¿Se puede usar WhatsApp como medio de prueba en un juicio?

Uno de los principales medios de comunicación de nuestra sociedad moderna es el WhatsApp, con más de 600 millones de usuarios activos en todo el mundo. Y con una especial importancia en nuestro país, donde con más de 11 millones de usuarios activos su uso está mucho más extendido que cualquier otra aplicación de mensajería móvil (a diferencia de otros países donde tienen mayor cuota de mercado aplicaciones como Line, Messenger, Viber, Snapchat o Wechat).

Por lo tanto y como reflejo de esta importancia social, muchas veces surge la cuestión de si una conversación de WhatsApp puede ser aportada como prueba en un juicio.

La respuesta es que sí, que los mensajes de WhatsApp se pueden proponer como prueba en un proceso judicial. El artículo 299 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil prevé la aceptación de los medios de prueba electrónico. Estos medios electrónicos son medios de reproducción de la palabra, la imagen y el sonido.

Equivaldría por tanto a presentar como prueba la grabación de una conversación telefónica, la grabación de una cámara de vídeo, o bien un mensaje de correo electrónico. A lo que cabe añadir que en estos medios de prueba tendremos siempre dos componentes: el soporte material (en el caso del WhatsApp es el teléfono móvil o la Tablet) y la propia información que contiene el soporte.

Como todo medio de prueba, la presentación de una conversación de WhatsApp (que puede contener texto, imagen y sonido) tendrá que cumplir los requisitos exigidos por la Ley para la válida admisión de las pruebas:

  • Debe de haberse obtenido de forma lícita, respetando los derechos o libertades fundamentales.
  • Se debe haber preservado la cadena de custodia en la obtención y conservación de la prueba.

De ambos puntos se derivan las siguientes consecuencias:

  • Para aceptarse como medio de prueba la conversación de WhatsApp no se pueden haber vulnerad0:
    • el derecho fundamental a la intimidad
    • El derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.
  • Igualmente para su válida admisión como prueba se debe poder acreditar la autenticidad de su origen y la integridad del contenido desde su obtención hasta el momento de su presentación en el juicio.

Respeto del primer punto, referente al derecho a la intimidad en la obtención de la prueba y al derecho al secreto de las comunicaciones, la jurisprudencia nos indica que la grabación de una conversación que tiene lugar entre dos personas y que uno de los intervinientes desea conservar a fin de tener constancia fidedigna de lo tratado entre ambos, no supone una invasión de la intimidad.

Sin embargo, en el segundo punto referente a la autenticidad e integridad, encontramos el gran problema para considerar como prueba válida una conversación de WhatsApp.

Y es que resulta imposible demostrar la autenticidad e integridad debido a vulnerabilidades de seguridad de la propia aplicación, que imposibilitan acreditar la cadena de custodia.  Dado que Whatsapp guarda los datos en una base de datos dentro del propio dispositivo móvil, por lo cual cualquiera podría acceder a la misma como usuario administrador y alterar o editar la conversación sin dejar rastro.  

Esto por ejemplo no sucede en los mensajes de email, dado que se almacenan encriptados en un servidor externo y ajeno a los terminales de los usuarios, lo cual permite que su validez como prueba inalterable ostente un mayor grado.

Pero a pesar de que el mensaje de Whatsapp se envía cifrado de un terminal al servidor de la compañía, y del servidor de nuevo se envía cifrado al otro terminal, lo cierto es que no se queda almacenado en los servidores, sino que tras su emisión se borra y queda solo almacenado en el propio terminal.

Por todo ello, una de las partes en un juicio puede proponer como medio de prueba una conversación de WhatsApp, pero la otra parte podrá impugnar la misma principalmente en base a la debilidad señalada respecto de su autenticidad e integridad.


* Más información| Xataka  Expansion
* Imagen|Pixabay

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Las Presunciones en Derecho

Presumir es deducir, a partir de un hecho base, una consecuencia. Es decir, averiguar un hecho desconocido “a priori” a partir de otro hecho que sí que es conocido. En nuestro Derecho, existen tres tipos de presunciones:

  • Presunciones “Iuris et de Iure”. Este tipo de presunción es de carácter legal, cuándo la Ley determina que se presumirá un hecho determinado, sin que quepa prueba en contrario, siempre que se dé la existencia previa de otro hecho probado. Así por ejemplo, el despido de una mujer embarazada siempre se presumirá que tiene como causa dicho embarazo, y será nulo de pleno derecho.

 

  • Presunciones “Iuris tantum”. Se trata igualmente de una presunción de carácter legal, pero que sí admite prueba en contrario. Siempre que se dé la existencia previa de un hecho probado, se presumirá un hecho determinado salvo prueba en contra. Por ejemplo, un mensaje de correo electrónico se presumirá recibido el mismo día de su envío, salvo prueba en contrario. Este tipo de presunciones no son declaraciones legales absolutas, como las presunciones “iuris et de iure”, sino que son declaraciones relativas que suponen la inversión de la carga de la prueba.

 

  • Presunciones judiciales. Son presunciones jurídicas que se realizan en sede judicial, en el transcurso de un proceso de enjuiciamiento. Al igual que en el caso de las presunciones legales, se trata de un proceso lógico de deducción, por el que se entiende que un hecho desconocido se ha producido a partir de la prueba de un hecho conocido, en tanto que probado el segundo se debe por lógica haber cumplido con un muy alto grado de probabilidad el primero. La Ley de Enjuiciamiento Civil regula en su artículo 386 la presunción judicial, y como no puede ser de otra manera exige que la sentencia que califique de hechos probados a partir de presunciones debe razonar adecuadamente el proceso de deducción. Por ejemplo, si no existen huellas del presunto asesino en el cuchillo del homicidio o en la victima, pero está probado que el presunto asesino se encontraba solo en la casa con la víctima, está probado que ambos entraron juntos, está probado que solo hay una puerta de entrada, y está probado que los vecinos que los vieron entrar al inmueble oyeron gritos unos minutos después de entrar éstos en la vivienda, rompieron la puerta y la victima yacía muerta en el suelo, mientras que el único otro ocupante era el presunto asesino, no habiendo nadie más en la casa, puede llegar a presumirse aún a falta de huellas la autoría del crimen.

Desde luego, todas las presunciones deberían tener un estricto respeto a la presunción de inocencia, puesto que ponen en tela de juicio la misma sin que existan hechos probados directos.

 

 

Diferencia entre Ley y Mandato

Decía ese gran jurista y economista que fue Hayek en su ensayo “Derecho y Ley” de abril de 1966 <<Ni la Atenas clásica, la Roma Republicana, la postrera Edad Media, los Países Bajos del siglo XVII o la Inglaterra del XVIII, conocieron una legislación que, según el sentido moderno, pudiese arbitrariamente transformar el derecho de determinar las relaciones de los hombres entre sí o con el gobierno. Sus corporaciones legislativas regían la conducción de los negocios del Estado y la administración de los medios confiados al gobierno. Pero el derecho que limitaba la libre esfera del individuo y fijaba las condiciones bajo las cuales él podía ser obligado a algo, emanaba, no de la caprichosa decisión de algunos hombres o de una mayoría, sino de una sala de juristas que, como jueces o juristas, creían no crear el derecho sino encontrarlo>>.

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Es decir, mientras que lo que hoy llamaríamos Derecho Público eran poco más que normas de carácter instrumental destinadas a organizar la administración del Estado, que desde luego no podían invadir la esfera privada del ciudadano, el verdadero Derecho, que hoy equivaldría al Derecho Civil de manera generalista (civil, mercantil y laboral) no se “inventaba” en el parlamento, sino que se buscaba en la forma más justa en que los hombres vivían, comerciaban y se relacionaban entre sí, fundamentado siempre en la libertad del individuo a disponer de sí mismo y de su patrimonio.

En la época moderna, el Estado ha invadido la libertad individual, confundiendo Derecho público y privado, y superponiendo al Estado frente al individuo.

La invasión del Estado se ha realizado a nivel jurídico igualando dos figuras que son muy distintas entre sí: La Ley y el Mandato. Mientras la Ley debe ser una norma de carácter general y abstracto, constante e invariable en el tiempo, que tradicionalmente regía el Derecho como tal, el Mandato supone una norma de carácter individual y concreto, destinada a regular un hecho determinado.

El Mandato era el tipo de norma que utilizaba la organización pública, mientras la Ley era el verdadero derecho, derivado de las relaciones entre los ciudadanos. Sin embargo, la apropiación del Estado de la vida de los ciudadanos se ha realizado vía Mandato, llamando Ley a muchas normas que no son más que meros Mandatos.

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La gran diferencia: mientras una Ley ordena la prohibición de hacer algo (no robar, no matar) un Mandato ordena el deber hacer algo (pagar un impuesto, seguir una determinada conducta).

Todo el Derecho Administrativo y el Derecho Fiscal, que han sido los instrumentos jurídicos del Estado para apoderarse de la vida civil, constituyen un mero conjunto de Mandatos, aunque sus normas tengan el nombre de Leyes.

Veamos las ocho diferencias entre ley y mandato:

LEY MANDATO
Norma abstracta, genérica, aplicable a todos por igual (no matar. Cualquiera que mate, está incumpliendo la ley, en cualquier situación y momento). Norma específica, de contenido concreto, que ordena hacer algo determinado en una circunstancia particular (si vendes un terreno, pagas un impuesto sobre la plusvalía).
La ley deja libertad para que cada uno actúe como quiera, dentro del marco legal. El mandato obliga a actuar de una manera concreta, por lo que restringe la libertad.
La Ley permite que cada individuo persiga sus propios fines. El mandato impone los fines del legislador a los ciudadanos, por lo que restringe la libertad.
Bajo las leyes lo hombres pueden cooperar entre sí en la búsqueda de sus fines individuales. Bajo los mandatos, los hombres deben llegar al poder para poder lograr sus propios fines individuales creando un mandato al efecto.
La ley tiene un origen evolutivo y consuetudinario, desde las mejores prácticas y usos. El mandato se decreta por un grupo de personas determinado.
La justicia es ciega: es justo todo comportamiento dentro de la ley. Justicia social: es justo lo que determine el legislador como justo en cada momento.
Sistema social: Liberalismo Sistema social: Estatismo
Todos somos iguales ante la ley. La igualdad viene determinada por cada mandato en cada momento.

Vía | Lecciones de Economía Jesús Huerta de Soto

Más Información | Hayek y el Derecho   Clases de Economía Jesús Huerta de Soto

Imágenes | Pixabay     Wikimedia 

El Proceso Monitorio

La razón de ser de cualquier negocio es obtener beneficios. Sin un beneficio neto positivo, no existe viabilidad para ninguna empresa. Por supuesto, los beneficios los generan las ventas, pero una venta no termina hasta que es cobrada. Si vendemos y no cobramos, todos nuestros esfuerzos habrán sido en balde, obtendremos irremediables perdidas.

El derecho a cobrar una venta es un derecho de carácter sustantivo, que nace de la obligación de nuestro cliente a satisfacer el importe correspondiente, como todo deudor de cualquier obligación debe satisfacer al acreedor.

Pero, ¿Qué pasa si el deudor no cumple? ¿Cómo perseguirlo? Desde luego, si hay que litigar durante años, sin garantías de éxito, la persecución del crédito puede incrementar aún más las pérdidas.

Para ello, existe en el derecho adjetivo de nuestro ordenamiento procesal el Juicio Monitorio, un procedimiento judicial destinado a obtener con la mayor celeridad posible el pago de una deuda.

El objetivo del acreedor al interponer Juicio Monitorio es obtener un título ejecutivo, es decir, una resolución judicial con la que poder ejecutar la deuda, embargando por ejemplo bienes suficientes del patrimonio del acreedor.

la evolucion del tique - la factura simplificada

El Juicio Monitorio se inicia con una Petición del acreedor donde debe identificar suficientemente a su deudor, el origen y cuantía de la deuda, y todos los documentos que acrediten la misma.

Respecto de la deuda, para poderse proceder vía Juicio Monitorio ésta debe ser:

  • Dineraria.
  • Líquida. Es decir, que se halla exactamente determinada, o es fácilmente determinable (por ejemplo, multiplicando unidades vendidas por precio unitario).
  • Exigible. No existen motivos para no poder exigirla, como alguna cláusula en el contrato que no se haya cumplido.
  • Vencida. Ha cumplido el plazo determinado para su pago.

Respecto de los documentos que acreditan la misma:

  • Documentos firmados y sellados por el acreedor, que reflejen la deuda.
  • Mediante documentos emitidos el acreedor, como facturas, albaranes, certificaciones, etc… que sean los que habitualmente se utilicen en la relación comercial para documentar créditos y deudas.
  • Documentos comerciales que acrediten una relación anterior y duradera, como contratos de varios años, facturas de venta similares de distintos ejercicios, etc…
  • Certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes en Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

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Si la Petición identifica correctamente a acreedor y deudor, así como una deuda con las características indicadas, y adjunta medios suficientes de prueba documental acreditativos de dicha deuda, según lo expuesto más arriba, el Juez (1ª Instancia del domicilio del Acreedor) admitirá por Auto dicha petición, y el Secretario Judicial se dirigirá al Deudor, requiriendo que pague la deuda o se oponga en el plazo de 20 días.

Si no hay oposición, y no se produce el pago pasado el plazo indicado, el Secretario Judicial Decreto dando por terminado proceso monitorio y dará traslado al acreedor para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud.

La oposición del deudor no puede ser indeterminada y genérica, sino que si éste se opone al Juicio Monitorio debe acreditar en su escrito, al menos de manera sucinta, las razones por las que a su entender no debe pagar (aunque hay doctrina y jurisprudencia que admiten la oposición indicando solamente “no debo” o “la deuda es inexistente”). Si el deudor se opone de esta forma al pago, el procedimiento se transforma en Juicio Ordinario o Juicio Verbal.

En resumen, el Juicio Monitorio es la herramienta procesal que permite al acreedor obtener con rapidez un título ejecutivo con que poder obtener el pago de una deuda que está suficientemente determinada.

Imágenes | Qué Aprendemos Hoy

El Juicio Cambiario.

Para reflejar una deuda mercantil existen ciertos documentos que permiten el pago aplazado y que gozan de especial solvencia legal para ello: La Letra de Cambio, el Pagaré y el Cheque. Dichos documentos son un instrumento que permite al acreedor de una relación jurídica extender una promesa de pago en firme, en una fecha futura, para compensar a su deudor.

De ello se desprende un importantísimo efecto, y es la creación de una doble relación jurídica entre acreedor y deudor: Por un lado el negocio jurídico de fondo (por ejemplo, una compraventa de mercancías) y por otro lado el negocio jurídico cambiario (la obligación de pago contenida en la letra, cheque o pagaré).

Es decir, cuándo el pago de una operación comercial viene reflejado en uno de estos documentos, con los requisitos formales requeridos por la Ley 19/1985 Cambiaria y del Cheque, el acreedor podrá reclamar directamente el pago de la letra, cheque o pagaré sin tener que entrar a discutir el fondo del asunto (por ejemplo, que las mercancías no estaban en buen estado).

Y esto es una garantía importantísima para el empresario que vende a crédito, pues incrementa la seguridad del cobro.

Además, estos títulos cambiaros que reúnen los requisitos formales de dicta la ley cumplen función de giro: mediante endoso, pueden servir a su tenedor para pagar otras deudas, sin esperar al vencimiento. Imaginemos que Juan vende a Pepe 100 kg de carne por 1.000 €, y acuerdan un pago a 90 días, y Pepe firma una Letra a dicho plazo obligándose con ello al pago de la deuda. Pasados 10 días Juan puede convertir en liquidez su Letra, endosándola a un Banco para descontarla por, por ejemplo 900 € (renuncia a 100 € pero adelante 80 días el pago). O bien puede utilizar el derecho de cobro de 1.000 € que otorga la Letra para endosarla a otro comerciante al que le compra piensos. El vendedor de piensos a su vez podrá utilizar después la misma letra para pagar a quién le suministra su materia prima. Y así hasta llegados los 90 días. Pepe tendrá que pagar los 1.000 € al tenedor de dicha Letra a vencimiento.

juicio

Puesto que como decimos el documento de cobro contiene en sí mismo una relación jurídica separada del negocio de fondo que le dio origen, y contiene así también la obligación firme del deudor a pagar en la fecha señalada, si llegado el vencimiento este documento resulta impagado la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) prevé un proceso especial, con vocación de rapidez y sencillez, para que el acreedor pueda reclamar el pago. Este es el Juicio Cambiario de los artículos 819 y ss de la LEC.

El juicio cambiario comienza mediante demanda sucinta  que se presenta ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado, a la que se acompañará el título cambiario. El Juzgado analiza mediante Auto que el titulo contiene todos los requisitos formales previstos en la ley, y de ser así requiere al deudor para que pague en 10 días, ordenando el embargo preventivo de los bienes de éste, más intereses de demora, gastos y costas, como medida preventiva.

Como podemos ver, el acreedor no tiene que explicar nada más allá del título cambiario que tiene firmado y reconocido en el documento de cobro por parte de su deudor, así como justificar el impago a vencimiento, para que el Juez ordene el pago.

letra de cambio

En los 10 días de plazo el deudor puede pagar, o bien oponerse por las siguientes causas:

– Excepciones basadas en sus relaciones personales. Como veíamos, la letra puede haber girado varias veces en el tráfico mercantil, por lo que si quién es su tenedor llegado el vencimiento no tiene ninguna relación con el deudor, nada podrá oponerle éste sobre relaciones de fondo.

– Excepciones personales que él tenga frente a los tenedores anteriores si al adquirir la letra el tenedor procedió a sabiendas en perjuicio del deudor.

– Inexistencia o falta de validez de su propia declaración cambiaria, incluida la falsedad de firma.

– Falta de legitimación del tenedor o de las formalidades necesarias de la letra de cambio.

– Extinción del crédito cambiario cuyo cumplimiento se exige al demandado.

Como vemos, las causas de oposición son tasadas. Presentado por el deudor escrito de oposición, el Secretario judicial dará traslado de él al acreedor con citación para la vista conforme a lo dispuesto en el apartado primero del artículo 440 para los juicios verbales.

En resumen, el Juicio Cambiario persigue que el acreedor pueda hacer valer de manera rápida y sencilla su título de crédito frente al deudor que impaga, siempre que dicha deuda esté representada en un título cambiario.

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