Los Contratos en el Derecho Romano

El Derecho Romano es la base y antecedente de la mayor parte de ordenamientos jurídicos de nuestro mundo actual. Pero no es un concepto estático, como muchas veces lo concebimos, al pensar en el Derecho Romano asociándolo principalmente a la compilación de Justiniano I hacia el año 530 de nuestra era, y conocida como Corpus Iuris Civilis. Más bien este cuerpo legal fue el estadio final de un Derecho que evolucionó hasta aquel punto durante los siglos anteriores, a lo largo de casi un milenio, desde la fundación de la ciudad de Roma hacia el año 753 a.C.

CONVENCIÓN Y OBLIGACIÓN

Un primer concepto para entender el Derecho Romano es el de la Convención (conveniere; venire cum) que significa pacto o convenio. Se trata de un acuerdo de voluntades entre dos personas sobre un mismo fin. Las convenciones con trascendencia jurídica son aquellas que crean, modifican o extinguen obligaciones entre las partes. Un acuerdo entre dos amigos para salir a cazar el domingo no crea una relación jurídica, pero un acuerdo por el que uno de ellos le vende al otro una lanza para cazar si crea obligaciones para ambas partes.

Un segundo concepto por tanto para entender el Derecho Romano es el de la Obligación (Obligatio), un vínculo jurídico entre dos personas, llamadas acreedor y deudor, por la cual este último tiene la obligación de dar, hacer o no hacer algo a favor del acreedor. La obligación puede tener su origen en los contratos, en los cuasicontratos (circunstancias muy parecidas al contrato), en los delitos (resarcir a la víctima) o en los cuasidelitos (circunstancias asimilables a los delitos).

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DESARROLLO DE LOS CONTRATOS EN EL DERECHO ROMANO.

En los primeros tiempos la simple convención entre dos o más personas no era suficiente para crear obligaciones entre las partes, sino que era necesario que dichas obligaciones fueran revestidas con determinadas solemnidades formales para constituirse en contratos y desplegar efectos jurídicos.

Nexum. Fue la primera forma de contrato jurídico, que nació para los préstamos de dinero. En una ceremonia solemne denominada “per aes et libram”, acreedor y deudor comparecían antes cinco ciudadanos, pronunciaban unas palabras solemnes e invariables que determinaban el alcance de las obligaciones del contrato para cada parte, y se pesaba en una balanza una cantidad de cobre que equivalía al dinero prestado.  

Como vemos, se trataba de una convención, que generaba obligaciones jurídicas para ambos contratantes por realizarse de una forma determinada.

Según se fue desarrollando la sociedad romana, el Nexum se utilizó como forma solemne para perfeccionar contratos distintos del préstamo, pero que tenían por objeto sumas de dinero determinadas.

Sponsio y Stipulatio. Junto al Nexum existía desde antiguo otra forma de contratar, denominada Sponsio (del verbo spondere: prometer). Este tipo de contrato se perfeccionaba por el empleo de determinadas palabras solemnes, una pregunta y una respuesta, donde el acreedor preguntaba por ejemplo “”Si in Capitolium ascenderis, quinque aureos dare spondes?” y el deudor respondía “Spondeo”. Se utilizaba para negocios jurídicos distintos del préstamo y se requerían testigos en la ceremonia.

Siendo la Sponsio una ceremonia muy rígida y formalista, con origen en la promesa de matrimonio, y que solo podían utilizar los ciudadanos romanos, apareció después y fue evolucionando una ceremonia más flexible y que podían utilizar todas las clases de personas, denominada Stipulatio.

CLASES DE CONTRATOS.

Todos los contratos fueron evolucionando a partir del Nexum y de la Sponsio, según evolucionaba el tráfico económico y mercantil entre los ciudadanos y habitantes de Roma, así como en su relación con otros pueblos.

Dicha evolución llevó a lo largo de los siglos a la existencia cuatro tipos de contratos, clasificables según su forma de perfeccionarse, y que son la base de nuestros actuales contratos:

Contratos “Verbis”. Se perfeccionaban por el empleo de determinadas palabras y de un ritual. Fueron el Nexum, la Sponsio y la Stipulatio.

Contratos “Litteris”. Se perfeccionaban por la escritura, siendo su forma escrita no solo el medio de prueba de los mismos, sino la solemnidad esencial para su perfeccionamiento. Principalmente fueron los Syngraphae, un reconocimiento de deuda en dos documentos similares, firmados por acreedor y deudor. Derivan de los documentos contables que utilizaban los comerciantes, Codex accepti et expensi, que primero fueron anotaciones unilaterales, Chirographa, un reconocimiento de deuda unilateral dónde el deudor reconocía una obligación frente a su acreedor, en base a una operación comercial. Este tipo de obligaciones llegaron a girar en el tráfico mercantil en un sentido similar al de las letras de cambio.

Contratos “Re”. Se perfeccionaban por la entrega de la cosa objeto de contrato, no bastando por tanto la promesa formal o escrita, sino teniendo que transmitir una de las partes a la otra parte el objeto real para que se entendiese perfeccionado el contrato. Tales fueron el Mutuo (préstamo de una cosa consumible, un bien fungible), el Comodato (préstamo de uso, de un bien no fungible), la Prenda (dar un bien mueble como garantía de otra obligación) y el Depósito (contrato por el que una de las partes entrega un bien a la otra parte, para que ésta última lo guarde y custodie hasta que la primera se lo requiera).

Contratos “consensu”. Se perfeccionaban por el mero consentimiento de los contratantes expresado de cualquier forma. Se aplicó esta forma de perfeccionamiento a la compraventa, el arrendamiento, la sociedad y el mandato.

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DESCUBRIR EL DERECHO

Debemos decir finalmente que, en paralelo al desarrollo de los contratos jurídicos, existía un tráfico mercantil normal entre los habitantes de Roma; es decir, no podemos pensar que no existía la compraventa antes del desarrollo formal de dicho contrato. Sino que antes de que los juristas romanos diesen forma a los contratos, las relaciones entre las partes se regían por la moral y la costumbre. La labor de los juristas romanos consistió en observar la realidad de la moral y las costumbres civiles y comerciales para crear las figuras jurídicas determinadas, y dotarlas de su forma legal.

Los juristas de la antigua Roma no “creaban” el Derecho de la forma que hoy entendemos que lo hacen los legisladores o tribunales, sino que su labor era “descubrirlo”, pues entendían que existían instituciones intrínsecas (de Derecho Natural) en la realidad de las relaciones civiles y mercantiles, que ellos debían encontrar y formalizar.

Vía | Derecho Romano Harold Ruiz   Fundamentos jurídicos actividad bancaria JRRallo

Más Información | Derecho Romano    Revista Derecho Romano

Imágenes | Wikimedia   Wikipedia

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Los peajes de la Electricidad en España

Según estudios de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) de cada 100 euros que pagamos en la factura de electricidad, en torno a 37 euros son el coste real de energía eléctrica que nuestra compañía comercializadora nos cobra por el suministro, otros 41 euros son para pagar los peajes, y por último los 22 euros restantes son impuestos.

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Respecto de los 37 euros del coste de la energía,nuestra compañía comercializadora(Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, etc…)compra la energía a los generadores (Centrales Nucleares, Térmicas, Eólicas, Solares, etc…) y nos la vende después a los clientes. En los 37 euros están incluidos por tanto los costes de producción y el margen comercial de generadores y comercializadores.

En cuanto a los 22 euros de impuestos, tenemos aquí el IVA, el Impuesto Eléctrico y el alquiler del contador (en este estudio de la CNMC se consideró de tal manera).

Pero ¿Qué son los peajes? Suponen la mayor parte de la factura eléctrica, un 41 % del total de nuestra factura de la luz, pero es poco conocido el desglose de éste concepto. Generalmente se asocian a los costes de transporte y distribución de la energía eléctrica, desde las centrales generadoras hasta los hogares y empresas. Pero como vamos a ver a continuación este coste es solo una parte del total.

La realidad es que bajo este concepto se agrupan hasta 20 costes distintos, de los cuales unos corresponden a la infraestructura de distribución, transporte y organización del mercado eléctrico y las redes, y otros muchos son el resultado de las políticas energéticas que han llevado a cabo los distintos Gobiernos en las últimas décadas.

Este cuadro, perteneciente al informe del mercado eléctrico que elaboró el Observatorio Critico de la Energía (asociación de jóvenes ingeniero y estudiosos del sistema eléctrico) nos desglosa los costes englobados en la componente regulada de la factura eléctrica con un buen nivel de detalle:

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Analicemos las distintas partidas que componen los peajes.

  1. Transporte y Distribución: Esta partida está destinada a remunerar los costes de inversión, mantenimiento y operaciones en que incurren las compañías propietarias de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, que llevan la misma desde las unidades generadoras hasta los consumidores finales. Las infraestructuras necesarias son principalmente las subestaciones, las redes de alta y muy alta tensión, las redes de media tensión, los centros de transformación y las redes de baja tensión.
  2. REE, OMEL Y CNE. Aquí se aglutinan los costes de infraestructura de Red Eléctrica de España, en cuanto a su labor de operador del sistema, encargándose de organizar el sistema eléctrico para que en todo momento esté casada la generación con la demanda en tiempo real, y no existan cortes o interrupciones del suministro. Junto con los costes de OMEL y OMIE, las compañías que operan el mercado donde se compra y vende la energía eléctrica. Y por último los costes del regulador del mercado, labor desarrollada antes por la CNE (Comisión Nacional de la Energía) y hoy traspasada al “superregulador” CNME (Comisión Nacional de los Mercados).
  3. Compensación Extrapenínsular. La generación de electricidad en las Islas Canarias y en las Islas Baleares es más cara que en el sistema peninsular, por distintos motivos, como la falta de interconexión con el sistema peninsular, y entre islas. Esta partida va destinada a cubrir el desfase entre el coste real de la energía en estos subsistemas, y el precio que pagan los usuarios de la misma (el mismo precio que en la península).
  4. Régimen Especial. La generación llamada “de régimen especial” es aquella donde los generadores son instalaciones de menos de 50 MW que utilizan como energía primaria renovables o residuos. Todas las subvenciones y primas que los distintos gobiernos han destinado a incentivar, de una u otra manera, este tipo de generación considerada más respetuosa con el medio ambiente, se engloban en esta partida.
  5. Industria del carbón. ELCOGAS. El carbón nacional es más caro, y muchas veces de peor calidad, que el que las centrales generadoras pueden comprar en el extranjero. Para que los productores nacionales no dejasen de consumir el carbón español, los distintos gobiernos han subvencionado su uso, vía primas al consumo de carbón nacional y al stock de carbón español. Aquí encontramos por tanto su coste. También se incluye en esta partida el plan Elcogas, un proyecto piloto en Puertollano (Ciudad Real) que genera energía con ciclo combinado de carbón, y que logra menos emisiones de CO2; siendo el proyecto deficitario, se subvenciona por considerarse de relevancia para el desarrollo de esta tecnología.
  6. Industria nuclear. En esta partida se engloban la moratoria nuclear y el stock estratégico de uranio. Desde 1984 los distintos gobiernos nacionales han detenido buena parte de la generación con energía nuclear, alegando motivos de seguridad y medio ambiente, y encontramos aquí los costes de dichas políticas.
  7. Costes de Transición a la competencia. Entre 1988 y 1997 hubo un sistema de transición del mercado nacionalizado al mercado libre, denominado Marco Legal Estable, donde los consumidores pagaban una tarifa que no alcanzaba al coste real de la generación de la energía, estando aquí recogida la deuda del Gobierno con las compañías por dicho motivo.
  8. Déficit de Tarifa. Desde 1997 hasta 2009 se produjo la liberalización paulatina del sector eléctrico, siendo inferior las tarifas que pagaban los consumidores al coste real, y recogiéndose aquí la deuda del Gobierno con las compañías por tal motivo.

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En definitiva, el 63 % de lo que pagamos en Electricidad no corresponde a la energía eléctrica que consumimos, sino a los costes del sistema, así como a los costes de las distintas políticas energéticas que han seguido los gobiernos de España desde el año 1982.

Vía | Observatorio del mercado eléctrico

Más Información | Red Eléctrica de España  OMIEImágenes | Observatorio del mercado eléctrico  Pixabay y Elaboración Propia.

¿POR QUÉ NO TE RENUEVAN TU FONDO GARANTIZADO?

Los fondos de inversión garantizados fueron el referente de la banca comercial en España en los últimos cinco años. Se calcula que en 2015 vencen 10.400 millones de euros en fondos garantizados, que suponen un reto de renovación para Bancos y Gestoras, pues en el marco actual de mercado las entidades ya no comercializan este tipo de producto financiero.

Un producto que resulta muy atractivo para el cliente minorista, ya que le permite asegurar normalmente el 100 % de la inversión realizada, optando además a una remuneración variable en función de la subida de un índice o de unas acciones.

Y un producto que resultaba aún más interesante para las entidades, pues aseguraban retener durante varios años el dinero de sus clientes, cobrando una suculenta parte de la comisión de gestión.

Los fondos de inversión garantizados parecen la panacea: permiten asegurar el total del dinero invertido, a la vez que se invierte en un índice bursátil, pero ¿Cómo funcionan? ¿Cómo consigue el Banco crear esta idílica estructura financiera? ¿Qué riesgos tienen realmente? Y ¿por qué ya no se comercializan?

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FUNCIONAMIENTO DE UN FONDO GARANTIZADO DE RENTA VARIABLE.

La estructura básica de los fondos de inversión garantizados es la compra de un Bono cupón cero, con vencimiento coincidente con el vencimiento del Fondo. Más la compra de un derivado, normalmente una opción call sobre un índice bursátil.

Veamos un ejemplo para entenderlo. Imaginemos que el Banco Avalia comercializa un Fondo de Inversión Garantizado llamado “Ibex Garantía 2020”  gestionado por la Sociedad de Gestión de Activos Avalia, con el objetivo de captar 100 millones de euros de los clientes del Banco. El Fondo garantiza a sus partícipes el 100 % del dinero invertido, más el 60 % de la revalorización media mensual del Ibex 35 durante los 5 años de vida del Fondo.

Si los tipos de interés a 5 años están en torno al 4 % comprar hoy al descuento un bono que dentro de 5 años, a vencimiento, nos ofrezca un nominal de 100 millones tendrá un coste de 82 millones. Así que la gestora del Fondo utilizará 82 millones de los 100 captados en comprar un Bono cupón cero al 4 % vencimiento 5 años, con lo que queda garantizado reembolsar a vencimiento el 100 % del capital invertido a los partícipes, y le quedan 18 millones en caja. Pensemos que las comisiones de administración y depósito son un 2 % durante los 5 años, es decir, 2 millones, y que los gastos diversos de gestión del fondo se estiman en 4 millones. Pagando todos los gastos y comisiones quedan 16 millones para diseñar la estrategia sobre el Ibex. Con estos 12 millones la sociedad de gestión del Fondo comprará a un Banco de Inversión una opción exótica tipo call modalidad asiática sobre el Ibex 35 que le ofrezca el 60 % de la revalorización media mensual de dicho índice durante 5 años, vencimiento 2020.

A vencimiento, el partícipe tiene su inversión garantizada con el Bono. Si al inicio del fondo el Ibex cotizaba en 9.000 puntos, y al vencimiento este índice está en 10.500 puntos, habiendo sido la revaloración media mensual de 600 puntos, o lo que es lo mismo un 40 % de rentabilidad (600/(10.500-9.000)). Puesto que la opción es por el 60 % de dicha rentabilidad, el participe obtiene un 24 % de rentabilidad total por los 5 años (el 60 % del 40 %). Lo que supone un 4,8 % anual.

La Gestora se embolsa de inicio 2 millones de euros, más lo que cobre de los 4 millones de gastos. Sin realizar apenas ninguna gestión durante los cinco años. Y la red comercial del Banco se llevará probablemente una buena parte de la comisión de la Gestora, e igualmente se echa a dormir durante cinco años.

Parece un buen negocio en el que todos ganan.

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¿QUÉ RIESGOS TIENEN ESTOS FONDOS GARANTIZADOS?

A pesar de que la sutileza de la palabra “garantizado” parece indicar que ningún riesgo existe aquí, más allá de que a los cinco años no haya subido el Ibex y no se obtenga rentabilidad, el verdadero riesgo de estos fondos es el riesgo de contrapartida.

¿Qué Banco o institución financiera vende el Bono cupón cero?. Si la mayor parte del dinero del Fondo está invertido en un Bono, el emisor de dicho Bono es la principal contrapartida de la operación. En la práctica, este vendedor suele ser un Banco de Inversión, que busca captar dinero para después invertirlo en sus clientes y proyectos a un mayor tipo, ganando la diferencia. Incluso muchas veces el emisor en una sociedad del mismo grupo financiero que el Banco y la Gestora, por lo que el grupo capta pasivo a un menor coste que por cauces tradicionales (en un depósito a cinco años tendría que haber pagado un tipo de interés, mientras que aquí capta el dinero cobrando además una comisión). Desde luego si a vencimiento el vendedor del Bono fuese insolvente, nadie garantiza al pequeño inversor recuperar su dinero. Por lo tanto, este es el principal riesgo de estos productos, y hay que mirar detenidamente el folleto para saber en qué se invierte la parte de renta fija del dinero del fondo.

¿Y qué Banco o institución financiera vende la opción Call sobre el Ibex? Igualmente, estamos aquí ante un riesgo de contrapartida. Normalmente este tipo de estructuras se comercializan por Bancos de Inversión, que venden a la gestora del Fondo una opción sobre un índice bursátil, obteniendo una prima que después utilizarán en contrapartida para comprar posiciones a otro inversor (por ejemplo un Fondo de Pensiones) llevándose una comisión en la intermediación. Si a vencimiento el vendedor de la opción es insolvente, igualmente el participe ha perdido esa parte de su dinero. Por lo cual hay que medir el riesgo del vendedor de la parte de derivados del Fondo en el que invertimos, información que también debe aparecer en el folleto.

¿POR QUÉ YA NO SE COMERCIALIZAN ESTOS FONDOS POR LOS BANCOS ESPAÑOLES?

Empezábamos diciendo que vencían este año unos 10.500 millones de euros en España en fondos garantizados, y que las entidades deben luchar por mantener el dinero de sus clientes, renovando en otros fondos, si bien no están ofreciendo para ello nuevos Fondos Garantizados.

La pregunta básica es ¿Si tan buen funcionamiento tenían, por qué no crear nuevos Garantizados y mantener así fácilmente la inversión de los clientes?. Con el actual escenario de tipos de interés en mínimos históricos, no existen alternativas de Bonos en el mercado que posean una rentabilidad que deje margen para crear un Fondo Garantizado atractivo. Si el tipo de interés es por ejemplo del 1 % un Bono cupón cero a 5 años de 100 millones cotizaría hoy en torno a 95 millones, con lo cual deja solo 5 millones a la Gestora, que quitando gastos y comisiones no tendría margen para realizar estrategias de inversión con derivados.

Los Bancos ante esto han inventado los Fondos Rentabilidad Objetivo, con un marketing que intenta imitar al de los Fondos Garantizados, para aprovechar la buena marca de este tipo de productos entre los inversores minoristas. Así, en todos los vencimientos los Bancos están ofreciendo a los clientes renovar su partida en un Fondo Rentabilidad Objetivo.

Si bien en muchos casos no explican correctamente que en estos productos, a diferencia de los anteriores, el principal no está garantizado, y la rentabilidad tampoco, es un mero objetivo que se impone el Gestor del Fondo, utilizando para ello una estructura con derivados y renta fija. Pero que en ningún caso, repetimos, asegura el dinero de los clientes.

Por supuesto, en estos Fondos Rentabilidad Objetivo, el participe está asumiendo, además de los riesgos de contrapartida, el riesgo de mercado. Con lo cual resulta más interesante en muchas ocasiones acudir directamente a invertir en dicho mercado, gozando de una mayor liquidez de nuestra inversión (en un Fondo Objetivo normalmente la liquidez es restringida) y evitando igualmente la comisión de Banco y Gestora.

Todo Por España

Cuando una persona entra a formar parte de las fuerzas armadas, debe asumir que como miembro del cuerpo militar está sujeto al status jurídico propio del Ejército o la Armada, es decir, está sujeto a las normas propias del Derecho Militar.

Estar al servicio de España y defender su bandera es un oficio atractivo para muchos jóvenes, que asegura un sueldo y una estabilidad profesional, pero que conlleva serias obligaciones para los soldados. Y desde luego el principio de jerarquía y la obediencia a los mandos superiores ha sido desde hace siglos una característica definitoria de la vida castrense. Si un civil puede discutir con su jefe, un soldado debe cuidarse mucho de caer en desobedecer a un superior, pues la disciplina es un principio básico para alcanzar los fines encomendados al Ejército.

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En fuertes discusiones con su Capitán entró una soldado que habiendo ingresado en el Ejército de Tierra en 2009 comenzó a encadenar distintas bajas médicas en 2012 que finalizaron con la resolución de su contrato en julio de 2013. “A lo mejor éste no es tu sitio y te tienes que buscar las habichuelas en otra parte” “Seguramente te pida el cese de la Unidad. Porque tú no te vas a incorporar aquí, ¿verdad?” “No eres digna de estar en el Ejército español. Lo sabes ¿no? Porque tú todos los meses cobras ¿verdad? No eres digna de poder entrar en esta compañía”.

La cuestión de fondo es que el Capitán recriminaba a su subordinada el hecho de estar continuamente de baja (primero por una lesión física, después psicológica) y le pedía que firmase su baja voluntaria, cosa a la que esta se negaba. La soldado denunció al Capitán por un delito de abuso de autoridad.

El Código Penal Militar tipifica este delito en el Capítulo III del Título Quinto, dentro de los denominados delitos contra la disciplina. El bien jurídico protegido es doble, por un lado respetar el correcto uso de la “auctoritas” en su ejercicio por los mandos y oficiales, y por otro lado salvaguardar la integridad y dignidad de los subordinados. El artículo 104 nos dice que “El superior que maltratare de obra a un inferior será castigado con la pena de tres meses y un día a cinco años.” Y el artículo 106 prescribe que “el superior que tratare a un inferior de manera degradante o inhumana será castigado con la pena de tres meses y un día a cinco años de prisión.”

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Los diálogos entre el Capitán y la soldado los conocemos porque ésta los grabó con su móvil, premeditadamente y sin conocimiento de su superior. No obstante, y a la vista de los distintos hechos probados, el Tribunal Supremo entiende que, al margen del régimen disciplinario que deba aplicarse al Capitán, estos hechos no son constitutivos del delito pretendido por la soldado, y ello principalmente porque el tribunal estima que no supone su actuar un “trato vejatorio”.

Parece que a criterio del Tribunal Supremo lo que el Código Penal Militar pretende tipificar como delito de abuso de autoridad es una conducta basada en un capricho o sinrazón, arbitraria y despótica, mientras que la conducta del Capitán en este caso venía determinada por reprender y terminar con un actuar previo de la demandante, que concatenaba una baja laboral tras otra y parece ser que no observaba una conducta responsable acorde con su obligación profesional. En una de las grabaciones donde la soldado es recriminada, se escucha a la soldado salir del despacho en actitud tranquila, tarareando una canción, tras haber sido fuertemente reprimida. Quizás las formas pudieron ser más caballerosas, pero el fondo del discurso del Capitán no era despótico sino de la debida diligencia profesional que corresponde a un Capitán del Ejército.

Vía | El Mundo

Más Información |  Código Penal Militar   Derecho Militar    Ley de la Jurisdicción Militar

Imágenes | Wikimedia   Pixabay

Artículo escrito para la sección de Actualidad Jurídica de Qué Aprendemos Hoy.