Efectos del Concurso para los Acreedores

Si somos acreedores de un deudor que resulta insolvente, es decir, que no puede cumplir con sus obligaciones por incapacidad financiera, podremos solicitar judicialmente la declaración de concurso de acreedores, a fin de instar una liquidación ordenada de su patrimonio para cobrar lo que nos adeuda. Incluso puede ser que el deudor por sí mismo solicite dicha declaración judicial de concurso al verse incapaz de atender a sus acreedores.

Y como acreedores debemos entender correctamente los efectos que para nosotros tiene dicha declaración de concurso de acreedores.

  1. Integración de la masa pasiva:

El primer efecto es el de que todos los acreedores del deudor, ordinarios o no, y sea cual sea su nacionalidad o domicilio social, quedarán integrados en la masa pasiva del concurso.

  1. Efecto sobre las acciones judiciales individuales:

De lo atedicho se deriva que se quedan paralizadas las acciones individuales del acreedor, en concreto las acciones ejecutivas (por ejemplo la derivada de un auto de ejecución derivado de un proceso cambiario) incluidos los apremios administrativos o tributarios (que quedarán en suspenso si estuvieran en tramitación).

  • Los acreedores con garantía real sobre los bienes del concursado afectos a su actividad empresarial no podrán iniciar la ejecución hasta que:
    • Se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho.
    • O bien transcurra 1 año desde la declaración de concurso sin que se haya producido la apertura de la liquidación. Si ya estuvieren iniciadas se suspenderán también (salvo que ya estuviere anunciada la subasta).
  • La administración concursal podrá atender el pago de los créditos con garantía real con cargo a la masa, liberando así los bienes o derechos hipotecados o pignorados.

Esto no afecta a las acciones declarativas de orden civil o social en tramitación, que continúan hasta la firmeza de la sentencia, ni a las de naturaleza contencioso administrativa o penal, incluso si se ejercitan con posterioridad a la declaración de concurso:

  • En caso de que tras la declaración de concurso el deudor conserve sus facultades de disposición y administración, podrá actuar en juicio con autorización de la administración concursal.
  • En caso de suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor, le sustituirán los administradores concursales en los procedimientos judiciales en trámite, si bien requerirán de autorización judicial para desistir o allanarse o transigir, aunque en aras a la legítima defensa el deudor pueda mantener su representación y defensa separada.

Así por tanto, como vemos, las acciones que conllevan una ejecución directa sobre el patrimonio quedarán en suspenso, para no afectar a la masa patrimonial del concursado en detrimento del resto de deudores, mientras que no afecta esta suspensión a las acciones declarativas, o bien a las acciones penales o administrativas.

  1. Efectos sobre los créditos.

La declaración de concurso tiene tres importantes efectos sobre los derechos de crédito que se ostentasen frente al deudor concursado:

  • No procederá la compensación de los créditos y deudas del concursado a partir de la declaración de concurso.
  • Se interrumpe el devengo de intereses, legales o convencionales, salvo los correspondientes a los créditos con garantía real, que serán exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía.
  • Se interrumpe la prescripción de las acciones contra el deudor por los créditos anteriores a la declaración, así como de las acciones contra socios y contra los administradores, liquidadores, o auditores de la sociedad.
  1. Efectos sobre los contratos.

Como regla general, el concurso no afecta a la vigencia de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento:

  • en los contratos con obligaciones recíprocas, si una parte ha cumplido y la otra no, el crédito o la deuda que corresponda al deudor común se incluye en la masa activa o pasiva del concurso.
  • Las obligaciones pendientes de cumplimiento se seguirán cumpliendo, salvo que la admón. concursal, en caso de suspensión, o el concursado, en caso de intervención, soliciten la resolución del contrato, que el juez aprobará, si hay conformidad entre las partes o resolverá mediante incidente concursal.

En línea con ésto, las posibles cláusulas contractuales que establezcan la facultad de resolución o extinción del contrato por la sola declaración de concurso se tendrán por no puestas.

Respecto de los contratos de crédito o compra con pago aplazado, la administración concursal podrá rehabilitar aquellos cuyo vencimiento anticipado o resolución por impago se haya producido en los 3 meses anteriores a la declaración de concurso, siempre que el tercero contratante no se oponga y se haya iniciado el ejercicio de las acciones antes de la declaración concursal.

Respecto de los contratos de arrendamiento, la administración concursal podrá enervar la acción de desahucio ejercitada contra el deudor arrendatario antes de la declaración de concurso y rehabilitar la vigencia del contrato de arrendamiento, hasta el momento de practicarse el efectivo lanzamiento.

Respecto de los contratos laborales:

  • Los trabajadores no tendrán derecho a la rescisión del contrato con indemnización, salvo que comporten movilidad geográfica fuera de la Comunidad Autónoma, por un período máximo de 12 meses.
  • Los expedientes de modificación, suspensión o extinción colectiva, se tramitan ante el juez del concurso y podrán ser solicitados al juez por la administración concursal, por el deudor, o por los representantes de los trabajadores, intentando llegar a un acuerdo en un período de consultas previas no superior a 30 días o 15 en las empresas con menos de 50 trabajadores.

Se mantiene no obstante la competencia a favor de los tribunales de lo social en materia de relaciones laborales individuales.


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La nueva Ley de Coordinación entre Registro y Catastro

La propiedad es una de las instituciones jurídicas más importantes de nuestro Estado de Derecho, base de nuestro sistema económico y legal.

Como derecho real permite al propietario el pleno dominio de un bien, con su total uso y disfrute, y con las únicas limitaciones de la Ley o de los legítimos derechos de terceras personas.

Para la defensa del derecho de propiedad inmobiliaria, existen dos registros distintos en España:

  1. El Registro de la Propiedad, que registra los títulos jurídicos de propiedad sobre los inmuebles.
  2. El Catastro, que registra la descripción física del territorio, delimitando gráficamente los bienes inmuebles rústicos y urbanos.

Como vemos, son institutos diferenciados, uno centrado en los aspectos jurídicos de la propiedad inmobiliaria, y el otro centrado en los aspectos cartográficos, pero ambos con un objeto común, la realidad física del inmueble.

catastro1Estos dos registros son independientes, y su llevanza corresponde a distintos órganos del Estado, por lo que es frecuente que lo descrito en uno de ellos no se corresponda con lo que en el otro consta. En las últimas décadas se han introducido diversas medidas de cara a su coordinación, y el año pasado se publicó la ley 13/2015, de 24 de junio, que modifica la Ley Hipotecaria y el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, con el firme objetivo de conseguir la plena coordinación de los datos del Registro de la Propiedad y del Catastro Inmobiliario.

Para el Registro de la Propiedad es necesario conocer el terreno físico exacto sobre el que se proyectan los derechos reales, y para el Catastro es importante conocer las modificaciones registrales de derechos y obligaciones que tienen lugar sobre los bienes físicos, por lo que la nueva legislación viene a establecer un procedimiento jurídico flexible con las suficientes garantías para el  continuo de intercambio de información entre ambas instituciones registrales.

Con carácter general se utilizará la descripción gráfica del catastro, creándose un modelo de concordancia entre la descripción literaria y gráfica de las fincas inscritas, que permite una declaración expresa en los asientos del Registro de la Propiedad de estar la finca de que se trate coordinada gráficamente con el Catastro, lo que refuerza la seguridad de las transacciones jurídicas. Este es un gran avance de la nueva legislación.

Con la nueva Ley  se desplaza del Juzgado a los notarios y registradores la tramitación y decisión de los expedientes de dominio relativos a todas las fincas inscribibles según la Ley Hipotecaria. Así, los procedimientos de concordancia entre el Registro de la Propiedad y la realidad extrarregistral, sea esta física o jurídica, se tramitaran ante Notarios y Registradores, sin necesidad de acudir al Juzgado.

El artículo 198 de la Ley Hipotecaria tras su modificación por la Ley 13/2015 enumera los siguientes procedimientos  para la concordancia entre el Registro de la Propiedad y la realidad física y jurídica extrarregistral:

1.º La inscripción de la representación gráfica georreferenciada de la finca y su coordinación con el Catastro. Se tramita ante el Registrador de la Propiedad. (art. 199 LH)

2.º El deslinde registral de la finca. Se tramita ante el Notario correspondiente al Distrito Notarial de la finca. (art. 200 LH)

3.º La rectificación de su descripción. Se tramita ante el Notario correspondiente al Distrito Notarial de la finca. (art. 201 LH)

4.º La inscripción de plantaciones, edificaciones, instalaciones y otras mejoras incorporadas a la finca. Se tramita ante el Registrador de la Propiedad. (art. 202 LH)

5.º La inmatriculación de fincas que no estén inscritas a favor de persona alguna. Se tramita ante el Notario correspondiente al Distrito Notarial de la finca. (art. 203 LH)

6.º Las operaciones registrales sobre bienes de las Administraciones Públicas, en virtud de certificación administrativa. Se tramita ante el Registrador de la Propiedad. (art. 204 LH)

7.º El expediente de reanudación del tracto sucesivo interrumpido. Se tramita ante el Registrador de la Propiedad (arts. 205 a 208 LH).

8° El procedimiento de subsanación de la doble o múltiple inmatriculación. Se tramita ante el Registrador de la Propiedad (art. 209 LH)

9.º El expediente de liberación registral de cargas o gravámenes extinguidos por prescripción, caducidad o no uso. Se tramita ante el Registrador de la Propiedad (art. 210 LH)

Todos estos procedimientos facilitan al ciudadano el ejercicio de sus derechos de propiedad, al no tener que acudir a la vía judicial, más lenta y costosa, para que se ajuste la realidad del Catastro y del Registro a la realidad física del inmueble, o jurídica de los derechos reales que recaen sobre el mismo.

Imágenes | Blog IDEE Pixabay

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