Los órganos del concurso de acreedores

Cuando un deudor deviene insolvente y se ve incapaz de atender las distintas deudas que mantiene con sus acreedores, nuestra legislación prevé el concurso de acreedores como proceso de gestión ordenada y liquidación en su caso del patrimonio del deudor, a fin de asegurar en la medida de lo posible el pago de los distintos créditos concursales y créditos contra la masa concursal.

Dentro de la organización del concurso de acreedores, se hace necesario entender correctamente qué papel juegan cada uno de los órganos que intervienen para comprender de forma global el funcionamiento del concurso.

  1. El juez del concurso.

La competencia corresponde al juez de lo Mercantil en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales, es decir, allí donde ejerza de forma habitual y reconocible por terceros la administración de dichos intereses. Si el deudor tuviese en España su domicilio y el lugar de éste no coincidiese con el centro de sus intereses principales, será también competente, a elección del acreedor solicitante, el juez de lo mercantil en cuyo territorio radique aquél.

El juez del concurso tiene amplia jurisdicción sobre todas las acciones civiles con trascendencia patrimonial (pero no las relativas a capacidad, filiación, matrimonio y menores); sobre las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectiva de los contratos de trabajo, asi como de alta dirección (excepto en las relativas a las relaciones laborales individuales); y todas las ejecuciones contra el patrimonio del deudor y medidas cautelares. Se extiende también a todas las cuestiones prejudiciales administrativas o sociales directamente relacionadas con el concurso.

 Respecto de la resolución judicial declarando el concurso:

  • En caso de que la solicitud haya sido presentada por el deudor, es decir, en caso de concurso voluntario, el juez dicta auto declarando el concurso si considera acreditada alguna de las causas de insolvencia.
  • En caso de que la solicitud haya sido presentada por el deudor, es decir, en el caso de concurso necesario, el juez dicta auto declarando el concurso previa audiencia del deudor y con un período de presentación de las pruebas contempladas en la Ley Concursal al efecto.

Dicho auto de declaración de concurso indicará en todo caso el carácter voluntario o necesario del concurso, los efectos sobre las facultades de administración y disposición del deudor, las medidas cautelares que se consideren necesarias, un llamamiento a los distintos acreedores para que indiquen a la administración concursal sus respectivos créditos (plazo de 1 mes)

  1. La administración concursal.

Una vez sea declarado el concurso por Auto judicial, el juez ordena formar la administración concursal del concurso, formada por :

  • Un abogado en ejercicio con al menos 5 años de ejercicio efectivo.
  • Un economista (auditor de cuentas, economista o titulado mercantil colegiado) con la misma experiencia-
  • Un acreedor que sea titular de un crédito ordinario o privilegio general que no esté garantizado.

En el procedimiento abreviado el juez podrá nombrar a un solo administrador que será de carácter profesional.

La administración concursal es la encargada de administrar diligentemente la masa concursal en caso de que el deudor sea inhabilitado para administrar y gestionar el patrimonio, así como de supervisar la actividad del deudor en caso de que no se le inhabilite. Todo ello a fin de garantizar con la masa concursal los legítimos intereses de cobro de los acreedores.

La administración concursal redactará el informe para determinar la masa concursal, con el inventario de la masa activa, la lista de acreedores y la evaluación de las propuestas de convenio que se hayan presentado.

Cobrará una retribución con cargo a la masa del concurso, que se fijará de acuerdo con un arancel legal por auto del juez del concurso que tendrá en cuenta la cuantía del pasivo y la complejidad del concurso.

 

  1. Junta de Acreedores.

Se constituye únicamente en la fase de convenio cuando no se haya aprobado mediante el sistema de adhesiones escritas una propuesta anticipada.

Este órgano, formado por los distintos acreedores, tenía mayor importancia en la legislación anterior, y tenía como finalidad la discusión y votación de las proposiciones de convenio que le fueran presentadas, y lo acordado por la junta se imponía a todos los acreedores. Pero dado que existían numerosos fraudes en la práctica, la nueva Ley Concursal simplificó los órganos del concurso y dejó como residual esta Junta.

  1. Ministerio Fiscal.

Se limita a la calificación del concurso, cuando proceda su apertura. Y sin perjuicio de su actuación en caso de existir indicios de delito contra al patrimonio o el orden socioeconómico que se pongan de manifiesto en estados de insolvencia de algún presunto responsable penal.


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Concurso de Acreedores: Concepto y presupuestos.

Todo negocio y toda empresa son susceptibles de atravesar situaciones de dificultad financiera: momentos en los que la tesorería de la empresa sufre fuerte tensiones, llegando al punto de no poder atender los pagos en el corto plazo, dando lugar a una situación de insolvencia transitoria; o bien atravesar una situación en la que los pasivos en el balance (deudas, créditos, obligaciones) son superiores a los activos de contrapartida (bienes y derechos de cobro), haciéndose imposible la continuidad de la viabilidad de la empresa.

Por ello se hace necesario, como posibles acreedores, deudores, proveedores, clientes, accionistas o empleados de una empresa, entender correctamente el tratamiento jurídico que nuestra legislación prevé para este tipo de situaciones de insolvencia transitoria o definitiva.

Derecho Concursal.

Cuando solo hay un deudor en conflicto con su acreedor, rige el derecho general de obligaciones, pero cuando el incumplimiento se refiere a una diversidad de obligaciones y distintos deudores se hace necesario un procedimiento de equidad (“par conditia creditorum”) para regular una solución ordenada al conflicto creado por la imposibilidad de cumplimiento del deudor.

Legislación previa a la actual Ley Concursal.

Antes de la actual legislación que regula el concurso de acreedores, la legislación concursal estaba dispersa en una amalgama de distintas normas, y que además trataban la situación de forma diferenciada para deudores comunes (normas de derecho civil) o para empresarios (normas de derecho mercantil).

  1. Deudores comunes:
    1. Quita y espera
    2. Concurso de acreedores
  2. Deudores empresarios:
    1. Suspensión de pagos
    2. Quiebra

Régimen actual del Concurso.

La Ley Concursal (Ley 22/2003, de 9 de julio) vino a superar los defectos de la anterior legislación y unificar el procedimiento para aquellos casos de insolvencia, algo que se había demandado durante décadas por la doctrina jurídica.

En una sola ley se regulan los aspectos procesales y materiales del concurso: es decir, un único régimen para todos los deudores (comunes o empresarios); con un único procedimiento para todos los casos; con unidad de presupuesto (la insolvencia); y con dos posibles fases o soluciones, la de convenio y la de liquidación concursal.

 

Concepto y presupuestos del concurso.

Es aquel procedimiento de ejecución universal, que, instado por el propio deudor o por uno de sus acreedores, se puede ejercitar contra quien se encuentre en estado de insolvencia.

Como presupuesto subjetivo, la declaración de concurso procederá respecto de cualquier deudor, sea persona natural o jurídica.

Como presupuesto objetivo, la declaración de concurso procederá en caso de insolvencia del deudor común. Se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles por incapacidad financiera para ello.

Si la solicitud de declaración de concurso la presenta el deudor, deberá justificar su endeudamiento y su estado de insolvencia, que podrá ser actual o inminente.

Si la solicitud de declaración de concurso la presenta un acreedor, deberá fundarla en título por el cual se haya despachado ejecución o apremio sin que del embargo resultasen bienes libres bastantes para el pago, o en la existencia de alguno de los siguientes hechos:

1.º El sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor.

2.º La existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera general al patrimonio del deudor.

3.º El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor.

4.º El incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de las clases siguientes: las de pago de obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso; las de pago de cuotas de la Seguridad Social, y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo período; las de pago de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades.


* Más información|Ley Concursal La guia del Derecho 2000
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