Los procesos judiciales civiles en España

Vamos a estudiar de forma breve en este ensayo los asuntos y cuestiones que corresponden al orden jurisdiccional civil, así como los diferentes tipos de procesos judiciales a seguir.

Cuestiones reservadas a la Jurisdicción Civil.

El orden jurisdiccional civil, de acuerdo con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 45 a 62 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tiene encomendado el conocimiento de las siguientes materias:

1) Con carácter exclusivo: de los derechos reales y arrendamientos de inmuebles; las sociedades o personas jurídicas que tengan su domicilio en territorio español; la validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un Registro español; las patentes y derechos análogos; resoluciones judiciales y decisiones arbitrales dictadas en el extranjero.

2) Con carácter general: de las cuestiones relativas a los contratos.

3) En materia de declaración de ausencia o fallecimiento; en materia de incapacitación y de medidas de protección de la persona.

4) En materia de relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, nulidad matrimonial, separación y divorcio; en materia de filiación y de relaciones paternofiliales; para la constitución de la adopción; en materia de alimentos.

5) En materia de obligaciones contractuales; en las acciones relativas a bienes muebles.

6) En materia de sucesiones.

7) En materia de contratos de consumidores; en el caso de cualquier otro contrato de prestación de servicio o relativo a bienes muebles.

8) En materia de seguros.

9) En materias propias de Derecho mercantil, Derecho concursal y marcas de la Unión Europea.

Conforme al art. 45 LEC modificado por LO 7/2015 señala que:

  1. Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento, en primera instancia, de todos los asuntos civiles que por disposición legal expresa no se hallen atribuidos a otros tribunales.
  2. Conocerán, asimismo, dichos Juzgados:
  3. a) De los asuntos, actos, cuestiones y recursos que les atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial.
  4. b) De los concursos de persona natural que no sea empresario.

Tipologías de procesos jurisdiccionales civiles.

Respecto de los diferente tipos de procesos judiciales, debemos diferenciar en primer lugar entre los procesos  declarativos, que serían los generales, y los proceso denominados especiales.

  1. Procesos declarativos:
    1. Juicio ordinario
    2. Juicio verbal
  2. Procesos especiales:
    1. Procesos de familia: matrimoniales, menores, filiación e incapacidad.
    2. Procesos para la división de patrimonios: hereditario y régimen económico matrimonial.
    3. Procesos de comercio:
      1. Juicio monitorio.
      2. Juicio cambiario.

 

Juicio ordinario.

Se dirimirán en juicio ordinario las demandas relativas a las siguientes cuestiones:

1.º Derechos honoríficos de la persona.

2.º tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro derecho fundamental.

3.º Impugnación de acuerdos sociales.

4.º Competencia desleal ydefensa de la competencia, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame.

5.º Acciones relativas a condiciones generales de contratación.

6.º Asuntos relativos a arrendamientos urbanos o rústicos de bienes inmuebles, salvo que se refieran en exclusiva a reclamaciones de cantidad.

7.º Por acción de retracto de cualquier tipo.

8.º Relativas a la Ley de Propiedad Horizontal y juntas de propietarios.

Se decidirán también en el juicio ordinario las demandas cuya cuantía excedan de seis mil euros y aquéllas cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo relativo.

Juicio verbal.

Se trata de un proceso más rápido y sencillo que el juicio ordinario y se decidirán en juicio verbal, independientemente de su cuantía, las demandas siguientes:

1.º Reclamanción de cantidades por impago de rentas o cantidades debidas por el arrendatario o cualquier otro propietario.

2.º Recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca.

3.º Para recuperar la posesión de bienes a quien los hubiere adquirido por herencia si no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario.

4.º Para la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute.

5.º Para la suspensión de una obra nueva.

6.º Para la demolición o derribo de obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina y que amenace causar daños a quien demande.

7.º Por derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, cuando se demanden la efectividad de esos derechos.

8.º Las que soliciten alimentos debidos por disposición legal o por otro título.

9.º Las que supongan el ejercicio de la acción de rectificación de hechos inexactos y perjudiciales.

10.º Por incumplimiento por el comprador de las obligaciones derivadas de los contratos inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles.

11.º Por incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero, de arrendamiento de bienes muebles, o de un contrato de venta a plazos con reserva de dominio.

12.º Las que supongan el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios.

13.º Las que pretendan la efectividad de los derechos reconocidos en el artículo 160 del Código Civil.

En todo caso, se decidirán también en el juicio verbal las demandas cuya cuantía no exceda de seis mil euros y no se refieran a ninguna de las materias previstas para el Juicio ordinario.

Procesos de familia.

Las disposiciones del proceso judicial de familia serán aplicables a los siguientes procesos:

1.º Los que versen sobre la capacidad de las personas y los de declaración de prodigalidad.

2.º Los de filiación, paternidad y maternidad.

3.º Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio y los de modificación de medidas adoptadas en ellos.

4.º Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores.

5.º Los de reconocimiento de eficacia civil de resoluciones o decisiones eclesiásticas en materia matrimonial.

6.º Los que versen sobre las medidas relativas a la restitución de menores en los supuestos de sustracción internacional.

7.º Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores.

8.º Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción.

 

Procesos para la división judicial del Patrimonio.

Cualquier coheredero o legatario de parte alícuota podrá reclamar judicialmente la división de la herencia, siempre que esta no deba efectuarla un comisario o contador-partidor designado por el testador, por acuerdo entre los coherederos o por el Secretario judicial o el Notario.

La liquidación de cualquier régimen económico matrimonial que, por capitulaciones matrimoniales o por disposición legal, determine la existencia de una masa común de bienes y derechos sujeta a determinadas cargas y obligaciones se llevará a cabo, en defecto de acuerdo entre los cónyuges, con arreglo a lo dispuesto en el capítulo de la ley de Enjuiciamiento Civil para este tipo de procesos.

Juicio Monitorio.

Corresponde este proceso en los casos en los que existe una deuda y hay documentación que lo compruebe. La misma puede ser cualquier tipo de soporte, siempre que tenga la firma de quien debe o algún sello que lo avale.

Son admitidos los soportes electrónicos, certificaciones, facturas y albaranes de entrega. También se aplica en reclamaciones por parte de gastos comunes.

Su especialidad reside en que es más breve y sencillo que el proceso declarativo que correspondiese según cantidad, ya que el documento principal que de la deuda actúa como prueba en firme ejecutiva.

Juicio Cambiario.

Corresponde este proceso para los casos de cobro de documentos cambiaros con carácter ejecutivo e impagados: letras de cambio, pagarás o cheques.

Igual que en el caso del proceso monitorio, sus plazos son más reducidos y ágiles que los del proceso declarativo, y además los motivos de oposición a la demanda están tasados.


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El Proceso Monitorio

La razón de ser de cualquier negocio es obtener beneficios. Sin un beneficio neto positivo, no existe viabilidad para ninguna empresa. Por supuesto, los beneficios los generan las ventas, pero una venta no termina hasta que es cobrada. Si vendemos y no cobramos, todos nuestros esfuerzos habrán sido en balde, obtendremos irremediables perdidas.

El derecho a cobrar una venta es un derecho de carácter sustantivo, que nace de la obligación de nuestro cliente a satisfacer el importe correspondiente, como todo deudor de cualquier obligación debe satisfacer al acreedor.

Pero, ¿Qué pasa si el deudor no cumple? ¿Cómo perseguirlo? Desde luego, si hay que litigar durante años, sin garantías de éxito, la persecución del crédito puede incrementar aún más las pérdidas.

Para ello, existe en el derecho adjetivo de nuestro ordenamiento procesal el Juicio Monitorio, un procedimiento judicial destinado a obtener con la mayor celeridad posible el pago de una deuda.

El objetivo del acreedor al interponer Juicio Monitorio es obtener un título ejecutivo, es decir, una resolución judicial con la que poder ejecutar la deuda, embargando por ejemplo bienes suficientes del patrimonio del acreedor.

la evolucion del tique - la factura simplificada

El Juicio Monitorio se inicia con una Petición del acreedor donde debe identificar suficientemente a su deudor, el origen y cuantía de la deuda, y todos los documentos que acrediten la misma.

Respecto de la deuda, para poderse proceder vía Juicio Monitorio ésta debe ser:

  • Dineraria.
  • Líquida. Es decir, que se halla exactamente determinada, o es fácilmente determinable (por ejemplo, multiplicando unidades vendidas por precio unitario).
  • Exigible. No existen motivos para no poder exigirla, como alguna cláusula en el contrato que no se haya cumplido.
  • Vencida. Ha cumplido el plazo determinado para su pago.

Respecto de los documentos que acreditan la misma:

  • Documentos firmados y sellados por el acreedor, que reflejen la deuda.
  • Mediante documentos emitidos el acreedor, como facturas, albaranes, certificaciones, etc… que sean los que habitualmente se utilicen en la relación comercial para documentar créditos y deudas.
  • Documentos comerciales que acrediten una relación anterior y duradera, como contratos de varios años, facturas de venta similares de distintos ejercicios, etc…
  • Certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes en Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

juicio-final

Si la Petición identifica correctamente a acreedor y deudor, así como una deuda con las características indicadas, y adjunta medios suficientes de prueba documental acreditativos de dicha deuda, según lo expuesto más arriba, el Juez (1ª Instancia del domicilio del Acreedor) admitirá por Auto dicha petición, y el Secretario Judicial se dirigirá al Deudor, requiriendo que pague la deuda o se oponga en el plazo de 20 días.

Si no hay oposición, y no se produce el pago pasado el plazo indicado, el Secretario Judicial Decreto dando por terminado proceso monitorio y dará traslado al acreedor para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud.

La oposición del deudor no puede ser indeterminada y genérica, sino que si éste se opone al Juicio Monitorio debe acreditar en su escrito, al menos de manera sucinta, las razones por las que a su entender no debe pagar (aunque hay doctrina y jurisprudencia que admiten la oposición indicando solamente “no debo” o “la deuda es inexistente”). Si el deudor se opone de esta forma al pago, el procedimiento se transforma en Juicio Ordinario o Juicio Verbal.

En resumen, el Juicio Monitorio es la herramienta procesal que permite al acreedor obtener con rapidez un título ejecutivo con que poder obtener el pago de una deuda que está suficientemente determinada.

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