Los principios generales del Derecho

Encontramos los principios generales como fuente de Derecho en nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 1 de nuestro Código Civil, concretamente como fuente subsidiaria en defecto de Ley o Costumbre. Es decir, cuando no existe una Ley aplicable a un caso concreto, y tampoco existe una costumbre probada al respecto, deberá acudirse a los principios generales para establecer el marco jurídico adecuado.

Pero cabe preguntarse ¿Qué son estos principios? ¿Cuáles son concretamente? ¿Quién los define? Y es que pudiera resultar un poco ambiguo este concepto para el lego en Derecho, creándole inseguridad jurídica. Pero en este ensayo vamos a demostrar que sucede justo al contrario, es decir, que el reconocimiento positivo en nuestro Código Civil respecto a la vigencia como fuente del Derecho de los principios generales nos permite garantizar la solidez sin fisuras de nuestro sistema jurídico.

Código Civil

El artículo 1.4 Código Civil indica que “Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurí-dico”.

Concepto

Siguiendo al profesor De Castro podemos definir los principios generales como las ideas fundamentales e informadoras de la organización jurídica. Es decir, el ordenamiento jurídico es una estructura lógica formada por normas generales; y los principios generales son aquellos pilares básicos que sostienen dicha estructura.

Naturaleza axiomática

Dado que el Derecho es un sistema lógico que regula las relaciones de las personas, dicho sistema debe tener en cuenta la naturaleza propia del ser humano.

Y en la naturaleza del ser humano existen principios básicos, que no requieren ser probados de forma empírica, porque su validez existe “a priori” de cualquier prueba, y “per se” sin recurrir a ninguna demostración. Se trata de verdades universales del ser humano, innegables y autoexplicativas.

El principio básico primario del hombre es que desea mantenerse vivo, dando lugar a su derecho a la vida. En tanto está vivo, el segundo principio básico es que desea ser libre, dando lugar a su derecho a la libertad.

Estos principios básicos de vida y libertad funcionan por tanto como axiomas del Derecho, permitiendo un razonamiento lógico axiomático, es decir, apriorístico deductivo. Y es que este tipo de sistemas lógicos funcionan por deducción: los axiomas son principios básicos cuya verdad es universal, y razonando por deducción dado que las premisas son verdaderas (los axiomas) si el razonamiento no cae en errores (falacias) el resultado será siempre verdadero. Además, en todos los casos cabe estudiar las afirmaciones del sistema lógico-jurídico y descartar aquellas que no son conformes a los axiomas.

Por ejemplo, del derecho a la vida como axioma primario o principio del Derecho se derivan el derecho a la integridad física y moral, para preservar la vida, y la necesidad de que los comportamientos contrarios a la vida de una persona sean tipificados como delictivos, con la consiguiente sanción punitiva.

En cualquier situación no regulada por una ley o una costumbre que atente contra la vida, acudiendo a este principio general prevalecerá el derecho a la vida y dicha situación se tendrá que resolver a favor de la vida.

Así pasaría por ejemplo en la eutanasia o en el aborto, que a pesar de que no existiese ley o costumbre jurídica que lo regulase, serían situaciones contrarias a la vida. De la misma forma, cualquier ley a favor de estas situaciones sería realmente antijurídica al atentar contra dicho principio.

Otro ejemplo, del derecho a la libertad se deriva la capacidad de una persona de poseer libremente y hacer suyos los bienes que no sean de otra persona, utilizándolos de manera libre con la limitación lógica de la vida o la libertad (personal y patrimonial) de las otras personas. Esta libertad implica igualmente que una persona por sí misma no puede ser propiedad de otra persona, por lo que aunque decida trabajar o dedicar su vida a otra persona, será por un pacto libre que podrá rescindir, lo cual imposibilita la exclavitud (dado que ésta sería incompatible con la libertad).

En cualquier situación no regulada por una ley o costumbre que atente contra la libertad, acudiendo a este principio general prevalecerá el derecho a la libertad y dicha situación se tendrá que resolver a favor de la libertad.

Así pasaría por ejemplo en los “vientres de alquiler”, que a pesar de que no existiese ley o costumbre jurídica que lo regulase, serían situaciones contrarias a la libertad de la persona, dado que supone vender un bebé, es decir, comerciar con una persona como si fuese un objeto. Esto es una exclavitud contraria al principio general de la libertad.

Función de garantía ante lagunas legales vacatio legis

Como vemos por tanto, existe una doble función para los principios generales del derecho:

  1. Cubren las lagunas legales o situaciones de “vacatio legis”, constituyéndose en estas situaciones como fuente del Derecho.
  2. Sirven para la correcta interpretación de la Ley y de la Costumbre, dado que por su carácter de axiomas no pueden existir normas válidas contrarias a los principios generales.

Derecho natural y derecho positivo

Tradicionalmente han existido dos grandes corrientes de pensamiento en la ciencia del Derecho:

  1. La escuela del Derecho Positivo, que tiene una base filosófica relativamente reciente (x. XIX) en las corrientes positivistas, empiristas y cientistas, y cuyo máximo exponente es Hans Kelsen. En esta doctrina el Derecho es el conjunto de normas escritas que emanan de un órgano legislativo legítimamente constituido. Es decir, el Derecho es toda norma que se haya dictado por el legislador siguiendo un procedimiento determinado.
  2. La escuela del Derecho Natural, que tiene sus raíces en la filosofía de Aristóteles y en el Derecho Romano, y que ha sido defendida por múltiples autores relevantes a lo largo de la Historia, como Santo Tomás de Aquino, Francisco de Vitoria, Francisco Suarez, H. Grocio, T. Hobbes, J. Locke, J.J. Rousseau, o I. Kant, por citar a algunos. Y siendo sus máximos exponentes en la época moderna M. Rothbard o H.H. Hoppe. Bajo esta doctrina, existen valores inherentes a la naturaleza humana, que actúan como principios de la convivencia. Dado que son inherentes al hombre, son anteriores y superiores al Estado, a la ley escrita o a los mandatos de un órgano legislativo determinado en un momento concreto del tiempo, y sus preceptos tienen validez universal en todo momento.

Según lo dicho en los puntos anteriores del presente ensayo, y a pesar de que podríamos intuir como “anti científico” el posicionamiento naturalista, es justamente la escuela del Derecho Natural la que ostenta un entendimiento válido y correcto del sistema jurídico. Puesto que, como dijimos en nuestra exposición, existen principios inherentes al ser humano que se convierten axiomas en el sistema jurídico.

De hecho, un sistema jurídico que no tuviese estos principios como axiomas sería inhumano, al atentar contra la propia naturaleza de los sujetos cuyas vidas y patrimonio regula.

Principios reconocidos positivamente en el ordenamiento jurídico.

Es tan evidente que los principios generales deben instruir el ordenamiento jurídico, que las principales normas positivas contienen entre sus preceptos generales dichos principios.

Así, el artículo 1 de la Constitución Española indica literalmente que “propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Como otro ejemplo evidente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada por todos los países pertenecientes a la ONU y rectora por tanto de sus ordenamientos, jurídicos, eleva a nivel positivo el derecho a la vida y a la libertad del ser humano, los cuales tienen su origen previo en el Derecho Natural.


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La Costumbre como fuente del Derecho

Siendo el Código Civil el cuerpo principal del derecho privado, es decir, la norma básica jurídica que regula las relaciones de Derecho entre los ciudadanos de una nación, encontramos en su artículo 1 la relación de las fuentes del ordenamiento jurídico, a saber:

  1. La Ley
  2. La Costumbre
  3. Los principios generales del Derecho.

Esta relación es jerárquica, en tanto que la fuente principal es la Ley, y en su defecto prevalece la Costumbre. Solo en ausencia de Ley y costumbre se recurrirá a los principios generales como fuente jurídica.

El objeto del presente ensayo es el de conocer la costumbre como fuente del Derecho en nuestro ordenamiento jurídico español.

Podemos definir la costumbre como la norma jurídica creada por la comunidad a través de su uso reiterado y uniforme en el tiempo.

Conforme a la doctrina mayoritaria y a lo exigido en la jurisprudencia del Tribunal Supremo deben indicarse dos requisitos para apreciar una costumbre como norma jurídica válida:

 

  1. Requisito externo: que exista un uso social, es decir, el comportamiento de un grupo social que se ajusta a un determinado modo de conducta.Para que el uso social sea jurídicamente relevante ha de ser:
  • General: se aplica a todos los casos.
  • Constante: se aplica sin interrupciones
  • Uniforme: es idéntico en todos los casos.
  • Duradero: se aplica de forma repetida, no puntual.

 

  1. Requisito interno: que exista una convicción jurídica de los miembros del grupo social de la obligatoriedad de la norma:
  • Opinio Iuris: existe una convicción en el grupo social de que se trata de una obligación jurídica.
  • Opinio necessitatis: existe una convicción en el grupo social de que su aplicación es siempre necesaria.

Según lo dispuesto en el art. 1.3 del Código Civl “la costumbre solo se aplicara en defecto de ley aplicable, siempre que resulte probada y no sea contraria a la moral o al orden público. Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad, tendrán la consideración de costumbre”.

Así por tanto para para la validez jurídica de la costumbre en España se necesitan las siguientes condiciones:

  1. Subsidiaridad: Solo se aplica la costumbre como norma jurídica con carácter subsidiario, cuando no existe una Ley que determine positivamente la norma para el caso concreto.
  2. Racionalidad: No puede contravenir la moral y el orden público.
  3. Necesidad probatoria: Debe resultar probada. En este sentido el ar. 281 de la Ley de Enjuiciamiento Civil indica que la costumbre será objeto de prueba en el proceso judicial, excepto que las partes estuviesen de acuerdo en su existencia y contenido, no afectando sus normas al orden público. Además dispone que no será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general.

Finalmente, cabe indica que según la relación con la Ley, la costumbre puede ser:

  • “Contra legem”. Se encuentra rechazada por el art. 1º CC, según el cual la costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable. En este sentido el art. 2.2 C.C. indica que ñas leyes sólo se derogan por otras posteriores. En el régimen foral de Navarra si se admite la costumbre contra legem, si bien como dice Diez Picazo esto ha de entenderse que cabe costumbre contra fuero o ley foral, pero no contra leyes de aplicación general.
  • “Secundum legem”. No se encuentra prevista en el Código Civl. Es la que coincide con la norma legal y su única función es interpretativa. El hecho de que una determinada interpretación legal venga favorecida por la costumbre no puede entenderse como vinculante, por lo que los Tribunales conservan su libertad para interpretar las leyes con arreglo a los criterios hermenéuticos generales.
  • “Praeter legem” o “extra legem” es aquella que regula situaciones carentes de disposición legal. Esta es la costumbre admitida de modo general por el art. 1º CC como fuente del ordenamiento jurídico. Requiere que no exista ley expresa y que además no quepa la aplicación por analogía de otra ley.


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La diferencia entre el hecho jurídico, el acto jurídico y el negocio jurídico

Tres de los conceptos fundamentales sobre los que se asienta el Derecho Civil son el hecho jurídico, el acto jurídico y el negocio jurídico. Se trata de hechos de la vida, actos de las personas o bien acuerdos entre varias personas a los cuáles el Derecho otorga efectos jurídicos.

Fue Savigny, jurista alemán del s. XIX y padre de la Escuela Histórica del Derecho, quién expuso por primera vez en su obra la teoría del hecho jurídico, siendo el acto y el negocio jurídico variantes del hecho jurídico.

El hecho jurídico.

Para Savigny el hecho jurídico es el acontecimiento del mundo exterior al cual el ordenamiento jurídico atribuye un efecto jurídico determinado: la adquisición, pérdida o modificación de un derecho.

Los hechos jurídicos pueden ser de muy diversa índole, pudiendo clasificarse principalmente en las siguientes categorías:

  • Por su contenido:
    1. Positivos: consistentes en un acontecimiento o suceso.
    2. Negativos: consistentes en la omisión de un suceso o acontecimiento.
  • Por sus efectos jurídicos:
    1. Constitutivos de un derecho.
    2. Modificativos de un derecho.
    3. Extintivos de un derecho.
  • Por su estructura:
    1. Simples: consistentes en un único suceso o acontecimiento.
    2. Complejos: cuando consisten en un conjunto de sucesos o acontecimientos.

Los hechos jurídicos suelen referirse a sucesos naturales o físicos, veamos unos ejemplos para entenderlo:

  • el paso del tiempo puede determinar la adquisición del derecho de propiedad sobre un inmueble a favor de su poseedor de buena fe. Es un hecho positivo (ha pasado el tiempo), y constitutivo (crea un derecho).
  • El paso del tiempo puede igualmente determinar la extinción de un derecho. Así sucede en la prescripción extintiva.
  • El nacimiento de un ser humano determina su consideración como sujeto de derechos.
  • Un terremoto o cualquier otra catástrofe natural puede determinar la activación de un protocolo jurídico público especial, como un estado de alarma.

El acto jurídico.

Si los hechos a los cuáles les otorga el Derecho efectos jurídicos suceden o tienen lugar no por la simple naturaleza, sino por la voluntad humana, a este tipo de hechos se les denomina actos jurídicos.

Se trata de actos realizados por una voluntad consciente y exteriorizada por parte de una persona. Por lo cual aquellos actos no realizados de forma consciente, como podría suceder en un niño o en un enfermo mental, no tienen trascendencia jurídica. Igualmente

Así por tanto estamos ante actos humanos a los que el Derecho reconoce efectos jurídicos, haciendo nacer, modificar o extinguir derechos y obligaciones.

La clasificación de los actos jurídicos a partir de estas premisas se divide entre aquellos que generan efectos positivos y aquellos que generan sanciones:

  • Actos ilícitos: en ellos lo que está legislado en el Derecho positivo es la sanción respecto de su comisión. Se dividen entre:
    1. Ilícito penal: sancionado como delito o falta por las normas de Derecho Penal.
    2. Ilícito civil: sancionado por las normas de Derecho Civil
    3. Ilícito administrativo: sancionado por las normas de Derecho Administrativo o derecho laboral.
  • Actos líticos: generan efectos constitutivos, modificativos o extintivos de obligaciones y derechos. Se dividen entre:
    1. Actos jurídicos en sentido estricto, que generan efectos “ex voluntae”, donde la declaración de voluntad libre y exteriormente expresada determina dichos efectos.
    2. Actos jurídicos “ex lege” donde el efecto concreto es el que determina la ley, independientemente de la voluntad del sujeto que realiza el acto. Diferenciándose a su vez entre:
      1. Actos asemejados a los negocios jurídicos, donde aunque el efecto es el determinado por la ley, la voluntad del sujeto que lo realiza busca voluntariamente dicho efecto. Como por ejemplo la adopción o el reconocimiento de un hijo.
      2. Actos reales, donde el acto busca por parte del sujeto que lo realiza un fin concreto pero el Derecho hace nacer de dicho acto efectos diferenciados. Por ejemplo en el hallazgo de un tesoro el sujeto por ejemplo busca realizar una obra en un inmueble, pero al encontrar el tesoro lo que está legislado es que se genere una propiedad para el Estado y un derecho a su favor de cobrar una indemnización.

El negocio jurídico.

Si los actos jurídicos lícitos “ex voluntae” se realizan por varias personas con la intención de crear, extinguir o regular relaciones que generan entre ellas derechos y obligaciones de forma recíproca, en el marco de lo establecido en el Derecho Positivo, estaríamos antes lo que se denomina negocio jurídico.

Según el tipo de relaciones que regulan podemos diferenciar entre:

  • Negocios patrimoniales, referidos a bienes muebles o inmuebles.
  • Negocios familiares o personales, como el matrimonio.

Según la finalidad podemos diferenciar entre:

  • Negocios gratuitos o de mera liberalidad.
  • Negocios onerosos.

Por su duración pueden ser:

  • De tracto único.
  • De tracto sucesivo.

Resumen.

Así por tanto, como vemos de forma incremental, los hechos que acaecen sin intervención de la voluntad humana pero a los que el Derecho reconoce efectos jurídicos se denominan hechos jurídicos. Mientras que los hechos que se producen por voluntad humana libremente expresada y a los que el Derecho reconoce efectos jurídicos se denominan actos jurídicos. Y finalmente cuando los actos se acuerdan entre varias personas para crear relaciones a las que el Derecho reconoce efectos jurídicos estaríamos antes negocios jurídicos.

A diferencia del hecho jurídico y del acto jurídico, el concepto de negocio jurídico no procede del Derecho romano, sino que se debe a la labor de los juristas del s. XVIII y posteriores, por la Escuela Histórica del Derecho como ya pusimos de relieve al inicio de este artículo.


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