Mientras no se demuestre lo contrario

“Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede quitarle la pública protección sino cuando esté decidido que ha violado los pactos bajo los que fue concedida” C. Beccaria «Dei delitti e delle pene»  1764

Recientemente se ha publicado la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio.

Los Estados miembros deberán transponer esta Directiva a sus respectivos derechos internos antes del 1 de abril de 2018.

La presunción de inocencia.

Uno de los grandes pilares del moderno Estado de Derecho moderno lo constituye el principio de presunción de inocencia. En el sistema penal, todo procesado es inocente en tanto no se demuestre lo contrario. Y es que «affirmanti incumbit probatio», es decir, quién afirme la culpabilidad del imputado deberá aportar pruebas suficientes que demuestren de manera indubitada dicha culpabilidad.

Lo que se conoce como «prueba diabólica» es justo lo contrario, es decir, que el imputado debe probar su inocencia. Y esto, salvo puntuales ocasiones en materia laboral o administrativa, no resulta de aplicación general en nuestro Derecho.

En nuestro derecho se encuentra expresamente recogido el principio de presunción de inocencia en el artículo 24.2 de la Constitución Española.

1299645000853europadnA nivel supranacional encontramos este principio reconocido en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948); en el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); en el artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950); en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969); y en artículo 7.b) de la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta Banjul 1981).

Necesidad de la nueva Directiva.

El objetivo que busca cubrir esta nueva Directiva de la UE es el de unificar en los distintos Estados de la Unión las normas procesales penales que regulan diversos aspectos de la presunción de inocencia, así como las normas procesales relacionadas con el derecho a estar presente en el juicio, a fin de reforzar el derecho a un juicio justo en el proceso penal.

Según han declarado de manera reiterada en sus resoluciones tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la protección de este principio por los Estados miembros nunca debería ser inferior al previsto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pues en la práctica estos Tribunales han constatado en distintas ocasiones que la legislación de los distintos Estados da coberturas distintas a la presunción de inocencia.

Puntos principales de la nueva Directiva.

  1. Referencias públicas de las autoridades a la culpabilidad de una persona. El primer punto a destacar es el que se refiere a la información que se pueda facilitar a los medios de comunicación por parte de las autoridades públicas, prescribiendo que de ninguna manera podrá de las mismas deducirse la culpabilidad de las personas incursas en un proceso penal.

gavel-1017953_960_720Y es que, si en las informaciones públicas se diese a entender que un investigado es culpable, se estaría lesionando gravemente su presunción de inocencia, al condicionar ante la opinión pública la imagen de dicha persona.

Aquí la obligación impuesta a los Estados es la de adoptar las medidas necesarias que evitar estas situaciones.

  1. Presentación de los sospechosos y acusados por las autoridades. No se podrá presentar a los sospechosos o acusados ante los órganos judiciales, o ante los medios de comunicación, mediante el uso de medios de coerción física como esposas, cabinas de cristal, jaulas y grilletes, salvo estrictos motivos de seguridad. En línea con el punto anterior, esta imagen pública lesiona la presunción de inocencia del procesado, al mostrarle como culpable al exponerle de esta manera.
  2. Carga de la prueba. La Directiva prescribe que la carga de la prueba recaerá siempre, sin excepción, en la acusación (fiscal, acusación pública, acusador particular). Y toda duda beneficiará siempre al procesado.
  3. Derecho a no declarar contra sí mismo y a guardar silencio. Por supuesto, se debe proteger al procesado de la autoinculpación, por lo que no cabe obligarles bajo ningún concepto a declarar, por lo que podrán siempre guardar silencio. Así como a no responder a preguntas o aportar pruebas que puedan derivar en su autoinculpación. Cosa distinta es la valoración de la prueba, o la investigación, por parte del órgano judicial.
  4. Derecho a estar presente en el juicio. Para salvaguardar su presunción de inocencia, será necesario garantizar que el procesado deba poder estar presente en el juicio que puede derivar en su condena, por lo que deberán regularse las normas procesales necesarias a fin de que se pueda cambiar la fecha del juicio, cuando por razones ajenas a su voluntad no puedan asistir en la fecha señalada para la vista.

Cuando los procesados no estén presentes en el juicio, contraviniendo lo dicho en el párrafo anterior, esto es, que existiesen razones ajenas a su voluntad y no se hubiese cambiado la fecha de señalamiento, tendrán derecho a un nuevo juicio. O bien a un recurso que permita una nueva apreciación del fondo del asunto, incluido el examen de nuevas pruebas, y pueda desembocar en la revocación de la resolución original.

  1. Sistema de Recursos para garantizar la presunción de inocencia. Los Estados miembros deben legislar una vía de recurso que salvaguarde todos los derechos previstos en esta directiva.

Conclusión.

Es de destacar que, en la era de la información, no debe presentarse la imagen del procesado de tal manera que cupiese deducir de la misma su culpabilidad. Algo muy cercano a lo que muchas veces hemos conocido como “pena de telediario”, es decir, exhibir al sospechoso ante la opinión pública como si ya fuese culpable. Veremos si la legislación nacional, y la práctica policial en cada país, es capaz de lograr este objetivo.
* Vía| Abogacía.es
* Más información| Noticias Jurídicas Derechos Humanos
* Imagen| Pixabay

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Léame mis derechos. La nueva Ley Orgánica 5/2015.

En nuestro sistema jurídico, todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. La persona a la que se le atribuya la comisión de un delito es inocente hasta que no se demuestre suficientemente y de manera indubitada su culpabilidad en un juicio justo y con las suficientes garantías. Estas garantías incluyen el derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, y a no confesarse culpables.

derecho5El artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias a su defensa.” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 10 de diciembre de 1948).  En nuestra Constitución Española se consagra el principio de la presunción de inocencia en el artículo 24. Y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea regula en su artículo 47 el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, y en su artículo 48 la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Todo ello en desarrollo de los artículos 5 y 6 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, que estipulan la presunción de inocencia y el derecho de defensa.

La Ley Orgánica 5/2015 viene a transponer al Derecho español la Directiva europea 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales. Introduciendo diversas modificaciones en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para reforzar el derecho de defensa y la presunción de inocencia.

Uno de estos refuerzos es el relativo al art. 520 LECrim, que regula el derecho a la información de los detenidos o presos. Con la nueva modificación, el detenido tiene derecho a recibir la información del plazo máximo legal de duración de la detención hasta la puesta a disposición de la autoridad judicial, y del procedimiento por medio del cual puede impugnar la legalidad de su detención. Además, esta información debe facilitarse por escrito.

Así todo ello, el detenido debe ser informado por la autoridad policial del plazo máximo que le pueden tener detenido hasta que le tome declaración el juez, y tener por escrito dicho plazo. Así se evita la posibilidad de que se le pueda tener más tiempo del legal detenido. También debe tener por escrito cómo poder recurrir su detención, si la considera ilegal. En este punto, la reforma legal concede al detenido el derecho de acceso a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad

Además, las personas sordas o con discapacidad auditiva, u otra dificultad en el lenguaje, tendrán derecho a un intérprete gratuito.

hammer-311342__180De la misma manera, con la nueva reforma legal, al detenido se le debe facilitar la información sobre los hechos que se imputan, así como cualquier cambio relevante sobre los mismos debe realizarse “con el grado de detalle suficiente para permitir un ejercicio efectivo del derecho de defensa” (Art. 118 LECrim).

En resumen, las personas sospechosas o acusadas deben ser informadas suficientemente, no solo de manera superficial, de aquello que se les acusa, deben recibir por escrito el plazo máximo de detención policial, y tendrán que ser asistidas gratuitamente por un intérprete si  presentan alguna discapacidad auditiva o del lenguaje.

La Ley Orgánica 5/2015 al transponer la citada Directiva modifica también en la LECrim el artículo 302 (secreto de sumario), el artículo 505 (acceso del Abogado a los elementos de las actuaciones que resulten esenciales para impugnar la privación de libertad) y el artículo 775 (primera comparecencia del imputado). Todo ello para reforzar el derecho a la defensa del detenido, así como su presunción de inocencia.

Vía | El Derecho.com

Más Información | BOE   Otrosí.net  Sepin.es

Imágenes | Pixabay