¿Qué es el Capitalismo?

Cuándo tienes que cavar una zanja, es mucho más fácil hacerlo con un pico y una pala que con las manos. Cuándo tienes una retroexcavadora, es aún más fácil que cavar a pico y pala. La diferencia entre tener una retroexcavadora y un pico es una diferencia en el capital poseído. Contar con un pico y una pala es contar con más capital que si tienes que cavar con las manos desnudas.

Capitalismo significa acumulación de capital. Una sociedad capitalista es una sociedad que cuenta con una acumulación de capital determinada (retroexcavadoras, altos hornos, grandes edificios de oficinas, o equipos informáticos) que le permite ser más productiva que de no contar con la misma.

Una hora de trabajo de un obrero de Estados Unidos es más productiva que una hora de trabajo de un obrero de Venezuela gracias a que el trabajador norteamericano tiene a su disposición medios de capital en mayor cuantía y de mayor calidad que los del trabajador de Sudamérica.

El capitalismo es la forma de organizar una sociedad que se basa en la defensa de la libertad del individuo, la igualdad de todos los ciudadanos, la propiedad privada y el derecho de cada hombre a ser el dueño del resultado de su trabajo; En resumen, se basa en el respeto a los principios generales del Derecho para propiciar la acumulación de capital.

De hecho, en toda sociedad que respete estos principios jurídicos fundamentales, como son la libertada, la igualdad y la justicia, se dará de manera automática como resultado una sociedad capitalista, pues el hombre tiende a crear y avanzar en la búsqueda de beneficio y comodidad, en tanto que nadie interfiera en ello, y para avanzar necesita ir acumulando capital, es decir, ir generando máquinas, edificios o equipos informáticos. El bien común no es sino que cada uno pueda buscar en libertad su bien personal. Al interactuar cada individuo con los demás, y tener que comprar y vender, o prestar sus servicios, se generará riqueza para todos.

Recordando lo que nos decía Adam Smith no es por la benevolencia del bodeguero que tengo buen vino en mi mesa, sino por su afán de lucro. Él se esfuerza durante un año, o dos, o cinco, para hacer el mejor vino y poder venderlo al mejor precio. Y yo me esfuerzo en trabajar para poder tener en mi mesa el mejor vino sin arruinarme por ello.

El respeto a los principios generales del Derecho supone respetar las más fundamentales leyes económicas. Todos los bienes y servicios se rigen por la ley de la oferta y la demanda, pues si alguien interfiere estaría descoordinando el proceso más eficiente de intercambio social de los bienes. El valor subjetivo y la ley de la utilidad marginal decreciente guiarán a cada hombre libre para pujar en la oferta y demanda de los bienes. La especialización en el trabajo que vuelve mejor panadero al panadero y mejor agricultor al agricultor solo puede ser posible desde la libertad, la igualdad y la justicia. El tiempo que necesita un vino de reserva o de crianza para elaborarse, o un tren de alta velocidad para construirse, solo será posible desde el respeto a la seguridad jurídica, donde el hombre sepa que hay unos principios jurídicos fundamentales que se mantienen vigentes por siempre, y no cambian de un día para otro.

Cualquier interferencia en la propiedad de un hombre supone un delito. Da igual que el dinero me lo quite un delincuente bajo la coacción de una pistola, un estafador refinado o bien un político que quiere financiar un proyecto que a él le parece magnifico, pues en los tres casos el hecho objetivo de que otro me quite lo que es mío supone un ilícito penal llamado robo. Por ello, en una sociedad capitalista la expresión del Estado debe ser mínima, pues toda actuación del mismo debe pagarla alguien, y el proceso coactivo necesario para obtener esa financiación, llámese impuestos o deuda pública, supone perjudicar el patrimonio del hombre común. Además, cualquier acción que un gobierno determine sobre los demás, estará coartando la libertad individual.

La libertad de un individuo termina donde empieza la de los demás. Bajo el respeto a los principios jurídicos, cualquier intromisión en la esfera de libertad de otro individuo debe penarse como tal. Puesto que por lo tanto debe existir una policía que arreste al delincuente, un juzgado que lo pueda enjuiciar y una prisión donde deba cumplir la pena correspondiente, se hace necesaria la existencia de un gobierno mínimo, a los solos efectos prácticos de proteger la libertad y el patrimonio de cada hombre. Por ello será necesario contribuir a dicho estado mínimo. Pero toda vez que dichos servidores públicos intentasen ir más allá de su función, estarían perjudicando al ciudadano libre.

Así, una sociedad capitalista no es más que una sociedad que respeta la ley y los derechos naturales de cada hombre, logrando con ello que cada hombre al buscar su bien individual contribuya al bien general. Y al avanzar en su búsqueda, le será posible ir acumulando capital que volverá más productiva dicha sociedad. Como dijimos antes, en una sociedad capitalista podemos permitirnos tener tiempo de ocio porque contamos con máquinas para hacer las zanjas, mientras que en una sociedad sin dichos medios de capital, donde deban cavar a pico y pala, o con las manos, gozarán de mucha menor calidad de vida.

 

 

¿CUÁL ES EL OBJETIVO REAL DE LA BAJADA DE TIPOS DE INTERÉS?

Resulta increíble ver cómo la intervención de los bancos centrales y de los gobiernos en la economía lleva destruyendo nuestro sistema desde hace décadas, y la mayor parte de la sociedad, economistas de prestigio incluidos, no son capaces de verlo. Es más, aplauden cada vez que hay una nueva intervención masiva. Es como ver aplaudir a un hombre ante los disparos de su pelotón de fusilamiento.

El mercado financiero no es libre. Es quizá uno de los más intervenidos del mundo.

Un mercado libre tiende a autorregularse a través de la ley de la oferta y la demanda. La gente actúa buscando sus intereses, y de esa manera oferente y demandante acaban consiguiendo el mejor acuerdo posible satisfacer sus necesidades. Sin embargo, cuándo los gobiernos y las instituciones interfieren en el mismo distorsionan el proceso natural de cooperación social y crean irreparables perjuicios.

Bajo la sencilla lógica del libre mercado, en un momento como el actual con una coyuntura de recesión, donde el presente se valora más que el futuro, y la seguridad se valora muy por encima del riesgo, los ahorradores tenderán a querer atesorar liquidez, no deseando invertir a largos plazos, ni en activos o proyectos que no gocen de gran seguridad y solvencia. Por tanto, el tipo de interés que pedirán por prestar su dinero a aquellos que demanden su ahorro tenderá a ser alto. ¿Cuánto? Solo el libre juego de la oferta y la demanda respondería esta cuestión. Pero por supuesto la teoría económica es clara y conocida, a mayor interés mayor disponibilidad tendrán los ahorradores de prestar su dinero. Y a menor interés, menor incentivo del ahorro.

Sin embargo, la intervención de los bancos centrales, forzando tipos de interés extremadamente bajos, altera la lógica del mercado y produce efectos nefastos. Hoy, 14 de junio de 2015, el Euribor a 12 M se sitúa en torno al 0,6 %, tras la última intervención del BCE.

Si la lógica nos dice que un ahorrador, en un momento tan complicado como el actual, pediría un retorno de la inversión suficientemente alto por su capital, y de otra manera no ahorraría, y la intervención pública obliga a tener que invertir con tipos por debajo del 1 %, se produce una clara desincentivación del ahorro. Al menos del ahorro financiero.

Por la importancia que revisten los tipos de interés, este efecto de desincentivación es muy amplio y se extiende por toda la economía, afectando de distinta manera a activos como los inmuebles, las obras de artes, las joyas, las acciones de las empresas cotizadas o los alimentos de primera necesidad. Pero la primera consecuencia (y quizá la más importante) es que se produce una escasez de ahorro real, que impide a la economía contar con capital sobre el que asentar su futuro.

¿Cuál es la finalidad de los Bancos Centrales con este tipo de políticas monetarias? Según el discurso oficial, intentan reactivar la economía y que las empresas tengan una mayor facilidad de financiación. En términos de lógica económica básica, poco incentivo tendrá nadie de arriesgar su dinero al 0,6 % para reactivar la economía. Por ende, pocos fondos recibirán las empresas por parte de los ahorradores.  

¿Cuál es entonces la verdadera finalidad de los Bancos Centrales? Mantener a flote las colosales estructuras de deuda pública de los Estados. Millones y millones de euros (o dólares, o yenes, etc…) dilapidados en las últimas décadas, destruidos literalmente en malas inversiones, que se han ido acumulando y refinanciando año tras año. El verdadero objetivo de esta política monetaria es seguir refinanciando esta deuda impagable. E impagarla en la medida de lo posible. Pues las políticas monetarias expansivas logran rebajar de manera artificial el volumen de deuda.

Resumiendo, se expropia valor a los ahorradores para cubrir la ruina del macroendeudamiento de los Estados. Lo que no quieren o pueden expropiar vía política fiscal lo expropian vía política monetaria.

Al final perdemos todos. En una sociedad libre el ahorro es igual a la inversión. Si una persona logra beneficios, y genera capital que no necesita en un momento determinado (ahorro), dicho capital podrá prestarlo a otra persona que lo demande para invertir o anticipar consumo y que pueda devolverlo después, con un rendimiento preestablecido. Esto supone cooperación social y desarrollo. Tenderán a quedar en el mercado solo los proyectos de inversión más solventes, que mejor atiendan las necesidades de la sociedad. Con el intervencionismo los gobiernos dilapidan el capital de la sociedad en proyectos de dudoso valor, a base de expropiar la riqueza privada a través de impuestos, y a través de expansiones monetarias.  

LA OBLIGACIÓN

El concepto de Obligación es uno de los ejes centrales del Derecho, y más concretamente del Derecho Civil. Y es que la obligación vertebra el sistema jurídico y las relaciones legales entre las personas.

Se define como la relación jurídica en virtud de la cual una persona, acreedor, tiene el derecho de exigir de otra, deudor, el cumplimiento de una determinada prestación y esta última, el deber jurídico de cumplirla.

Dicha prestación puede consistir en Dar, Hacer o No Hacer algo (art. 1088 CC)

Los elementos subjetivos de la obligación son el acreedor y el deudor. Y es que una obligación jurídica exige la participación de al menos dos personas, si bien pueden ser más los sujetos intervinientes (por ejemplo un acreedor y varios deudores, o viceversa). En el caso de que intervengan varios deudores pueden darse obligaciones solidarias, mancomunadas o parciarias. Los intervinientes deben tener capacidad jurídica.

El elemento objetivo de la obligación es la prestación, es decir, el comportamiento de dar, hacer o no hacer, a que el vínculo o relación jurídica obligatoria sujeta al deudor y que en contrapartida tiene derecho a exigir el acreedor. El objeto debe ser posible, lícito, determinado o determinable, económicamente valorable y tener una fecha de cumplimiento.

El vínculo es la relación jurídica existente entre acreedor y deudor, y tiene un doble aspecto: el débito, que supone que el deudor debe observar una conducta; y la responsabilidad, pues de la observancia de esa conducta responde el patrimonio del deudor.

La causa debendi u obligationis es la razón de ser del deber que tiene el deudor de cumplir la obligación. Nuestro Código Civil cita como fuentes de las obligaciones (1089 CC):

–          La Ley.

–          Los contratos.

–          Los cuasicontratos.

–          Los actos u omisiones ilícitos.

–          Los actos u omisiones en los que intervenga culpa o negligencia.

Así, los contratos serán la principal fuente de obligaciones en el tráfico mercantil y en la vida cotidiana de las personas. Las obligaciones que nacen de los contratos son ley entre las partes, y deben cumplirse a tenor de los mismos (1091 CC).

La Ley también constituye fuente de obligaciones, si bien las obligaciones legales jamás se presumen, y deben estar expresamente determinadas (1090 CC).

Los cuasicontratos son los hechos lícitos y puramente voluntarios, de los que resulta obligado su autor para con un tercero y a veces una obligación recíproca entre los interesados (1887 CC). En nuestro Derecho positivo son la gestión de negocios ajenos y el cobro de lo indebido.

También se derivan obligaciones de los actos u omisiones ilícitos, que se regulan en el Código Penal y leyes penales.

Por último, los actos u omisiones culposos o negligentes son también fuente de obligaciones, que nuestro Código Civil regula bajo el marco de la Responsabilidad Extracontractual en el Capítulo II del Título XVI.

 

 

 

 

 

 

 

LAS FUENTES DEL DERECHO

¿De dónde nace el Derecho? Las fuentes del Derecho son aquéllas instituciones sociales de las que brotan las normas que rigen la convivencia entre las personas. Nuestro Código Civil determina que las fuentes del Derecho en España son tres:

–          La Ley

–          La Costrumbre

–          Los Principios Generales del Derecho.

Esta relación establece un orden jerárquico entre las fuentes, dando preminencia a la Ley como fuente jurídica frente a las otras dos instituciones. Así, la Ley válidamente formulada será la que determine el Derecho vigente en cada momento. Esto se denomina principio de supremacía de la Ley.

En defecto de Ley aplicable, se ordenarán las relaciones jurídicas entre las personas en base a la costumbre, siempre que la misma resulte suficientemente probada y no contravenga la moral o el orden público.  Vemos así que recurrir a la costumbre requiere que la Ley no haya regulado una situación concreta, y que sobre dicha situación exista una costumbre reiterada en el tiempo, y por tanto susceptible de prueba, que venga regulando en la práctica dicha situación. Por ejemplo, si desde hace años se redondea al alza el peso determinado por la báscula cuándo un viticultor vende un remolque de uva a una bodega, y en un conflicto al respecto en el que no exista acuerdo previo entre un bodeguero y un viticultor un Juez debe resolver, sin existir una ley acerca del redondeo, podrá acudir a la costumbre de la comarca para resolver el caso.

La costumbre que contravenga la ley no será nunca admitida, según lo ya dicho antes. La costumbre tampoco sirve para interpretar la ley, sino que habrá que estar a lo dispuesto en las normas hermenéuticas para la interpretación legal. Solo la costumbre que abarca situaciones sobre las que no hay ley al respecto tendrá la consideración de fuente legítima del Derecho.

La costumbre, igual que está supeditada por arriba a la Ley, también está supeditada por abajo por los principios generales del Derecho, ya que dice el Código Civil que la costumbre como fuente normativa no puede contravenir la moral ni el orden público. Por supuesto, ambos conceptos forman parte de aquél territorio iusnaturalista que son los principios generales.

Y así llegamos a la tercera y última fuente del Derecho. En defecto de Ley que regule una situación concreta, y no existiendo una costumbre que según lo antes explicado pueda servir para regular dicha situación, habrá que recurrir a los Principios Generales del Derecho para determinar cómo debe regularse dicha situación. Y es que existen principios generales que regulan las relaciones entre las personas y la cooperación social, de carácter indubitable, como es el respeto a la vida, la dignidad de las personas o la igualdad, que determinan siempre cómo debe regularse una situación concreta.

El artículo 1.4 Código Civil señala que “Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico“. Por lo que con ello cerramos el círculo de las fuentes del Derecho. Y es que los principios generales del Derecho actúan como “ultima ratio” en defecto de Ley o costumbre, pero en primera instancia informan la Ley de la sociedad, dado que no serían válidas las normas legales que no naciesen inspiradas y avaladas por la moral, el orden público o los valores fundamentales de la humanidad.

 

 

DERECHO NATURAL Y DERECHO POSITIVO

Existen dos teorías básicas sobre el origen y naturaleza del Derecho, que las más de las veces contraponen entre sí a distintos autores y juristas: El Derecho Natural y el Derecho Positivo.

1.- Derecho Natural. Según esta doctrina, la verdadera ley es inherente a la propia naturaleza del ser humano. Es anterior al Estado, a la ley escrita o a los mandatos de un órgano legislativo determinado en un momento concreto del tiempo, y sus preceptos tienen validez universal en todo momento. Durante la historia de la humanidad las normas del Derecho Natural se han atribuido a distintas fuentes: para los griegos las normas del Derecho emanaban del cosmos y de la naturaleza; para los romanos el Derecho emanaba de las costumbres y actos de las personas; para los teóricos de la Edad Media el Derecho emanaba de Dios y de la revelación Divina; para los racionalistas de la edad moderna, el Derecho Natural emana de la razón humana.

2.- Derecho Positivo. En esta doctrina el Derecho es el conjunto de normas escritas que emanan de un órgano legislativo legítimamente constituido. Es decir, el Derecho es toda norma que se haya dictado por el legislador siguiendo un procedimiento determinado. En nuestra Constitución, por ejemplo, se desarrolla el trámite necesario para constituir el Congreso, y las mayorías necesarias para aprobar una Ley.

Desde hace varios siglos, la teoría jurídico-filosófica del Derecho Positivo se ha impuesto claramente en la realidad del mundo occidental a la teoría del Derecho Natural. Toda norma que no emana de un Parlamento legítimamente designado como poder legislativo, y conforme al procedimiento legislativo preestablecido al efecto, no se considera Derecho. El motivo principal puede radicar en la practicidad del Derecho escrito para la sociedad, así como en las tesis democráticas de que es el dirigente electo el que ordena la Nación.

Pero reconocer preminencia al Derecho Positivo puede tener importantes consecuencias negativas, pues si en un momento determinado el legislador es un déspota cualquier actuación del mismo, por moralmente reprochable que fuese, sería legítima, mientras que cualquier acción contra dicho despotismo sería antijurídica. Un ejemplo en tal sentido de nuestra historia reciente es el del Tercer Reich de la Alemania nazi. Hitler ascendió al poder de manera democrática, y sus leyes se implantaron por tanto con las mayorías y procedimientos necesarios, por lo que el exterminio de judíos sería legal, y los funcionarios que llevaron a cabo tal masacre actuarían dentro de la legalidad. Otro ejemplo aún más reciente lo tenemos en las leyes del Apartheid en África: si el gobierno legítimo dice que los negros no pueden entrar en el teatro, estamos ante un mandato legal.

Sin embargo, no escapa a la mente racional el hecho de que matar judíos o denigrar a la raza negra suponen graves atentados contra la dignidad y la razón humanas. Es fácil intuir que existen principios básicos, como “no matar” o “no robar” que son consustanciales al ser humano, principios universales que informan la acción humana y cuyas lesiones suponen auténticos delitos, aun cuando exista una ley formal que los ampare.

Si nos fijamos en la Historia del Derecho, todos los grandes códigos jurídicos como Hammurabi, Moisés, Licurgo, Solón, Justiniano o Napoleón no eran sino recopilaciones escritas del derecho consuetudinario anterior a los mismos, basado en principios jurídicos que habían informado durante siglos las normas jurídicas de la sociedad.

Reconocer solamente como legítimo al Derecho Positivo supone por ello un grave error, pues es consustancial al ser humano una serie de principios básicos que informan el “deber ser” de la sociedad, esto es, el Derecho. Y cuya inobservancia, como hemos visto, pueden acabar en tremendas masacres y violaciones de la vida y la dignidad humana.

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