Dilaciones indebidas: contra la “pena de banquillo”

La justicia si es lenta no es justicia. Esta frase, tan conocida en el mundo del Derecho, no es sino la constatación de una gran verdad, y es que cuándo los procesos judiciales necesitan años e incluso décadas para resolverse, la justicia pierde irremediablemente valor.

presoY no solo para la víctima, sino también para el acusado en el ámbito del procedimiento penal, que en estas ocasiones padece lo que se conoce como “pena de banquillo”: años de instrucción y proceso judicial que lesionan su derecho de defensa, su derecho a un proceso justo sin dilaciones, y su derecho a la presunción de inocencia (en este sentido: artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948); Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo; artículo 24  Constitución Española de 1978)

Nuestro Código Penal al regular las circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal tiene en cuenta la dilación indebida en su articulado, y establece en el artículo 21.6 que <<La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa>>.

Recientemente, la Sentencia del Tribunal Supremo 4055/2015, de 30 de septiembre de 2015 nos recordaba que <<La Jurisprudencia de esta Sala ha venido señalando que la dilación indebida para ser considerada como tal debe ser procesalmente injustificada, extraordinaria, no imputable al inculpado y desproporcionada con la complejidad de la causa>>.

La Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2013 indicaba que <<La apreciación de la atenuante exige precisar en qué momentos o secuencias del proceso se han producido paralizaciones que deban reputarse indebidas. Hemos dicho que el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que no es identificable con el derecho procesal al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes, impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas, y también ejecutar lo resuelto, en un tiempo razonable. Se trata, por lo tanto, de un concepto indeterminado que requiere para su concreción el examen de las actuaciones procesales, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que sea imputable al órgano jurisdiccional y no precisamente a quien reclama >>

office-581131_960_720Así por tanto, la jurisprudencia de nuestro alto tribunal determina claramente que aquél que alegue la aplicación de esta atenuante deberá  exponer en su alegato un análisis en detalle del proceso penal seguido, que pasa por dividirlo en sus distintas fases y demostrar de manera razonada cuál de estas fases es en concreto en la que se han producido dilaciones injustificadas, desproporcionadas y extraordinarias, imputables al propio órgano judicial.

Es decir, se requiere un análisis del caso concreto, y un razonamiento de qué parte del proceso ha sido la concretamente afectada por dilaciones indebidas.

En conclusión podemos afirmar que esta atenuante salvaguarda como decíamos al principio los legítimos derechos y garantías procesales del imputado o acusado, pero requiere del análisis pormenorizado del proceso seguido en el caso en cuestión, para determinar de manera concreta, razonada e inequívoca dónde se ha realizado dicha lesión.

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Moral, Ética y Derecho

Estos tres términos se confunden en muchas ocasiones, y no son pocas tampoco las veces en las que se utiliza uno de dichos conceptos de manera equívoca. El objetivo del presente artículo es el de delimitar y situar correctamente al lector respecto de cada una de estas tres categorías.

MORAL

rule-1752415_960_720La palabra Moral tiene su origen en el latín “moris”, que significa costumbre. En la Antigua Roma las “mores maiorum” o “costumbres de los mayores” eran las normas que regían en la familia. La familia romana era la institución central que vertebraba la sociedad, todo ciudadano, esclavo, bien mueble o inmueble pertenecían a una familia, dependían del “pater familias” que ejercía como patrón o jefe de la misma, y se regían por las “mores maiorum” de la misma en sus usos y costumbres.

Hecha esta introducción histórica, y refiriéndonos ahora al concepto amplio de toda la sociedad, podemos definir la Moral como el conjunto de normas, creencias, valores y costumbres que dirigen o guían la conducta de las personas en sociedad. Toda sociedad humana a lo largo de la Historia ha tenido su propia moral o normas morales, siendo “inmoral” todo comportamiento enfrentado a un comportamiento moral, o “amoral” todo comportamiento fuera de las normas morales.

Igual que las “mores maiorum” regían la convivencia de la familia, la moral de una sociedad sirve como marco para la convivencia en una sociedad.

ETICA

La palabra Ética proviene del griego “ēthikós”, término que deriva la palabra griega “êthos” y que significa carácter. La Ética es la rama de la filosofía que estudia la moral, es decir, los comportamientos humanos que se consideran como comportamientos morales, inmorales o amorales, así como el sistema moral en una sociedad y su justificación racional.

Así mismo, la Ética determina qué comportamientos morales se consideran como buenos o malos, tratando de marcar cuál es el marco moral ideal o más correcto en una sociedad.

Ya en el s. VI a.C. la obra de Aristóteles “Ética a Nicomaco” se dedicaba a estudiar la moral, definiendo qué era bueno y qué debía considerarse malo.

NORMA JURÍDICA

business-1869266_960_720Las normas jurídicas son normas de conducta vigentes en una sociedad, que otorgan derechos e imponen obligaciones a los miembros de la misma, y determinan cómo deben regirse las personas, los bienes y las instituciones.

El ordenamiento jurídico es el sistema o conjunto lógico y coherente de normas jurídicas que rigen en una sociedad en un momento determinado.

¿Y en qué se diferencias las normas morales de las normas jurídicas? Aunque ambas son normas de conducta social, el incumplimiento de las normas jurídicas conlleva una sanción por parte del ordenamiento jurídico. Aquí se encuentra la gran diferencia entre lo moral y lo jurídico, en la institucionalización de la sanción a los comportamientos antijurídicos.

 DERECHO

Al igual que decíamos que la Ética es la ciencia que estudia la moral y las normas morales, de la misma manera el Derecho es la ciencia que estudia las normas jurídicas, el ordenamiento jurídico, su estructura lógica y su aplicación práctica.

RELACIONES ENTRE LA MORAL, LA ÉTICA Y EL DERECHO.

Aunque como hemos visto el ordenamiento jurídico es imperativo, y su incumplimiento conlleva sanciones, mientras que las normas morales no están protegidas por este sistema coactivo, el equilibrio de una sociedad debería basarse en la correcta relación entre lo moral, lo ético y lo jurídico. Y ello en base a que los comportamiento jurídicos u ordenamos por normas jurídicas válidamente aprobadas en la sociedad deberían girar siempre en torno a normas morales de esta misma sociedad que la ética hubiese probado como buenas.

Es decir, si por ejemplo la norma moral es la de que los hijos hereden por partes iguales los bienes de su padre fallecido, y la ética entiende en su estudio que este comportamiento puede calificarse como bueno, justo o correcto, la norma jurídica que trate sobre la herencia debería basarse y recoger esta norma moral.

Lo jurídico debería ser ético y moral. De otra manera, las normas jurídicas atentarían contra la ética o la moral de una sociedad, y terminarían deviniendo ineficaces o despóticas.

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Los ejecutivos comerciales y el secreto de empresa

Resulta habitual en el mundo empresarial que un ejecutivo comercial cambie de empresa, o bien se desligue de su compañía para constituirse en empresario y abrir la suya propia.

Desde luego, las más de las veces el comercial utiliza su conocimiento y relaciones con los clientes en su nuevo trabajo o en su nuevo negocio.

Cuando la empresa para la que trabajaba sufre la competencia de este antiguo empleado sobre su cartera de clientes, resulta habitual cuestionarse si el comercial puede estar incurriendo en el delito de revelación de secretos de empresa.

El Artículo 199 de nuestro Código Penal prescribe:

<<1. El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. 2. El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años>>

Pero ¿Qué es secreto de empresa?

La Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de mayo de 2008  define secreto de empresa como aquella información de la empresa que de ser conocida afectaría a la competitividad de la empresa.

Dicha información debe tener, según nuestro Tribunal Supremo, las siguientes características:

  • ser exclusiva de la empresa,
  • ser confidencial
  • ser evaluable en términos económicos.

negocioEsto ya en principio significaría que la información genérica de clientes no es un secreto de empresa. La información de clientes, como los nombres de las compañías, personas de contacto en departamentos de compras, hábitos de compra de los clientes, etc.. no son información exclusiva ni confidencial.

Entendiendo ya a la luz de la citada jurisprudencia qué tipo de información se considera como secreto de empresa, la siguiente pregunta a la que tenemos que responder sería ¿Quién está obligado a guardar secreto?

Están obligados a guardar secreto de empresa:

  • Los administradores de la empresa, por imperativo legal.
  • Los trabajadores que hayan firmado un contrato o unas cláusulas contractuales en las cuales explícitamente se les imponga dicho secreto. Para que este contrato o cláusula sea efectivo, el Estatuto de los Trabajadores indica que el plazo máximo al que se puede pactar el guardar secreto es de 2 años, y debe tener una contraprestación económica a favor del trabajador.

silhouettes-317831_960_720Así por tanto si no se es Administrador de la sociedad, o bien trabajador que haya firmado un contrato o cláusula de guardar secreto, cobrando por ello una contraprestación económica, no se tiene una especial obligación que haya de ser sancionada por el Derecho Penal.

Es significativo como empezábamos diciendo que los comerciales de una organización conocen, por razón de su profesión, a los clientes de la misma, y en función igualmente de su trabajo tienen una relación directa con los mismos. ¿Se puede acusar de revelación de secreto de empresa a un comercial que pasa a trabajar a otra compañía y no ha firmado un contrato o cláusula que le obligue a guardar especial secreto?

Según la sentencia del Tribunal Supremo Sala 1 de 24-11-2006 no pueden ser objeto de secreto empresarial aquellas informaciones que forman parte de las habilidades, capacidades y experiencias profesionales de carácter general de un sujeto, como por ejemplo un director comercial. Ni tampoco el conocimiento y relaciones que pueda tener con la clientela, aun cuando dichas habilidades o capacidades se hayan adquirido en el desempeño de un puesto determinado o de unos concretas funciones desarrolladas para un determinado empleador. Estos conocimientos y habilidades son propios del empleado, y forman parte de su bagaje profesional.

Por último tenemos cabría preguntarnos ¿Un listado comercial de clientes es un secreto empresarial?

Según la Sentencia 17/2011 de la Audiencia Provincial de La Coruña, que examina el caso de un comercial de seguros de la correduría local S.Y.S que, tras ser despedido, se fue a trabajar para otro corredor de seguros local, vendiendo para éste último diferentes seguros a la cartera de clientes que había gestionado en su anterior compañía, dado que conocía los seguros contratados por los clientes, así como las fechas de vencimiento de los mismos, y tenía una relación cordial con estos mismos clientes: <<el listado de clientes es cuestionable que pueda constituir secreto de empresa. Por ello señalar que el acusado había trabajado para la empresa un largo período de tiempo y era la única persona encargada de realizar la contratación de los seguros con los clientes, a los que conocía, en su mayoría por ser de la zona donde trabajaba, otros eran parientes, pero en definitiva por su trayectoria laboral conocía a los clientes, sabía los nombres, conocía los trabajos de otros de ellos, sabía también donde vivían otros, en definitiva tenía perfecto conocimiento de la relación de clientes de S.Y.S., con relación a los seguros y diversos datos al respecto, por lo que no puede hablarse de apoderamiento. Pero es que además, para el caso concreto, en relación al tipo delictivo, lo esencial es que tampoco consta que existiese ningún pacto que le obligase a guardar reserva ni pacto alguno de la no concurrencia en su actividad. En consecuencia procede la libre absolución del acusado.>>

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