Los órganos del concurso de acreedores

Cuando un deudor deviene insolvente y se ve incapaz de atender las distintas deudas que mantiene con sus acreedores, nuestra legislación prevé el concurso de acreedores como proceso de gestión ordenada y liquidación en su caso del patrimonio del deudor, a fin de asegurar en la medida de lo posible el pago de los distintos créditos concursales y créditos contra la masa concursal.

Dentro de la organización del concurso de acreedores, se hace necesario entender correctamente qué papel juegan cada uno de los órganos que intervienen para comprender de forma global el funcionamiento del concurso.

  1. El juez del concurso.

La competencia corresponde al juez de lo Mercantil en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales, es decir, allí donde ejerza de forma habitual y reconocible por terceros la administración de dichos intereses. Si el deudor tuviese en España su domicilio y el lugar de éste no coincidiese con el centro de sus intereses principales, será también competente, a elección del acreedor solicitante, el juez de lo mercantil en cuyo territorio radique aquél.

El juez del concurso tiene amplia jurisdicción sobre todas las acciones civiles con trascendencia patrimonial (pero no las relativas a capacidad, filiación, matrimonio y menores); sobre las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectiva de los contratos de trabajo, asi como de alta dirección (excepto en las relativas a las relaciones laborales individuales); y todas las ejecuciones contra el patrimonio del deudor y medidas cautelares. Se extiende también a todas las cuestiones prejudiciales administrativas o sociales directamente relacionadas con el concurso.

 Respecto de la resolución judicial declarando el concurso:

  • En caso de que la solicitud haya sido presentada por el deudor, es decir, en caso de concurso voluntario, el juez dicta auto declarando el concurso si considera acreditada alguna de las causas de insolvencia.
  • En caso de que la solicitud haya sido presentada por el deudor, es decir, en el caso de concurso necesario, el juez dicta auto declarando el concurso previa audiencia del deudor y con un período de presentación de las pruebas contempladas en la Ley Concursal al efecto.

Dicho auto de declaración de concurso indicará en todo caso el carácter voluntario o necesario del concurso, los efectos sobre las facultades de administración y disposición del deudor, las medidas cautelares que se consideren necesarias, un llamamiento a los distintos acreedores para que indiquen a la administración concursal sus respectivos créditos (plazo de 1 mes)

  1. La administración concursal.

Una vez sea declarado el concurso por Auto judicial, el juez ordena formar la administración concursal del concurso, formada por :

  • Un abogado en ejercicio con al menos 5 años de ejercicio efectivo.
  • Un economista (auditor de cuentas, economista o titulado mercantil colegiado) con la misma experiencia-
  • Un acreedor que sea titular de un crédito ordinario o privilegio general que no esté garantizado.

En el procedimiento abreviado el juez podrá nombrar a un solo administrador que será de carácter profesional.

La administración concursal es la encargada de administrar diligentemente la masa concursal en caso de que el deudor sea inhabilitado para administrar y gestionar el patrimonio, así como de supervisar la actividad del deudor en caso de que no se le inhabilite. Todo ello a fin de garantizar con la masa concursal los legítimos intereses de cobro de los acreedores.

La administración concursal redactará el informe para determinar la masa concursal, con el inventario de la masa activa, la lista de acreedores y la evaluación de las propuestas de convenio que se hayan presentado.

Cobrará una retribución con cargo a la masa del concurso, que se fijará de acuerdo con un arancel legal por auto del juez del concurso que tendrá en cuenta la cuantía del pasivo y la complejidad del concurso.

 

  1. Junta de Acreedores.

Se constituye únicamente en la fase de convenio cuando no se haya aprobado mediante el sistema de adhesiones escritas una propuesta anticipada.

Este órgano, formado por los distintos acreedores, tenía mayor importancia en la legislación anterior, y tenía como finalidad la discusión y votación de las proposiciones de convenio que le fueran presentadas, y lo acordado por la junta se imponía a todos los acreedores. Pero dado que existían numerosos fraudes en la práctica, la nueva Ley Concursal simplificó los órganos del concurso y dejó como residual esta Junta.

  1. Ministerio Fiscal.

Se limita a la calificación del concurso, cuando proceda su apertura. Y sin perjuicio de su actuación en caso de existir indicios de delito contra al patrimonio o el orden socioeconómico que se pongan de manifiesto en estados de insolvencia de algún presunto responsable penal.


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La masa concursal

El gran objetivo del concurso de acreedores es la administración y liquidación ordenada del patrimonio del deudor que se ha declarado insolvente, a fin de garantizar en la medida de lo posible los legítimos intereses de los deudores.

Por ello resulta de capital importancia la determinación de la masa concursal, que estará formada por:

  • Masa activa del concurso: patrimonio susceptible de ejecución concursal, comprenderá los bienes y derechos del deudor.
  • Masa pasiva del concurso: se compone por las obligaciones de pago del deudor a sus distintos acreedores (créditos) susceptibles de incluirse en el concurso (créditos concursales).

Así por tanto podemos definir la masa concursal como el conjunto de bienes y derechos del concursado que servirán para atender las obligaciones pendientes de pago que constituyan los créditos concursales.

De acuerdo con los artículos 74 y siguientes de la Ley Concursal, la administración concursal es la encargada de realizar un informe para determinar con la mayor exactitud dicha masa concursal. Es decir, elaboran un inventario, o mejor dicho un balance con los activos y pasivos que formarán dicha masa concursal. Tienen para ello un plazo de 2 meses.

  1. La masa activa del concurso.

Se trata del conjunto dinámico de activos del deudor concursado, dado que será la suma de los bienes y derechos del patrimonio del deudor a la fecha de la declaración del concurso, más aquellos otros que se reintegren al mismo posteriormente, más los que se adquieran hasta la conclusión del procedimiento.

Quedarán excluidos de la masa activa:

  • los bienes legalmente inembargables, regulados en los arts. 605 y 606 LEC.
  • los buques y aeronaves sobre los que recaigan créditos privilegiados, dado que los acreedores privilegiados podrán ejecutarlos separados de la masa.

En el caso del concursado persona física casado es importante destacar que:

  • Si su sociedad conyugal se regula por el régimen de gananciales, se integran en la masa los bienes privativos, así como los bienes gananciales cuando deban responder de las obligaciones del concursado.
  • Si su sociedad conyugal se regula por el régimen de separación de bienes, se integrarán en la masa activa los bienes propios del cónyuge concursado. Y, de acuerdo con la presunción muciana, se deberán añadir las adquisiciones del cónyuge según el siguiente régimen de “praesumptio iuris tantum” (presunciones contra las que cabe prueba en contra):
    • Se presumirá en beneficio de la masa que el cónyuge concursado donó al otro cónyuge la contraprestación para la adquisición de bienes a título oneroso siempre y cuando esa contraprestación provenga del patrimonio del concursado
    • Si no queda suficientemente acreditado que la procedencia de esa contraprestación provenga del patrimonio del concursado, se presumirá que la mitad de ella fue donada por el concursado siempre que la adquisición de los bienes se haya realizado en el año anterior a la declaración del concurso.

En el caso de que existan saldos en cuentas bancarias de titularidad indistinta, éstos se integran en la masa, salvo prueba en contra del cotitular de la cuenta que demuestre la propiedad a su favor del saldo, ya sea de manera total o parcial.

En el caso de los bienes de propiedad ajena que se encuentren en poder del concursado en el momento de declaración del concurso, y sobre los cuales éste no tenga derecho de uso, garantía o retención, deben ser restituidos a sus legítimos titulares, a solicitud de éstos.

Además podrán añadirse a la masa activa aquellos bienes que se reintegren al patrimonio del deudor concursado en base a las acciones rescisorias. Así, según el artículo 71 de la Ley Concursal son rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración, incluso aunque no hubiere existido intención fraudulenta.

 

  1. La masa pasiva del concurso.

Está constituida por todos los créditos contra el deudor que no tengan la consideración de créditos contra la masa, son los créditos concursales. Es decir, se hace necesario diferenciar aquí dos conceptos:

  • Créditos de la masa concursal: son aquellas deudas del concursado al momento de la declaración de concurso.
    • Corresponderá a la administración concursal determinar la inclusión o exclusión en la lista de acreedores de los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento.
    • Esta decisión se adoptará respecto de cada uno de los créditos, tanto de los que se hayan comunicado expresamente como de los que resultaren de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón constaren en el concurso.
    • Se incluirán necesariamente en la lista de acreedores:
      • aquellos créditos que hayan sido reconocidos por laudo o por resolución procesal, aunque no fueran firmes,
      • los que consten en documento con fuerza ejecutiva,
      • los reconocidos por certificación administrativa,
      • los asegurados con garantía real inscrita en registro público,
      • y los créditos de los trabajadores cuya existencia y cuantía resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón consten en el concurso.
  • Créditos contra la masa concursal: Estos créditos no integran la masa pasiva del concurso, vienen enumerados en el punto 2 del art. 84 de la Ley Concursal, y son en general los gastos originados con motivo del concurso, así como las deudas que se originan por la continuidad de la actividad del concursado: contratos laborales, suministros, pago de créditos bancarios, indemnizaciones laborales, alimentos del deudor a sus familiares, los de los contratos con obligaciones pendientes o recíprocas, etc..

Los créditos de la masa concursal o créditos concursales se dividen en tres categorías:

  1. Créditos con privilegio especial: los garantizados con hipoteca o prenda sin desplazamiento, anticresis, los refaccionarios sobre los bienes reparados, los relativos a cuotas por arrendamiento financiero o plazos de compraventa, créditos con garantía de valores representados por anotaciones en cuenta, los garantizados con prenda constituida en documento público sobre los bienes pignorados.

 

  1. Créditos con privilegio general: los créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía del triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendiente; los de retenciones tributarias y de la Seguridad Social; los derivados del trabajo personal no dependiente; los créditos tributarios y demás de Derecho Público; los derivados de responsabilidad civil extracontractual; Y los créditos del acreedor a instancias del cual se hubiere declarado concurso necesario y que no tuvieren el carácter de subordinados, hasta el cincuenta por ciento de su importe.

 

  1. Créditos ordinarios: Son los créditos no incluidos en los dos puntos anteriores, siempre que no estén subordinados.

 

  1. Créditos subordinados: Son los créditos subordinados a todos los anteriores:
    1. Los créditos comunicados tardíamente a la administración concursal.
    2. Los créditos subordinados por pacto contractual (postergación de rango, como en el caso de la deuda subordinada o deuda junior).
    3. Los créditos por intereses, excepto hipotecarios y pignoraticios.
    4. Los créditos relativos a multas y sanciones pecuniarias.
    5. Los créditos de los que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionada con el deudor.
    6. Los créditos que como consecuencia de la rescisión concursal resulten a favor de persona que haya sido declarada parte de mala fe en el acto impugnado.

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Efectos del Concurso para los Acreedores

Si somos acreedores de un deudor que resulta insolvente, es decir, que no puede cumplir con sus obligaciones por incapacidad financiera, podremos solicitar judicialmente la declaración de concurso de acreedores, a fin de instar una liquidación ordenada de su patrimonio para cobrar lo que nos adeuda. Incluso puede ser que el deudor por sí mismo solicite dicha declaración judicial de concurso al verse incapaz de atender a sus acreedores.

Y como acreedores debemos entender correctamente los efectos que para nosotros tiene dicha declaración de concurso de acreedores.

  1. Integración de la masa pasiva:

El primer efecto es el de que todos los acreedores del deudor, ordinarios o no, y sea cual sea su nacionalidad o domicilio social, quedarán integrados en la masa pasiva del concurso.

  1. Efecto sobre las acciones judiciales individuales:

De lo atedicho se deriva que se quedan paralizadas las acciones individuales del acreedor, en concreto las acciones ejecutivas (por ejemplo la derivada de un auto de ejecución derivado de un proceso cambiario) incluidos los apremios administrativos o tributarios (que quedarán en suspenso si estuvieran en tramitación).

  • Los acreedores con garantía real sobre los bienes del concursado afectos a su actividad empresarial no podrán iniciar la ejecución hasta que:
    • Se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho.
    • O bien transcurra 1 año desde la declaración de concurso sin que se haya producido la apertura de la liquidación. Si ya estuvieren iniciadas se suspenderán también (salvo que ya estuviere anunciada la subasta).
  • La administración concursal podrá atender el pago de los créditos con garantía real con cargo a la masa, liberando así los bienes o derechos hipotecados o pignorados.

Esto no afecta a las acciones declarativas de orden civil o social en tramitación, que continúan hasta la firmeza de la sentencia, ni a las de naturaleza contencioso administrativa o penal, incluso si se ejercitan con posterioridad a la declaración de concurso:

  • En caso de que tras la declaración de concurso el deudor conserve sus facultades de disposición y administración, podrá actuar en juicio con autorización de la administración concursal.
  • En caso de suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor, le sustituirán los administradores concursales en los procedimientos judiciales en trámite, si bien requerirán de autorización judicial para desistir o allanarse o transigir, aunque en aras a la legítima defensa el deudor pueda mantener su representación y defensa separada.

Así por tanto, como vemos, las acciones que conllevan una ejecución directa sobre el patrimonio quedarán en suspenso, para no afectar a la masa patrimonial del concursado en detrimento del resto de deudores, mientras que no afecta esta suspensión a las acciones declarativas, o bien a las acciones penales o administrativas.

  1. Efectos sobre los créditos.

La declaración de concurso tiene tres importantes efectos sobre los derechos de crédito que se ostentasen frente al deudor concursado:

  • No procederá la compensación de los créditos y deudas del concursado a partir de la declaración de concurso.
  • Se interrumpe el devengo de intereses, legales o convencionales, salvo los correspondientes a los créditos con garantía real, que serán exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía.
  • Se interrumpe la prescripción de las acciones contra el deudor por los créditos anteriores a la declaración, así como de las acciones contra socios y contra los administradores, liquidadores, o auditores de la sociedad.
  1. Efectos sobre los contratos.

Como regla general, el concurso no afecta a la vigencia de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento:

  • en los contratos con obligaciones recíprocas, si una parte ha cumplido y la otra no, el crédito o la deuda que corresponda al deudor común se incluye en la masa activa o pasiva del concurso.
  • Las obligaciones pendientes de cumplimiento se seguirán cumpliendo, salvo que la admón. concursal, en caso de suspensión, o el concursado, en caso de intervención, soliciten la resolución del contrato, que el juez aprobará, si hay conformidad entre las partes o resolverá mediante incidente concursal.

En línea con ésto, las posibles cláusulas contractuales que establezcan la facultad de resolución o extinción del contrato por la sola declaración de concurso se tendrán por no puestas.

Respecto de los contratos de crédito o compra con pago aplazado, la administración concursal podrá rehabilitar aquellos cuyo vencimiento anticipado o resolución por impago se haya producido en los 3 meses anteriores a la declaración de concurso, siempre que el tercero contratante no se oponga y se haya iniciado el ejercicio de las acciones antes de la declaración concursal.

Respecto de los contratos de arrendamiento, la administración concursal podrá enervar la acción de desahucio ejercitada contra el deudor arrendatario antes de la declaración de concurso y rehabilitar la vigencia del contrato de arrendamiento, hasta el momento de practicarse el efectivo lanzamiento.

Respecto de los contratos laborales:

  • Los trabajadores no tendrán derecho a la rescisión del contrato con indemnización, salvo que comporten movilidad geográfica fuera de la Comunidad Autónoma, por un período máximo de 12 meses.
  • Los expedientes de modificación, suspensión o extinción colectiva, se tramitan ante el juez del concurso y podrán ser solicitados al juez por la administración concursal, por el deudor, o por los representantes de los trabajadores, intentando llegar a un acuerdo en un período de consultas previas no superior a 30 días o 15 en las empresas con menos de 50 trabajadores.

Se mantiene no obstante la competencia a favor de los tribunales de lo social en materia de relaciones laborales individuales.


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