La diferencia entre el hecho jurídico, el acto jurídico y el negocio jurídico

Tres de los conceptos fundamentales sobre los que se asienta el Derecho Civil son el hecho jurídico, el acto jurídico y el negocio jurídico. Se trata de hechos de la vida, actos de las personas o bien acuerdos entre varias personas a los cuáles el Derecho otorga efectos jurídicos.

Fue Savigny, jurista alemán del s. XIX y padre de la Escuela Histórica del Derecho, quién expuso por primera vez en su obra la teoría del hecho jurídico, siendo el acto y el negocio jurídico variantes del hecho jurídico.

El hecho jurídico.

Para Savigny el hecho jurídico es el acontecimiento del mundo exterior al cual el ordenamiento jurídico atribuye un efecto jurídico determinado: la adquisición, pérdida o modificación de un derecho.

Los hechos jurídicos pueden ser de muy diversa índole, pudiendo clasificarse principalmente en las siguientes categorías:

  • Por su contenido:
    1. Positivos: consistentes en un acontecimiento o suceso.
    2. Negativos: consistentes en la omisión de un suceso o acontecimiento.
  • Por sus efectos jurídicos:
    1. Constitutivos de un derecho.
    2. Modificativos de un derecho.
    3. Extintivos de un derecho.
  • Por su estructura:
    1. Simples: consistentes en un único suceso o acontecimiento.
    2. Complejos: cuando consisten en un conjunto de sucesos o acontecimientos.

Los hechos jurídicos suelen referirse a sucesos naturales o físicos, veamos unos ejemplos para entenderlo:

  • el paso del tiempo puede determinar la adquisición del derecho de propiedad sobre un inmueble a favor de su poseedor de buena fe. Es un hecho positivo (ha pasado el tiempo), y constitutivo (crea un derecho).
  • El paso del tiempo puede igualmente determinar la extinción de un derecho. Así sucede en la prescripción extintiva.
  • El nacimiento de un ser humano determina su consideración como sujeto de derechos.
  • Un terremoto o cualquier otra catástrofe natural puede determinar la activación de un protocolo jurídico público especial, como un estado de alarma.

El acto jurídico.

Si los hechos a los cuáles les otorga el Derecho efectos jurídicos suceden o tienen lugar no por la simple naturaleza, sino por la voluntad humana, a este tipo de hechos se les denomina actos jurídicos.

Se trata de actos realizados por una voluntad consciente y exteriorizada por parte de una persona. Por lo cual aquellos actos no realizados de forma consciente, como podría suceder en un niño o en un enfermo mental, no tienen trascendencia jurídica. Igualmente

Así por tanto estamos ante actos humanos a los que el Derecho reconoce efectos jurídicos, haciendo nacer, modificar o extinguir derechos y obligaciones.

La clasificación de los actos jurídicos a partir de estas premisas se divide entre aquellos que generan efectos positivos y aquellos que generan sanciones:

  • Actos ilícitos: en ellos lo que está legislado en el Derecho positivo es la sanción respecto de su comisión. Se dividen entre:
    1. Ilícito penal: sancionado como delito o falta por las normas de Derecho Penal.
    2. Ilícito civil: sancionado por las normas de Derecho Civil
    3. Ilícito administrativo: sancionado por las normas de Derecho Administrativo o derecho laboral.
  • Actos líticos: generan efectos constitutivos, modificativos o extintivos de obligaciones y derechos. Se dividen entre:
    1. Actos jurídicos en sentido estricto, que generan efectos “ex voluntae”, donde la declaración de voluntad libre y exteriormente expresada determina dichos efectos.
    2. Actos jurídicos “ex lege” donde el efecto concreto es el que determina la ley, independientemente de la voluntad del sujeto que realiza el acto. Diferenciándose a su vez entre:
      1. Actos asemejados a los negocios jurídicos, donde aunque el efecto es el determinado por la ley, la voluntad del sujeto que lo realiza busca voluntariamente dicho efecto. Como por ejemplo la adopción o el reconocimiento de un hijo.
      2. Actos reales, donde el acto busca por parte del sujeto que lo realiza un fin concreto pero el Derecho hace nacer de dicho acto efectos diferenciados. Por ejemplo en el hallazgo de un tesoro el sujeto por ejemplo busca realizar una obra en un inmueble, pero al encontrar el tesoro lo que está legislado es que se genere una propiedad para el Estado y un derecho a su favor de cobrar una indemnización.

El negocio jurídico.

Si los actos jurídicos lícitos “ex voluntae” se realizan por varias personas con la intención de crear, extinguir o regular relaciones que generan entre ellas derechos y obligaciones de forma recíproca, en el marco de lo establecido en el Derecho Positivo, estaríamos antes lo que se denomina negocio jurídico.

Según el tipo de relaciones que regulan podemos diferenciar entre:

  • Negocios patrimoniales, referidos a bienes muebles o inmuebles.
  • Negocios familiares o personales, como el matrimonio.

Según la finalidad podemos diferenciar entre:

  • Negocios gratuitos o de mera liberalidad.
  • Negocios onerosos.

Por su duración pueden ser:

  • De tracto único.
  • De tracto sucesivo.

Resumen.

Así por tanto, como vemos de forma incremental, los hechos que acaecen sin intervención de la voluntad humana pero a los que el Derecho reconoce efectos jurídicos se denominan hechos jurídicos. Mientras que los hechos que se producen por voluntad humana libremente expresada y a los que el Derecho reconoce efectos jurídicos se denominan actos jurídicos. Y finalmente cuando los actos se acuerdan entre varias personas para crear relaciones a las que el Derecho reconoce efectos jurídicos estaríamos antes negocios jurídicos.

A diferencia del hecho jurídico y del acto jurídico, el concepto de negocio jurídico no procede del Derecho romano, sino que se debe a la labor de los juristas del s. XVIII y posteriores, por la Escuela Histórica del Derecho como ya pusimos de relieve al inicio de este artículo.


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La Resolución y la Rescisión en nuestro Derecho Civil

La Resolución y la Rescisión son dos formas de finalización y extinción de los contratos, o negocios jurídicos en general, por ineficacia de los mismos. Dos formas distintas pero que en muchas ocasiones se confunden, en buena medida porque nuestro Código Civil (CC) no aclara adecuadamente la distinción entre las mismas. Ha sido la jurisprudencia del Tribunal Supremo la que ha ido definiéndolas.

RESCISIÓN.

La Rescisión supone la ineficacia sobrevenida de un negocio jurídico por lesionar los legítimos intereses de terceros, o constituir un fraude de acreedores. Es decir, no existe una ineficacia originaria, sino que el negocio jurídico se ha celebrado correcta y válidamente, conteniendo todos los elementos necesarios, pero su finalidad lesiona o perjudica los intereses de las partes o terceras personas.

Así, la rescisión supone como decimos una ineficacia sobrevenida, que obliga a la devolución de las cosas que fueron objeto de contrato, con sus frutos e intereses, suponiendo una ineficacia con efectos <<ex nunc>> desde el momento de su reconocimiento, y no puede perjudicar a terceros.

Puede hacerse valer como ya anticipamos por las partes o por terceros perjudicados por el negocio jurídico, todo aquél que sufra una lesión injusta por resultado del mismo.

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Un ejemplo típico de Rescisión es la del contrato en fraude de acreedores. Imaginemos que Juan mantiene una deuda de 100.000 € con Miguel, y siendo todo su patrimonio un terreno valorado en 150.000 € hace una donación del mismo en febrero a su hermano. Si la donación está correctamente formalizada en Notaría, se ha inscrito en el Registro de la Propiedad y ha pagado los impuestos que correspondan, el negocio jurídico es totalmente legítimo. Ahora pensemos que en marzo Miguel reclama el pago del préstamo, que vencía en dicha fecha, y Juan le dice que no puede pagarle porque no tiene dinero para ello, declarándose insolvente. Cuándo Miguel lo demanda por incumplimiento descubre que Juan no tiene patrimonio a su nombre con el cuál responder de la deuda, pero sin embargo un mes antes del vencimiento del contrato de préstamo Juan donó a su hermano un bien inmueble por un valor superior, es decir, se deshizo del patrimonio con que podría haber respondido de la deuda. Aquí Miguel podrá por tanto solicitar la Rescisión de dicha Donación, que claramente perjudicó su derecho de cobro, y que encaja en el supuesto del punto 3 del art. 1290 CC a cuyo tenor “son rescindibles los contratos celebrados en fraude de acreedores, cuándo éstos no puedan de otro modo cobrar lo que se les deba”.

La acción de rescisión tiene carácter subsidiario, solo puede ejercerse cuándo no cabe otra manera de reparar el perjuicio. Y está sujeta a un plazo de caducidad de 4 años (art. 1299 CC).

RESOLUCIÓN.

La resolución es la facultad que asiste a una de las partes del contrato para resolver o dar por terminado el mismo, ante el incumplimiento de la otra parte. Corresponde su ejercicio al contratante cumplidor frente al incumplidor.

En el caso de la resolución, nos encontramos también ante un negocio jurídico que nació y se perfeccionó con total validez, pero que deviene ineficaz por el incumplimiento de sus obligaciones por una de las partes, denunciado por la parte cumplidora.

Dicho incumplimiento puede especificarse contractualmente, muchos contratos incluyen en su clausulado los supuestos en los que una de las partes puede solicitar la rescisión (por ejemplo, por la falta de los pagos establecidos, o pasado un término o plazo de tiempo concreto). Aunque en general el simple incumplimiento legitima a la otra parte para resolver el contrato.

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Frente a la rescisión, que como dijimos produce efectos desde su declaración, la resolución rompe el negocio jurídico con efectos desde el inicio de la relación obligacional, por lo que cada parte debe reintegrar o restituir a la otra todo lo recibido en virtud de dicha obligación. Si bien en el caso de una relación obligatoria de carácter continuado en el tiempo y parcialmente consumada los efectos son solo desde su declaración (STS 691/1998).

Si en la rescisión la acción la podía ejercer cualquier persona perjudicada, en la resolución solo están legitimados para ejercer la acción las partes cumplidoras del contrato.

Y en contra de lo que sucedía en la acción de rescisión, de carácter subsidiario, la acción resolutoria es de carácter principal.

La Resolución está sujeta a un plazo de prescripción de 15 años desde que se produce el incumplimiento.

Un ejemplo típico de resolución es el de la compañía de telefonía móvil que indica en su clausulado que tendrá la facultad de resolver el contrato, cortando el servicio de voz y datos, por impago por parte del usuario de la cuota mensual o recibo correspondiente.

CONCLUSIÓN

Mientras que en el caso de la Resolución nos encontramos con una medida destinada a finalizar un negocio jurídico válidamente celebrado pero que daña los intereses de terceras personas, en el caso de la Rescisión tenemos una medida de finalización de un contrato que también goza de total validez, pero donde existe un incumplimiento de una de las partes, alegado para dicha finalización por la otra parte contratante.

Vía | Blog Sepin

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