La diferencia entre la agresión sexual y el abuso sexual.

Recientemente en España la sentencia del denominado por los medios “caso de la Manada” ha abierto una intensa polémica sobre los delitos sexuales. Esta sentencia ha condenado a los acusados por un delito de abuso sexual, para el cual el código penal prevé una pena de uno a tres años de prisión, o con hasta diez años en caso de demostrarse acceso carnal. Sin embargo, los críticos con la sentencia esperaban que se condenase a los acusados por el delito de agresión sexual en su modalidad de violación, penado con hasta doce años.

Y es aquí donde cabe preguntarse ¿qué diferencia existe entre el abuso sexual, la agresión sexual y la violación? Nuestro Código Penal regula los delitos contra la libertad sexual en su Título VIII y diferencia entre agresión sexual y abuso sexual.

Entre ambos delitos la agresión sexual se considera más grave, y consiste en el atentado a la libertad sexual utilizando violencia o intimidación. No existe una definición concreta de qué tipo de conductas encajan en estos términos, pero la jurisprudencia del Tribunal Supremo viene entendiendo que:

  • Existe violencia cuando queda probado que ha existido una fuerza física o medio semejante y suficiente para anular la voluntad de la víctima, haciendo inútil su negativa al acto sexual. Es necesario por tanto probar tanto la violencia ejercida por el agresor como la resistencia de la víctima.
  • Existe intimidación cuando queda probado que ha existido una fuerza psíquica, moral o psicológica, exteriorizada con el propósito de causar un mal sobre la víctima o las personas vinculadas a ella, la cual doblega su voluntad para conseguir cometer el delito. La jurisprudencia existe la prueba de que el mal con el que se atemoriza a la víctima, relativo a su salud o su propia vida, sea ilícito y antijurídico, con suficiente entidad, gravedad, realidad y proximidad.

Un tipo de agresión sexual agravada es la violación, que se comete cuando la agresión sexual consiste en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías. En este caso de violación el responsable será castigado con prisión de seis a doce años.

Por su parte, el abuso sexual es el atentado a la libertad sexual pero sin violencia o intimidación. Es decir, cuando no media consentimiento pero tampoco puede demostrarse violencia o intimidación en los términos antes explicados, estaríamos ante un abuso.

Esta es la frontera por tanto entre el abuso y la agresión sexual: la existencia de violencia o intimidación para cometer el atentado sexual contra la voluntad de la víctima, es decir, sin su consentimiento.

Dentro del tipo delictivo del abuso sexual el código penal regula de manera explícita los siguientes casos:

  • Los abusos sexuales no consentidos se ejecutan sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare, o se cometen anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto.
  • Cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima.

Finalmente cabe indicar que la pena de prisión será superior, de cuatro a diez años, cuando el abuso sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías.


* Más información| Javier Alvarez Pensamiento Penal  Iberley
* Imagen| Pixabay

Anuncios

Dilaciones indebidas: contra la “pena de banquillo”

La justicia si es lenta no es justicia. Esta frase, tan conocida en el mundo del Derecho, no es sino la constatación de una gran verdad, y es que cuándo los procesos judiciales necesitan años e incluso décadas para resolverse, la justicia pierde irremediablemente valor.

presoY no solo para la víctima, sino también para el acusado en el ámbito del procedimiento penal, que en estas ocasiones padece lo que se conoce como “pena de banquillo”: años de instrucción y proceso judicial que lesionan su derecho de defensa, su derecho a un proceso justo sin dilaciones, y su derecho a la presunción de inocencia (en este sentido: artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948); Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo; artículo 24  Constitución Española de 1978)

Nuestro Código Penal al regular las circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal tiene en cuenta la dilación indebida en su articulado, y establece en el artículo 21.6 que <<La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa>>.

Recientemente, la Sentencia del Tribunal Supremo 4055/2015, de 30 de septiembre de 2015 nos recordaba que <<La Jurisprudencia de esta Sala ha venido señalando que la dilación indebida para ser considerada como tal debe ser procesalmente injustificada, extraordinaria, no imputable al inculpado y desproporcionada con la complejidad de la causa>>.

La Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2013 indicaba que <<La apreciación de la atenuante exige precisar en qué momentos o secuencias del proceso se han producido paralizaciones que deban reputarse indebidas. Hemos dicho que el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que no es identificable con el derecho procesal al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes, impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas, y también ejecutar lo resuelto, en un tiempo razonable. Se trata, por lo tanto, de un concepto indeterminado que requiere para su concreción el examen de las actuaciones procesales, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que sea imputable al órgano jurisdiccional y no precisamente a quien reclama >>

office-581131_960_720Así por tanto, la jurisprudencia de nuestro alto tribunal determina claramente que aquél que alegue la aplicación de esta atenuante deberá  exponer en su alegato un análisis en detalle del proceso penal seguido, que pasa por dividirlo en sus distintas fases y demostrar de manera razonada cuál de estas fases es en concreto en la que se han producido dilaciones injustificadas, desproporcionadas y extraordinarias, imputables al propio órgano judicial.

Es decir, se requiere un análisis del caso concreto, y un razonamiento de qué parte del proceso ha sido la concretamente afectada por dilaciones indebidas.

En conclusión podemos afirmar que esta atenuante salvaguarda como decíamos al principio los legítimos derechos y garantías procesales del imputado o acusado, pero requiere del análisis pormenorizado del proceso seguido en el caso en cuestión, para determinar de manera concreta, razonada e inequívoca dónde se ha realizado dicha lesión.

* Más información|El Derecho.com  Noticias Jurídicas.com  Jueces para la Democracia
* Imagen| Pixabay

Cambio Solar por Obra terminada

Con el importante desarrollo urbanístico que vivió nuestro país en la primera década de este siglo, pudimos asistir al auge de una forma de negocio urbanístico que si bien no era nuevo, pues en el pasado ya se había utilizado, sí que adquirió especial relevancia durante estos años.

La conocida popularmente como “Permuta” o “Cambio de solar por obra futura” consiste en que el propietario de un solar urbano le vende el mismo a un promotor inmobiliario, a cambio de que éste, una vez ejecutada la promoción y terminada la obra, le entregue como pago un inmueble de los construidos, como por ejemplo un piso, plazas de garaje, un adosado, un local comercial, o varios de ellos, según se valore el solar conforme al valor de los inmuebles terminados.

BENEFICIOS DEL CONTRATO

obraPara el Promotor, poder adquirir el terreno urbano para construir de esta forma implica un beneficio muy importante, puesto que no tiene que realizar desembolso presente de fondos, ni recabar tesorería en consecuencia. Por cuánto financieramente está dilatando en el tiempo el pago hasta el fin de la construcción, que además realizará con parte del propio fruto de la obra, una forma de financiación muy buena que evita recurrir a financiación bancaria, o a consumir fondos propios, para adquirir el local.  

Para el propietario del solar, venderlo de esta manera equivale a convertir un bien inmueble presente que no es explotable ni habitable por sí mismo, por un bien inmueble futuro que podrá usarse, y por lo tanto arrendarse con una renta cierta según las condiciones de mercado. Y dicha conversión la realiza sin tener que realizar ningún tipo de inversión en la obra, que corre por cuenta del promotor.

¿ES UNA PERMUTA?

La jurisprudencia (Sentencia del Tribunal Supremo de 9 noviembre 1972) se inclinó en un principio por considerar este tipo de contratos como de Permuta (art. 1538 CC) y así como tal se consideró tradicionalmente en la España de los años ochenta y noventa. Si bien en una nueva revisión más adelante, modificó sus postulados considerando este tipo de negocios como contrato atípico do ut des, puesto que “stricto sensu” la permuta es el intercambio de dos bienes presentes, mientras que en este caso asistimos al intercambio de un bien presente y cierto, por un bien futuro e incierto (depende de la finalización de la obra). Por tanto, no encaja en ninguno de los contratos típicos de nuestro Código Civil.

Así, es doctrina y jurisprudencia mayoritaria la que entiende el contrato de cambio de solar por obra como contrato atípico, que se rigen fundamentalmente por las normas generales de los contratos (artículos 1254 a 1314 del Código civil), así como con las de los contratos parecidos, de una misma naturaleza esencial o de naturaleza similar (STS 30.4.2002).

¿DERECHO PERSONAL O DERECHO REAL?

obra dosPero hay una segunda cuestión a resolver, y es la de si el derecho del dueño del solar intercambiado es un derecho real (sobre el inmueble) o un derecho personal (sobre el Promotor).

Si se califica como derecho real, el vendedor del solar se convierte en propietario del futuro inmueble desde el mismo momento de otorgar la Escritura de “permuta”, y podrá su derecho ser objeto  de inscripción en el Registro de la Propiedad, pudiendo ejercitar la acción reivindicatoria y la tercería de dominio en caso de embargo de los pisos por deudas del promotor. Para ello, debería dicha Escritura delimitar fielmente el inmueble final objeto de intercambio, lo que implica delimitar la propiedad horizontal y la cuota de participación en los elementos comunes.

Mientras que si se califica como derecho personal, no cabe inscripción en el Registro (más allá de una anotación informativa en el asiento que recoja la adquisición del solar), ni es oponible como derecho sobre el bien, por lo cual puede el Promotor hipotecar o gravar la finca sin consentimiento del transmitente del solar.

Si bien la Dirección General de los Registros y del Notariado, en diversas resoluciones, así como la redacción del Reglamento Hipotecario (R.D. 4 septiembre 1998) se decantaron por el tratamiento como derecho real, entendemos que intentando salvaguardar los intereses del dueño del solar, el Tribunal Supremo (STS 31 enero 2001) determinó que tal consideración va contra nuestro los fundamentos de nuestro sistema legal del título y el modo, que exige siempre la existencia de la cosa objeto de intercambio y la traditio (transmisión efectiva), mientras que en el caso del intercambio de solar por obra el inmueble es un bien futuro, de tal manera que admitir este derecho como derecho real equivaldría a convertir la transmisión de dominio en meramente convencional y disponible, algo contrario como decimos a nuestro sistema de derecho civil.

Por tanto, el derecho del transmitente del solar es un derecho de carácter personal, que puede exigir del Promotor el comportamiento necesario para entregar el piso según lo pactado, una vez esté finalizada la obra y exista en la realidad dicho inmueble.

Más Información | Actibva  Infoderechocivil  Inmoley 

Imágenes | wikipedia   pixabay

Estando así las cosas

La cláusula <<Rebus Sic Stantibus>> (estando así las cosas) es un principio jurídico que sanciona que los contratos deben cumplirse en sus términos en tanto no exista una variación sustancial de las circunstancias en las que se firmaron.

#actualidadQAH

Uno de los ejemplos más conocidos de aplicación de este principio en favor de la parte que incumplió un contrato es el de la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 1944 sobre el caso de los aceituneros de Jaén, que antes de la Guerra Civil habían firmado un contrato de venta de aceite con un precio determinado, precio mucho más bajo que el del mismo aceite después de la Guerra. El comprador exigía a los aceituneros la entrega del producto al precio pactado antes de la Guerra, y el Tribunal Supremo sentenció a favor de los aceituneros, exponiendo que la Guerra Civil había supuesto un evento de gran envergadura que venía a cambiar las circunstancias en las que se firmó el contrato, y que exoneraba de entregar la mercancía al precio acordado antes de dicho evento.

Sin embargo, en las últimas décadas tanto nuestro legislador como la jurisprudencia han mitigado su aplicación, en favor del principio de seguridad jurídica.

Pero parece que su aplicación en sede judicial vuelve con fuerza. La reciente Sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de Accor Hoteles en Valencia ha venido a introducir de nuevo este principio de manera activa en nuestro Derecho. La filial española de esta conocida multinacional francesa de la gestión hotelera había firmado un contrato de arrendamiento a 25 años con el propietario de un Hotel en la ciudad de Valencia. El contrato se firmó en 1999 y se pactó un precio que, con la llegada de la crisis y la intensa recesión vivida en España, la compañía Accor entendió que debían renegociar. Sin embargo, el propietario reusó dicha renegociación, alegando que los contratos son “ley entre las partes” y obligan a su cumplimiento en los términos pactados, debiendo Accor asumir el precio negociado antes de la crisis.

accorEl Tribunal Supremo ha fallado a favor de la cadena hotelera, aplicando el principio <<rebus sic estantibus>> al entender que la fuerte recesión ha modificado de manera muy sustancial el normal escenario de mercado que las partes tomaron como base para su negociación inicial, y ha decretado en su sentencia una rebaja del 29 % en la renta a pagar por la compañía Accor al propietario del hotel.

La resolución declara que la actual crisis económica, de efectos profundos y prolongados de recesión económica, puede ser considerada abiertamente como un fenómeno de la economía capaz de generar un grave trastorno o mutación de las circunstancias.

Esta sentencia abre la puerta a la aplicación de la cláusula <<rebus sic stantibus>> en distintos contratos de largo plazo celebrados antes de la crisis económica, como por ejemplo los contratos de centros comerciales, o de explotación de negocios en concesión en aeropuertos. El mejor consejo que un jurista puede dar a los propietarios es que tiendan a ser razonables y sentarse a renegociar.

Vía | CEF Jurisprudencia Civil 

Más Información | Diario Jurídico  Ius Blog Derecho    Pacta Sunt Servanda

Imágenes|  Pixabay   wikipedia