Tipos de Decretos en España: Real Decreto, Real Decreto Legislativo y Real Decreto Ley

El Decreto es la norma jurídica que emana del poder ejecutivo, esto es, del Gobierno. Tradicionalmente se denomina Real Decreto por el hecho de que se sancionan por el Rey (art. 91 CE)  Son refrendados por el presidente del Gobierno o por los ministros competentes.

Según su rango en la jerarquía normativa, podemos diferenciarlos entre aquellos que tienen rango de Ley, y aquellos otros que tienen un rango inferior, reglamentario.

Real Decreto.

Como decíamos, se trata de una norma jurídica con rango de Reglamento, que sirve para ejercer el poder ejecutivo. La Constitución en su Art. 97 otorga al Gobierno la potestad reglamentaria, esto es, la facultad de promulgar normas con rango inferior a ley, y en desarrollo de los preceptos contenidos en ésta.

El Gobierno, al ejercer el poder ejecutivo, tiene a su disposición los decretos como la fórmula jurídica que le otorga la Constitución para el desarrollo de la Ley, a fin de poder ejecutar lo legislado.

El Decreto emana del Consejo de Ministros, pero existen también reglamentos que emanan de órganos ejecutivos inferiores, por delegación y especialización de las materias que desarrollan:

  • Real Decreto: proviene del Consejo de Ministros.
  • Orden: proviene de las Comisiones delegadas del Gobierno.
  • Orden Ministerial: proviene de un Ministerio.
  • Circulares, Resoluciones, Instrucciones y Ordenes de Servicio: provienen de los distintos órganos que integran la Administración Central, y su rango normativo depende del rango jerárquico del órgano del que emanan.

Podemos encontrar en la legislación administrativa, y para todos los sectores de actividad económica, miles de Decretos: sobre Energía, sobre Telecomunicaciones, sobre Agricultura, sobre Tráfico, etc… Cuanto mayor es la intervención del Gobierno en un sector, mayor es el número de Reales Decretos que podemos encontrar en dicho sector.

Real Decreto Legislativo.

Se trata de una norma que tiene rango de ley, realizada por el Gobierno por delegación del Parlamento.

El art. 82 C.E. permite al poder legislativo delegar en el Gobierno la realización de leyes, siempre que las materias a tratar no afecten a cuestiones reservadas a Ley Orgánica.

Existen dos tipos de delegación, y por tanto dos tipos de Real Decreto Legislativo:

  • Delegación para realizar un Texto Articulado, mediante una Ley de Bases del Parlamento, que delimita con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa, así como los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. Así, mediante esta técnica legislativa, el Parlamento sienta las bases de la materia a legislar, y el Gobierno desarrolla dicha materia en el Texto Articulado, que formalmente reviste la forma de Real Decreto Legislativo. El ejemplo más conocido en España es el del Código Civil: las Cortes aprobaron 27 bases que el Gobierno desarrolló en 1975 artículos.
  • Delegación para realizar un Texto Refundido, mediante una Ley Ordinaria del Parlamento que contendrá los límites y el objetivo de la delegación. Mediante esta técnica legislativa se encomienda al Gobierno la labor de refundir varios textos legales en uno solo. . La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. Algunos ejemplos de Reales Decretos Legislativos de este tipo son el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

Real Decreto-Ley.

Se trata también una norma con rango de Ley. El Art. 86 CE indica que en caso de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-Leyes.

Por esta naturaleza extraordinaria, tiene carácter provisional, y sólo puede valer para el tiempo necesario a fin de reunir al Parlamento para que sea éste quién “regularice” la situación de dicha legislación. Deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad en el Congreso en un plazo de treinta días desde su promulgación.

Así, en un plazo de treinta días el Congreso deberá convalidarlo o derogarlo. Si lo convalida, el Decreto-Ley seguirá llamándose así pero pasará a ser Ley ordinaria, y dejará de tener carácter temporal. Por el contrario, si el Congreso lo deroga dejará de existir pero habrá sido plenamente válido durante el tiempo anterior, pues la derogación no tiene efectos retroactivos.

El Gobierno como legislador.

La capacidad del Gobierno para crear normas legales está prevista en la Constitución como algo excepcional, solo para casos de extraordinaria y urgente necesidad (art. 86 CE) dado que nuestro Estado de Derecho tiene como principio básico la separación de poderes, quedando reservada la capacidad legislativa al Parlamento (art. 66.2 CE).

Por ello, el Real Decreto ordinario debería ser la única forma de crear normativa reguladora del Gobierno. Es decir, el Gobierno debe tener capacidad de crear Reglamentos pero no Leyes.

En el caso del Real Decreto Legislativo se entiende que no hay una creación pura de una nueva Ley, en tanto que se limita a Articular según lo previsto en la Ley de Bases, o bien a Refundir leyes y normas ya existentes.

Pero en el caso del Decreto-Ley el poder ejecutivo toma directamente las atribuciones de legislador, rompiendo la división de Poderes y entrando así en una dinámica peligrosa, la del Ejecutivo que además de ejecutar puede legislar, sin ostentar la representación del pueblo que sí que existe en el Parlamento, donde encontramos cientos de representantes de todos los partidos políticos (Congreso) y de todos los territorios nacionales (Senado).


* Más información|Bufete Rosales Fundación Fuego
* Imagen|Pixabay

El Proceso Monitorio

La razón de ser de cualquier negocio es obtener beneficios. Sin un beneficio neto positivo, no existe viabilidad para ninguna empresa. Por supuesto, los beneficios los generan las ventas, pero una venta no termina hasta que es cobrada. Si vendemos y no cobramos, todos nuestros esfuerzos habrán sido en balde, obtendremos irremediables perdidas.

El derecho a cobrar una venta es un derecho de carácter sustantivo, que nace de la obligación de nuestro cliente a satisfacer el importe correspondiente, como todo deudor de cualquier obligación debe satisfacer al acreedor.

Pero, ¿Qué pasa si el deudor no cumple? ¿Cómo perseguirlo? Desde luego, si hay que litigar durante años, sin garantías de éxito, la persecución del crédito puede incrementar aún más las pérdidas.

Para ello, existe en el derecho adjetivo de nuestro ordenamiento procesal el Juicio Monitorio, un procedimiento judicial destinado a obtener con la mayor celeridad posible el pago de una deuda.

El objetivo del acreedor al interponer Juicio Monitorio es obtener un título ejecutivo, es decir, una resolución judicial con la que poder ejecutar la deuda, embargando por ejemplo bienes suficientes del patrimonio del acreedor.

la evolucion del tique - la factura simplificada

El Juicio Monitorio se inicia con una Petición del acreedor donde debe identificar suficientemente a su deudor, el origen y cuantía de la deuda, y todos los documentos que acrediten la misma.

Respecto de la deuda, para poderse proceder vía Juicio Monitorio ésta debe ser:

  • Dineraria.
  • Líquida. Es decir, que se halla exactamente determinada, o es fácilmente determinable (por ejemplo, multiplicando unidades vendidas por precio unitario).
  • Exigible. No existen motivos para no poder exigirla, como alguna cláusula en el contrato que no se haya cumplido.
  • Vencida. Ha cumplido el plazo determinado para su pago.

Respecto de los documentos que acreditan la misma:

  • Documentos firmados y sellados por el acreedor, que reflejen la deuda.
  • Mediante documentos emitidos el acreedor, como facturas, albaranes, certificaciones, etc… que sean los que habitualmente se utilicen en la relación comercial para documentar créditos y deudas.
  • Documentos comerciales que acrediten una relación anterior y duradera, como contratos de varios años, facturas de venta similares de distintos ejercicios, etc…
  • Certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes en Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

juicio-final

Si la Petición identifica correctamente a acreedor y deudor, así como una deuda con las características indicadas, y adjunta medios suficientes de prueba documental acreditativos de dicha deuda, según lo expuesto más arriba, el Juez (1ª Instancia del domicilio del Acreedor) admitirá por Auto dicha petición, y el Secretario Judicial se dirigirá al Deudor, requiriendo que pague la deuda o se oponga en el plazo de 20 días.

Si no hay oposición, y no se produce el pago pasado el plazo indicado, el Secretario Judicial Decreto dando por terminado proceso monitorio y dará traslado al acreedor para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud.

La oposición del deudor no puede ser indeterminada y genérica, sino que si éste se opone al Juicio Monitorio debe acreditar en su escrito, al menos de manera sucinta, las razones por las que a su entender no debe pagar (aunque hay doctrina y jurisprudencia que admiten la oposición indicando solamente “no debo” o “la deuda es inexistente”). Si el deudor se opone de esta forma al pago, el procedimiento se transforma en Juicio Ordinario o Juicio Verbal.

En resumen, el Juicio Monitorio es la herramienta procesal que permite al acreedor obtener con rapidez un título ejecutivo con que poder obtener el pago de una deuda que está suficientemente determinada.

Imágenes | Qué Aprendemos Hoy