La inmatriculación de la Iglesia

Recientemente el actual gobierno del PSOE ha reavivado en España la polémica de la inmatriculación de los bienes de la Iglesia Católica, con la ejecución de una proposición no de Ley que busca cuestionar la legalidad de la posesión de los bienes de la Iglesia.

Desde la prensa de izquierdas, comandada por su buque insignia El País, se abrió una campaña de claro apoyo al PSOE donde se indicaba que la Iglesia había puesto a su nombre en el Registro entre 30.000 y 40.000 inmuebles sin acreditar (aquí) o bien que había puesto a su nombre por 30 € un edificio patrimonio de la Humanidad como es la Mezquita Catedral de Córdoba (aquí).

En este artículo vamos a estudiar la cuestión jurídica de fondo, respondiendo a cinco preguntas con el objetivo de arrojar luz suficiente sobre este asunto.

¿Qué es el Registro de la Propiedad?

Es una institución del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, que permite a los propietarios de bienes inmuebles, a través de la inscripción de dichos inmuebles en los libros del Registro, hacer pública su legítima propiedad ante terceros. Así, ante cualquier otra persona o institución estará claro quién es el propietario del inmueble inscrito.

¿Es obligatoria la inscripción de los inmuebles en el Registro?

No, se trata de un proceso voluntario. El propietario es libre de inscribir el inmueble o de no hacerlo.

¿La inscripción en el Registro otorga la propiedad?

No, dado que la propiedad del inmueble es previa a la inscripción e independiente de la misma. En nuestro Derecho la propiedad de un inmueble se adquiere mediante el sistema del título y el modo proveniente del derecho romano.

  • El sistema jurídico romano que perdura en nuestros días exige que para la efectiva y legal transmisión de la propiedad de una cosa exista un justo título (contrato, “iusta causa”) y un modo (entrega de la cosa, “traditio”). Y esto es lo que llamamos en Derecho el sistema del título y el modo. El título suele ser el contrato de compraventa y el modo o “traditio” suele ser la entrega de las llaves por parte del vendedor al comprador.  En el caso de los inmuebles no obstante el otorgamiento de la Escritura pública de compraventa equivale a la entrega del inmueble (traditio) pero es recomendable exigir las llaves. 
  • También se puede adquirir la propiead por usucapion, sucesión, accesión y por Ley.

¿Qué es la inmatriculación?

Es el acceso por primera vez de los inmuebles rústicos o urbanos al Registro de la Propiedad. Deriva del vocablo “in matricula” que podemos traducir como “entrar en el registro”.

Dado que como hemos visto en los puntos anteriores la propiedad es previa e independiente del Registro, para que un bien conste en el mismo es necesario que acceda por primera vez en algún momento. A partir de ahí, los sucesivos cambios de titular se realizarán partiendo de esta primera inscripción, pero evidentemente no pueden registrarse cambios si previamente no consta el bien en los libros del Registro.

¿Cuándo se creó el Registro de la Propiedad?

El Registro de la Propiedad en España se creó por la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1861. Por supuesto, la mayor parte de los bienes de la Iglesia Católica están en su propiedad desde siglos antes de la creación del Registro.

Por ejemplo, la Mezquita de Córdoba se construyó en el siglo VI como iglesia de San Vicente Mártir; más tarde con la invasión musulmana se la apropiaron los invasores convirtiéndola en Mezquita, y finalmente en el año 1.238 tras la reconquista volvió a ser propiedad de la Iglesia Católica.

Por ello por supuesto que haya accedido recientemente al Registro no implica que muchos siglos antes no fuese ya propiedad de la Iglesia. El coste de 30 € es por supuesto un coste administrativo establecido para cualquier propietario en el proceso de inmatriculación.

¿Cómo se realiza la inmatriculación?

El interesado debe presentar todos los títulos públicos traslativos del dominio previo; o bien realizar un expediente de dominio ante Notario. En este procedimiento cualquier interesado (titulares alternativos, titulares de derecho u obligaciones sobre el inmueble) pueden hacer valer sus derechos frente al titular que pretende inscribir a su favor.

En el caso de las entidades de Derecho Público pueden realizar la inscripción con los títulos de dominio que ostenten. Igualmente el Registrador se asegurará de que ese bien no estaba previamente a nombre de otro titular, y comunicará a cualquier afectado la inscripción para que pueda oponerse y hacer valer los derechos que considere oportunos.


* Más información|  Notario Francisco Rosales  Registradores.org  Ley Hipotecaria
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Funcionamiento del sistema d’Hondt en España con un ejemplo

El Congreso representa a todo el pueblo español en su conjunto y está constituido por 350 diputados, siendo la circunscripción electoral la provincia. Hay un mínimo de 2 diputados por provincia por lo que dado que existen 50 provincias en España esto hace un total de 100 diputados. Así también hay 1 diputado por la ciudad autónoma de Ceuta y 1 diputado por parte de la ciudad autónoma de Melilla. Los 248 diputados restantes se distribuyen en función de la población de derecho de cada provincia.

En las elecciones al Congreso se presentan por cada partido listas electorales cerradas, y los diputados representan a todo el pueblo español, no solo a la provincia en la que resultan electos.

Para el reparto de escaños se utiliza por parte de nuestra legislación electoral el conocido como Sistema d’Hondt a fin de distribuir los votos que obtiene cada lista en cada provincia.

Este sistema asigna una representación proporcional a cada lista electoral en función de los votos obtenidos y del número de escaños correspondientes a la circunscripción. Dicha asignación se realiza mediante un método de cocientes o promedio mayor que parte de la premisa de que los escaños se van asignando de forma secuencial a cada lista.

Veamos un ejemplo de asignación con los datos de la provincia de Albacete, a la cuál le corresponden un mínimo de 2 diputados, más otros 2 por su población de derecho.

El número de votos se distribuye de la siguiente forma por cada lista electoral.

Lista Votos Porcentaje
PP 89.564 40,93%
PSOE 59.461 27,17%
UNIDOS PODEMOS 33.301 15,22%
C’s 31.883 14,57%
PACMA 1.973 0,90%
UPyD 429 0,20%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 316 0,14%
FE de las JONS 254 0,12%
PCPE 233 0,10%
Total 217.414

 

En primer lugar hay que destacar que aquellas litas que no han logrado el mínimo del 3% no participan en la distribución de escaños.

En segundo lugar, se realiza la división por cocientes. Dado que hay 4 escaños se dividen los votos de todas las listas en cuatro cocientes: primero entre 1, luego entre 2, luego entre 3 y luego entre 4.

 

 

Cocientes/Votos PP PSOE Unidos Podemos Ciudadanos
          89.564           59.461           33.301           31.883
1           89.564           59.461           33.301           31.883
2           44.782           29.731           16.651           15.942
3           14.927             9.910             5.550             5.314
4             3.732             2.478             1.388             1.328

 

Con la regla d´Hondt el reparto de los escaños quedaría como sigue:

Escaño Votos por cociente Partido
Escaño 1                      89.564 PP
Escaño 2                      59.461 PSOE
Escaño 3                      44.782 PP
Escaño 4                      33.301 Unidos Podemos

 

Este sistema fue ideado por el jurista belga Victor d’Hondt en 1878, y como anticipábamos sigue una lógica secuencial: cuando los votos del primer cociente han reportado el primer escaño al PP, en el segundo cociente el número de votos más alto lo tiene la lista del PSOE, por lo que le otorga el escaño número dos, y se sigue iterando de esta forma hasta asignar todos los escaños.

Una de las grandes críticas que se realizan a este sistema de reparto es que el porcentaje de escaños no se corresponde con el porcentaje de votos obtenidos por cada lista. Como podemos ver en la siguiente tabla, solo en el caso de la segunda lista más votada el porcentaje de escaños está en línea con el porcentaje de votos obtenidos, mientras que las otras dos listas están sobreponderadas en escaños respecto de votos, y la lista de ciudadanos se queda sin escaños a pesar de haber obtenido prácticamente el mismo porcentaje de votos que Unidos Podemos.

Lista Porcentaje de Votos Porcentaje de Escaños
PP 40,93% 50%
PSOE 27,17% 25%
UNIDOS PODEMOS 15,22% 25%
Ciudadanos 14,57% 0,00%
PACMA 0,90% 0,00%
UPyD 0,20% 0,00%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0,14% 0,00%
FE de las JONS 0,12% 0,00%
PCPE 0,10% 0,00%

 


* Más información| Constitución El País 
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La diferencia entre el hecho jurídico, el acto jurídico y el negocio jurídico

Tres de los conceptos fundamentales sobre los que se asienta el Derecho Civil son el hecho jurídico, el acto jurídico y el negocio jurídico. Se trata de hechos de la vida, actos de las personas o bien acuerdos entre varias personas a los cuáles el Derecho otorga efectos jurídicos.

Fue Savigny, jurista alemán del s. XIX y padre de la Escuela Histórica del Derecho, quién expuso por primera vez en su obra la teoría del hecho jurídico, siendo el acto y el negocio jurídico variantes del hecho jurídico.

El hecho jurídico.

Para Savigny el hecho jurídico es el acontecimiento del mundo exterior al cual el ordenamiento jurídico atribuye un efecto jurídico determinado: la adquisición, pérdida o modificación de un derecho.

Los hechos jurídicos pueden ser de muy diversa índole, pudiendo clasificarse principalmente en las siguientes categorías:

  • Por su contenido:
    1. Positivos: consistentes en un acontecimiento o suceso.
    2. Negativos: consistentes en la omisión de un suceso o acontecimiento.
  • Por sus efectos jurídicos:
    1. Constitutivos de un derecho.
    2. Modificativos de un derecho.
    3. Extintivos de un derecho.
  • Por su estructura:
    1. Simples: consistentes en un único suceso o acontecimiento.
    2. Complejos: cuando consisten en un conjunto de sucesos o acontecimientos.

Los hechos jurídicos suelen referirse a sucesos naturales o físicos, veamos unos ejemplos para entenderlo:

  • el paso del tiempo puede determinar la adquisición del derecho de propiedad sobre un inmueble a favor de su poseedor de buena fe. Es un hecho positivo (ha pasado el tiempo), y constitutivo (crea un derecho).
  • El paso del tiempo puede igualmente determinar la extinción de un derecho. Así sucede en la prescripción extintiva.
  • El nacimiento de un ser humano determina su consideración como sujeto de derechos.
  • Un terremoto o cualquier otra catástrofe natural puede determinar la activación de un protocolo jurídico público especial, como un estado de alarma.

El acto jurídico.

Si los hechos a los cuáles les otorga el Derecho efectos jurídicos suceden o tienen lugar no por la simple naturaleza, sino por la voluntad humana, a este tipo de hechos se les denomina actos jurídicos.

Se trata de actos realizados por una voluntad consciente y exteriorizada por parte de una persona. Por lo cual aquellos actos no realizados de forma consciente, como podría suceder en un niño o en un enfermo mental, no tienen trascendencia jurídica. Igualmente

Así por tanto estamos ante actos humanos a los que el Derecho reconoce efectos jurídicos, haciendo nacer, modificar o extinguir derechos y obligaciones.

La clasificación de los actos jurídicos a partir de estas premisas se divide entre aquellos que generan efectos positivos y aquellos que generan sanciones:

  • Actos ilícitos: en ellos lo que está legislado en el Derecho positivo es la sanción respecto de su comisión. Se dividen entre:
    1. Ilícito penal: sancionado como delito o falta por las normas de Derecho Penal.
    2. Ilícito civil: sancionado por las normas de Derecho Civil
    3. Ilícito administrativo: sancionado por las normas de Derecho Administrativo o derecho laboral.
  • Actos líticos: generan efectos constitutivos, modificativos o extintivos de obligaciones y derechos. Se dividen entre:
    1. Actos jurídicos en sentido estricto, que generan efectos “ex voluntae”, donde la declaración de voluntad libre y exteriormente expresada determina dichos efectos.
    2. Actos jurídicos “ex lege” donde el efecto concreto es el que determina la ley, independientemente de la voluntad del sujeto que realiza el acto. Diferenciándose a su vez entre:
      1. Actos asemejados a los negocios jurídicos, donde aunque el efecto es el determinado por la ley, la voluntad del sujeto que lo realiza busca voluntariamente dicho efecto. Como por ejemplo la adopción o el reconocimiento de un hijo.
      2. Actos reales, donde el acto busca por parte del sujeto que lo realiza un fin concreto pero el Derecho hace nacer de dicho acto efectos diferenciados. Por ejemplo en el hallazgo de un tesoro el sujeto por ejemplo busca realizar una obra en un inmueble, pero al encontrar el tesoro lo que está legislado es que se genere una propiedad para el Estado y un derecho a su favor de cobrar una indemnización.

El negocio jurídico.

Si los actos jurídicos lícitos “ex voluntae” se realizan por varias personas con la intención de crear, extinguir o regular relaciones que generan entre ellas derechos y obligaciones de forma recíproca, en el marco de lo establecido en el Derecho Positivo, estaríamos antes lo que se denomina negocio jurídico.

Según el tipo de relaciones que regulan podemos diferenciar entre:

  • Negocios patrimoniales, referidos a bienes muebles o inmuebles.
  • Negocios familiares o personales, como el matrimonio.

Según la finalidad podemos diferenciar entre:

  • Negocios gratuitos o de mera liberalidad.
  • Negocios onerosos.

Por su duración pueden ser:

  • De tracto único.
  • De tracto sucesivo.

Resumen.

Así por tanto, como vemos de forma incremental, los hechos que acaecen sin intervención de la voluntad humana pero a los que el Derecho reconoce efectos jurídicos se denominan hechos jurídicos. Mientras que los hechos que se producen por voluntad humana libremente expresada y a los que el Derecho reconoce efectos jurídicos se denominan actos jurídicos. Y finalmente cuando los actos se acuerdan entre varias personas para crear relaciones a las que el Derecho reconoce efectos jurídicos estaríamos antes negocios jurídicos.

A diferencia del hecho jurídico y del acto jurídico, el concepto de negocio jurídico no procede del Derecho romano, sino que se debe a la labor de los juristas del s. XVIII y posteriores, por la Escuela Histórica del Derecho como ya pusimos de relieve al inicio de este artículo.


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¿Se puede usar WhatsApp como medio de prueba en un juicio?

Uno de los principales medios de comunicación de nuestra sociedad moderna es el WhatsApp, con más de 600 millones de usuarios activos en todo el mundo. Y con una especial importancia en nuestro país, donde con más de 11 millones de usuarios activos su uso está mucho más extendido que cualquier otra aplicación de mensajería móvil (a diferencia de otros países donde tienen mayor cuota de mercado aplicaciones como Line, Messenger, Viber, Snapchat o Wechat).

Por lo tanto y como reflejo de esta importancia social, muchas veces surge la cuestión de si una conversación de WhatsApp puede ser aportada como prueba en un juicio.

La respuesta es que sí, que los mensajes de WhatsApp se pueden proponer como prueba en un proceso judicial. El artículo 299 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil prevé la aceptación de los medios de prueba electrónico. Estos medios electrónicos son medios de reproducción de la palabra, la imagen y el sonido.

Equivaldría por tanto a presentar como prueba la grabación de una conversación telefónica, la grabación de una cámara de vídeo, o bien un mensaje de correo electrónico. A lo que cabe añadir que en estos medios de prueba tendremos siempre dos componentes: el soporte material (en el caso del WhatsApp es el teléfono móvil o la Tablet) y la propia información que contiene el soporte.

Como todo medio de prueba, la presentación de una conversación de WhatsApp (que puede contener texto, imagen y sonido) tendrá que cumplir los requisitos exigidos por la Ley para la válida admisión de las pruebas:

  • Debe de haberse obtenido de forma lícita, respetando los derechos o libertades fundamentales.
  • Se debe haber preservado la cadena de custodia en la obtención y conservación de la prueba.

De ambos puntos se derivan las siguientes consecuencias:

  • Para aceptarse como medio de prueba la conversación de WhatsApp no se pueden haber vulnerad0:
    • el derecho fundamental a la intimidad
    • El derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.
  • Igualmente para su válida admisión como prueba se debe poder acreditar la autenticidad de su origen y la integridad del contenido desde su obtención hasta el momento de su presentación en el juicio.

Respeto del primer punto, referente al derecho a la intimidad en la obtención de la prueba y al derecho al secreto de las comunicaciones, la jurisprudencia nos indica que la grabación de una conversación que tiene lugar entre dos personas y que uno de los intervinientes desea conservar a fin de tener constancia fidedigna de lo tratado entre ambos, no supone una invasión de la intimidad.

Sin embargo, en el segundo punto referente a la autenticidad e integridad, encontramos el gran problema para considerar como prueba válida una conversación de WhatsApp.

Y es que resulta imposible demostrar la autenticidad e integridad debido a vulnerabilidades de seguridad de la propia aplicación, que imposibilitan acreditar la cadena de custodia.  Dado que Whatsapp guarda los datos en una base de datos dentro del propio dispositivo móvil, por lo cual cualquiera podría acceder a la misma como usuario administrador y alterar o editar la conversación sin dejar rastro.  

Esto por ejemplo no sucede en los mensajes de email, dado que se almacenan encriptados en un servidor externo y ajeno a los terminales de los usuarios, lo cual permite que su validez como prueba inalterable ostente un mayor grado.

Pero a pesar de que el mensaje de Whatsapp se envía cifrado de un terminal al servidor de la compañía, y del servidor de nuevo se envía cifrado al otro terminal, lo cierto es que no se queda almacenado en los servidores, sino que tras su emisión se borra y queda solo almacenado en el propio terminal.

Por todo ello, una de las partes en un juicio puede proponer como medio de prueba una conversación de WhatsApp, pero la otra parte podrá impugnar la misma principalmente en base a la debilidad señalada respecto de su autenticidad e integridad.


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Breve introducción al mercado de renta fija privada

Las dos vías de financiación de las empresas: Banca y Mercados.

Cuando las empresas necesitan financiación para desarrollar su actividad pueden acudir básicamente a dos vías de financiación: una vía es la bancaria, donde los prestamistas son instituciones financieras cuyos recursos provienen de los clientes que depositan allí sus ahorros, intermediando por tanto entre clientes de pasivo (ahorradores) y clientes de activo (demandantes de préstamos); la otra vía es la de acudir directamente a los mercados financieros, emitiendo títulos de deuda que los inversores podrán valorar y adquirir para sus carteras.

La vía directa de los mercados financieros.

Esta segunda vía se impone para compañías de una cierta dimensión, que no pueden depender exclusivamente de la deuda bancaria. Y es que los bancos trabajan bajo una estricta normativa pública que limita los riesgos que pueden asumir y el capital que pueden exponer a cada empresa, proyecto o tipo de financiación en general.

Renta fija y renta variable.

Y en la vía directa de los mercados financieros las empresas pueden emitir diferentes tipos de activos para financiarse, que se clasifican principalmente entre activos de renta fija y activos de renta variable. Los de renta fija otorgan al inversor el derecho a cobrar un rendimiento periódico determinado, como por ejemplo un cupón trimestral, y suelen tener una amortización cierta e igualmente determinada, como por ejemplo la devolución del principal a los 10 años. Por su parte, los activos de renta variable no pagan un cupón determinado, siendo el ejemplo principal la acciones, que pagan a sus propietarios vía dividendos cuando así lo deciden los administradores de la compañía.

Renta fija a corto o largo plazo.

Ya concretamente dentro de los activos de renta fija, podemos realizar una clasificación de los mismos en función de su plazo de vencimiento: renta fija a corto plazo y renta fija a largo plazo. Se considera corto plazo el vencimiento hasta 12 o 18 meses, mientras que los activos a largo plazo son aquellos cuyo vencimiento supera dicho plazo.

La renta fija a corto plazo suele revestir la forma de Pagarés, y se denominan Pagarés de Empresa.

Mientras que la renta fija a largo plazo abarca Bonos, Obligaciones y Participaciones.

El mercado primario y los mercados secundarios.

La distinción entre mercado primario y mercados secundarios se refieren al momento del tiempo en el que se realiza la transacción entre el vendedor del título de renta fija y los inversores.

Cuando la empresa que necesita financiarse emite los valores de renta fija y los vende a los inversores se entiende que la transacción se realiza en el mercado primario. Dicho de otra manera, el mercado primario sería el mercado de emisión inicial de los valores de renta fija.

Pero al tratarse de títulos al portador, esto es, activos cuyo propietario puede vender a otro nuevo inversor después de adquirir el mismo a la empresa que ha emitido los mismos en el mercado primario, y de forma sucesiva cada nuevo tenedor puede volver a venderlos a su vez hasta llegado el vencimiento de los mismos, estas operaciones de compraventa se realizan en el denominado mercado secundario.

Estos mercados secundarios permiten a los inversores gozar de una gran liquidez, pudiendo poner a la venta en cualquier momento sus títulos de renta fija, y permitiendo igualmente poder valorar en todo momento el activo en función de la cotización de títulos similares en el mercado.

Tipos de emisión y rentabilidad de la renta fija.

Los pagarés se suelen emitir “al descuento”, método también denominado “cobro de intereses del tirón”: el inversor los adquiere con un descuento sobre su valor nominal, por lo que su rentabilidad se obtiene por la diferencia entre el precio de compra y el valor nominal del pagaré que se recibe en la fecha de amortización. Los vencimientos se suelen fijar en 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 15 meses o 18 meses. Por ejemplo, en la emisión de unos pagarés a 12 meses con valor nominal de 100 € y valor de emisión al 98 %, los inversores los adquieren por 98 € y cobrarán a vencimiento 100 €, lo que implica una rentabilidad anual del 2 %.

Los Bonos y las Obligaciones suelen emitirse con plazos de amortización entre 5 y 20 años, y las Participaciones suelen sin embargo emitirse sin plazo de vencimiento, como deuda perpetua. Suelen pagar intereses de una de las siguientes formas: en la modalidad denominada “cupón cero” donde el título se adquiere por su valor nominal y se va amortizando a lo largo del tiempo con diferentes primas según el plazo de reembolso; o bien en la modalidad de “interés referenciado” donde el interés se referencia a un índice del mercado, como el Euribor.

AIAF: Mercado oficial de Renta Fija privada.

El mercado secundario oficial de renta fija en España, está organizado y gestionado por AIAF (Asociación de Intermediarios de Activos Financieros) y en él se negocian los Pagarés y otros tipos de deuda a corto plazo de empresas privadas.

Se trata como decimos de un mercado organizado, en contraposición a los mercados OTC (over the counter) creado en 1986 por iniciativa del Banco de España, y perteneciente a BME (Bolsas Y Mercados Españoles) desde 2001. Cuenta con 80 miembros entre los que se encuentran los principales Bancos, sociedades y agencias de inversión.

Se negocian en este mercado los siguientes tipos de activos:

  1. Corto Plazo: Pagarés de Empresa.
  2. Medio y Largo Plazo: Bonos, Obligaciones, Cédulas Hipotecarias, Emisiones Titulizadas, Participaciones preferentes y Bonos Matador.

Los requisitos que deben cumplir las empresas y sus emisiones para ser admitidas a negociación en este mercado son muy elevados, por lo que garantiza una elevada seguridad y solvencia a los compradores.

SEND: Sistema Electrónico de Negociación de Deuda.

Se trata de una plataforma electrónica destinada específicamente a la negociación de Renta Fija para minoristas, creada por AIAF en 2010 para mejorar la transparencia y la liquidez del mercado español de Deuda Corporativa.

Se negocian en SEND participaciones preferentes, bonos y obligaciones simples, obligaciones subordinadas, obligaciones con bonificación fiscal, cédulas y los pagarés con vencimiento superior a 6 meses, emitidas a partir de 2009, con nominal unitario igual o inferior a 1.500 euros, y cuyos destinatarios son inversores particulares.

SEND permite a los particulares realizar transacciones electrónicas sobre los activos allí negociados de forma directa y con menores costes de transacción. Y con la garantía del mercado AIAF en todo momento.

MERF: Mercado Alternativo de Renta Fija.

Se trata del mercado no oficial de renta fija, alternativo a AIAF. Forma parte también de BME pero adopta la estructura jurídica de Sistema Multilateral de Negociación, lo que le permite operar como un mercado privado. Esto implica que los emisores y los títulos negociados no deben cumplir una regulación tan estricta como la del mercado oficial AIAF, y ello dota de flexibilidad a las empresas que necesitan financiación.

Se negocian en este mercado los siguientes tipos de activos:

  1. Corto Plazo: Pagarés de Empresa.
  2. Medio y Largo Plazo: Bonos, Obligaciones y Titulaciones.

La flexibilidad de MERF ha hecho que la mayor parte de las emisiones empresariales y corporativas de los últimos años coticen aquí en vez de en AIAF.


* Más información| BMERF  Finanzas para Todos  Cuanto vale un euro
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La diferencia entre Derecho subjetivo y Derecho objetivo.

La palabra Derecho, con origen en el latín “directus” que significaba en la antigüedad lo recto, rígido o correcto, puede tener diversas acepciones con relevancia jurídica en función de si utilizamos la misma en sentido subjetivo o en sentido objetivo.

Cuando se utiliza la palabra Derecho en sentido subjetivo, el sujeto es una persona individual, o bien un conjunto de personas determinado.

Mientras que cuando se utiliza en sentido objetivo, el sujeto es un conjunto estructurado de normas o sistema jurídico.

Derecho subjetivo.

Como decíamos, se refiere al derecho concreto que asiste a una persona. Esta persona sujeto del derecho puede ser una persona física o bien una persona jurídica, y dicho derecho recaerá sobre un objeto determinado.

Por tanto, en primer lugar dicho derecho tendrá un objeto sobre el cual el titular ostenta las atribuciones que le otorga este derecho subjetivo. Y en función del objeto del derecho cabe diferenciar entre:

1º derecho real: el titular del derecho subjetivo ostenta dicho derecho sobre un bien mueble o inmueble. Es decir, el objeto del derecho es una cosa (“res” en latín). Por ejemplo, la propiedad de una vivienda.

2º derecho personal: el titular del derecho subjetivo ostenta dicho derecho sobre una persona. Es decir, el objeto del derecho es una persona. Por ejemplo, un derecho de crédito para el acreedor en un contrato de préstamo personal obliga a que otra persona denominada deudor pague al titular del derecho (acreedor).

En segundo lugar, en función del tipo de titularidad otorgado al sujeto del derecho podemos distinguir de manera general los siguientes tipos de derechos subjetivos:

1ª derecho de titularidad plena: el derecho subjetivo pertenece al sujeto en interés propio sin restricciones. Ejemplo: derecho real de propiedad.

2ª derecho en titularidad de disfrute: el sujeto tiene la titularidad para el disfrute, correspondiendo la titularidad del dominio a otro. Ejemplo: derecho real de usufructo.

3ª derecho de titularidad representativa: se atribuye a una persona para gestionar o defender el derecho subjetivo en interés de otra, bien porque esta no puede hacerlo, o no quiere hacerlo. Ejemplo: derecho de tutela; derecho de representación voluntaria.

4ª derecho de titularidad fiduciaria: en este caso, externamente el derecho está atribuido al titular pero internamente esa titularidad está limitada por pacto entre el fiduciario y el verdadero titular. Ejemplo: fideicomiso.

5ª derecho de titularidad plural o cotitularidad: hay varios titulares. Ejemplo: condominio.

Resumiendo por tanto, el derecho subjetivo podrá ser real o personal, y otorgar a su titular capacidad plena sobre el objeto, o bien capacidad de disfrute, representativa o fiduciaria, cabiendo también la cotitularidad de varios sujetos.

Derecho objetivo.

Por su parte, el derecho en sentido objetivo es el sistema ordenado de normas de preceptivo cumplimiento que rigen las relaciones humanas en una sociedad, y que constituyen por ende el fundamento de las obligaciones y derechos de los ciudadanos.

Dado que en las sociedades modernas la normativa es muy amplia se tiende a agrupar en grandes categorías:

1.-Derecho Constitucional: Es el conjunto o sistema de normas relativas a la regulación de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como a la organización del Estado. Si bien tradicionalmente se conocía como Derecho Político, o incluso Derecho Público de manera genérica, hoy se denomina Derecho Constitucional porque en los Estados modernos la norma básica y fundacional es la Constitución, y en ella se regula la base de los derechos fundamentales y organización estatal. Abarca temas como el tipo de Estado y Gobierno, los derechos y libertades principales de los ciudadanos, el proceso necesario para constituir válidamente los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y la organización o relación entre todos ellos.

2.-Derecho Civil: Es el conjunto sistemático de normas relativas a las relaciones personales y patrimoniales de los ciudadanos. Se encarga de las obligaciones y contratos de los que derivan derechos subjetivos como la propiedad, el crédito, el usufructo, etc.. así como de los derechos de la persona como la ciudadanía o la tutela. Igualmente trata de la herencia y sucesión. Sus normas son “derecho común” o genérico para el resto de ramas jurídicas.

A partir del derecho civil han nacido a lo largo de los últimos siglos como especializaciones con entidad propia el Derecho Mercantil, caracterizado porque los sujetos de derecho son comerciantes, empresas o profesionales, y el Derecho Laboral, caracterizado porque el objeto de derecho son las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores.

3.-Derecho Penal: Es el conjunto sistemático de normas relativas que tipifican las conductas prohibidas por atentar contra los derechos y libertades de los ciudadanos, o al Estado e instituciones, y prescriben las penas que corresponden a los culpables.

4.-Derecho Administrativo: Es el conjunto sistemático de normas que regulan la relación entre los entes públicos y los ciudadanos. Es decir, tratan sobre las Administraciones Públicas, Entes u Organismos administrativos, su regulación y funcionamiento, y su relación con los administrados. Una parte del derecho administrativo es de carácter sancionador, referido a las multas y sanciones que la Administración tiene atribuidas en su potestad.

Como especialización de estas normas administrativas pero con entidad propia encontramos el Derecho Fiscal o Tributario, que trata sobre los impuestos, tipificando los supuestos que dan lugar a su pago, sujetos pasivos en cada caso y el procedimiento respecto de las personas físicas o jurídicas obligadas por los mismos.

5.- Derecho Procesal: Es el conjunto sistemático de normas que regulan el proceso judicial, esto es, cómo los ciudadanos pueden hacer valer sus derechos y libertades a través de los órganos judiciales. Se ocupa por tanto de la demanda, querella, fases del juicio, organización de los diferentes órganos judiciales, sentencias, recursos o legitimación activa y pasiva.


* Más información| Enciclopedia Jurídica Wikiderecho
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La diferencia entre Ley Orgánica y Ley Ordinaria.

Decía el afamado jurista romano Marco Tulio Cicerón (43 a.C.) que para ser libres es necesario ser esclavos de la Ley, y llevaba mucha razón porque solo cuando todos los ciudadanos quedan obligados a cumplir con la legalidad vigente podemos garantizar nuestra libertad dentro de la comunidad.

No todas las leyes sin embargo en nuestro Estado actual tienen el mismo nivel. Existe un orden de jerarquía entre las mismas que podríamos resumir de la siguiente forma:

  1. Constitución.
  2. Ley:
    1. Orgánica.
    2. Ordinaria
  3. Real Decreto
  4. Reglamento

La Ley emana del pueblo a través de las Cortes Generales, o Parlamento, formado por los Diputados y Senadores elegidos libremente por los ciudadanos en cada legislatura, y que ejercen el Poder Legislativo.

  • Como vemos en la jerarquía, por encima de Ley tenemos a la Constitución, por lo que las leyes aprobadas por el Parlamento, deben someterse en todo caso a lo previsto en la Carta Magna.
  • Por debajo de la Ley encontramos normas legales pero que emanan del Gobierno, el Poder Ejecutivo, que tendrán que estar siempre de acuerdo a lo previsto en la Ley además de la Constitución.

Pero ahora cabe preguntarse ¿qué diferencia hay entre Ley Orgánica y Ley Ordinaria? Ambas tienen similar rango jerárquico, pero la respuesta a esta pregunta es doble, ya que se diferencian:

  1. en primer lugar respecto de las materias que cada una de ellas puede regular:
    1. La Ley Orgánica trata de aquellas cuestiones expresamente reservadas en la Constitución para dicho tipo de Ley (art. 81 C.E y arts. 165, 107, 54 y 8 C.E.):
      1. Derechos Fundamentales y Libertades Públicas
      2. Estatutos de Autonomía
      3. Régimen Electoral General
      4. Modificación o desarrollo de la Constitución
      5. Tribunal Constitucional.
      6. Consejo de Estado
      7. Fuerzas Armadas
      8. Defensor del Pueblo
    2. La Ley Ordinaria trata de todas aquellas materias no reservadas expresamente a la Ley Orgánica.
  2. en segundo lugar respecto de la mayoría necesaria para su aprobación:
    1. La Ley Orgánica requiere de mayoría absoluta del Congreso para su aprobación final. Esta mayoría absoluta es necesaria en votación final sobre el conjunto del proyecto. Veamos brevemente el proceso de creación de las leyes en España para entender este requisito cualificado:
      • la iniciativa legislativa corresponde vía Proyecto de Ley al Gobierno y a las Asambleas Legislativas, o vía Proposición de Ley al Congreso, Senado, Asambleas de las CC.AA. o iniciativa popular con más de 500.000 firmas acreditadas.
      • El proyecto o proposición se debate en Comisión Legislativa en el Congreso, y posteriormente en el Pleno del Congreso, artículo por artículo. Si supera este trámite pasa al Senado, que dispone de 2 meses para aprobar, vetar o presentar enmiendas.
      • Posteriormente vuelve al Congreso, que puede levantar el veto por mayoría absoluta, o mayoría simple transcurridos 2 meses; y las enmiendas, previo debate se aceptan o no por mayoría simple.
      • Finamente, tras el oportuno debate y votación en caso de enmiendas, la Ley queda aprobada.
      • Es en este punto donde, si se tratase de una Ley Orgánica, se requiere aprobación en votación final sobre el total del texto legal con mayoría absoluta.
    2. La Ley Orgánica no requiere esta votación final con mayoría absoluta. Es decir, si el proyecto o proposición de Ley superan las fases legales del debate en Congreso y Senado, queda aprobada al volver al Congreso (previo debate de veto o enmiendas en su caso).

Podemos resumir por tanto, a modo de conclusión, que la Ley Orgánica es aquella que regula unas materias consideradas por la Constitución como de mayor relevancia y especial protección. Y por esta tan considerable relevancia para los ciudadanos su trámite legislativo está revestido de un proceso más complejo, que exige una mayoría cualificada para su aprobación.


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