Los procesos judiciales civiles en España

Vamos a estudiar de forma breve en este ensayo los asuntos y cuestiones que corresponden al orden jurisdiccional civil, así como los diferentes tipos de procesos judiciales a seguir.

Cuestiones reservadas a la Jurisdicción Civil.

El orden jurisdiccional civil, de acuerdo con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 45 a 62 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tiene encomendado el conocimiento de las siguientes materias:

1) Con carácter exclusivo: de los derechos reales y arrendamientos de inmuebles; las sociedades o personas jurídicas que tengan su domicilio en territorio español; la validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un Registro español; las patentes y derechos análogos; resoluciones judiciales y decisiones arbitrales dictadas en el extranjero.

2) Con carácter general: de las cuestiones relativas a los contratos.

3) En materia de declaración de ausencia o fallecimiento; en materia de incapacitación y de medidas de protección de la persona.

4) En materia de relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, nulidad matrimonial, separación y divorcio; en materia de filiación y de relaciones paternofiliales; para la constitución de la adopción; en materia de alimentos.

5) En materia de obligaciones contractuales; en las acciones relativas a bienes muebles.

6) En materia de sucesiones.

7) En materia de contratos de consumidores; en el caso de cualquier otro contrato de prestación de servicio o relativo a bienes muebles.

8) En materia de seguros.

9) En materias propias de Derecho mercantil, Derecho concursal y marcas de la Unión Europea.

Conforme al art. 45 LEC modificado por LO 7/2015 señala que:

  1. Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento, en primera instancia, de todos los asuntos civiles que por disposición legal expresa no se hallen atribuidos a otros tribunales.
  2. Conocerán, asimismo, dichos Juzgados:
  3. a) De los asuntos, actos, cuestiones y recursos que les atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial.
  4. b) De los concursos de persona natural que no sea empresario.

Tipologías de procesos jurisdiccionales civiles.

Respecto de los diferente tipos de procesos judiciales, debemos diferenciar en primer lugar entre los procesos  declarativos, que serían los generales, y los proceso denominados especiales.

  1. Procesos declarativos:
    1. Juicio ordinario
    2. Juicio verbal
  2. Procesos especiales:
    1. Procesos de familia: matrimoniales, menores, filiación e incapacidad.
    2. Procesos para la división de patrimonios: hereditario y régimen económico matrimonial.
    3. Procesos de comercio:
      1. Juicio monitorio.
      2. Juicio cambiario.

 

Juicio ordinario.

Se dirimirán en juicio ordinario las demandas relativas a las siguientes cuestiones:

1.º Derechos honoríficos de la persona.

2.º tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro derecho fundamental.

3.º Impugnación de acuerdos sociales.

4.º Competencia desleal ydefensa de la competencia, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame.

5.º Acciones relativas a condiciones generales de contratación.

6.º Asuntos relativos a arrendamientos urbanos o rústicos de bienes inmuebles, salvo que se refieran en exclusiva a reclamaciones de cantidad.

7.º Por acción de retracto de cualquier tipo.

8.º Relativas a la Ley de Propiedad Horizontal y juntas de propietarios.

Se decidirán también en el juicio ordinario las demandas cuya cuantía excedan de seis mil euros y aquéllas cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo relativo.

Juicio verbal.

Se trata de un proceso más rápido y sencillo que el juicio ordinario y se decidirán en juicio verbal, independientemente de su cuantía, las demandas siguientes:

1.º Reclamanción de cantidades por impago de rentas o cantidades debidas por el arrendatario o cualquier otro propietario.

2.º Recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca.

3.º Para recuperar la posesión de bienes a quien los hubiere adquirido por herencia si no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario.

4.º Para la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute.

5.º Para la suspensión de una obra nueva.

6.º Para la demolición o derribo de obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina y que amenace causar daños a quien demande.

7.º Por derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, cuando se demanden la efectividad de esos derechos.

8.º Las que soliciten alimentos debidos por disposición legal o por otro título.

9.º Las que supongan el ejercicio de la acción de rectificación de hechos inexactos y perjudiciales.

10.º Por incumplimiento por el comprador de las obligaciones derivadas de los contratos inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles.

11.º Por incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero, de arrendamiento de bienes muebles, o de un contrato de venta a plazos con reserva de dominio.

12.º Las que supongan el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios.

13.º Las que pretendan la efectividad de los derechos reconocidos en el artículo 160 del Código Civil.

En todo caso, se decidirán también en el juicio verbal las demandas cuya cuantía no exceda de seis mil euros y no se refieran a ninguna de las materias previstas para el Juicio ordinario.

Procesos de familia.

Las disposiciones del proceso judicial de familia serán aplicables a los siguientes procesos:

1.º Los que versen sobre la capacidad de las personas y los de declaración de prodigalidad.

2.º Los de filiación, paternidad y maternidad.

3.º Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio y los de modificación de medidas adoptadas en ellos.

4.º Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores.

5.º Los de reconocimiento de eficacia civil de resoluciones o decisiones eclesiásticas en materia matrimonial.

6.º Los que versen sobre las medidas relativas a la restitución de menores en los supuestos de sustracción internacional.

7.º Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores.

8.º Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción.

 

Procesos para la división judicial del Patrimonio.

Cualquier coheredero o legatario de parte alícuota podrá reclamar judicialmente la división de la herencia, siempre que esta no deba efectuarla un comisario o contador-partidor designado por el testador, por acuerdo entre los coherederos o por el Secretario judicial o el Notario.

La liquidación de cualquier régimen económico matrimonial que, por capitulaciones matrimoniales o por disposición legal, determine la existencia de una masa común de bienes y derechos sujeta a determinadas cargas y obligaciones se llevará a cabo, en defecto de acuerdo entre los cónyuges, con arreglo a lo dispuesto en el capítulo de la ley de Enjuiciamiento Civil para este tipo de procesos.

Juicio Monitorio.

Corresponde este proceso en los casos en los que existe una deuda y hay documentación que lo compruebe. La misma puede ser cualquier tipo de soporte, siempre que tenga la firma de quien debe o algún sello que lo avale.

Son admitidos los soportes electrónicos, certificaciones, facturas y albaranes de entrega. También se aplica en reclamaciones por parte de gastos comunes.

Su especialidad reside en que es más breve y sencillo que el proceso declarativo que correspondiese según cantidad, ya que el documento principal que de la deuda actúa como prueba en firme ejecutiva.

Juicio Cambiario.

Corresponde este proceso para los casos de cobro de documentos cambiaros con carácter ejecutivo e impagados: letras de cambio, pagarás o cheques.

Igual que en el caso del proceso monitorio, sus plazos son más reducidos y ágiles que los del proceso declarativo, y además los motivos de oposición a la demanda están tasados.


* Más información| WoltersKluwer   Iberley
* Imagen| Pixabay

La Resolución y la Rescisión en nuestro Derecho Civil

La Resolución y la Rescisión son dos formas de finalización y extinción de los contratos, o negocios jurídicos en general, por ineficacia de los mismos. Dos formas distintas pero que en muchas ocasiones se confunden, en buena medida porque nuestro Código Civil (CC) no aclara adecuadamente la distinción entre las mismas. Ha sido la jurisprudencia del Tribunal Supremo la que ha ido definiéndolas.

RESCISIÓN.

La Rescisión supone la ineficacia sobrevenida de un negocio jurídico por lesionar los legítimos intereses de terceros, o constituir un fraude de acreedores. Es decir, no existe una ineficacia originaria, sino que el negocio jurídico se ha celebrado correcta y válidamente, conteniendo todos los elementos necesarios, pero su finalidad lesiona o perjudica los intereses de las partes o terceras personas.

Así, la rescisión supone como decimos una ineficacia sobrevenida, que obliga a la devolución de las cosas que fueron objeto de contrato, con sus frutos e intereses, suponiendo una ineficacia con efectos <<ex nunc>> desde el momento de su reconocimiento, y no puede perjudicar a terceros.

Puede hacerse valer como ya anticipamos por las partes o por terceros perjudicados por el negocio jurídico, todo aquél que sufra una lesión injusta por resultado del mismo.

derecho1

Un ejemplo típico de Rescisión es la del contrato en fraude de acreedores. Imaginemos que Juan mantiene una deuda de 100.000 € con Miguel, y siendo todo su patrimonio un terreno valorado en 150.000 € hace una donación del mismo en febrero a su hermano. Si la donación está correctamente formalizada en Notaría, se ha inscrito en el Registro de la Propiedad y ha pagado los impuestos que correspondan, el negocio jurídico es totalmente legítimo. Ahora pensemos que en marzo Miguel reclama el pago del préstamo, que vencía en dicha fecha, y Juan le dice que no puede pagarle porque no tiene dinero para ello, declarándose insolvente. Cuándo Miguel lo demanda por incumplimiento descubre que Juan no tiene patrimonio a su nombre con el cuál responder de la deuda, pero sin embargo un mes antes del vencimiento del contrato de préstamo Juan donó a su hermano un bien inmueble por un valor superior, es decir, se deshizo del patrimonio con que podría haber respondido de la deuda. Aquí Miguel podrá por tanto solicitar la Rescisión de dicha Donación, que claramente perjudicó su derecho de cobro, y que encaja en el supuesto del punto 3 del art. 1290 CC a cuyo tenor “son rescindibles los contratos celebrados en fraude de acreedores, cuándo éstos no puedan de otro modo cobrar lo que se les deba”.

La acción de rescisión tiene carácter subsidiario, solo puede ejercerse cuándo no cabe otra manera de reparar el perjuicio. Y está sujeta a un plazo de caducidad de 4 años (art. 1299 CC).

RESOLUCIÓN.

La resolución es la facultad que asiste a una de las partes del contrato para resolver o dar por terminado el mismo, ante el incumplimiento de la otra parte. Corresponde su ejercicio al contratante cumplidor frente al incumplidor.

En el caso de la resolución, nos encontramos también ante un negocio jurídico que nació y se perfeccionó con total validez, pero que deviene ineficaz por el incumplimiento de sus obligaciones por una de las partes, denunciado por la parte cumplidora.

Dicho incumplimiento puede especificarse contractualmente, muchos contratos incluyen en su clausulado los supuestos en los que una de las partes puede solicitar la rescisión (por ejemplo, por la falta de los pagos establecidos, o pasado un término o plazo de tiempo concreto). Aunque en general el simple incumplimiento legitima a la otra parte para resolver el contrato.

derecho2

Frente a la rescisión, que como dijimos produce efectos desde su declaración, la resolución rompe el negocio jurídico con efectos desde el inicio de la relación obligacional, por lo que cada parte debe reintegrar o restituir a la otra todo lo recibido en virtud de dicha obligación. Si bien en el caso de una relación obligatoria de carácter continuado en el tiempo y parcialmente consumada los efectos son solo desde su declaración (STS 691/1998).

Si en la rescisión la acción la podía ejercer cualquier persona perjudicada, en la resolución solo están legitimados para ejercer la acción las partes cumplidoras del contrato.

Y en contra de lo que sucedía en la acción de rescisión, de carácter subsidiario, la acción resolutoria es de carácter principal.

La Resolución está sujeta a un plazo de prescripción de 15 años desde que se produce el incumplimiento.

Un ejemplo típico de resolución es el de la compañía de telefonía móvil que indica en su clausulado que tendrá la facultad de resolver el contrato, cortando el servicio de voz y datos, por impago por parte del usuario de la cuota mensual o recibo correspondiente.

CONCLUSIÓN

Mientras que en el caso de la Resolución nos encontramos con una medida destinada a finalizar un negocio jurídico válidamente celebrado pero que daña los intereses de terceras personas, en el caso de la Rescisión tenemos una medida de finalización de un contrato que también goza de total validez, pero donde existe un incumplimiento de una de las partes, alegado para dicha finalización por la otra parte contratante.

Vía | Blog Sepin

Más Información | Ramirez Sanchez Abogados     Codigo Civil.info

Imágenes | Pixabay   Pixabay