Las pruebas circunstanciales en el sistema judicial español

Estamos ya acostumbrados al término jurídico “prueba circunstancial” gracias al cine y a las series de televisión norteamericanas. También en el género de novela policíaca solemos leer de forma recurrente esta expresión.

El término inglés concreto sería “circunstantial evidence”. En el derecho anglosajon (common law) las pruebas circunstanciales o “circunstantial evidence” son testimonios que no se basan en conocimientos personales u observaciones de los hechos, sino en otros hechos de los cuales se hacen deducciones, a fin de demostrar de modo indirecto los hechos que se pretenden demostrar ¿esto es equivalente en nuestro sistema jurídico?.

En líneas generales la fase probatoria en el proceso judicial tiene como objetivo poder comprobar la veracidad o falsedad de las afirmaciones sobre los diferentes hechos relevantes para la causa sostenidos por cada una de las partes. En nuestro sistema judicial es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que la única prueba que puede desvirtuar la presunción de inocencia es la efectuada en el juicio oral bajo los principios de contradicción, publicidad e inmediación.

Y los tipos de pruebas admitidas en el proceso judicial en España son: 1) las pruebas documentales (documentos públicos o privados); 2) el reconocimiento judicial; 3) el dictamen pericial; 4) el interrogatorio de las partes; y 5) el interrogatorio de testigos o prueba testifical.

A su vez, con estos medios de pruebas las partes pueden demostrar al juzgador la veracidad o falsedad de las afirmaciones en cuestión de dos formas: a) de forma directa; y b) de forma indirecta.

Cuando el medio de prueba pretende probar un hecho de manera directa, el objeto de la prueba y el hecho a probar coinciden en sí mismos.

Por ejemplo, si se pretende probar ante el tribunal que el acusado de robo forzó la puerta principal para acceder al inmueble acceder al inmueble donde se perpetró el delito y se presenta para ello la grabación de una cámara de seguridad donde este hecho se visualiza, se está probando de forma directa dicho hecho aseverado por la acusación.

Sin embargo, cuando el medio de prueba no puede probar de forma directa el hecho que se pretende demostrar ante el tribunal, pero del mismo se puede deducir de forma racional el hecho que se quiere demostrar, el objeto de la prueba y el hecho no coincidirán y estaremos aquí ante la denominada prueba indirecta, más conocida en España como prueba indiciaria y que equivaldría a la prueba circunstancial. En el proceso penal español se denomina prueba de presunciones judiciales y está regulada en el artículo 386.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La capacidad de la prueba indirecta para destruir la presunción de inocencia está admitida por una extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional siempre que: 1) Conste en la sentencia la existencia de unos hechos básicos, que han de estar completamente acreditados y justificados por otras pruebas; 2) exista un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano, entre tales hechos y las conclusiones fácticas incriminatorias para los acusados, que de aquellos se infieren; 3) se expresen los razonamientos en virtud de los cuales el Tribunal llegó a tales inferencias. Finalmente la jurisprudencia del Tribunal Supremo exige la existencia de una pluralidad de indicios probados, y que de todos ellos se pueda inducir racionalmente el hecho probado de forma indirecta.

En definitiva, se trata de un proceso racional de inferencia o inducción, que permite inducir con alto grado de probabilidad un argumento (los hechos afirmados) a partir de unas premisas suficientemente probadas.

Pongamos finalmente un ejemplo de prueba indiciaria o circunstancial. Supongamos que como en el ejemplo anterior se pretende probar ante el tribunal que el acusado de robo forzó la puerta principal para acceder al inmueble donde se perpetró el delito, pero no existe grabación de la cámara de seguridad. Sin embargo, el acusado fue detenido por la policía a escasos metros del inmueble, tras haber avisado un vecino a la policía, alertado por unos ruidos sospechosos en mitad de la noche. Dicho vecino declara que vio a una persona con una gorra azul y un abrigo negro saliendo del inmueble, y el acusado vestía de esta misma forma cuando fue detenido. El propietario declaró a la policía que le habían sustraído 11.000 euros. Finalmente consta en las diligencias policiales que en el momento de la detención se le incautaron al detenido una palanca de hierro que coincide con el tipo de elemento que se utilizó para forzar el inmueble, y 10.000 euros que llevaba en su poder. Las pruebas circunstanciales por tanto serían la declaración testifical y el atestado policial donde constan las circunstancias de la vestimenta, hora de la detención y objetos incautados en la detención, y de todas ellas cabe inferir racionalmente que el sospechoso fue con alto grado de probabilidad quién entró a robar en el inmueble.


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¿Se puede usar WhatsApp como medio de prueba en un juicio?

Uno de los principales medios de comunicación de nuestra sociedad moderna es el WhatsApp, con más de 600 millones de usuarios activos en todo el mundo. Y con una especial importancia en nuestro país, donde con más de 11 millones de usuarios activos su uso está mucho más extendido que cualquier otra aplicación de mensajería móvil (a diferencia de otros países donde tienen mayor cuota de mercado aplicaciones como Line, Messenger, Viber, Snapchat o Wechat).

Por lo tanto y como reflejo de esta importancia social, muchas veces surge la cuestión de si una conversación de WhatsApp puede ser aportada como prueba en un juicio.

La respuesta es que sí, que los mensajes de WhatsApp se pueden proponer como prueba en un proceso judicial. El artículo 299 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil prevé la aceptación de los medios de prueba electrónico. Estos medios electrónicos son medios de reproducción de la palabra, la imagen y el sonido.

Equivaldría por tanto a presentar como prueba la grabación de una conversación telefónica, la grabación de una cámara de vídeo, o bien un mensaje de correo electrónico. A lo que cabe añadir que en estos medios de prueba tendremos siempre dos componentes: el soporte material (en el caso del WhatsApp es el teléfono móvil o la Tablet) y la propia información que contiene el soporte.

Como todo medio de prueba, la presentación de una conversación de WhatsApp (que puede contener texto, imagen y sonido) tendrá que cumplir los requisitos exigidos por la Ley para la válida admisión de las pruebas:

  • Debe de haberse obtenido de forma lícita, respetando los derechos o libertades fundamentales.
  • Se debe haber preservado la cadena de custodia en la obtención y conservación de la prueba.

De ambos puntos se derivan las siguientes consecuencias:

  • Para aceptarse como medio de prueba la conversación de WhatsApp no se pueden haber vulnerad0:
    • el derecho fundamental a la intimidad
    • El derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.
  • Igualmente para su válida admisión como prueba se debe poder acreditar la autenticidad de su origen y la integridad del contenido desde su obtención hasta el momento de su presentación en el juicio.

Respeto del primer punto, referente al derecho a la intimidad en la obtención de la prueba y al derecho al secreto de las comunicaciones, la jurisprudencia nos indica que la grabación de una conversación que tiene lugar entre dos personas y que uno de los intervinientes desea conservar a fin de tener constancia fidedigna de lo tratado entre ambos, no supone una invasión de la intimidad.

Sin embargo, en el segundo punto referente a la autenticidad e integridad, encontramos el gran problema para considerar como prueba válida una conversación de WhatsApp.

Y es que resulta imposible demostrar la autenticidad e integridad debido a vulnerabilidades de seguridad de la propia aplicación, que imposibilitan acreditar la cadena de custodia.  Dado que Whatsapp guarda los datos en una base de datos dentro del propio dispositivo móvil, por lo cual cualquiera podría acceder a la misma como usuario administrador y alterar o editar la conversación sin dejar rastro.  

Esto por ejemplo no sucede en los mensajes de email, dado que se almacenan encriptados en un servidor externo y ajeno a los terminales de los usuarios, lo cual permite que su validez como prueba inalterable ostente un mayor grado.

Pero a pesar de que el mensaje de Whatsapp se envía cifrado de un terminal al servidor de la compañía, y del servidor de nuevo se envía cifrado al otro terminal, lo cierto es que no se queda almacenado en los servidores, sino que tras su emisión se borra y queda solo almacenado en el propio terminal.

Por todo ello, una de las partes en un juicio puede proponer como medio de prueba una conversación de WhatsApp, pero la otra parte podrá impugnar la misma principalmente en base a la debilidad señalada respecto de su autenticidad e integridad.


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Mientras no se demuestre lo contrario

“Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede quitarle la pública protección sino cuando esté decidido que ha violado los pactos bajo los que fue concedida” C. Beccaria «Dei delitti e delle pene»  1764

Recientemente se ha publicado la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio.

Los Estados miembros deberán transponer esta Directiva a sus respectivos derechos internos antes del 1 de abril de 2018.

La presunción de inocencia.

Uno de los grandes pilares del moderno Estado de Derecho moderno lo constituye el principio de presunción de inocencia. En el sistema penal, todo procesado es inocente en tanto no se demuestre lo contrario. Y es que «affirmanti incumbit probatio», es decir, quién afirme la culpabilidad del imputado deberá aportar pruebas suficientes que demuestren de manera indubitada dicha culpabilidad.

Lo que se conoce como «prueba diabólica» es justo lo contrario, es decir, que el imputado debe probar su inocencia. Y esto, salvo puntuales ocasiones en materia laboral o administrativa, no resulta de aplicación general en nuestro Derecho.

En nuestro derecho se encuentra expresamente recogido el principio de presunción de inocencia en el artículo 24.2 de la Constitución Española.

1299645000853europadnA nivel supranacional encontramos este principio reconocido en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948); en el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); en el artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950); en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969); y en artículo 7.b) de la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta Banjul 1981).

Necesidad de la nueva Directiva.

El objetivo que busca cubrir esta nueva Directiva de la UE es el de unificar en los distintos Estados de la Unión las normas procesales penales que regulan diversos aspectos de la presunción de inocencia, así como las normas procesales relacionadas con el derecho a estar presente en el juicio, a fin de reforzar el derecho a un juicio justo en el proceso penal.

Según han declarado de manera reiterada en sus resoluciones tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la protección de este principio por los Estados miembros nunca debería ser inferior al previsto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pues en la práctica estos Tribunales han constatado en distintas ocasiones que la legislación de los distintos Estados da coberturas distintas a la presunción de inocencia.

Puntos principales de la nueva Directiva.

  1. Referencias públicas de las autoridades a la culpabilidad de una persona. El primer punto a destacar es el que se refiere a la información que se pueda facilitar a los medios de comunicación por parte de las autoridades públicas, prescribiendo que de ninguna manera podrá de las mismas deducirse la culpabilidad de las personas incursas en un proceso penal.

gavel-1017953_960_720Y es que, si en las informaciones públicas se diese a entender que un investigado es culpable, se estaría lesionando gravemente su presunción de inocencia, al condicionar ante la opinión pública la imagen de dicha persona.

Aquí la obligación impuesta a los Estados es la de adoptar las medidas necesarias que evitar estas situaciones.

  1. Presentación de los sospechosos y acusados por las autoridades. No se podrá presentar a los sospechosos o acusados ante los órganos judiciales, o ante los medios de comunicación, mediante el uso de medios de coerción física como esposas, cabinas de cristal, jaulas y grilletes, salvo estrictos motivos de seguridad. En línea con el punto anterior, esta imagen pública lesiona la presunción de inocencia del procesado, al mostrarle como culpable al exponerle de esta manera.
  2. Carga de la prueba. La Directiva prescribe que la carga de la prueba recaerá siempre, sin excepción, en la acusación (fiscal, acusación pública, acusador particular). Y toda duda beneficiará siempre al procesado.
  3. Derecho a no declarar contra sí mismo y a guardar silencio. Por supuesto, se debe proteger al procesado de la autoinculpación, por lo que no cabe obligarles bajo ningún concepto a declarar, por lo que podrán siempre guardar silencio. Así como a no responder a preguntas o aportar pruebas que puedan derivar en su autoinculpación. Cosa distinta es la valoración de la prueba, o la investigación, por parte del órgano judicial.
  4. Derecho a estar presente en el juicio. Para salvaguardar su presunción de inocencia, será necesario garantizar que el procesado deba poder estar presente en el juicio que puede derivar en su condena, por lo que deberán regularse las normas procesales necesarias a fin de que se pueda cambiar la fecha del juicio, cuando por razones ajenas a su voluntad no puedan asistir en la fecha señalada para la vista.

Cuando los procesados no estén presentes en el juicio, contraviniendo lo dicho en el párrafo anterior, esto es, que existiesen razones ajenas a su voluntad y no se hubiese cambiado la fecha de señalamiento, tendrán derecho a un nuevo juicio. O bien a un recurso que permita una nueva apreciación del fondo del asunto, incluido el examen de nuevas pruebas, y pueda desembocar en la revocación de la resolución original.

  1. Sistema de Recursos para garantizar la presunción de inocencia. Los Estados miembros deben legislar una vía de recurso que salvaguarde todos los derechos previstos en esta directiva.

Conclusión.

Es de destacar que, en la era de la información, no debe presentarse la imagen del procesado de tal manera que cupiese deducir de la misma su culpabilidad. Algo muy cercano a lo que muchas veces hemos conocido como “pena de telediario”, es decir, exhibir al sospechoso ante la opinión pública como si ya fuese culpable. Veremos si la legislación nacional, y la práctica policial en cada país, es capaz de lograr este objetivo.
* Vía| Abogacía.es
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Acción, Jurisdicción y Proceso

El Derecho Procesal es la rama del Derecho que se ocupa de los procesos jurisdiccionales y arbitrales necesarios para el efectivo cumplimiento del derecho material.

La Ley, los contratos, los cuasicontratos, los actos y omisiones ilícitos, y los actos y omisiones en los que interviene culpa o negligencia hacen nacer para las personas obligaciones y derechos. Cuándo dichas obligaciones y derechos no se cumplen de manera voluntaria, existe discrepancia entre las partes intervinientes, o se incumplen los mandatos legales, el Derecho Procesal contiene las normas y principios necesarios para obtener dicho cumplimiento, mediante la regulación de la totalidad del proceso necesario para ello.

Por ejemplo: cuándo el comprador incumple el segundo plazo de pago previsto en el contrato de compraventa, alegando que el vendedor no entregó el bien objeto del contrato en tiempo y forma, el Derecho Procesal Civil prevé el plazo y forma que tienen las partes para solicitar al Juez el cumplimiento, cuál será el Juzgado al que deben dirigirse, la forma y plazo de la parte demandada para contestar a la demanda, la forma en que se desarrolla el juicio, o el plazo del Juez para dictar sentencia, así como los distintos recursos que caben contra dicha sentencia.

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Otro ejemplo: cuándo existen distintos indicios que apuntan a una persona como sospechosa de asesinato, el Derecho Procesal Penal regula la forma y garantías en que deberá tratarse al sospechoso, el plazo máximo de la prisión provisional, la labor del juez de instrucción para investigar el delito, o la forma en que será juzgado en caso de declararse imputado.

Podemos comprender el Derecho Procesal como derecho adjetivo, frente al derecho material (civil, penal, administrativo) que podríamos denominar derecho sustantivo.

Todo el Derecho Procesal se mueve sobre tres instituciones fundamentales: La Acción, la Jurisdicción y el Proceso.

La ACCIÓN.

La acción es la potestad que asiste al titular de un derecho para reclamar sus legítimas pretensiones en sede judicial.

La acción es la llave del proceso. “Nemo iudex sine actore” (no puede existir un proceso si no hay actor) y “nemo procedat iudex iure ex oficio” (no puede existir un proceso de oficio), aforismos que tienen su origen en el Derecho Romano, describen cómo el actor debe contar con una acción para poder elevar su reclamación a un tribunal.

La acción como derecho adjetivo se deriva de la esfera del derecho sustantivo del actor. Todo sujeto de derecho posee la capacidad de solicitar sus legítimas pretensiones, si entiende que éstas no se cumplen en la práctica, y dicha capacidad es la acción. El proceso por tanto no nace “per se” sino que debe ser invocado por el actor que posee dicha acción.  Por ejemplo, la acción de rescisión asiste al contratante que entiende que la otra parte del contrato no cumple con sus obligaciones.

La acción se instrumenta en la práctica procesal a través de la Demanda, la Querella, o los Recursos, cuándo las partes hacen valer sus pretensiones en sede judicial a lo largo del proceso.

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La JURISDICCIÓN.

La jurisdicción comprende de manera genérica la instancia judicial (o arbitral) a la que el actor se dirige al interponer las acciones pertinentes, con poder y legitimidad para resolver el conflicto jurídico que se le expone, vía auto, sentencia o laudo, y con capacidad de hacer cumplir lo juzgado.

La jurisdicción es territorial (juzgado local, o provincial, o estatal, o internacional) y por materia (civil, penal, social, contencioso-administrativa, laboral, constitucional, militar).

El poder de los juzgados estatales viene determinado por la Constitución de cada país, y deriva del propio poder de coacción del Estado. En el caso de los organismos internacionales, este poder nace de los convenios y resoluciones a las que cada Estado se encuentra acogido. Cuándo se trata de órganos arbitrales, igualmente las partes han de haber reconocido la legitimidad del mismo y su sometimiento voluntario a la decisión del árbitro, juez o tribunal.

La jurisdicción comprende también la organización y funcionamiento de toda la maquinaria administrativa que conforma los juzgados, tribunales y órganos arbitrales. Por ejemplo, en España la Ley Orgánica del Poder Judicial, y los reglamentos que la desarrollan, son normas de Derecho Procesal que regulan el status y funciones de los órganos judiciales y de sus funcionarios, así como la delimitación de la jurisdicción de cada órgano, y las materias para las que es competente.

El poder de la jurisdicción reside en última instancia en que sus resoluciones posean la naturaleza de “cosa juzgada”: la sentencia emitida se convierte en realidad jurídica última, pudiendo crear y extinguir obligaciones para las partes. Igualmente, la jurisdicción abarca la ejecución de sus resoluciones, mediante la vía coactiva si fuese necesaria, pues de otra manera sus resoluciones serían meramente declarativas.

El PROCESO.

El proceso es el conjunto de actos que conforme a la normativa procesal se llevan a cabo desde que el actor expone sus pretensiones a través de la acción, hasta que la jurisdicción competente emite su sentencia, y en caso de ser necesario actúa en vía ejecutiva para obtener el cumplimiento de la misma.

Así por tanto, es la hoja de ruta que de manera formal y preestablecida guía a las partes intervinientes y a los órganos jurisdiccionales, dictando las formas y tiempos en las que cada uno debe o puede actuar, para conseguir el objetivo buscado, la justa resolución jurisdiccional.

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Así todo ello, no existiría un sistema jurídico realmente efectivo si los derechos materiales no pudiesen alegarse (acción) en vía judicial (jurisdicción) con una forma definida de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (proceso).

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El Proceso Monitorio

La razón de ser de cualquier negocio es obtener beneficios. Sin un beneficio neto positivo, no existe viabilidad para ninguna empresa. Por supuesto, los beneficios los generan las ventas, pero una venta no termina hasta que es cobrada. Si vendemos y no cobramos, todos nuestros esfuerzos habrán sido en balde, obtendremos irremediables perdidas.

El derecho a cobrar una venta es un derecho de carácter sustantivo, que nace de la obligación de nuestro cliente a satisfacer el importe correspondiente, como todo deudor de cualquier obligación debe satisfacer al acreedor.

Pero, ¿Qué pasa si el deudor no cumple? ¿Cómo perseguirlo? Desde luego, si hay que litigar durante años, sin garantías de éxito, la persecución del crédito puede incrementar aún más las pérdidas.

Para ello, existe en el derecho adjetivo de nuestro ordenamiento procesal el Juicio Monitorio, un procedimiento judicial destinado a obtener con la mayor celeridad posible el pago de una deuda.

El objetivo del acreedor al interponer Juicio Monitorio es obtener un título ejecutivo, es decir, una resolución judicial con la que poder ejecutar la deuda, embargando por ejemplo bienes suficientes del patrimonio del acreedor.

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El Juicio Monitorio se inicia con una Petición del acreedor donde debe identificar suficientemente a su deudor, el origen y cuantía de la deuda, y todos los documentos que acrediten la misma.

Respecto de la deuda, para poderse proceder vía Juicio Monitorio ésta debe ser:

  • Dineraria.
  • Líquida. Es decir, que se halla exactamente determinada, o es fácilmente determinable (por ejemplo, multiplicando unidades vendidas por precio unitario).
  • Exigible. No existen motivos para no poder exigirla, como alguna cláusula en el contrato que no se haya cumplido.
  • Vencida. Ha cumplido el plazo determinado para su pago.

Respecto de los documentos que acreditan la misma:

  • Documentos firmados y sellados por el acreedor, que reflejen la deuda.
  • Mediante documentos emitidos el acreedor, como facturas, albaranes, certificaciones, etc… que sean los que habitualmente se utilicen en la relación comercial para documentar créditos y deudas.
  • Documentos comerciales que acrediten una relación anterior y duradera, como contratos de varios años, facturas de venta similares de distintos ejercicios, etc…
  • Certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes en Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

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Si la Petición identifica correctamente a acreedor y deudor, así como una deuda con las características indicadas, y adjunta medios suficientes de prueba documental acreditativos de dicha deuda, según lo expuesto más arriba, el Juez (1ª Instancia del domicilio del Acreedor) admitirá por Auto dicha petición, y el Secretario Judicial se dirigirá al Deudor, requiriendo que pague la deuda o se oponga en el plazo de 20 días.

Si no hay oposición, y no se produce el pago pasado el plazo indicado, el Secretario Judicial Decreto dando por terminado proceso monitorio y dará traslado al acreedor para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud.

La oposición del deudor no puede ser indeterminada y genérica, sino que si éste se opone al Juicio Monitorio debe acreditar en su escrito, al menos de manera sucinta, las razones por las que a su entender no debe pagar (aunque hay doctrina y jurisprudencia que admiten la oposición indicando solamente “no debo” o “la deuda es inexistente”). Si el deudor se opone de esta forma al pago, el procedimiento se transforma en Juicio Ordinario o Juicio Verbal.

En resumen, el Juicio Monitorio es la herramienta procesal que permite al acreedor obtener con rapidez un título ejecutivo con que poder obtener el pago de una deuda que está suficientemente determinada.

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El Juicio Cambiario.

Para reflejar una deuda mercantil existen ciertos documentos que permiten el pago aplazado y que gozan de especial solvencia legal para ello: La Letra de Cambio, el Pagaré y el Cheque. Dichos documentos son un instrumento que permite al acreedor de una relación jurídica extender una promesa de pago en firme, en una fecha futura, para compensar a su deudor.

De ello se desprende un importantísimo efecto, y es la creación de una doble relación jurídica entre acreedor y deudor: Por un lado el negocio jurídico de fondo (por ejemplo, una compraventa de mercancías) y por otro lado el negocio jurídico cambiario (la obligación de pago contenida en la letra, cheque o pagaré).

Es decir, cuándo el pago de una operación comercial viene reflejado en uno de estos documentos, con los requisitos formales requeridos por la Ley 19/1985 Cambiaria y del Cheque, el acreedor podrá reclamar directamente el pago de la letra, cheque o pagaré sin tener que entrar a discutir el fondo del asunto (por ejemplo, que las mercancías no estaban en buen estado).

Y esto es una garantía importantísima para el empresario que vende a crédito, pues incrementa la seguridad del cobro.

Además, estos títulos cambiaros que reúnen los requisitos formales de dicta la ley cumplen función de giro: mediante endoso, pueden servir a su tenedor para pagar otras deudas, sin esperar al vencimiento. Imaginemos que Juan vende a Pepe 100 kg de carne por 1.000 €, y acuerdan un pago a 90 días, y Pepe firma una Letra a dicho plazo obligándose con ello al pago de la deuda. Pasados 10 días Juan puede convertir en liquidez su Letra, endosándola a un Banco para descontarla por, por ejemplo 900 € (renuncia a 100 € pero adelante 80 días el pago). O bien puede utilizar el derecho de cobro de 1.000 € que otorga la Letra para endosarla a otro comerciante al que le compra piensos. El vendedor de piensos a su vez podrá utilizar después la misma letra para pagar a quién le suministra su materia prima. Y así hasta llegados los 90 días. Pepe tendrá que pagar los 1.000 € al tenedor de dicha Letra a vencimiento.

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Puesto que como decimos el documento de cobro contiene en sí mismo una relación jurídica separada del negocio de fondo que le dio origen, y contiene así también la obligación firme del deudor a pagar en la fecha señalada, si llegado el vencimiento este documento resulta impagado la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) prevé un proceso especial, con vocación de rapidez y sencillez, para que el acreedor pueda reclamar el pago. Este es el Juicio Cambiario de los artículos 819 y ss de la LEC.

El juicio cambiario comienza mediante demanda sucinta  que se presenta ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado, a la que se acompañará el título cambiario. El Juzgado analiza mediante Auto que el titulo contiene todos los requisitos formales previstos en la ley, y de ser así requiere al deudor para que pague en 10 días, ordenando el embargo preventivo de los bienes de éste, más intereses de demora, gastos y costas, como medida preventiva.

Como podemos ver, el acreedor no tiene que explicar nada más allá del título cambiario que tiene firmado y reconocido en el documento de cobro por parte de su deudor, así como justificar el impago a vencimiento, para que el Juez ordene el pago.

letra de cambio

En los 10 días de plazo el deudor puede pagar, o bien oponerse por las siguientes causas:

– Excepciones basadas en sus relaciones personales. Como veíamos, la letra puede haber girado varias veces en el tráfico mercantil, por lo que si quién es su tenedor llegado el vencimiento no tiene ninguna relación con el deudor, nada podrá oponerle éste sobre relaciones de fondo.

– Excepciones personales que él tenga frente a los tenedores anteriores si al adquirir la letra el tenedor procedió a sabiendas en perjuicio del deudor.

– Inexistencia o falta de validez de su propia declaración cambiaria, incluida la falsedad de firma.

– Falta de legitimación del tenedor o de las formalidades necesarias de la letra de cambio.

– Extinción del crédito cambiario cuyo cumplimiento se exige al demandado.

Como vemos, las causas de oposición son tasadas. Presentado por el deudor escrito de oposición, el Secretario judicial dará traslado de él al acreedor con citación para la vista conforme a lo dispuesto en el apartado primero del artículo 440 para los juicios verbales.

En resumen, el Juicio Cambiario persigue que el acreedor pueda hacer valer de manera rápida y sencilla su título de crédito frente al deudor que impaga, siempre que dicha deuda esté representada en un título cambiario.

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