Acción, Jurisdicción y Proceso

El Derecho Procesal es la rama del Derecho que se ocupa de los procesos jurisdiccionales y arbitrales necesarios para el efectivo cumplimiento del derecho material.

La Ley, los contratos, los cuasicontratos, los actos y omisiones ilícitos, y los actos y omisiones en los que interviene culpa o negligencia hacen nacer para las personas obligaciones y derechos. Cuándo dichas obligaciones y derechos no se cumplen de manera voluntaria, existe discrepancia entre las partes intervinientes, o se incumplen los mandatos legales, el Derecho Procesal contiene las normas y principios necesarios para obtener dicho cumplimiento, mediante la regulación de la totalidad del proceso necesario para ello.

Por ejemplo: cuándo el comprador incumple el segundo plazo de pago previsto en el contrato de compraventa, alegando que el vendedor no entregó el bien objeto del contrato en tiempo y forma, el Derecho Procesal Civil prevé el plazo y forma que tienen las partes para solicitar al Juez el cumplimiento, cuál será el Juzgado al que deben dirigirse, la forma y plazo de la parte demandada para contestar a la demanda, la forma en que se desarrolla el juicio, o el plazo del Juez para dictar sentencia, así como los distintos recursos que caben contra dicha sentencia.

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Otro ejemplo: cuándo existen distintos indicios que apuntan a una persona como sospechosa de asesinato, el Derecho Procesal Penal regula la forma y garantías en que deberá tratarse al sospechoso, el plazo máximo de la prisión provisional, la labor del juez de instrucción para investigar el delito, o la forma en que será juzgado en caso de declararse imputado.

Podemos comprender el Derecho Procesal como derecho adjetivo, frente al derecho material (civil, penal, administrativo) que podríamos denominar derecho sustantivo.

Todo el Derecho Procesal se mueve sobre tres instituciones fundamentales: La Acción, la Jurisdicción y el Proceso.

La ACCIÓN.

La acción es la potestad que asiste al titular de un derecho para reclamar sus legítimas pretensiones en sede judicial.

La acción es la llave del proceso. “Nemo iudex sine actore” (no puede existir un proceso si no hay actor) y “nemo procedat iudex iure ex oficio” (no puede existir un proceso de oficio), aforismos que tienen su origen en el Derecho Romano, describen cómo el actor debe contar con una acción para poder elevar su reclamación a un tribunal.

La acción como derecho adjetivo se deriva de la esfera del derecho sustantivo del actor. Todo sujeto de derecho posee la capacidad de solicitar sus legítimas pretensiones, si entiende que éstas no se cumplen en la práctica, y dicha capacidad es la acción. El proceso por tanto no nace “per se” sino que debe ser invocado por el actor que posee dicha acción.  Por ejemplo, la acción de rescisión asiste al contratante que entiende que la otra parte del contrato no cumple con sus obligaciones.

La acción se instrumenta en la práctica procesal a través de la Demanda, la Querella, o los Recursos, cuándo las partes hacen valer sus pretensiones en sede judicial a lo largo del proceso.

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La JURISDICCIÓN.

La jurisdicción comprende de manera genérica la instancia judicial (o arbitral) a la que el actor se dirige al interponer las acciones pertinentes, con poder y legitimidad para resolver el conflicto jurídico que se le expone, vía auto, sentencia o laudo, y con capacidad de hacer cumplir lo juzgado.

La jurisdicción es territorial (juzgado local, o provincial, o estatal, o internacional) y por materia (civil, penal, social, contencioso-administrativa, laboral, constitucional, militar).

El poder de los juzgados estatales viene determinado por la Constitución de cada país, y deriva del propio poder de coacción del Estado. En el caso de los organismos internacionales, este poder nace de los convenios y resoluciones a las que cada Estado se encuentra acogido. Cuándo se trata de órganos arbitrales, igualmente las partes han de haber reconocido la legitimidad del mismo y su sometimiento voluntario a la decisión del árbitro, juez o tribunal.

La jurisdicción comprende también la organización y funcionamiento de toda la maquinaria administrativa que conforma los juzgados, tribunales y órganos arbitrales. Por ejemplo, en España la Ley Orgánica del Poder Judicial, y los reglamentos que la desarrollan, son normas de Derecho Procesal que regulan el status y funciones de los órganos judiciales y de sus funcionarios, así como la delimitación de la jurisdicción de cada órgano, y las materias para las que es competente.

El poder de la jurisdicción reside en última instancia en que sus resoluciones posean la naturaleza de “cosa juzgada”: la sentencia emitida se convierte en realidad jurídica última, pudiendo crear y extinguir obligaciones para las partes. Igualmente, la jurisdicción abarca la ejecución de sus resoluciones, mediante la vía coactiva si fuese necesaria, pues de otra manera sus resoluciones serían meramente declarativas.

El PROCESO.

El proceso es el conjunto de actos que conforme a la normativa procesal se llevan a cabo desde que el actor expone sus pretensiones a través de la acción, hasta que la jurisdicción competente emite su sentencia, y en caso de ser necesario actúa en vía ejecutiva para obtener el cumplimiento de la misma.

Así por tanto, es la hoja de ruta que de manera formal y preestablecida guía a las partes intervinientes y a los órganos jurisdiccionales, dictando las formas y tiempos en las que cada uno debe o puede actuar, para conseguir el objetivo buscado, la justa resolución jurisdiccional.

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Así todo ello, no existiría un sistema jurídico realmente efectivo si los derechos materiales no pudiesen alegarse (acción) en vía judicial (jurisdicción) con una forma definida de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (proceso).

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Estando así las cosas

La cláusula <<Rebus Sic Stantibus>> (estando así las cosas) es un principio jurídico que sanciona que los contratos deben cumplirse en sus términos en tanto no exista una variación sustancial de las circunstancias en las que se firmaron.

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Uno de los ejemplos más conocidos de aplicación de este principio en favor de la parte que incumplió un contrato es el de la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 1944 sobre el caso de los aceituneros de Jaén, que antes de la Guerra Civil habían firmado un contrato de venta de aceite con un precio determinado, precio mucho más bajo que el del mismo aceite después de la Guerra. El comprador exigía a los aceituneros la entrega del producto al precio pactado antes de la Guerra, y el Tribunal Supremo sentenció a favor de los aceituneros, exponiendo que la Guerra Civil había supuesto un evento de gran envergadura que venía a cambiar las circunstancias en las que se firmó el contrato, y que exoneraba de entregar la mercancía al precio acordado antes de dicho evento.

Sin embargo, en las últimas décadas tanto nuestro legislador como la jurisprudencia han mitigado su aplicación, en favor del principio de seguridad jurídica.

Pero parece que su aplicación en sede judicial vuelve con fuerza. La reciente Sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de Accor Hoteles en Valencia ha venido a introducir de nuevo este principio de manera activa en nuestro Derecho. La filial española de esta conocida multinacional francesa de la gestión hotelera había firmado un contrato de arrendamiento a 25 años con el propietario de un Hotel en la ciudad de Valencia. El contrato se firmó en 1999 y se pactó un precio que, con la llegada de la crisis y la intensa recesión vivida en España, la compañía Accor entendió que debían renegociar. Sin embargo, el propietario reusó dicha renegociación, alegando que los contratos son “ley entre las partes” y obligan a su cumplimiento en los términos pactados, debiendo Accor asumir el precio negociado antes de la crisis.

accorEl Tribunal Supremo ha fallado a favor de la cadena hotelera, aplicando el principio <<rebus sic estantibus>> al entender que la fuerte recesión ha modificado de manera muy sustancial el normal escenario de mercado que las partes tomaron como base para su negociación inicial, y ha decretado en su sentencia una rebaja del 29 % en la renta a pagar por la compañía Accor al propietario del hotel.

La resolución declara que la actual crisis económica, de efectos profundos y prolongados de recesión económica, puede ser considerada abiertamente como un fenómeno de la economía capaz de generar un grave trastorno o mutación de las circunstancias.

Esta sentencia abre la puerta a la aplicación de la cláusula <<rebus sic stantibus>> en distintos contratos de largo plazo celebrados antes de la crisis económica, como por ejemplo los contratos de centros comerciales, o de explotación de negocios en concesión en aeropuertos. El mejor consejo que un jurista puede dar a los propietarios es que tiendan a ser razonables y sentarse a renegociar.

Vía | CEF Jurisprudencia Civil 

Más Información | Diario Jurídico  Ius Blog Derecho    Pacta Sunt Servanda

Imágenes|  Pixabay   wikipedia

Todo Por España

Cuando una persona entra a formar parte de las fuerzas armadas, debe asumir que como miembro del cuerpo militar está sujeto al status jurídico propio del Ejército o la Armada, es decir, está sujeto a las normas propias del Derecho Militar.

Estar al servicio de España y defender su bandera es un oficio atractivo para muchos jóvenes, que asegura un sueldo y una estabilidad profesional, pero que conlleva serias obligaciones para los soldados. Y desde luego el principio de jerarquía y la obediencia a los mandos superiores ha sido desde hace siglos una característica definitoria de la vida castrense. Si un civil puede discutir con su jefe, un soldado debe cuidarse mucho de caer en desobedecer a un superior, pues la disciplina es un principio básico para alcanzar los fines encomendados al Ejército.

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En fuertes discusiones con su Capitán entró una soldado que habiendo ingresado en el Ejército de Tierra en 2009 comenzó a encadenar distintas bajas médicas en 2012 que finalizaron con la resolución de su contrato en julio de 2013. “A lo mejor éste no es tu sitio y te tienes que buscar las habichuelas en otra parte” “Seguramente te pida el cese de la Unidad. Porque tú no te vas a incorporar aquí, ¿verdad?” “No eres digna de estar en el Ejército español. Lo sabes ¿no? Porque tú todos los meses cobras ¿verdad? No eres digna de poder entrar en esta compañía”.

La cuestión de fondo es que el Capitán recriminaba a su subordinada el hecho de estar continuamente de baja (primero por una lesión física, después psicológica) y le pedía que firmase su baja voluntaria, cosa a la que esta se negaba. La soldado denunció al Capitán por un delito de abuso de autoridad.

El Código Penal Militar tipifica este delito en el Capítulo III del Título Quinto, dentro de los denominados delitos contra la disciplina. El bien jurídico protegido es doble, por un lado respetar el correcto uso de la “auctoritas” en su ejercicio por los mandos y oficiales, y por otro lado salvaguardar la integridad y dignidad de los subordinados. El artículo 104 nos dice que “El superior que maltratare de obra a un inferior será castigado con la pena de tres meses y un día a cinco años.” Y el artículo 106 prescribe que “el superior que tratare a un inferior de manera degradante o inhumana será castigado con la pena de tres meses y un día a cinco años de prisión.”

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Los diálogos entre el Capitán y la soldado los conocemos porque ésta los grabó con su móvil, premeditadamente y sin conocimiento de su superior. No obstante, y a la vista de los distintos hechos probados, el Tribunal Supremo entiende que, al margen del régimen disciplinario que deba aplicarse al Capitán, estos hechos no son constitutivos del delito pretendido por la soldado, y ello principalmente porque el tribunal estima que no supone su actuar un “trato vejatorio”.

Parece que a criterio del Tribunal Supremo lo que el Código Penal Militar pretende tipificar como delito de abuso de autoridad es una conducta basada en un capricho o sinrazón, arbitraria y despótica, mientras que la conducta del Capitán en este caso venía determinada por reprender y terminar con un actuar previo de la demandante, que concatenaba una baja laboral tras otra y parece ser que no observaba una conducta responsable acorde con su obligación profesional. En una de las grabaciones donde la soldado es recriminada, se escucha a la soldado salir del despacho en actitud tranquila, tarareando una canción, tras haber sido fuertemente reprimida. Quizás las formas pudieron ser más caballerosas, pero el fondo del discurso del Capitán no era despótico sino de la debida diligencia profesional que corresponde a un Capitán del Ejército.

Vía | El Mundo

Más Información |  Código Penal Militar   Derecho Militar    Ley de la Jurisdicción Militar

Imágenes | Wikimedia   Pixabay

Artículo escrito para la sección de Actualidad Jurídica de Qué Aprendemos Hoy.