Los problemas de la democracia

Una de las ventajas que nos proporciona el desarrollo de las nuevas tecnologías web es el poder seguir muy de cerca y fácilmente las reflexiones de los grandes intelectuales de nuestra época.

Un ejemplo mayúsculo se produjo hace unos meses, en el debate emitido en directo a través de  YouTube, y que enfrentaba, a cuenta del liberalismo y la democracia, a Juan Ramón Rallo, Doctor en Economía, con el abogado y politólogo Ruben Gisbert (era su segundo debate en esta red).

Desde mi punto de vista el Doctor Rallo, a pesar de su juventud, y a pesar también de que me separa de él una importante distancia, ya que mi pensamiento es liberal en lo económico, pero se enmarca en el conservadurismo cristiano, creo sinceramente que es uno de los grandes intelectuales de nuestro país, una de las grandes mentes de nuestros tiempos en España.

Y en este debate su exposición inicial sobre los problemas que plantea la democracia fue absolutamente brillante. En solo unos minutos planteó las más importantes críticas que cabe hacer a un sistema de organización social, la democracia, que (me atrevería a decir) la mayor parte de ciudadanos del mundo occidental tienen sacralizado como el gran sistema social perfecto y deseable en todos los países.

En realidad, lejos de ser perfecta, la democracia plantea serios problemas políticos y de coordinación social, y es necesaria la labor de intelectuales suficientemente inteligentes como para hacer las reflexiones necesarias al respecto, pero también suficientemente valientes como para exponer públicamente en el debate social sus críticas, habida cuenta del aurea de perfección que reviste en el imaginario  colectivo la democracia. Ambos calificativos, inteligente y valiente, son predicables del Doctor Rallo.

Resumen de las críticas a la democracia.

La exposición de Rallo sobre los problemas de la democracia se segmenta en dos bloques: los problemas entre la democracia y la libertad, y los problemas de la democracia como orden de coordinación social. 

En primer lugar, Rallo expone los problemas relativos a la democracia desde un punto de vista de la filosofía de la filosofía liberal. Valga aquí decir muy en resumen que el objetivo del liberalismo como filosofía política es básicamente que, con fundamento al respeto a los derechos personales y profesionales, cada persona sea libre de vivir su plan personal y perseguir sus objetivos personales sin interferencias de terceras personas o instituciones.

Desde un punto de vista liberal, la democracia es problemática en dos sentidos:

  • No garantiza “per se” los derechos individuales. Democráticamente se puede imponer la “Tiranía de la mayoría”, es decir, se puede cercenar la libertad de unos miembros de la sociedad por parte de los representantes gubernamentales democráticamente  elegidos en base al mandato otorgado en elecciones por la mayoría de los individuos de dicha sociedad.
  • El establecimiento formal de las reglas democráticas no significa “per se” que la democracia funcione, o que se mantenga “sine die” en el tiempo. Esto es, una constitución o legislación democrática no es una garantía plena de que, en un momento determinado, los representantes gubernamentales democráticamente elegidos puedan hacerse con la totalidad del poder público, dejando de ser efectiva “de facto” dicha legislación democrática.
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En segundo lugar, expone Rallo las cuatro críticas que cabe hacer a la democracia como sistema de organización social:

  1. Problema de la información: la cantidad de información disponible en un Estado moderno es tan grande que resulta inmensa e inabarcable. Por ello, ningún tipo de gobierno ni tampoco ningún gobernante o conjunto de gobernantes, aunque haya sido elegido democráticamente, puede sintetizar y analizar dicha información para dirigir de manera perfecta la sociedad.
  2. Problema de los incentivos: relacionado con el punto anterior, la cantidad de información que tendría que sintetizar y analizar un ciudadano para votar de manera informada y racional es inabarcable, solo tener la más mínima información de todos los temas del debate público le requerirían muchas horas de estudio y esfuerzo. Sin embargo, el resultado de ello, votar de manera informada, no tiene relevancia, porque su voto vale lo mismo que el de un ciudadano desinformado. Es decir, el voto de alguien que no haya dedicado ni el más mínimo esfuerzo a informarse y el voto de alguien muy informado tienen el mismo peso en las elecciones. Por lo tanto, no existe para el votante ningún incentivo a informarse y votar racionalmente.
  3. Problema de los sesgos e intereses privados opuestos al interés público: incluso con un alto nivel de información, los seres humanos estamos sujetos a la hora de actuar a múltiples sesgos que entorpecen el voto racional. Así mismo, pueden existir Lobbies, es decir, grupos minoritarios con interese privados opuestos al interés público.
  4. Problema de la agregación de votos, teorema de Arrow: finalmente, incluso aunque todos los gobernantes y todos los votantes estuviesen perfectamente informados sobre todos los temas públicos, y estuviesen libres de sesgos personales o intereses privados opuestos al interés público, no existe matemáticamente ninguna forma racional tal que la decisión de los gobernantes democráticos pueda aprovechar a todos los ciudadanos sin perjudicar a ninguno. Es imposible desde un punto de vista matemático y lógico cumpliendo los mínimos requisitos que requiere una democracia.

Los problemas de la democracia como sistema de organización social.

Los cuatro puntos anteriores describen de forma secuencial por qué, aunque un Estado se organice democráticamente, es imposible que la función política de los representantes elegidos en elecciones democráticas pueda ser perfecta. Cabe recalcarlo de nuevo, es empíricamente imposible.

Por ello se hace necesario que el poder político tenga en la medida de lo posible, y valga la redundancia, el menor poder posible. Cuanto menos peso tengan las estructuras políticas, más libertad real de coordinación se dejará a los ciudadanos para que puedan llevar a cabo sus planes de vida. Un Estado mínimo, en el que los políticos solo puedan, dentro de un estricto marco jurídico que limite sus poderes, gestionar las labores estrictamente necesarias para el buen funcionamiento del Estado (pensemos por ejemplo en Legislación básica, Justicia, Policía, Prisiones, Ejército, Infraestructuras públicas, Educación o Sanidad) será racionalmente el más óptimo.

El problema de la información.

Y ello básicamente porque los burócratas y políticos, por mucho que su elección haya sido democrática, nunca podrán gestionar los diferentes asuntos mejor de lo que lo puede hacer la libre coordinación privada entre los propios ciudadanos.

Como se ha explicado en los cuatro problemas secuenciales, el volumen de información en una sociedad moderna crece tendiendo matemáticamente al infinito. No existe ninguna forma racional de que los políticos y burócratas puedan manejar toda la información necesaria para tomar la mejor decisión posible para cada ciudadano en cada aspecto de la vida de la sociedad en cada momento.

Este en cierta forma es el llamado “problema de la imposibilidad del socialismo” planteado por Mises y posteriormente por parte de los economistas de la Escuela Austríaca. Un gobierno central no puede manipular toda la información del mercado y de los ciudadanos, de ninguna forma tal que pueda lograr tomar decisiones de asignación de los recursos públicos mejores de las que conseguirían los propios ciudadanos comerciando libremente entre ellos.

Así, los políticos y burócratas, los servidores públicos en definitiva, no pueden nunca ser capaces de manejar toda la información, por lo que sus decisiones acaban no siendo las más óptimas, sino más bien las que responden a su ideario personal o a sus convicciones personales, o bien a sus intereses privados, o en última instancia a los intereses particulares de sus partidos.

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El problema de los incentivos.

Pero es que, de la misma forma, es imposible que un votante pueda informarse de manera adecuada y completa de todos los aspectos necesarios que abordan los políticos. Por lo que su voto nunca será con plena información analizada racionalmente. Es más, si intentase informarse de todos esos aspectos (imaginemos: educación, sanidad, justicia, legislación social, legislación administrativa, etc..) el esfuerzo sería hercúleo, pero la recompensa a dicho esfuerzo no sería que su voto tenga mayor valor que el voto de cualquier otro votante que no tenga ningún tipo de información al respecto. Por lo que, además de que sea prácticamente imposible que esté racionalmente informado al votar, es que no existen tampoco incentivos en la democracia para que proceda a hacer ningún esfuerzo a tal fin.

El problema de los sesgos e intereses privados.

No existiendo por tanto un incentivo directo a informarse para votar, tenderá a ser extremadamente residual el número de votantes que se informen en profundidad para votar. Los votantes que dediquen por tanto muchos recursos personales a informarse sobre temas políticos tenderán a ser o bien “fanáticos” o bien “lobbies”.

En el primer caso, la falta de incentivo directo (dedicar muchos recursos a informarse sobre los temas políticos cuando realmente el voto vale lo mismo que el de alguien no informado) se compensa con el alto grado de satisfacción personal que obtiene dicho votante al ocuparse de estos temas políticos. Son “fans” de la política, igual que lo podrían ser del fútbol o de la música.

En este caso la mayor información de este votante respecto de un votante medio no le convertiría en un “mejor votante” para la sociedad. Dado que su opinión tenderá a estar sesgada. Ya que las personas somos rehenes de cientos de sesgos personales (sesgo de confirmación, sesgo de autoridad, etc…). Resulta muy importante conocer a este respecto el resultado de trabajos científicos como el de Daniel Kahneman referente a los sesgos que todas las personas arrastramos: sesgo de confirmación, sesgo de anclaje, sesgo de autoridad, sesgo de prueba social, sesgo de aversión a las pérdidas o sesgo de exceso de confianza. Todos esos sesgos psicológicos, aunque fuese de manera involuntaria, nos condicionan e impiden una decisión estrictamente racional.

En el segundo caso, los “lobbies” son grupos de personas que tienen intereses personales que podrían estar contrapuestos a un interés general. Por ejemplo el “lobbie” de los empresarios del juego (casinos, máquinas para adultos, apuestas, etc…) aun a sabiendas de que el juego pueda resultar pernicioso por su adicción, podrán querer que el Gobierno electo imponga una legislación que facilite los juegos de azahar que no se hubiese adoptado sin su presión para ello dado el carácter teóricamente perjudicial expuesto.

En este caso lo que compensa la falta de incentivo directo es un incentivo material o económico del grupo minoritario frente al resto del grupo social.

El problema de la agregación de votos, teorema de la imposibilidad de Arrow.

Vistos los problemas anteriores, podríamos pensar que sería necesario lograr una “sociedad ideal” en la que todos los votantes se informasen adecuadamente pese a la falta de incentivos, pero sin caer en sesgos e intereses poco legítimos. Algo que parece imposible.

Pero es que además sería necesario que los políticos desarrollasen un sistema que les permitiese manejar y analizar toda la información de forma racional y de tal manera que sus decisiones tendiesen a ser mejores que las que los ciudadanos puedan tomar a través de la libre coordinación y del libre comercio. Algo que parece igualmente imposible.

No obstante, en dicho “mundo ideal” en el que se lograse todo ello, la democracia seguiría siendo ineficiente en el sentido de que no existe una regla matemática que permita agregar todos los votos de forma que, cuando hay más de tres alternativas en juego, dicha agregación pueda reflejar en una preferencia global o decisión global (la decisión política) las preferencias individuales de todos los individuos, cumpliéndose los siguiente tres criterios: a) no existe un dictador que decida de manera individual la preferencia global; b) la decisión global cumple con el óptimo  de Pareto, que supone no existe una alternativa posible a la decisión global y que los individuos crean más adecuada (criterio de unanimidad).

Este teorema tiene una demostración matemática que no desarrollaremos aquí, pero que puede encontrarse fácilmente en una búsqueda en internet. Y dicha demostración supone que no existe un sistema de votos realmente perfecto que, en ausencia de un dictador que tome la decisión global, permita tomar decisiones comunitarias en las que todas las decisiones individuales de la sociedad se vean satisfechas. Siempre habrá decisiones individuales perjudicadas.

En resumen, ni siquiera en un mundo perfecto la democracia podría ser perfecta.

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Los problemas de la democracia respecto de la libertad.

Siendo el individuo la unidad mínima de una sociedad, ya que la sociedad es la agregación de los diferentes individuos que la componen, la libertad de dicho individuo se erige como inicio y a la vez límite de todas las relaciones sociales. Ninguno de los otros miembros de la sociedad, ni de forma aislada ni de forma conjunta, deberían poder invalidar su libertad, cuya esfera incluye a su persona y a sus bienes.

Este es el presupuesto básico del liberalismo, y parece que la democracia, como bien expone Rallo, no es una garantía de que la libertad individual vaya a ser respetada.

No garantiza “per se” los derechos individuales.

En primer lugar porque, en contra de lo que muchas veces se presupone, la existencia un sistema democrático en un Estado no implica que los derechos de los individuos vayan a estar protegidos sin más, simplemente por la existencia de dicho sistema.

Porque los políticos democráticamente elegidos podrían tener poder como para legislar o actuar en contra de la libertad de los individuos. Por ejemplo, los políticos de una ideología concreta podrían legislar o actuar contra la libertad individual, o el patrimonio, de ciudadanos de ideología contraria, amparándose para ello en su poder “democráticamente otorgado por el pueblo”. Es decir, se puede dar el caso, en un régimen democrático, de que los lideres elegidos por mayoría actúen contra la minoría que no les ha votado.

Ejemplos acerca de esto que aquí exponemos creo que los hay por doquier en la vida diaria de las democracias occidentales, y cualquier lector podría exponer más de uno, por lo que no me extenderé en ello.

A este respecto resulta muy importante la imposición en una democracia de contrapoderes que nivelen el equilibrio de los diferentes representantes democráticos, es decir, dividir al poder, resulta crítico de cara a evitar en la medida de lo posible que los gobernantes puedan pisotear fácilmente las libertades individuales. Esto es lo que se conoce en ciencias políticas como sistema de “check and Balance” y que se suele articular a través de la separación de poderes. Así como con una ley Constitucional que prevea las limitaciones necesarias a los gobernantes, como suele suceder en el Estado de Derecho.

No garantiza “per se” la perpetuación “sine die” del propio sistema democrático.

Llegados a este punto cabe destacar finalmente que la constitución de unas reglas formales como las expuestas en el apartado anterior (Constitución, Estado de Derecho, Separación de poderes) tampoco garantizan “al cien por cien” que nunca podrá excederse el gobernante democrático en sus poderes, llegando a una constituir un régimen dictatorial.

Y es que, al margen de que los cauces de relación formal (Ley, Instituciones) puedan establecer formalmente las cautelas necesarias, no es menos cierto que, a través de las relaciones informales, un Jefe de Gobierno o bien un Jefe de Estado podrían conchabarse con otros responsables institucionales (Generales del Estado Mayor, Presidente de las Cortes, Poder Judicial, etc..) para suspender “de facto” el régimen democrático e instituir un régimen autoritario o dictatorial.

¿Cómo podría suceder algo así? Quizá puede parecer solo una hipótesis este tipo de comportamiento, pero lo cierto es que resultaría perfectamente posible que acaeciese. Si por ejemplo los responsables del Gobierno y de otros poderes institucionales pertenecen a un mismo Partido político, y creen que podrían perder el poder en las siguientes elecciones, podrían articular planes para perpetuarse en el poder. Planes que se podrían realizar al margen de las instituciones formales, y por supuesto de espaldas al orden constituido.

Así también, ante una coyuntura excepcional, como un desastre natural, una emergencia sanitaria o una posible guerra, los miembros del Gobierno o de otras instituciones podrían aprovechar la ocasión excepcional para suspender las normas ordinarias y lograr, al margen de las reglas democráticas, perpetuarse en el poder y convertir el Estado democrático en un Estado dictatorial a su servicio.

Siendo todo ello como decimos posible, aunque sea más o menos probable según cada país y su situación, podemos por tanto afirmar que ni en el más perfecto orden democrático queda el pueblo a salvo de una de estas situaciones. Por lo cual la libertad no se ve protegida por la simple existencia de un sistema democrático.