Tipos de procesos judiciales penales en España

El proceso judicial penal por objeto la averiguación del delito, la identificación del delincuente y su grado de responsabilidad en el delito, así como la imposición de una pena, o una medida de seguridad y de una responsabilidad civil, en su caso, y también lograr la ejecución y efectivo cumplimiento de las consecuencias del delito o de la falta cometidos.

Nuestro sistema jurídico procesal penal contempla diferentes procedimientos penales en función de un doble criterio, existiendo un total de diez procesos penales diferenciados:

En función de la naturaleza y de la gravedad de la infracción.

  1. Juicio ordinario por delitos graves.
  2. Procedimiento ante el Tribunal del Jurado.
  3. Procedimiento abreviado.
  4. Juicio rápido.
  5. Juicio de faltas o de delitos leves.
  6. Proceso por aceptación de decreto.
  7. Procedimiento de decomiso autónomo.

En función de la condición y circunstancias personales de los responsables.

  1. Procedimiento de la Ley del Menor.
  2. Procedimiento contra Diputados o Senadores.
  3. Proceso penal militar.

 

  1. Juicio ordinario.

Es el proceso judicial penal reservado a los delitos castigados con pena privativa de libertad superior a nueve años, salvo que para un delito de estas características corresponda el proceso ante el Tribunal del Jurado. También se denomina juicio por delitos graves o sumario ordinario. Se desarrolla en Audiencia Provincial.

 

  1. Procedimiento del Jurado.

La competencia del Tribunal de Jurado se extiende al conocimiento de los procesos penales por homicidio (artículos 138 a 140 CP) y otros delitos que relaciona el artículo 1.2 LOTJ.

  • homicidio (artículos 138 a 140 CP);
  • amenazas (artículo 169.1º CP);
  • omisión del deber de socorro (artículos 195 y 196 CP);
  • allanamiento de morada (artículos 202 y 204 CP);
  • incendios forestales (artículos 352 a 354 CP);
  • infidelidad en la custodia de documentos (artículos 413 a 415 CP);
  • cohecho (artículos 419 a 426 CP); h) tráfico de influencias (artículos 428 a 430 CP);
  • malversación de caudales públicos (artículos 432 a 434 CP);
  • fraudes y exacciones ilegales (artículos 436 a 438 CP);
  • negociaciones prohibidas a funcionarios (artículos 439 y 440 CP);
  • infidelidad en la custodia de presos (artículo 471 CP).

El Tribunal del Jurado se compone de nueve jurados y un Magistrado-Presidente, integrante de la Audiencia Provincial

  • La función de los jurados consiste en emitir el veredicto, declarando probado o no probado el hecho justiciable, así como la culpabilidad o inculpabilidad de los acusados
  • Al Magistrado-Presidente le corresponde dictar la sentencia, en que recogerá el veredicto del jurado e impondrá la pena que corresponda.

 

  1. Procedimiento abreviado.

Es el proceso judicial penal que corresponde a los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración (art. 757 L.e.cr.).

Se desarrolla en los Juzgados de lo Penal cuando el delito está penado con multa o con hasta cinco años de privación de libertad, y en la Audiencia Provincial para delitos con penas más graves.

  1. Juicio rápido.

Se trata del proceso reservado a los delitos castigados con penas privativas de libertad de hasta cinco años, o cualquier otra pena (o penas conjuntas hasta diez años) en los que se presenta un atestado policial con las siguientes características:

  1. El delito o delitos en concreto son:
    1. lesiones, coacciones, amenazas, violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las personas a las que se refiere el art 173.2 C.P.; hurto, robo, delitos contra la seguridad del tráfico, hurto y robo de vehículos, delitos contra la seguridad del tráfico; delitos de daños del art 263 C.P.; delitos contra la propiedad intelectual de los art. 270, 273, 274 y 275 C.P.; delitos contra la salud pública del art. 368 C.P.
  2. En el atestado policial aparecen identificadas las personas a las que se atribuye el delito.
  3. Se trata de delitos flagrantes según lo previsto en el art. 795.1 LECrim.
  4. Se trata de un hecho punible cuya instrucción presumiblemente va a resultar sencilla, conforme al art. 795.1 LECrim.

Con carácter general, este proceso corresponde a los Juzgados de lo Penal, y su instrucción a los Juzgados de Guardia.

  1. Juicio de faltas o de delitos leves.

Corresponde al proceso judicial que se sigue para juzgar infracciones leves determinadas como faltas por el Código Penal. Estos juicios se llevan a cabo por parte del Juzgado de Paz, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer o el Juzgado de Instrucción, según el tipo concreto de falta.

Los órganos judiciales competentes son los Juzgados de Paz para las siguientes faltas:

  • deslucir bienes inmuebles de dominio público o privado, sin la debida autorización de la Administración o de sus propietarios (art. 626 CP);
  • abandonar jeringuillas, en todo caso, u otros instrumentos peligrosos, de modo o con circunstancias que pudieran causar daño a las personas o contagiar enfermedades, o en lugares frecuentados por menores (art. 630 CP);
  • maltratar cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente (art. 632 CP);
  • perturbar levemente el orden en la audiencia de un Tribunal o Juzgado, en los actos públicos, en espectáculos deportivos o culturales, solemnidades o reuniones numerosas (art. 633 CP);
  • amenazar de modo leve a otro con armas u otros instrumentos peligrosos, o sacar armas o instrumentos peligrosos en riña, como no sea en justa defensa, y salvo que el hecho sea constitutivo de delito (art. 620.1º CP), salvo cuando la víctima pertenezca al ámbito familiar;
  • causar a otro una amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve (art. 620.2º CP), salvo cuando la víctima pertenezca al ámbito familiar.

 

Los órganos judiciales competentes son los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en los siguientes casos:

  • Por las faltas contenidas en los títulos I y II del libro III del Código Penal (faltas contra las personas y faltas contra el patrimonio), cuando la víctima sea la esposa del autor, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.
  • Así también, cuando la falta se cometa sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género.

Por último, son competentes los Juzgados de Instrucción en el resto de faltas previstas en la legislación penal.

 

  1. Proceso por aceptación de decreto.

Es el proceso judicial penal que sirve para la resolución anticipada de las causas penales en el caso de delitos de menor entidad: tanto para los delitos leves como a los delitos menos graves que se encuentren dentro de su ámbito material de aplicación.

Permite la conversión de la propuesta sancionadora realizada por el Ministerio Fiscal en sentencia firme.

En cualquier momento después de iniciadas diligencias de investigación por la fiscalía o de incoado un procedimiento judicial y hasta la finalización de la fase de instrucción, aunque no haya sido llamado a declarar el investigado, podrá seguirse el proceso por aceptación de decreto cuando se cumplan cumulativamente los siguientes requisitos:

  1. Que el delito esté castigado con pena de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad o con pena de prisión que no exceda de un año y que pueda ser suspendida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Código Penal con o sin privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
  2. Que el Ministerio Fiscal entienda que la pena en concreto aplicable es la pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad y, en su caso, la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
  3. Que no esté personada acusación popular o particular en la causa.
  4. Procedimiento de decomiso autónomo.

Es el proceso judicial penal establecido para la agilización de los trámites que hayan de llevar a la incautación y privación de los bienes y efectos relacionados con el delito y, por otro, preservar las garantías de las personas demandadas como titulares aparentes de esos mismos bienes

Se utiliza para los bienes, efectos o ganancias que procedan de un hecho punible cuyo autor haya fallecido o no pueda ser enjuiciado por hallarse en rebeldía o por incapacidad para comparecer en juicio, es decir, sin condena previa; o bien que el Fiscal haya hecho reserva expresa, en el correspondiente escrito de acusación, de la acción para solicitar el decomiso de bienes para este procedimiento autónomo.

Esta acción de decomiso autónomo será ejercitada exclusivamente por el Ministerio Fiscal.

Serán citados a juicio en calidad de demandados los sujetos contra los que se dirija la acción por su relación con los bienes a decomisar.

 

  1. Procedimiento de la Ley del Menor.

Es el proceso penal que se sigue para la exigencia de la responsabilidad penal de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por hechos tipificados en el Código Penal o en otras leyes especiales como hechos constitutivos de delito o falta.

La competencia corresponde como regla general al Juzgado de Menores del lugar donde se

haya cometido el hecho delictivo.

 

  1. Procedimiento contra Diputados o Senadores.

Los Diputados y Senadores gozan de inmunidad parlamentaria, y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara parlamentaria respectiva.

Tienen un fuero especial ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por lo que solo esta Sala de lo Penal es competente para juzgar en materia penal a los Senadores y Diputados.

 

  1. Proceso penal militar.

Conforme al art. 117.5 CE dispone que “La Ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución”.

La jurisdicción militar tiene atribuido el conocimiento de la materia penal militar y de la materia contencioso-administrativa militar.

En cuanto a la materia penal militar, se concreta en el enjuiciamiento de los siguientes delitos:

  1. a) Los comprendidos en el código penal militar.
  2. b) Los cometidos durante la vigencia del estado de sitio que se determinen en la declaración de dicho estado.
  3. c) Los cometidos por militares españoles en misiones fuera del territorio nacional, de acuerdo con los tratados en que España sea parte.

En cuanto a la materia contencioso-administrativa militar, se concreta en el conocimiento de los recursos contra las sanciones impuestas en aplicación del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

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Urdangarín, recurso de apelación y medidas cautelares

Una de los grandes errores de la opinión pública es pensar que con la primera sentencia termina el proceso penal. Y es que los condenados tienen derecho a recurrir a una segunda instancia, y así ha pasado en el caso de Iñaki Urdangarin, que ha planteado un recurso de apelación contra su sentencia condenatoria.

Este no es un derecho exclusivo de Urdangarin, sino que el recurso de apelación penal asiste a cualquier ciudadano condenado en el proceso penal, tratando de garantizar sus derechos y libertades en el marco del pleno Estado de Derecho.

Es lo que se conoce como principio de doble instancia, previsto en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, y en el  Protocolo 7º del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, que en nuestro derecho positivo garantiza el sistema de recursos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El recurso  permite un nuevo examen o novum iudicium de las pruebas practicadas, así como de la valoración jurídica de las normas aplicadas en la sentencia recurrida.

En tanto que se resuelva el recurso de apelación, la sentencia de primera instancia puede quedar en suspenso, y a fin de asegurar que este período de tiempo no pueda ser aprovechado por los condenados para intentar eludir la acción de la justicia, llevando a cabo acciones que dificulten o imposibiliten que el proceso penal pueda cumplir su fin, como por ejemplo la ocultación de bienes, o la huida a un tercer país sin convenio de extradición, se podrán imponer a los condenados medidas cautelares, que con carácter instrumental (no son un fin en sí mismas, sino un instrumento de aseguramiento de que la condena pueda devenir firme), provisional (no son medidas definitivas, sino modificables según discurra el proceso) y de  homogeneidad (con las penas previstas en la sentencia recurrida) aseguren la efectividad de la sentencia.

La adopción de medidas cautelares requiere de la valoración de dos presupuestos:

1- “Fumus Boni Iuris” o aspecto de buen derecho: razonada atribución del hecho punible a una persona determinada, con un alto grado de probabilidad, así como a que el hecho en cuestión sea constitutivo de delito.

2.- “Periculum in Mora” que significa la existencia de un peligro cierto de fuga del imputado, o de la disposición del patrimonio en perjuicio del futuro cumplimiento de la sentencia.

En el caso de Iñaki Urdangarin la Audiencia Provincial de Palma no ha apreciado riesgo de fuga, por lo que ha denegado el ingreso en prisión provisional.

En tanto que se dilucida el recurso de apelación, podría haberse decretado como medida cautelar el ingreso en prisión, bajo el razonado juicio de los presupuestos antes indicados. Pero pensemos que la privación de libertad es la más grave de las penas que pueden imponerse a un ciudadano, y como ya hemos explicado antes la sentencia de primera instancia no es definitiva en tanto que no se confirme en segunda instancia una vez interpuesta la apelación.

Por ello, cada día lo jueces se enfrentan a este tipo de decisiones (meter a una persona en la cárcel para asegurar la efectividad del proceso, sabiendo que la revisión de la sentencia puede dar lugar a la revocación de esta pena, con el consiguiente daño a las libertades del encausado). Y en el caso que nos ocupa se ha valorado la inexistencia de peligro de fuga.

Desde luego puede parecer un error, si ahora el penado se da a la fuga, o aprovecha su libertad para alterar elementos del proceso. Pero la Audiencia ha debido realizar su juicio de probabilidades bajo el marco del Estado de Derecho y su decisión es legítima, y garantista con las libertades fundamentales.

Otro error de la opinión pública es el de pensar que Iñaki Urdangarín ha eludido la cárcel y no tendrá que cumplir su condena. Ni mucho menos es así. Como ya hemos indicado en tanto que se dilucida la apelación, la sentencia está en suspenso. Pero si la segunda instancia confirma las penas privativas de libertad, tendrá que entrar en la cárcel y cumplir sus penas.

En resumen, no existen indicios para pensar que el señor Urdangarín ha gozado de un trato de favor por parte de la justicia española que no habría tenido el común de los ciudadanos. Sino que se ha actuado como con cualquier otro condenado en primera instancia, y le han asistido los mismos derechos. De la misma manera, tendrá que cumplir sus penas si se confirman en segunda instancia. Lo preocupante de nuestra justicia es que se hubiese caído en el populismo de haberle tratado más gravosamente por ser un personaje público.


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Dilaciones indebidas: contra la “pena de banquillo”

La justicia si es lenta no es justicia. Esta frase, tan conocida en el mundo del Derecho, no es sino la constatación de una gran verdad, y es que cuándo los procesos judiciales necesitan años e incluso décadas para resolverse, la justicia pierde irremediablemente valor.

presoY no solo para la víctima, sino también para el acusado en el ámbito del procedimiento penal, que en estas ocasiones padece lo que se conoce como “pena de banquillo”: años de instrucción y proceso judicial que lesionan su derecho de defensa, su derecho a un proceso justo sin dilaciones, y su derecho a la presunción de inocencia (en este sentido: artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948); Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo; artículo 24  Constitución Española de 1978)

Nuestro Código Penal al regular las circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal tiene en cuenta la dilación indebida en su articulado, y establece en el artículo 21.6 que <<La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa>>.

Recientemente, la Sentencia del Tribunal Supremo 4055/2015, de 30 de septiembre de 2015 nos recordaba que <<La Jurisprudencia de esta Sala ha venido señalando que la dilación indebida para ser considerada como tal debe ser procesalmente injustificada, extraordinaria, no imputable al inculpado y desproporcionada con la complejidad de la causa>>.

La Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2013 indicaba que <<La apreciación de la atenuante exige precisar en qué momentos o secuencias del proceso se han producido paralizaciones que deban reputarse indebidas. Hemos dicho que el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que no es identificable con el derecho procesal al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes, impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas, y también ejecutar lo resuelto, en un tiempo razonable. Se trata, por lo tanto, de un concepto indeterminado que requiere para su concreción el examen de las actuaciones procesales, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que sea imputable al órgano jurisdiccional y no precisamente a quien reclama >>

office-581131_960_720Así por tanto, la jurisprudencia de nuestro alto tribunal determina claramente que aquél que alegue la aplicación de esta atenuante deberá  exponer en su alegato un análisis en detalle del proceso penal seguido, que pasa por dividirlo en sus distintas fases y demostrar de manera razonada cuál de estas fases es en concreto en la que se han producido dilaciones injustificadas, desproporcionadas y extraordinarias, imputables al propio órgano judicial.

Es decir, se requiere un análisis del caso concreto, y un razonamiento de qué parte del proceso ha sido la concretamente afectada por dilaciones indebidas.

En conclusión podemos afirmar que esta atenuante salvaguarda como decíamos al principio los legítimos derechos y garantías procesales del imputado o acusado, pero requiere del análisis pormenorizado del proceso seguido en el caso en cuestión, para determinar de manera concreta, razonada e inequívoca dónde se ha realizado dicha lesión.

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Mientras no se demuestre lo contrario

“Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede quitarle la pública protección sino cuando esté decidido que ha violado los pactos bajo los que fue concedida” C. Beccaria «Dei delitti e delle pene»  1764

Recientemente se ha publicado la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio.

Los Estados miembros deberán transponer esta Directiva a sus respectivos derechos internos antes del 1 de abril de 2018.

La presunción de inocencia.

Uno de los grandes pilares del moderno Estado de Derecho moderno lo constituye el principio de presunción de inocencia. En el sistema penal, todo procesado es inocente en tanto no se demuestre lo contrario. Y es que «affirmanti incumbit probatio», es decir, quién afirme la culpabilidad del imputado deberá aportar pruebas suficientes que demuestren de manera indubitada dicha culpabilidad.

Lo que se conoce como «prueba diabólica» es justo lo contrario, es decir, que el imputado debe probar su inocencia. Y esto, salvo puntuales ocasiones en materia laboral o administrativa, no resulta de aplicación general en nuestro Derecho.

En nuestro derecho se encuentra expresamente recogido el principio de presunción de inocencia en el artículo 24.2 de la Constitución Española.

1299645000853europadnA nivel supranacional encontramos este principio reconocido en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948); en el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); en el artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950); en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969); y en artículo 7.b) de la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta Banjul 1981).

Necesidad de la nueva Directiva.

El objetivo que busca cubrir esta nueva Directiva de la UE es el de unificar en los distintos Estados de la Unión las normas procesales penales que regulan diversos aspectos de la presunción de inocencia, así como las normas procesales relacionadas con el derecho a estar presente en el juicio, a fin de reforzar el derecho a un juicio justo en el proceso penal.

Según han declarado de manera reiterada en sus resoluciones tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la protección de este principio por los Estados miembros nunca debería ser inferior al previsto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pues en la práctica estos Tribunales han constatado en distintas ocasiones que la legislación de los distintos Estados da coberturas distintas a la presunción de inocencia.

Puntos principales de la nueva Directiva.

  1. Referencias públicas de las autoridades a la culpabilidad de una persona. El primer punto a destacar es el que se refiere a la información que se pueda facilitar a los medios de comunicación por parte de las autoridades públicas, prescribiendo que de ninguna manera podrá de las mismas deducirse la culpabilidad de las personas incursas en un proceso penal.

gavel-1017953_960_720Y es que, si en las informaciones públicas se diese a entender que un investigado es culpable, se estaría lesionando gravemente su presunción de inocencia, al condicionar ante la opinión pública la imagen de dicha persona.

Aquí la obligación impuesta a los Estados es la de adoptar las medidas necesarias que evitar estas situaciones.

  1. Presentación de los sospechosos y acusados por las autoridades. No se podrá presentar a los sospechosos o acusados ante los órganos judiciales, o ante los medios de comunicación, mediante el uso de medios de coerción física como esposas, cabinas de cristal, jaulas y grilletes, salvo estrictos motivos de seguridad. En línea con el punto anterior, esta imagen pública lesiona la presunción de inocencia del procesado, al mostrarle como culpable al exponerle de esta manera.
  2. Carga de la prueba. La Directiva prescribe que la carga de la prueba recaerá siempre, sin excepción, en la acusación (fiscal, acusación pública, acusador particular). Y toda duda beneficiará siempre al procesado.
  3. Derecho a no declarar contra sí mismo y a guardar silencio. Por supuesto, se debe proteger al procesado de la autoinculpación, por lo que no cabe obligarles bajo ningún concepto a declarar, por lo que podrán siempre guardar silencio. Así como a no responder a preguntas o aportar pruebas que puedan derivar en su autoinculpación. Cosa distinta es la valoración de la prueba, o la investigación, por parte del órgano judicial.
  4. Derecho a estar presente en el juicio. Para salvaguardar su presunción de inocencia, será necesario garantizar que el procesado deba poder estar presente en el juicio que puede derivar en su condena, por lo que deberán regularse las normas procesales necesarias a fin de que se pueda cambiar la fecha del juicio, cuando por razones ajenas a su voluntad no puedan asistir en la fecha señalada para la vista.

Cuando los procesados no estén presentes en el juicio, contraviniendo lo dicho en el párrafo anterior, esto es, que existiesen razones ajenas a su voluntad y no se hubiese cambiado la fecha de señalamiento, tendrán derecho a un nuevo juicio. O bien a un recurso que permita una nueva apreciación del fondo del asunto, incluido el examen de nuevas pruebas, y pueda desembocar en la revocación de la resolución original.

  1. Sistema de Recursos para garantizar la presunción de inocencia. Los Estados miembros deben legislar una vía de recurso que salvaguarde todos los derechos previstos en esta directiva.

Conclusión.

Es de destacar que, en la era de la información, no debe presentarse la imagen del procesado de tal manera que cupiese deducir de la misma su culpabilidad. Algo muy cercano a lo que muchas veces hemos conocido como “pena de telediario”, es decir, exhibir al sospechoso ante la opinión pública como si ya fuese culpable. Veremos si la legislación nacional, y la práctica policial en cada país, es capaz de lograr este objetivo.
* Vía| Abogacía.es
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La Diligencia de Entrada

El artículo 18.2 de nuestra Constitución Española reconoce la inviolabilidad del domicilio como derecho fundamental de todo ciudadano,. “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”. La propiedad privada es un principio fundamental de nuestro Derecho, y la Constitución protege con especial afán el propio domicilio, como extensión de la dignidad e intimidad de la propia persona.

policiaEn el transcurso de la investigación judicial necesaria para el esclarecimiento de hechos que pudiesen ser constitutivos de un delito penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula  cómo el Juez de Instrucción, o la Policía Judicial en casos taxativos y excepcionales, pueden restringir este derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, en aras a la resolución de los hechos investigados. Puesto que dentro de dicho domicilio puede estar la persona a detener, así como el cuerpo o instrumentos del delito, o pruebas fundamentales de la investigación.

Por tanto, la Diligencia de Entrada es toda resolución judicial por la que se limita el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.

El objeto material de la Entrada lo constituye cualquier lugar cerrado en el que el ciudadano ejercita su derecho a la intimidad y privacidad. El artículo 554.2.º establece que es domicilio «el edificio o lugar cerrado, o la parte de él destinada principalmente a la habitación de cualquier español o extranjero residente en España y de su familia». El Tribunal Constitucional concibe el domicilio como «aquel espacio en el cual un individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima».

Este acto procesal, al limitar un derecho fundamental, debe guardar el principio de proporcionalidad, por lo que el Juez solo podrá adoptar esta medida cuándo no exista una alternativa menos gravosa.

La Diligencia de entrada no es una prueba en sí misma, ni un acto de investigación. Sino que se trata de un medio para la práctica de otra prueba, como el registro o la detención.

juezEl Juez de Instrucción que dirige la investigación de la causa es el órgano judicial competente, si bien lo será también el Juez de lo Contencioso-Administrativo cuándo se trate de entradas administrativas (por ejemplo en el transcurso de una investigación de Hacienda). En caso de flagrante delito, estado de excepción o sitio, o en el ámbito de la legislación antiterrorista, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden disponer la entrada en el domicilio de los particulares. El delito flagrante se define en el artículo 795.1.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece que “se considerará delito flagrante el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto”.

A nivel formal, la Diligencia de Entrada reviste la forma de Auto, que debe estar suficientemente motivado, conteniendo por tanto los indicios acerca de la existencia en el lugar cerrado del imputado cuya detención se pretende, o de los instrumentos del cuerpo del delito cuya recogida y custodia se desea lograr por el Juez de Instrucción.

El artículo 566 LECrim prescribe que deberá notificarse al interesado de manera personal, de manera simultánea. Si no se realiza de manera simultánea, deberá el Juez adoptar las medidas necesarias para evitar la fuga, o la ocultación o destrucción de pruebas (art. 567) pues de otra manera no se cumpliría con el fin último pretendido por la Diligencia de Entrada.

En el caso de la entrada policial, la comunicación evidentemente será verbal, pudiendo oponerse el sujeto pasivo de la misma, lo cual se hará constar en acta. Y debiendo los agentes dar cuenta de manera inmediata al Juez competente, indicando adecuadamente los motivos que motivaron la entrada, y el resultado de la misma.

Vía | Ilustre Colegio Abogados Málaga  Manual de Derecho Procesal Penal

Más Información | AidpEspaña  Ministerio de Justicia  URJC

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