:

  1. El resto de actores del mercado tenderán a valorar la compañía según los factores clásicos como el análisis de su balance, de su cuenta de resultados, de su sector, de su situación actual, de su correlación con el benchmark, etc… sin tener en cuenta correctamente estos eventos relevantes.
  2. El valor de cotización de estas empresas tenderá a la baja, y a estar infravalorado, al no tener en cuenta correctamente el evento en cuestión.

Estos eventos relevantes suelen ser procesos concursales, procesos de fusión y adquisición, procesos de reestructuración o bien procesos y situaciones poco comunes.

Por lo tanto, lo que buscan los analistas de este tipo de fondos es indicios o información sobre estos posibles movimientos. Veamos diversos ejemplos que pueden responder a situaciones reales, para comprender mejor estas estrategias:

  • Ejemplo 1: conociendo que una empresa cotizada va a ser objeto de una OPA (oferta de adquisición por otra compañía) el gestor del fondo compra acciones de dicha compañía, dado que sus acciones es previsible que suban de precio por el proceso de oferta, mientras toma posiciones bajistas en el grupo que ha lanzado la OPA puesto que es previsible que el valor de sus acciones se reduzca por dicho proceso.

 

  • Ejemplo 2: conociendo que una empresa que ha presentado pérdidas dos trimestres consecutivos, y cuyas acciones cotizan a precio muy bajo, tiene como activos de su balance unas plantas fotovoltaicas de generación de electricidad que debido al anuncio de una nueva normativa europea de incentivos a las renovables pueden ser objeto de compra por otras compañías del sector, toma una posición mayoritaria en su accionariado, a fin de poder vender en un plazo corto dichos activos y obtener un retorno elevado de la inversión.

En definitiva, los gestores y analistas que utilizan esta estrategia identifican acciones donde la evolución bursátil estará desacoplada respecto a los mercados, pues lo que más influirá en el futuro de la compañías en cuyas acciones se invierten son eventos extraordinarios y no correlacionados con la marcha ordinaria de dicho mercado.


* Más información| Andbank Rankia
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Cómo funcionan los contratos derivados.

Los contratos de derivados son aquellos en los que las partes pactan un acuerdo referente a la evolución de un activo en el futuro.

El activo sobre el que pactan las partes en el contrato derivado se denomina subyacente, y puede ser:

  • cualquier un bien mueble cotizado en un mercado oficial; por ejemplo: acciones de Apple, bonos del gobierno alemán, etc…
  • cualquier bien inmueble, correctamente determinado por las partes; por ejemplo: un terreno urbano en la ciudad de Madrid.

Estos contratos hacen referencia por tanto a la evolución del precio del activo subyacente, y generalmente determinan que el comprador pagará un precio cierto y determinado en un momento futuro por el subyacente, mientras que el vendedor por su parte cobrará dicho bien.

Si se pactase la obligación para el vendedor de entregar el bien subyacente al comprador, en cuyo caso estaríamos realmente ante una compraventa a futuro.

Pero por lo general el objeto del contrato de derivados no es la entrega del bien, sino solo el flujo de cobros y pagos que se deriva del precio acordado para el subyacente en el momento de vencimiento o liquidación de dichos cobros y pagos.

Es decir, lo que las partes suelen pretender con el contrato de derivados es establecer un precio cierto al que en el futuro cada una de las partes valora el subyacente.

Pueden existir así por tanto dos tipos de contratos derivados:

  • Con entrega física del bien, o compraventa a futuro, en cuyo caso al vencimiento establecido:
    • el vendedor deberá tener en el momento futuro el bien subyacente, en cantidad y calidad determinadas en el contrato, y entregarlo al comprador.
    • El comprador pagará la cantidad determinada y pasará a ser dueño del subyacente entregado.
  • Sin entrega física, o derivado puro, en cuyo caso el contrato se liquida por el pago del comprador al vendedor, que puede ser:
    • Con pago total del importe.
    • Con pago por la diferencia entre el precio determinado en el contrato y el precio determinado el mercado de cotización del activo.

Este último caso, el de la liquidación por diferencias, es el más utilizado en la práctica. A través del mismo, el contrato derivado sirve a las partes para asegurar que comprarán o venderán en el futuro el bien a un precio determinado.

Igualmente los contratos derivados pueden consistir en:

  • Forward o Futuro: ambas partes se obligan a cumplir con el contrato en la fecha futura señalada.
  • Opción: el comprador tiene la opción de ejecutar el contrato en la fecha futura señalada, por lo cual en caso de que no la ejecute termina ahí el contrato.

Veamos ahora su funcionamiento en un ejemplo práctico de un contrato forward con subyacente de materias primas: si en septiembre de 2019 una empresa dedicada a la producción de harina sabe que debe adquirir doscientas toneladas de trigo el 1 de marzo de 2020 para su proceso productivo a 120 €/TM y conoce a una empresa agrícola dispuesta a pactar para ese momento futuro la cantidad de trigo determinada al precio indicado, ambas partes pueden realizar un contrato derivado tipo forward.

Si se establece la obligación de entregar la mercancía en la fecha de ejecución estaríamos ante una compraventa futura, pero las partes pueden designar en el contrato derivado un mercado de referencia, por ejemplo la Lonja Agropecuaria de Albacete, y determinar como referencia concreta el precio de la tonelada de trigo en la semana 11 del año 2020 para el producto “trigo forrajero nacional”, estableciendo en el contrato el pago por diferencias, es decir, por la diferencia entre los 120 €/TM y el precio de cotización designado en el contrato. Este es un contrato derivado puro.

Una vez establecido el contrato según lo dicho, pueden darse diversos escenarios a futuro que vamos a ejemplificar también:

  • al vencimiento del contrato el precio en la Lonja es de 110 €/TM: el comprador pagará al vendedor 10 €/TM por la diferencia entre el precio del activo subyacente en el mercado y el precio del contrato derivado.
    • El comprador había asegurado comprar a 120 €/TM y aunque el precio de mercado era más favorable, esto no lo hubiese sabido en septiembre al hacer el contrato, y lo que hizo en aquel momento fue cubrir su posición. Pagará 110 €/TM en el mercado spot, y otros 10 €/TM por el contrato derivado.
    • El vendedor igualmente había asegurado vender a un precio determinado, y ha conseguido su objetivo ya que cobrará en el mercado spot 110 €/TM por su producto, más otros 10 €/TM que cobrará por el contrato derivado.
  • Al vencimiento del contrato el precio en la Lonja es de 130 €/TM: el comprador cobrará del vendedor 10 €/TM por la diferencia entre el precio del activo subyacente en el mercado y el precio del contrato derivado.
    • El comprador había asegurado comprar a 120 €/TM y aunque el precio de mercado a vencimiento es superior al pactado gracias al contrato derivado ha conseguido su objetivo. Pagará 130 €/TM en el mercado spot, y cobrará 10 €/TM por el contrato derivado.
    • El vendedor igualmente había asegurado vender a un precio determinado, y aunque el precio de mercado spot le era más favorable, esto no lo hubiese sabido en septiembre al hacer el contrato, y lo que hizo en aquel momento fue cubrir su posición. Cobrará en el mercado spor 130 €/TM pero tendrá que pagar 10 €/TM por el contrato derivado.

 

En el caso de que, en vez de haberse pactado un contrato Forward se hubiese establecido solo un contrato de opción, el comprador podría haber no ejercido dicha opción cuando en nuestro ejemplo el precio spot o al contado es 110 €/TM, es decir, inferior al señalado en la opción.

En el caso de las opciones, la prima que paga el comprador es inferior al precio total que implicaría la ejecución, por lo que la opción es realmente un seguro para el comprador, que asegura un precio máximo para el subyacente a cambio de dicha prima pagada al vendedor que actúa como asegurador.

Finalmente indicar que los derivados pueden suscribirse libremente entre las partes, en cuyo caso hablamos de contratos OTC (Over the counter). O por el contrario pueden suscribirse en un mercado organizado de futuros (el más grande del mundo es el CBOT) en cuyo caso las partes pactan las opciones y futuros según las cláusulas estándar en dicho mercado, y liquidándose las operaciones ante la autoridad del mercado (mesa) en vez de ante la otra parte.

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Cómo reducir el WAAC o coste de financiación

El coste de financiación de las empresas, también conocido por sus siglas en inglés WACC (Weighted Average Cost of Capital) es el coste promedio que tiene la compañía como resultado del coste de financiación de los fondos propios (Equity o capital social, por la retribución exigida por los accionistas) y del coste de financiación de los fondos ajenos (por el tipo de interés exigido por los acreedores financieros y prestamistas).

Un coste muy alto lastraría la rentabilidad de la compañía y podría derivar incluso en su quiebra por incapacidad de acceder a la financiación.

Existen diversas claves para reducir el coste de financiación. Dado que el WACC como hemos visto es una media ponderada del coste de los fondos propios y del coste de los fondos ajenos, las medidas para reducir el mismo se dividen igualmente en dos partes bien diferenciadas:

  1. Reducir el coste de financiación de los fondos propios.
  2. Reducir el coste de financiación de los fondos ajenos.

Respecto del primer punto, existen fundamentalmente dos vías:

1.a) Reducir el dividendo. En la medida en que la compañía destine un menor porcentaje de beneficios a retribuir a sus accionistas, dicho importe podrá ser destinado a reservas, ampliando los capitales propios para financiar la actividad e inversiones de la compañía. Esta medida merma la rentabilidad de los inversores, por lo que debería consensuarse por la Junta de Accionistas, y el equipo de dirección debería explicar correctamente a qué se van a dedicar los beneficios no repartidos. Esta medida es también habitual cuando la compañía tiene dificultades para financiarse con fondos ajenos, es decir, si no obtiene otra financiación recurre a sus propios beneficios (autofinanciación) en detrimento del accionista. También es habitual en compañías de reciente creación y en crecimiento.

1.b) Ampliar el capital. Si la medida anterior implicaba reducir la retribución a los accionistas, esta medida implica requerir financiación por parte de ellos. Para la compañía, estos nuevos fondos derivados de una ampliación de capital no implican un coste directo, dado que no existe una obligatoriedad de reembolsar el capital social. Y le permite por tanto acometer nuevas inversiones en el activo fijo o circulante sin incrementar sus costes financieros. También cabe realizar una ampliación con

Estas dos medidas no serán posibles sin la confianza de los accionistas en los proyectos de la empresa, por lo que repetimos que el equipo directivo tendrá que dar buena cuenta de su correcta gestión.

Y respecto del segundo punto, indicaremos igualmente dos vías fundamentales:

2.a) Trasladar la financiación al largo plazo: El coste de los créditos bancarios a corto plazo tiende a ser superior, ya que el cuadro de amortización es más exigente. Es decir, si hay menos tiempo para reembolsar el crédito o préstamo, es mayor la probabilidad de que el negocio aborde problemas para su devolución, y ello encarece el tipo de interés. En tanto que se pueda derivar financiación del corto al largo plazo tenderá a reducirse dicho tipo de interés exigido por el banco o entidad prestamista. Por ejemplo, un préstamo para comprar una maquinaria que tardará al menos tres años en optimizar su función dentro de la cadena de producción no debería financiarse con un préstamo, crédito o renting de plazo inferior a tres años, sino en un plazo de unos cuatro años, para que el retorno de la inversión pueda contribuir correctamente a amortizar la inversión. Al estar contemplado el retorno de la inversión en el plazo de amortización crediticia, el Banco o prestamista podrá reducir el interés exigido al ser inferior la prima de riesgo.

2.b) Reforzar garantías en la financiación: cuantas mayores garantías aporte la empresa a sus acreedores financieros externos en cada operación, menor tenderá a ser la prima de riesgo de las operaciones y por lo tanto menor será el tipo de interés de préstamos y créditos, reduciendo el coste de financiación. Principalmente se contemplan dos tipos de garantías, las reales y las personales. Mientras que en el caso de la garantía real se aporta al préstamo o crédito un bien mueble o inmueble de la compañía en garantía de la correcta devolución, en el caso de la garantía personal es el empresario el que avala con su patrimonio personal dicha devolución. Un ejemplo típico de garantía con bien inmueble es la constitución de una hipoteca sobre un edificio o nave industrial, mientras que un ejemplo de garantía mobiliaria (bien mueble) lo constituye la prenda o la reserva de dominio sobre los vehículos de la compañía.

Finalmente debemos indicar que, con la implementación de estas medidas y reduciendo el coste de financiación o WAAC, la compañía se volverá más atractiva para los potenciales inversores, lo cual genera un circulo virtuoso ya que contribuirá a seguir reduciendo dicho coste vía nuevas aportaciones de capital.

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