Los órganos del concurso de acreedores

Cuando un deudor deviene insolvente y se ve incapaz de atender las distintas deudas que mantiene con sus acreedores, nuestra legislación prevé el concurso de acreedores como proceso de gestión ordenada y liquidación en su caso del patrimonio del deudor, a fin de asegurar en la medida de lo posible el pago de los distintos créditos concursales y créditos contra la masa concursal.

Dentro de la organización del concurso de acreedores, se hace necesario entender correctamente qué papel juegan cada uno de los órganos que intervienen para comprender de forma global el funcionamiento del concurso.

  1. El juez del concurso.

La competencia corresponde al juez de lo Mercantil en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales, es decir, allí donde ejerza de forma habitual y reconocible por terceros la administración de dichos intereses. Si el deudor tuviese en España su domicilio y el lugar de éste no coincidiese con el centro de sus intereses principales, será también competente, a elección del acreedor solicitante, el juez de lo mercantil en cuyo territorio radique aquél.

El juez del concurso tiene amplia jurisdicción sobre todas las acciones civiles con trascendencia patrimonial (pero no las relativas a capacidad, filiación, matrimonio y menores); sobre las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectiva de los contratos de trabajo, asi como de alta dirección (excepto en las relativas a las relaciones laborales individuales); y todas las ejecuciones contra el patrimonio del deudor y medidas cautelares. Se extiende también a todas las cuestiones prejudiciales administrativas o sociales directamente relacionadas con el concurso.

 Respecto de la resolución judicial declarando el concurso:

  • En caso de que la solicitud haya sido presentada por el deudor, es decir, en caso de concurso voluntario, el juez dicta auto declarando el concurso si considera acreditada alguna de las causas de insolvencia.
  • En caso de que la solicitud haya sido presentada por el deudor, es decir, en el caso de concurso necesario, el juez dicta auto declarando el concurso previa audiencia del deudor y con un período de presentación de las pruebas contempladas en la Ley Concursal al efecto.

Dicho auto de declaración de concurso indicará en todo caso el carácter voluntario o necesario del concurso, los efectos sobre las facultades de administración y disposición del deudor, las medidas cautelares que se consideren necesarias, un llamamiento a los distintos acreedores para que indiquen a la administración concursal sus respectivos créditos (plazo de 1 mes)

  1. La administración concursal.

Una vez sea declarado el concurso por Auto judicial, el juez ordena formar la administración concursal del concurso, formada por :

  • Un abogado en ejercicio con al menos 5 años de ejercicio efectivo.
  • Un economista (auditor de cuentas, economista o titulado mercantil colegiado) con la misma experiencia-
  • Un acreedor que sea titular de un crédito ordinario o privilegio general que no esté garantizado.

En el procedimiento abreviado el juez podrá nombrar a un solo administrador que será de carácter profesional.

La administración concursal es la encargada de administrar diligentemente la masa concursal en caso de que el deudor sea inhabilitado para administrar y gestionar el patrimonio, así como de supervisar la actividad del deudor en caso de que no se le inhabilite. Todo ello a fin de garantizar con la masa concursal los legítimos intereses de cobro de los acreedores.

La administración concursal redactará el informe para determinar la masa concursal, con el inventario de la masa activa, la lista de acreedores y la evaluación de las propuestas de convenio que se hayan presentado.

Cobrará una retribución con cargo a la masa del concurso, que se fijará de acuerdo con un arancel legal por auto del juez del concurso que tendrá en cuenta la cuantía del pasivo y la complejidad del concurso.

 

  1. Junta de Acreedores.

Se constituye únicamente en la fase de convenio cuando no se haya aprobado mediante el sistema de adhesiones escritas una propuesta anticipada.

Este órgano, formado por los distintos acreedores, tenía mayor importancia en la legislación anterior, y tenía como finalidad la discusión y votación de las proposiciones de convenio que le fueran presentadas, y lo acordado por la junta se imponía a todos los acreedores. Pero dado que existían numerosos fraudes en la práctica, la nueva Ley Concursal simplificó los órganos del concurso y dejó como residual esta Junta.

  1. Ministerio Fiscal.

Se limita a la calificación del concurso, cuando proceda su apertura. Y sin perjuicio de su actuación en caso de existir indicios de delito contra al patrimonio o el orden socioeconómico que se pongan de manifiesto en estados de insolvencia de algún presunto responsable penal.


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Efectos del Concurso para los Acreedores

Si somos acreedores de un deudor que resulta insolvente, es decir, que no puede cumplir con sus obligaciones por incapacidad financiera, podremos solicitar judicialmente la declaración de concurso de acreedores, a fin de instar una liquidación ordenada de su patrimonio para cobrar lo que nos adeuda. Incluso puede ser que el deudor por sí mismo solicite dicha declaración judicial de concurso al verse incapaz de atender a sus acreedores.

Y como acreedores debemos entender correctamente los efectos que para nosotros tiene dicha declaración de concurso de acreedores.

  1. Integración de la masa pasiva:

El primer efecto es el de que todos los acreedores del deudor, ordinarios o no, y sea cual sea su nacionalidad o domicilio social, quedarán integrados en la masa pasiva del concurso.

  1. Efecto sobre las acciones judiciales individuales:

De lo atedicho se deriva que se quedan paralizadas las acciones individuales del acreedor, en concreto las acciones ejecutivas (por ejemplo la derivada de un auto de ejecución derivado de un proceso cambiario) incluidos los apremios administrativos o tributarios (que quedarán en suspenso si estuvieran en tramitación).

  • Los acreedores con garantía real sobre los bienes del concursado afectos a su actividad empresarial no podrán iniciar la ejecución hasta que:
    • Se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho.
    • O bien transcurra 1 año desde la declaración de concurso sin que se haya producido la apertura de la liquidación. Si ya estuvieren iniciadas se suspenderán también (salvo que ya estuviere anunciada la subasta).
  • La administración concursal podrá atender el pago de los créditos con garantía real con cargo a la masa, liberando así los bienes o derechos hipotecados o pignorados.

Esto no afecta a las acciones declarativas de orden civil o social en tramitación, que continúan hasta la firmeza de la sentencia, ni a las de naturaleza contencioso administrativa o penal, incluso si se ejercitan con posterioridad a la declaración de concurso:

  • En caso de que tras la declaración de concurso el deudor conserve sus facultades de disposición y administración, podrá actuar en juicio con autorización de la administración concursal.
  • En caso de suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor, le sustituirán los administradores concursales en los procedimientos judiciales en trámite, si bien requerirán de autorización judicial para desistir o allanarse o transigir, aunque en aras a la legítima defensa el deudor pueda mantener su representación y defensa separada.

Así por tanto, como vemos, las acciones que conllevan una ejecución directa sobre el patrimonio quedarán en suspenso, para no afectar a la masa patrimonial del concursado en detrimento del resto de deudores, mientras que no afecta esta suspensión a las acciones declarativas, o bien a las acciones penales o administrativas.

  1. Efectos sobre los créditos.

La declaración de concurso tiene tres importantes efectos sobre los derechos de crédito que se ostentasen frente al deudor concursado:

  • No procederá la compensación de los créditos y deudas del concursado a partir de la declaración de concurso.
  • Se interrumpe el devengo de intereses, legales o convencionales, salvo los correspondientes a los créditos con garantía real, que serán exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía.
  • Se interrumpe la prescripción de las acciones contra el deudor por los créditos anteriores a la declaración, así como de las acciones contra socios y contra los administradores, liquidadores, o auditores de la sociedad.
  1. Efectos sobre los contratos.

Como regla general, el concurso no afecta a la vigencia de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento:

  • en los contratos con obligaciones recíprocas, si una parte ha cumplido y la otra no, el crédito o la deuda que corresponda al deudor común se incluye en la masa activa o pasiva del concurso.
  • Las obligaciones pendientes de cumplimiento se seguirán cumpliendo, salvo que la admón. concursal, en caso de suspensión, o el concursado, en caso de intervención, soliciten la resolución del contrato, que el juez aprobará, si hay conformidad entre las partes o resolverá mediante incidente concursal.

En línea con ésto, las posibles cláusulas contractuales que establezcan la facultad de resolución o extinción del contrato por la sola declaración de concurso se tendrán por no puestas.

Respecto de los contratos de crédito o compra con pago aplazado, la administración concursal podrá rehabilitar aquellos cuyo vencimiento anticipado o resolución por impago se haya producido en los 3 meses anteriores a la declaración de concurso, siempre que el tercero contratante no se oponga y se haya iniciado el ejercicio de las acciones antes de la declaración concursal.

Respecto de los contratos de arrendamiento, la administración concursal podrá enervar la acción de desahucio ejercitada contra el deudor arrendatario antes de la declaración de concurso y rehabilitar la vigencia del contrato de arrendamiento, hasta el momento de practicarse el efectivo lanzamiento.

Respecto de los contratos laborales:

  • Los trabajadores no tendrán derecho a la rescisión del contrato con indemnización, salvo que comporten movilidad geográfica fuera de la Comunidad Autónoma, por un período máximo de 12 meses.
  • Los expedientes de modificación, suspensión o extinción colectiva, se tramitan ante el juez del concurso y podrán ser solicitados al juez por la administración concursal, por el deudor, o por los representantes de los trabajadores, intentando llegar a un acuerdo en un período de consultas previas no superior a 30 días o 15 en las empresas con menos de 50 trabajadores.

Se mantiene no obstante la competencia a favor de los tribunales de lo social en materia de relaciones laborales individuales.


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Concurso de Acreedores: Concepto y presupuestos.

Todo negocio y toda empresa son susceptibles de atravesar situaciones de dificultad financiera: momentos en los que la tesorería de la empresa sufre fuerte tensiones, llegando al punto de no poder atender los pagos en el corto plazo, dando lugar a una situación de insolvencia transitoria; o bien atravesar una situación en la que los pasivos en el balance (deudas, créditos, obligaciones) son superiores a los activos de contrapartida (bienes y derechos de cobro), haciéndose imposible la continuidad de la viabilidad de la empresa.

Por ello se hace necesario, como posibles acreedores, deudores, proveedores, clientes, accionistas o empleados de una empresa, entender correctamente el tratamiento jurídico que nuestra legislación prevé para este tipo de situaciones de insolvencia transitoria o definitiva.

Derecho Concursal.

Cuando solo hay un deudor en conflicto con su acreedor, rige el derecho general de obligaciones, pero cuando el incumplimiento se refiere a una diversidad de obligaciones y distintos deudores se hace necesario un procedimiento de equidad (“par conditia creditorum”) para regular una solución ordenada al conflicto creado por la imposibilidad de cumplimiento del deudor.

Legislación previa a la actual Ley Concursal.

Antes de la actual legislación que regula el concurso de acreedores, la legislación concursal estaba dispersa en una amalgama de distintas normas, y que además trataban la situación de forma diferenciada para deudores comunes (normas de derecho civil) o para empresarios (normas de derecho mercantil).

  1. Deudores comunes:
    1. Quita y espera
    2. Concurso de acreedores
  2. Deudores empresarios:
    1. Suspensión de pagos
    2. Quiebra

Régimen actual del Concurso.

La Ley Concursal (Ley 22/2003, de 9 de julio) vino a superar los defectos de la anterior legislación y unificar el procedimiento para aquellos casos de insolvencia, algo que se había demandado durante décadas por la doctrina jurídica.

En una sola ley se regulan los aspectos procesales y materiales del concurso: es decir, un único régimen para todos los deudores (comunes o empresarios); con un único procedimiento para todos los casos; con unidad de presupuesto (la insolvencia); y con dos posibles fases o soluciones, la de convenio y la de liquidación concursal.

 

Concepto y presupuestos del concurso.

Es aquel procedimiento de ejecución universal, que, instado por el propio deudor o por uno de sus acreedores, se puede ejercitar contra quien se encuentre en estado de insolvencia.

Como presupuesto subjetivo, la declaración de concurso procederá respecto de cualquier deudor, sea persona natural o jurídica.

Como presupuesto objetivo, la declaración de concurso procederá en caso de insolvencia del deudor común. Se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles por incapacidad financiera para ello.

Si la solicitud de declaración de concurso la presenta el deudor, deberá justificar su endeudamiento y su estado de insolvencia, que podrá ser actual o inminente.

Si la solicitud de declaración de concurso la presenta un acreedor, deberá fundarla en título por el cual se haya despachado ejecución o apremio sin que del embargo resultasen bienes libres bastantes para el pago, o en la existencia de alguno de los siguientes hechos:

1.º El sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor.

2.º La existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera general al patrimonio del deudor.

3.º El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor.

4.º El incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de las clases siguientes: las de pago de obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso; las de pago de cuotas de la Seguridad Social, y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo período; las de pago de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades.


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Los 9 riesgos que asumes en tu inversión financiera.

Invertimos para ganar más de lo que tenemos, pero debemos tener en cuenta que el rendimiento de todo activo financiero está determinado por la función de tres variables:

  • Riesgo
  • Tiempo
  • Rentabilidad

Así por ejemplo un activo determinado puede tener una rentabilidad del 10 % en un período de 1 año, y que durante este tiempo que dura la inversión el inversor asumirá un riesgo determinado.

Pero lo más importante de una inversión no es tanto el rendimiento que nos ofrecen o el tiempo que durará la inversión, sino el saber identificar, analizar, entender y valorar el riesgo que supone, dado que un activo cuyo rendimiento a priori nos puede parecer muy atractivo, podría resultar totalmente desaconsejable cuando entendemos realmente el riesgo que implica.

Básicamente podríamos clasificar los distintos riesgos de una inversión dentro de las siguientes categorías:

  1. Riesgo de contrapartida.

Es la calidad crediticia de la otra parte de la operación, es decir, de quien debe responder de la devolución del principal y los intereses.

Se trata por tanto de la solvencia del deudor en quien invertimos. Si compramos por ejemplo bonos de la empresa Vodafone, nuestro riesgo de contrapartida es el grado de solvencia que le otorguemos a esta empresa como futuro pagador del principal más los intereses de dicho bono.

  1. Riesgo de tipo de interés.

Si el tipo de interés del mercado sube respecto del tipo de interés que obtenemos por nuestra inversión, bajará el valor de mercado del activo en el que hemos invertido.

Por ejemplo, si invertimos en bonos que pagan un 1,5 % anual estando el Euribor al 1 % nuestra inversión es más rentable que el tipo oficial, pero si en un momento posterior a lo largo de la vida de la inversión el Euribor sube al 2,5 % nuestra inversión fluctuará a la baja al perder interés, dado que ahora es menos rentable que el tipo de interés del mercado.

  1. Riesgo de tipo de cambio.

Si el activo en el que invertimos está denominado en una moneda distinta a la nuestra y la cotización de dicha divisa se devalúa respecto de nuestra moneda, nuestra inversión se verá también devaluada.

Por ejemplo, si invertimos en un bono denominado en yenes y dicha moneda se devalúa respecto del euro, nuestra inversión tenderá a fluctuar a la baja, dado que cuando nos paguen intereses y nos reinviertan el principal, el deudor nos lo pagará en yenes, y al transformarlo a nuestra moneda, es decir, en euros, el importe final que conseguiremos será inferior por dicha devaluación.

  1. Riesgo por inflación.

La inflación es la subida del nivel medio de precios en una economía y en un período de tiempo determinado.

Por ejemplo, si invertimos 1.000 euros en un bono a 5 años y al 1 % anual en el año 2.000 y con dicho importe podríamos haber comprado una cesta de bienes de consumo, y posteriormente en el año 2005 esa misma cesta de bienes está valorada en 1.400 euros nuestra inversión se habrá devaluado por la inflación, ya que a vencimiento en 2005 los 1.000 euros que nos devolverán valen en términos relativos un 40 % menos que los que 1.000 euros invertidos en el inicio, y además los intereses que cobraremos de 50 euros (1% anual durante 5 años) no compensan más que una parte de la devaluación sufrida (400 euros).

  1. Riesgo de liquidez.

La liquidez es la facilidad para vender un activo, por lo cual podemos afirmar que un activo es más líquido en la medida en que resulta más fácil venderlo en cualquier momento.

Por tanto, el riesgo de liquidez lo constituye la dificultad que puede presentar nuestro activo de inversión para ser vendido en cualquier momento que lo deseemos.

Por ejemplo, si compramos acciones de una pequeña empresa que no cotiza en ningún mercado bursátil asumiremos un riesgo de liquidez ya que si deseamos vender en el futuro dichas acciones nos resultará mucho más difícil que si hubiésemos comprado acciones de una empresa que cotiza en el mercado bursátil.

  1. Riesgos endógenos.

Son los que se refieren a circunstancias propias e internas del deudor de la inversión.

Por ejemplo, si hemos invertido en acciones de una compañía, la dirección estratégica que adopten sus gerentes o las decisiones de su consejo de administración pueden afectar a la viabilidad de la empresa y por tanto de nuestra inversión como accionistas de la misma.

  1. Riesgos exógenos.

Son los que se refieren a la coyuntura socio-política y normativa en la que se enmarca nuestra inversión financiera:

  • Riesgo político: las decisiones del gobierno pueden ser contrarias a los intereses de la compañía en la que hemos invertido. Por ejemplo, si invertimos en acciones de una empresa con restaurantes de comida rápida y la política nacional dictada en un momento determinado por el Gobierno se posiciona en contra de este tipo de comida, podría afectar en contra de nuestra inversión.
  • Riesgo regulatorio: un cambio en la normativa que regula el sector en el que hemos invertido puede ir en contra del valor de nuestra inversión. Por ejemplo, si invertimos en acciones de una compañía tabaquera y se aprueba una ley que incremente los impuestos sobre el tabaco, las ventas de dicho producto podrían bajar, afectando negativamente al valor de nuestras acciones.
  • Riesgo sistémico o de mercado. La coyuntura económica de la región en la que radican los intereses de la compañía en la que hemos invertido pueden afectar negativamente a nuestra inversión. Por ejemplo, si invertimos en bonos de una compañía china y se produce una crisis bancaria en Asia podría caer el valor de nuestros bonos.
  1. Riesgo de volatilidad.

Si los valores financieros en los que hemos invertido cotizan en un mercado bursátil, la volatilidad que presenta la cotización del activo en dicho mercado constituye su riesgo financiero. Es decir, dicha cotización puede llevar al precio del activo a fluctuar al alza o a la baja, y la potencialidad de que baje su precio constituye este riesgo.

En la medida en que el mercado tiende a refleja el resto de riesgos del activo en su cotización, podemos considerar que la volatilidad constituye la valoración del riesgo total de la inversión. Si bien, dado que los mercados financieros no son perfectos, esta no sería una regla absoluta.

  1. Riesgo por apalancamiento.

Si la inversión se realiza con fondos ajenos, esto es, con financiación de un tercero al que debemos reintegrar el préstamo con el que hemos invertido, a los riesgos antes relacionados se le añade el riesgo de que las fluctuaciones negativas agraven la deuda que mantenemos con el financiador, así como nuestra capacidad de devolución del préstamo.

Por ejemplo, si invertimos 10.000 euros en acciones de una empresa con dinero prestado por un banco, esperando devolver el préstamo con los rendimientos de dichas acciones, en caso de que la empresa dé en quiebra no solo habremos perdido los 10.000 euros de nuestra inversión sino que además tendremos que responder de la deuda de 10.000 euros con el Banco.

Otro riesgo por apalancamiento lo constituye la inversión en activos financieros con el solo pago de garantías o de una parte del valor del activo. Este riesgo es típico de la inversión en derivados, warrants, opciones y futuros.

Por ejemplo, si compramos un activo valorado en 1.000 € pero solo me exigen pagar un 10 % del valor hoy y el resto en un plazo de tiempo determinado, podré hacer la inversión con 100 €. Pero si el valor del activo cae a 0 € tendré unas pérdidas de 1.000 % dado que con 100 € he perdido 1.000 €.


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