Nulidad, Anulabilidad y Rescisión en nuestro Código Civil

Ineficacia de los contratos.

Los contratos son la principal fuente de derechos y obligaciones entre los ciudadanos en una sociedad avanzada. El libre acuerdo de voluntades entre dos o más personas, formalizado en un contrato, hace nacer y extinguirse obligaciones, y esto es precisamente lo que se conoce como “eficacia de los contratos”, la creación de una relación jurídica entre las partes, que produce consecuencias para ambas, y para los bienes o derechos objetivo de dicho contrato.

Por tanto, ineficacia es justamente lo contrario, esto es, la falta de producción de dichas consecuencias. Ello se deriva del hecho de que el contrato, tal y como es previsto por el ordenamiento jurídico, no se ajusta al contrato tal y como ha sido llevado a cabo en la realidad, y dicho desajuste es sancionado por el mismo ordenamiento con la ineficacia.

El objeto del presente artículo es definir los diferentes supuestos jurídicos por los que un contrato deviene ineficaz en nuestro Derecho Civil:

  1. Inexistencia y Nulidad.
  2. Anulabilidad.
  3. Rescisión.

Inexistencia y Nulidad.

law3En el Derecho Romano se conoció solo la nulidad de los contratos, en los casos taxativamente marcados por la Ley. La inexistencia fue una figura jurídica creada por la doctrina francesa para aquellos casos en los que los contratos, sin incurrir en causa de nulidad prevista legalmente (existían motivos tasados por Ley) no debían producir efectos por la naturaleza misma de las cosas.

Actualmente, el concepto de nulidad y de inexistencia se refieren al mismo supuesto jurídico: el de la falta total y absoluta de algún elemento esencial del contrato, esto es, consentimiento, objeto o causa, lo cual implica que no produzca efectos jurídicos. Se considera al contrato como no realizado (nullum est negotium; nihil est actum).

La nulidad supone la falta de producción de efectos por la violación de una norma imperativa prevista en el ordenamiento jurídico.

Son causas de nulidad en nuestro Código Civil:

1.- Que las partes contratantes traspasen los límites a la autonomía privada, como son ley, moral y orden público. (art. 1.255 CC)

2.- Falta absoluta de consentimiento. (art. 1.261 CC)

3.- Inexistencia, falta absoluta de determinación o ilicitud del objeto del contrato. (art. 1261 CC)

4.- Inexistencia o ilicitud de la causa. (art. 1261 CC)

5.- La falta de forma cuando venga exigida por la ley con el carácter de forma “ad solemnitatem”. (v.gr. art. 1279 CC)

Los efectos de la nulidad son los siguientes:

  1. El contrato nulo no produce efectos. “Quod nullum est nullum effectum producit”.
  2. No debe ser admitido en ningún registro público.
  3. No sirve como título para la usucapión.
  4. No admite sanación o regularización.
  5. De haberse ejecutado prestaciones, procede su restitución.

La acción de nulidad es imprescriptible, y tiene legitimación activa cualquier persona que ostente un interés legítimo, pudiendo ser apreciada “ex oficio” por el órgano judicial.

Anulabilidad

A diferencia de la nulidad, que supone una ineficacia originaria, el caso de la anulabilidad es el de  una ineficacia sobrevenida.

A tenor de lo dispuesto en el Art.1300 CC:

“Los contratos en que concurran los requisitos que expresa el artículo 1.261 pueden ser anulados, aunque no haya lesión para los contratantes, siempre que adolezcan de alguno de los vicios que los invalidan con arreglo a la ley.”

hammer-311342__180Es decir, se trata de un contrato válidamente celebrado, pero que adolece alguno de los vicios que lo invalidan con arreglo a la ley, siendo irrelevante la existencia de lesión (arts. 1.300 y 1.301 CC). Dichos vicios invalidantes serían:

  1. – Concurrencia de vicios de la voluntad: error esencial excusable, dolo causante, intimidación y miedo grave (Arts.1265 y ss CC)

2.- Falta de plena capacidad de obrar o incapacidad relativa: los contratos celebrados por incapaces de obrar, por sí solos o sin reunir los complementos de capacidad necesarios.

3.- Falta de consentimiento del cónyuge cuándo así lo exija la Ley.

Los efectos de la anulabilidad son los siguientes:

1.- En tanto no se ejercite la acción de anulación, el contrato anulable es un contrato de eficacia claudicante. Se ha perfeccionado, pero frente a cualquier pretensión de eficacia puede ejercitarse la acción de anulación u oponerse el carácter de anulable por vía de excepción. El contrato es sanable, mediante confirmación, desde el momento en que el interesado conoce la causa de anulación. No puede acceder al Registro de la Propiedad, pero sirve como título para usucapir.

2.- Una vez ejercitada la acción de anulación u opuesta como excepción y recaída sentencia que declare la nulidad, los efectos son los de la nulidad radical: dicho contrato no produce efecto alguno, con carácter retroactivo. Como en el caso de la nulidad, procede la restitución de las cosas.

La acción de nulidad tiene un plazo de caducidad de cuatro años. Tienen legitimación activa  los obligados principal o subsidiariamente en virtud de los contratos impugnados.

Rescisión.

La rescisión es la ineficacia sobrevenida del contrato, derivada del ejercicio de una acción, la cual se fundamenta en que este contrato, válidamente celebrado y formado, produce un resultado injusto o contrario a Derecho: una lesión o un fraude.

El Art. 1291 Cc dispone que:

“Son rescindibles:

  1. Los contratos que pudieren celebrar los tutores sin autorización judicial, siempre que las personas a quienes representan hayan sufrido lesión en más de la cuarta parte del valor de las cosas que hubiesen sido objeto de aquéllos.
  2. Los celebrados en representación de los ausentes, siempre que éstos hayan sufrido la lesión a que se refiere el número anterior.
  3. Los celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no puedan de otro modo cobrar lo que se les deba.
  4. Los contratos que se refieran a cosas litigiosas, cuando hubiesen sido celebrados por el demandado sin conocimiento y aprobación de las partes litigantes o de la Autoridad judicial competente.
  5. Cualesquiera otros en que especialmente lo determine la Ley.”

El punto número 3 del anterior artículo instituye en nuestro Código Civil la llamada acción Pauliana del Derecho Romano.

A continuación, el art. 1.292 CC establece:

“Son también rescindibles los pagos hechos en estado de insolvencia por cuenta de obligaciones a cuyo cumplimiento no podía ser compelido el deudor al tiempo de hacerlos.”

La acción rescisoria es de carácter subsidiario, cuando el perjudicado carezca de todo otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio. Y tiene un plazo de caducidad para su ejercicio de 4 años. (arts. 1.294 y 1.299 CC).

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La Resolución y la Rescisión en nuestro Derecho Civil

La Resolución y la Rescisión son dos formas de finalización y extinción de los contratos, o negocios jurídicos en general, por ineficacia de los mismos. Dos formas distintas pero que en muchas ocasiones se confunden, en buena medida porque nuestro Código Civil (CC) no aclara adecuadamente la distinción entre las mismas. Ha sido la jurisprudencia del Tribunal Supremo la que ha ido definiéndolas.

RESCISIÓN.

La Rescisión supone la ineficacia sobrevenida de un negocio jurídico por lesionar los legítimos intereses de terceros, o constituir un fraude de acreedores. Es decir, no existe una ineficacia originaria, sino que el negocio jurídico se ha celebrado correcta y válidamente, conteniendo todos los elementos necesarios, pero su finalidad lesiona o perjudica los intereses de las partes o terceras personas.

Así, la rescisión supone como decimos una ineficacia sobrevenida, que obliga a la devolución de las cosas que fueron objeto de contrato, con sus frutos e intereses, suponiendo una ineficacia con efectos <<ex nunc>> desde el momento de su reconocimiento, y no puede perjudicar a terceros.

Puede hacerse valer como ya anticipamos por las partes o por terceros perjudicados por el negocio jurídico, todo aquél que sufra una lesión injusta por resultado del mismo.

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Un ejemplo típico de Rescisión es la del contrato en fraude de acreedores. Imaginemos que Juan mantiene una deuda de 100.000 € con Miguel, y siendo todo su patrimonio un terreno valorado en 150.000 € hace una donación del mismo en febrero a su hermano. Si la donación está correctamente formalizada en Notaría, se ha inscrito en el Registro de la Propiedad y ha pagado los impuestos que correspondan, el negocio jurídico es totalmente legítimo. Ahora pensemos que en marzo Miguel reclama el pago del préstamo, que vencía en dicha fecha, y Juan le dice que no puede pagarle porque no tiene dinero para ello, declarándose insolvente. Cuándo Miguel lo demanda por incumplimiento descubre que Juan no tiene patrimonio a su nombre con el cuál responder de la deuda, pero sin embargo un mes antes del vencimiento del contrato de préstamo Juan donó a su hermano un bien inmueble por un valor superior, es decir, se deshizo del patrimonio con que podría haber respondido de la deuda. Aquí Miguel podrá por tanto solicitar la Rescisión de dicha Donación, que claramente perjudicó su derecho de cobro, y que encaja en el supuesto del punto 3 del art. 1290 CC a cuyo tenor “son rescindibles los contratos celebrados en fraude de acreedores, cuándo éstos no puedan de otro modo cobrar lo que se les deba”.

La acción de rescisión tiene carácter subsidiario, solo puede ejercerse cuándo no cabe otra manera de reparar el perjuicio. Y está sujeta a un plazo de caducidad de 4 años (art. 1299 CC).

RESOLUCIÓN.

La resolución es la facultad que asiste a una de las partes del contrato para resolver o dar por terminado el mismo, ante el incumplimiento de la otra parte. Corresponde su ejercicio al contratante cumplidor frente al incumplidor.

En el caso de la resolución, nos encontramos también ante un negocio jurídico que nació y se perfeccionó con total validez, pero que deviene ineficaz por el incumplimiento de sus obligaciones por una de las partes, denunciado por la parte cumplidora.

Dicho incumplimiento puede especificarse contractualmente, muchos contratos incluyen en su clausulado los supuestos en los que una de las partes puede solicitar la rescisión (por ejemplo, por la falta de los pagos establecidos, o pasado un término o plazo de tiempo concreto). Aunque en general el simple incumplimiento legitima a la otra parte para resolver el contrato.

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Frente a la rescisión, que como dijimos produce efectos desde su declaración, la resolución rompe el negocio jurídico con efectos desde el inicio de la relación obligacional, por lo que cada parte debe reintegrar o restituir a la otra todo lo recibido en virtud de dicha obligación. Si bien en el caso de una relación obligatoria de carácter continuado en el tiempo y parcialmente consumada los efectos son solo desde su declaración (STS 691/1998).

Si en la rescisión la acción la podía ejercer cualquier persona perjudicada, en la resolución solo están legitimados para ejercer la acción las partes cumplidoras del contrato.

Y en contra de lo que sucedía en la acción de rescisión, de carácter subsidiario, la acción resolutoria es de carácter principal.

La Resolución está sujeta a un plazo de prescripción de 15 años desde que se produce el incumplimiento.

Un ejemplo típico de resolución es el de la compañía de telefonía móvil que indica en su clausulado que tendrá la facultad de resolver el contrato, cortando el servicio de voz y datos, por impago por parte del usuario de la cuota mensual o recibo correspondiente.

CONCLUSIÓN

Mientras que en el caso de la Resolución nos encontramos con una medida destinada a finalizar un negocio jurídico válidamente celebrado pero que daña los intereses de terceras personas, en el caso de la Rescisión tenemos una medida de finalización de un contrato que también goza de total validez, pero donde existe un incumplimiento de una de las partes, alegado para dicha finalización por la otra parte contratante.

Vía | Blog Sepin

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