¿Se puede usar WhatsApp como medio de prueba en un juicio?

Uno de los principales medios de comunicación de nuestra sociedad moderna es el WhatsApp, con más de 600 millones de usuarios activos en todo el mundo. Y con una especial importancia en nuestro país, donde con más de 11 millones de usuarios activos su uso está mucho más extendido que cualquier otra aplicación de mensajería móvil (a diferencia de otros países donde tienen mayor cuota de mercado aplicaciones como Line, Messenger, Viber, Snapchat o Wechat).

Por lo tanto y como reflejo de esta importancia social, muchas veces surge la cuestión de si una conversación de WhatsApp puede ser aportada como prueba en un juicio.

La respuesta es que sí, que los mensajes de WhatsApp se pueden proponer como prueba en un proceso judicial. El artículo 299 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil prevé la aceptación de los medios de prueba electrónico. Estos medios electrónicos son medios de reproducción de la palabra, la imagen y el sonido.

Equivaldría por tanto a presentar como prueba la grabación de una conversación telefónica, la grabación de una cámara de vídeo, o bien un mensaje de correo electrónico. A lo que cabe añadir que en estos medios de prueba tendremos siempre dos componentes: el soporte material (en el caso del WhatsApp es el teléfono móvil o la Tablet) y la propia información que contiene el soporte.

Como todo medio de prueba, la presentación de una conversación de WhatsApp (que puede contener texto, imagen y sonido) tendrá que cumplir los requisitos exigidos por la Ley para la válida admisión de las pruebas:

  • Debe de haberse obtenido de forma lícita, respetando los derechos o libertades fundamentales.
  • Se debe haber preservado la cadena de custodia en la obtención y conservación de la prueba.

De ambos puntos se derivan las siguientes consecuencias:

  • Para aceptarse como medio de prueba la conversación de WhatsApp no se pueden haber vulnerad0:
    • el derecho fundamental a la intimidad
    • El derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.
  • Igualmente para su válida admisión como prueba se debe poder acreditar la autenticidad de su origen y la integridad del contenido desde su obtención hasta el momento de su presentación en el juicio.

Respeto del primer punto, referente al derecho a la intimidad en la obtención de la prueba y al derecho al secreto de las comunicaciones, la jurisprudencia nos indica que la grabación de una conversación que tiene lugar entre dos personas y que uno de los intervinientes desea conservar a fin de tener constancia fidedigna de lo tratado entre ambos, no supone una invasión de la intimidad.

Sin embargo, en el segundo punto referente a la autenticidad e integridad, encontramos el gran problema para considerar como prueba válida una conversación de WhatsApp.

Y es que resulta imposible demostrar la autenticidad e integridad debido a vulnerabilidades de seguridad de la propia aplicación, que imposibilitan acreditar la cadena de custodia.  Dado que Whatsapp guarda los datos en una base de datos dentro del propio dispositivo móvil, por lo cual cualquiera podría acceder a la misma como usuario administrador y alterar o editar la conversación sin dejar rastro.  

Esto por ejemplo no sucede en los mensajes de email, dado que se almacenan encriptados en un servidor externo y ajeno a los terminales de los usuarios, lo cual permite que su validez como prueba inalterable ostente un mayor grado.

Pero a pesar de que el mensaje de Whatsapp se envía cifrado de un terminal al servidor de la compañía, y del servidor de nuevo se envía cifrado al otro terminal, lo cierto es que no se queda almacenado en los servidores, sino que tras su emisión se borra y queda solo almacenado en el propio terminal.

Por todo ello, una de las partes en un juicio puede proponer como medio de prueba una conversación de WhatsApp, pero la otra parte podrá impugnar la misma principalmente en base a la debilidad señalada respecto de su autenticidad e integridad.


* Más información| Xataka  Expansion
* Imagen|Pixabay

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Léame mis derechos. La nueva Ley Orgánica 5/2015.

En nuestro sistema jurídico, todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. La persona a la que se le atribuya la comisión de un delito es inocente hasta que no se demuestre suficientemente y de manera indubitada su culpabilidad en un juicio justo y con las suficientes garantías. Estas garantías incluyen el derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, y a no confesarse culpables.

derecho5El artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias a su defensa.” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 10 de diciembre de 1948).  En nuestra Constitución Española se consagra el principio de la presunción de inocencia en el artículo 24. Y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea regula en su artículo 47 el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, y en su artículo 48 la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Todo ello en desarrollo de los artículos 5 y 6 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, que estipulan la presunción de inocencia y el derecho de defensa.

La Ley Orgánica 5/2015 viene a transponer al Derecho español la Directiva europea 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales. Introduciendo diversas modificaciones en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para reforzar el derecho de defensa y la presunción de inocencia.

Uno de estos refuerzos es el relativo al art. 520 LECrim, que regula el derecho a la información de los detenidos o presos. Con la nueva modificación, el detenido tiene derecho a recibir la información del plazo máximo legal de duración de la detención hasta la puesta a disposición de la autoridad judicial, y del procedimiento por medio del cual puede impugnar la legalidad de su detención. Además, esta información debe facilitarse por escrito.

Así todo ello, el detenido debe ser informado por la autoridad policial del plazo máximo que le pueden tener detenido hasta que le tome declaración el juez, y tener por escrito dicho plazo. Así se evita la posibilidad de que se le pueda tener más tiempo del legal detenido. También debe tener por escrito cómo poder recurrir su detención, si la considera ilegal. En este punto, la reforma legal concede al detenido el derecho de acceso a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad

Además, las personas sordas o con discapacidad auditiva, u otra dificultad en el lenguaje, tendrán derecho a un intérprete gratuito.

hammer-311342__180De la misma manera, con la nueva reforma legal, al detenido se le debe facilitar la información sobre los hechos que se imputan, así como cualquier cambio relevante sobre los mismos debe realizarse “con el grado de detalle suficiente para permitir un ejercicio efectivo del derecho de defensa” (Art. 118 LECrim).

En resumen, las personas sospechosas o acusadas deben ser informadas suficientemente, no solo de manera superficial, de aquello que se les acusa, deben recibir por escrito el plazo máximo de detención policial, y tendrán que ser asistidas gratuitamente por un intérprete si  presentan alguna discapacidad auditiva o del lenguaje.

La Ley Orgánica 5/2015 al transponer la citada Directiva modifica también en la LECrim el artículo 302 (secreto de sumario), el artículo 505 (acceso del Abogado a los elementos de las actuaciones que resulten esenciales para impugnar la privación de libertad) y el artículo 775 (primera comparecencia del imputado). Todo ello para reforzar el derecho a la defensa del detenido, así como su presunción de inocencia.

Vía | El Derecho.com

Más Información | BOE   Otrosí.net  Sepin.es

Imágenes | Pixabay