Los procesos judiciales civiles en España

Vamos a estudiar de forma breve en este ensayo los asuntos y cuestiones que corresponden al orden jurisdiccional civil, así como los diferentes tipos de procesos judiciales a seguir.

Cuestiones reservadas a la Jurisdicción Civil.

El orden jurisdiccional civil, de acuerdo con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 45 a 62 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tiene encomendado el conocimiento de las siguientes materias:

1) Con carácter exclusivo: de los derechos reales y arrendamientos de inmuebles; las sociedades o personas jurídicas que tengan su domicilio en territorio español; la validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un Registro español; las patentes y derechos análogos; resoluciones judiciales y decisiones arbitrales dictadas en el extranjero.

2) Con carácter general: de las cuestiones relativas a los contratos.

3) En materia de declaración de ausencia o fallecimiento; en materia de incapacitación y de medidas de protección de la persona.

4) En materia de relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, nulidad matrimonial, separación y divorcio; en materia de filiación y de relaciones paternofiliales; para la constitución de la adopción; en materia de alimentos.

5) En materia de obligaciones contractuales; en las acciones relativas a bienes muebles.

6) En materia de sucesiones.

7) En materia de contratos de consumidores; en el caso de cualquier otro contrato de prestación de servicio o relativo a bienes muebles.

8) En materia de seguros.

9) En materias propias de Derecho mercantil, Derecho concursal y marcas de la Unión Europea.

Conforme al art. 45 LEC modificado por LO 7/2015 señala que:

  1. Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento, en primera instancia, de todos los asuntos civiles que por disposición legal expresa no se hallen atribuidos a otros tribunales.
  2. Conocerán, asimismo, dichos Juzgados:
  3. a) De los asuntos, actos, cuestiones y recursos que les atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial.
  4. b) De los concursos de persona natural que no sea empresario.

Tipologías de procesos jurisdiccionales civiles.

Respecto de los diferente tipos de procesos judiciales, debemos diferenciar en primer lugar entre los procesos  declarativos, que serían los generales, y los proceso denominados especiales.

  1. Procesos declarativos:
    1. Juicio ordinario
    2. Juicio verbal
  2. Procesos especiales:
    1. Procesos de familia: matrimoniales, menores, filiación e incapacidad.
    2. Procesos para la división de patrimonios: hereditario y régimen económico matrimonial.
    3. Procesos de comercio:
      1. Juicio monitorio.
      2. Juicio cambiario.

 

Juicio ordinario.

Se dirimirán en juicio ordinario las demandas relativas a las siguientes cuestiones:

1.º Derechos honoríficos de la persona.

2.º tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro derecho fundamental.

3.º Impugnación de acuerdos sociales.

4.º Competencia desleal ydefensa de la competencia, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame.

5.º Acciones relativas a condiciones generales de contratación.

6.º Asuntos relativos a arrendamientos urbanos o rústicos de bienes inmuebles, salvo que se refieran en exclusiva a reclamaciones de cantidad.

7.º Por acción de retracto de cualquier tipo.

8.º Relativas a la Ley de Propiedad Horizontal y juntas de propietarios.

Se decidirán también en el juicio ordinario las demandas cuya cuantía excedan de seis mil euros y aquéllas cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo relativo.

Juicio verbal.

Se trata de un proceso más rápido y sencillo que el juicio ordinario y se decidirán en juicio verbal, independientemente de su cuantía, las demandas siguientes:

1.º Reclamanción de cantidades por impago de rentas o cantidades debidas por el arrendatario o cualquier otro propietario.

2.º Recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca.

3.º Para recuperar la posesión de bienes a quien los hubiere adquirido por herencia si no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario.

4.º Para la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute.

5.º Para la suspensión de una obra nueva.

6.º Para la demolición o derribo de obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina y que amenace causar daños a quien demande.

7.º Por derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, cuando se demanden la efectividad de esos derechos.

8.º Las que soliciten alimentos debidos por disposición legal o por otro título.

9.º Las que supongan el ejercicio de la acción de rectificación de hechos inexactos y perjudiciales.

10.º Por incumplimiento por el comprador de las obligaciones derivadas de los contratos inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles.

11.º Por incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero, de arrendamiento de bienes muebles, o de un contrato de venta a plazos con reserva de dominio.

12.º Las que supongan el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios.

13.º Las que pretendan la efectividad de los derechos reconocidos en el artículo 160 del Código Civil.

En todo caso, se decidirán también en el juicio verbal las demandas cuya cuantía no exceda de seis mil euros y no se refieran a ninguna de las materias previstas para el Juicio ordinario.

Procesos de familia.

Las disposiciones del proceso judicial de familia serán aplicables a los siguientes procesos:

1.º Los que versen sobre la capacidad de las personas y los de declaración de prodigalidad.

2.º Los de filiación, paternidad y maternidad.

3.º Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio y los de modificación de medidas adoptadas en ellos.

4.º Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores.

5.º Los de reconocimiento de eficacia civil de resoluciones o decisiones eclesiásticas en materia matrimonial.

6.º Los que versen sobre las medidas relativas a la restitución de menores en los supuestos de sustracción internacional.

7.º Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores.

8.º Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción.

 

Procesos para la división judicial del Patrimonio.

Cualquier coheredero o legatario de parte alícuota podrá reclamar judicialmente la división de la herencia, siempre que esta no deba efectuarla un comisario o contador-partidor designado por el testador, por acuerdo entre los coherederos o por el Secretario judicial o el Notario.

La liquidación de cualquier régimen económico matrimonial que, por capitulaciones matrimoniales o por disposición legal, determine la existencia de una masa común de bienes y derechos sujeta a determinadas cargas y obligaciones se llevará a cabo, en defecto de acuerdo entre los cónyuges, con arreglo a lo dispuesto en el capítulo de la ley de Enjuiciamiento Civil para este tipo de procesos.

Juicio Monitorio.

Corresponde este proceso en los casos en los que existe una deuda y hay documentación que lo compruebe. La misma puede ser cualquier tipo de soporte, siempre que tenga la firma de quien debe o algún sello que lo avale.

Son admitidos los soportes electrónicos, certificaciones, facturas y albaranes de entrega. También se aplica en reclamaciones por parte de gastos comunes.

Su especialidad reside en que es más breve y sencillo que el proceso declarativo que correspondiese según cantidad, ya que el documento principal que de la deuda actúa como prueba en firme ejecutiva.

Juicio Cambiario.

Corresponde este proceso para los casos de cobro de documentos cambiaros con carácter ejecutivo e impagados: letras de cambio, pagarás o cheques.

Igual que en el caso del proceso monitorio, sus plazos son más reducidos y ágiles que los del proceso declarativo, y además los motivos de oposición a la demanda están tasados.


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El Juicio Cambiario.

Para reflejar una deuda mercantil existen ciertos documentos que permiten el pago aplazado y que gozan de especial solvencia legal para ello: La Letra de Cambio, el Pagaré y el Cheque. Dichos documentos son un instrumento que permite al acreedor de una relación jurídica extender una promesa de pago en firme, en una fecha futura, para compensar a su deudor.

De ello se desprende un importantísimo efecto, y es la creación de una doble relación jurídica entre acreedor y deudor: Por un lado el negocio jurídico de fondo (por ejemplo, una compraventa de mercancías) y por otro lado el negocio jurídico cambiario (la obligación de pago contenida en la letra, cheque o pagaré).

Es decir, cuándo el pago de una operación comercial viene reflejado en uno de estos documentos, con los requisitos formales requeridos por la Ley 19/1985 Cambiaria y del Cheque, el acreedor podrá reclamar directamente el pago de la letra, cheque o pagaré sin tener que entrar a discutir el fondo del asunto (por ejemplo, que las mercancías no estaban en buen estado).

Y esto es una garantía importantísima para el empresario que vende a crédito, pues incrementa la seguridad del cobro.

Además, estos títulos cambiaros que reúnen los requisitos formales de dicta la ley cumplen función de giro: mediante endoso, pueden servir a su tenedor para pagar otras deudas, sin esperar al vencimiento. Imaginemos que Juan vende a Pepe 100 kg de carne por 1.000 €, y acuerdan un pago a 90 días, y Pepe firma una Letra a dicho plazo obligándose con ello al pago de la deuda. Pasados 10 días Juan puede convertir en liquidez su Letra, endosándola a un Banco para descontarla por, por ejemplo 900 € (renuncia a 100 € pero adelante 80 días el pago). O bien puede utilizar el derecho de cobro de 1.000 € que otorga la Letra para endosarla a otro comerciante al que le compra piensos. El vendedor de piensos a su vez podrá utilizar después la misma letra para pagar a quién le suministra su materia prima. Y así hasta llegados los 90 días. Pepe tendrá que pagar los 1.000 € al tenedor de dicha Letra a vencimiento.

juicio

Puesto que como decimos el documento de cobro contiene en sí mismo una relación jurídica separada del negocio de fondo que le dio origen, y contiene así también la obligación firme del deudor a pagar en la fecha señalada, si llegado el vencimiento este documento resulta impagado la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) prevé un proceso especial, con vocación de rapidez y sencillez, para que el acreedor pueda reclamar el pago. Este es el Juicio Cambiario de los artículos 819 y ss de la LEC.

El juicio cambiario comienza mediante demanda sucinta  que se presenta ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado, a la que se acompañará el título cambiario. El Juzgado analiza mediante Auto que el titulo contiene todos los requisitos formales previstos en la ley, y de ser así requiere al deudor para que pague en 10 días, ordenando el embargo preventivo de los bienes de éste, más intereses de demora, gastos y costas, como medida preventiva.

Como podemos ver, el acreedor no tiene que explicar nada más allá del título cambiario que tiene firmado y reconocido en el documento de cobro por parte de su deudor, así como justificar el impago a vencimiento, para que el Juez ordene el pago.

letra de cambio

En los 10 días de plazo el deudor puede pagar, o bien oponerse por las siguientes causas:

– Excepciones basadas en sus relaciones personales. Como veíamos, la letra puede haber girado varias veces en el tráfico mercantil, por lo que si quién es su tenedor llegado el vencimiento no tiene ninguna relación con el deudor, nada podrá oponerle éste sobre relaciones de fondo.

– Excepciones personales que él tenga frente a los tenedores anteriores si al adquirir la letra el tenedor procedió a sabiendas en perjuicio del deudor.

– Inexistencia o falta de validez de su propia declaración cambiaria, incluida la falsedad de firma.

– Falta de legitimación del tenedor o de las formalidades necesarias de la letra de cambio.

– Extinción del crédito cambiario cuyo cumplimiento se exige al demandado.

Como vemos, las causas de oposición son tasadas. Presentado por el deudor escrito de oposición, el Secretario judicial dará traslado de él al acreedor con citación para la vista conforme a lo dispuesto en el apartado primero del artículo 440 para los juicios verbales.

En resumen, el Juicio Cambiario persigue que el acreedor pueda hacer valer de manera rápida y sencilla su título de crédito frente al deudor que impaga, siempre que dicha deuda esté representada en un título cambiario.

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