El Convenio en el concurso de acreedores

Se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles por incapacidad financiera para ello.

Y el concurso de acreedores es el procedimiento judicial que se puede ejercitar contra el deudor insolvente, con el objetivo de asegurar la gestión ordenada del patrimonio del deudor a fin de conseguir el pago a los distintos acreedores en la medida de lo posible.

El concurso puede terminar de dos formas:

  • Convenio: medio principal de resolución del concurso.
  • Liquidación: medio subsidiario cuando no pueda aprobarse convenio viable.

Según la exposición de motivos de la ley concursal el convenio debe constituir la solución normal del concurso.

Vamos a estudiar de acuerdo con esta Ley el convenio y su regulación.

Propuestas anticipadas de convenio.

Una vez aprobado el inventario y la lista de acreedores, y tras la declaración de concurso, tanto deudor como acreedores pueden realizar propuestas anticipadas de convenio por escrito. Estas propuestas contendrán el plan económico-financiero y un plan de pagos, y podrán instrumentarse en torno a los siguientes supuestos:

  • Quita: los acreedores renuncian a cobrar una parte de sus créditos, pudiendo de esta manera el patrimonio del deudor satisfacer todos los créditos.
  • Espera: los acreedores aplazan el vencimiento y cobro de sus créditos el tiempo suficiente para que el patrimonio pueda generar el importe suficiente.
  • Un mix de quita y espera: los acreedores renuncian a una parte de la deuda y aprueban aplazamiento para la deuda restante.
  • Otras propuestas, generalmente consistentes en la conversión de créditos en acciones o créditos participativos, transformando deuda en capital (los acreedores se convierten en accionistas).

Existen distintas reglas generales que deben tenerse en cuenta en cuanto a la propuesta anticipada de convenio:

  • la propuesta de quita no puede exceder de la mitad del importe de cada crédito.
  • la propuesta de espera no puede ser de más de 5 años.
  • La propuesta no podrá consistir en la cesión de bienes y derechos a los acreedores en pago de sus créditos, ni en cualquier forma de liquidación global del patrimonio del concursado, ni en la alteración de la clasificación de los créditos establecida por la ley.
  • Cabe la adhesión a cualquier propuesta de convenio pero sin poder introducir modificaciones en la misma.
  • Si se presenta una propuesta anticipada a la que se adhieran acreedores que representen más de la quinta parte del pasivo y resulta viable el juez podrá aprobarla sin la intervención del resto de acreedores.

Apertura de la fase de convenio.

Si el deudor concursado no solicita la liquidación, y no se ha aprobado una proposición anticipada de convenio, una vez transcurre el plazo para impugnar el inventario y la lista de acreedores, finaliza la fase común del concurso y se abre la fase de convenio.

En este momento el concursado y los acreedores que superen una quinta parte del pasivo pueden presentar una propuesta de convenio, que podrá consistir en una propuesta económica como las estudiadas ya antes: quita, espera o conversión de deuda en capital.

Este convenio se somete a la aprobación de la junta de Acreedores presidida por el Juez del concurso, siendo necesario el voto favorable de la mitad del pasivo ordinario para su aceptación.

Los acreedores que no estén de acuerdo con este convenio tienen un plazo de 10 días para formular oposición, la cual se sustanciará por el cauce del incidente concursal y terminará con sentencia que apruebe o rechace el convenio aceptado, pero sin poder modificarlo.

Efectos del convenio.

La ejecución del convenio hace cesar todos los efectos de la declaración del concurso, y se cesan a los Administradores, que tendrán que rendir cuentas.

Y decimos que se cesan los efectos del concurso porque proceder ejecutar lo dispuesto en el convenio:

  • El deudor y los acreedores ordinarios y subordinados quedan vinculados por el convenio en cuanto a los créditos anteriores a la declaración de concurso,
  • Los acreedores privilegiados sólo quedarán obligados si votaron a favor de la propuesta.
  • Los acreedores que no hubiesen votado a favor no quedarán vinculados por el convenio en cuanto a la subsistencia de sus derechos contra los obligados solidariamente con el concursado ni frente a sus fiadores y avalistas, quienes no podrán invocar ni la aprobación ni los efectos del convenio en perjuicio de dichos acreedores.


* Más información|Almacen de Derecho  El Notario
* Imagen| Pixabay

Anuncios

Los órganos del concurso de acreedores

Cuando un deudor deviene insolvente y se ve incapaz de atender las distintas deudas que mantiene con sus acreedores, nuestra legislación prevé el concurso de acreedores como proceso de gestión ordenada y liquidación en su caso del patrimonio del deudor, a fin de asegurar en la medida de lo posible el pago de los distintos créditos concursales y créditos contra la masa concursal.

Dentro de la organización del concurso de acreedores, se hace necesario entender correctamente qué papel juegan cada uno de los órganos que intervienen para comprender de forma global el funcionamiento del concurso.

  1. El juez del concurso.

La competencia corresponde al juez de lo Mercantil en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales, es decir, allí donde ejerza de forma habitual y reconocible por terceros la administración de dichos intereses. Si el deudor tuviese en España su domicilio y el lugar de éste no coincidiese con el centro de sus intereses principales, será también competente, a elección del acreedor solicitante, el juez de lo mercantil en cuyo territorio radique aquél.

El juez del concurso tiene amplia jurisdicción sobre todas las acciones civiles con trascendencia patrimonial (pero no las relativas a capacidad, filiación, matrimonio y menores); sobre las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectiva de los contratos de trabajo, asi como de alta dirección (excepto en las relativas a las relaciones laborales individuales); y todas las ejecuciones contra el patrimonio del deudor y medidas cautelares. Se extiende también a todas las cuestiones prejudiciales administrativas o sociales directamente relacionadas con el concurso.

 Respecto de la resolución judicial declarando el concurso:

  • En caso de que la solicitud haya sido presentada por el deudor, es decir, en caso de concurso voluntario, el juez dicta auto declarando el concurso si considera acreditada alguna de las causas de insolvencia.
  • En caso de que la solicitud haya sido presentada por el deudor, es decir, en el caso de concurso necesario, el juez dicta auto declarando el concurso previa audiencia del deudor y con un período de presentación de las pruebas contempladas en la Ley Concursal al efecto.

Dicho auto de declaración de concurso indicará en todo caso el carácter voluntario o necesario del concurso, los efectos sobre las facultades de administración y disposición del deudor, las medidas cautelares que se consideren necesarias, un llamamiento a los distintos acreedores para que indiquen a la administración concursal sus respectivos créditos (plazo de 1 mes)

  1. La administración concursal.

Una vez sea declarado el concurso por Auto judicial, el juez ordena formar la administración concursal del concurso, formada por :

  • Un abogado en ejercicio con al menos 5 años de ejercicio efectivo.
  • Un economista (auditor de cuentas, economista o titulado mercantil colegiado) con la misma experiencia-
  • Un acreedor que sea titular de un crédito ordinario o privilegio general que no esté garantizado.

En el procedimiento abreviado el juez podrá nombrar a un solo administrador que será de carácter profesional.

La administración concursal es la encargada de administrar diligentemente la masa concursal en caso de que el deudor sea inhabilitado para administrar y gestionar el patrimonio, así como de supervisar la actividad del deudor en caso de que no se le inhabilite. Todo ello a fin de garantizar con la masa concursal los legítimos intereses de cobro de los acreedores.

La administración concursal redactará el informe para determinar la masa concursal, con el inventario de la masa activa, la lista de acreedores y la evaluación de las propuestas de convenio que se hayan presentado.

Cobrará una retribución con cargo a la masa del concurso, que se fijará de acuerdo con un arancel legal por auto del juez del concurso que tendrá en cuenta la cuantía del pasivo y la complejidad del concurso.

 

  1. Junta de Acreedores.

Se constituye únicamente en la fase de convenio cuando no se haya aprobado mediante el sistema de adhesiones escritas una propuesta anticipada.

Este órgano, formado por los distintos acreedores, tenía mayor importancia en la legislación anterior, y tenía como finalidad la discusión y votación de las proposiciones de convenio que le fueran presentadas, y lo acordado por la junta se imponía a todos los acreedores. Pero dado que existían numerosos fraudes en la práctica, la nueva Ley Concursal simplificó los órganos del concurso y dejó como residual esta Junta.

  1. Ministerio Fiscal.

Se limita a la calificación del concurso, cuando proceda su apertura. Y sin perjuicio de su actuación en caso de existir indicios de delito contra al patrimonio o el orden socioeconómico que se pongan de manifiesto en estados de insolvencia de algún presunto responsable penal.


* Más información| Guias Jurídicas WolterKluver  Derecho Mercantil 
* Imagen| Pixabay

Efectos del Concurso para los Acreedores

Si somos acreedores de un deudor que resulta insolvente, es decir, que no puede cumplir con sus obligaciones por incapacidad financiera, podremos solicitar judicialmente la declaración de concurso de acreedores, a fin de instar una liquidación ordenada de su patrimonio para cobrar lo que nos adeuda. Incluso puede ser que el deudor por sí mismo solicite dicha declaración judicial de concurso al verse incapaz de atender a sus acreedores.

Y como acreedores debemos entender correctamente los efectos que para nosotros tiene dicha declaración de concurso de acreedores.

  1. Integración de la masa pasiva:

El primer efecto es el de que todos los acreedores del deudor, ordinarios o no, y sea cual sea su nacionalidad o domicilio social, quedarán integrados en la masa pasiva del concurso.

  1. Efecto sobre las acciones judiciales individuales:

De lo atedicho se deriva que se quedan paralizadas las acciones individuales del acreedor, en concreto las acciones ejecutivas (por ejemplo la derivada de un auto de ejecución derivado de un proceso cambiario) incluidos los apremios administrativos o tributarios (que quedarán en suspenso si estuvieran en tramitación).

  • Los acreedores con garantía real sobre los bienes del concursado afectos a su actividad empresarial no podrán iniciar la ejecución hasta que:
    • Se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho.
    • O bien transcurra 1 año desde la declaración de concurso sin que se haya producido la apertura de la liquidación. Si ya estuvieren iniciadas se suspenderán también (salvo que ya estuviere anunciada la subasta).
  • La administración concursal podrá atender el pago de los créditos con garantía real con cargo a la masa, liberando así los bienes o derechos hipotecados o pignorados.

Esto no afecta a las acciones declarativas de orden civil o social en tramitación, que continúan hasta la firmeza de la sentencia, ni a las de naturaleza contencioso administrativa o penal, incluso si se ejercitan con posterioridad a la declaración de concurso:

  • En caso de que tras la declaración de concurso el deudor conserve sus facultades de disposición y administración, podrá actuar en juicio con autorización de la administración concursal.
  • En caso de suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor, le sustituirán los administradores concursales en los procedimientos judiciales en trámite, si bien requerirán de autorización judicial para desistir o allanarse o transigir, aunque en aras a la legítima defensa el deudor pueda mantener su representación y defensa separada.

Así por tanto, como vemos, las acciones que conllevan una ejecución directa sobre el patrimonio quedarán en suspenso, para no afectar a la masa patrimonial del concursado en detrimento del resto de deudores, mientras que no afecta esta suspensión a las acciones declarativas, o bien a las acciones penales o administrativas.

  1. Efectos sobre los créditos.

La declaración de concurso tiene tres importantes efectos sobre los derechos de crédito que se ostentasen frente al deudor concursado:

  • No procederá la compensación de los créditos y deudas del concursado a partir de la declaración de concurso.
  • Se interrumpe el devengo de intereses, legales o convencionales, salvo los correspondientes a los créditos con garantía real, que serán exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía.
  • Se interrumpe la prescripción de las acciones contra el deudor por los créditos anteriores a la declaración, así como de las acciones contra socios y contra los administradores, liquidadores, o auditores de la sociedad.
  1. Efectos sobre los contratos.

Como regla general, el concurso no afecta a la vigencia de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento:

  • en los contratos con obligaciones recíprocas, si una parte ha cumplido y la otra no, el crédito o la deuda que corresponda al deudor común se incluye en la masa activa o pasiva del concurso.
  • Las obligaciones pendientes de cumplimiento se seguirán cumpliendo, salvo que la admón. concursal, en caso de suspensión, o el concursado, en caso de intervención, soliciten la resolución del contrato, que el juez aprobará, si hay conformidad entre las partes o resolverá mediante incidente concursal.

En línea con ésto, las posibles cláusulas contractuales que establezcan la facultad de resolución o extinción del contrato por la sola declaración de concurso se tendrán por no puestas.

Respecto de los contratos de crédito o compra con pago aplazado, la administración concursal podrá rehabilitar aquellos cuyo vencimiento anticipado o resolución por impago se haya producido en los 3 meses anteriores a la declaración de concurso, siempre que el tercero contratante no se oponga y se haya iniciado el ejercicio de las acciones antes de la declaración concursal.

Respecto de los contratos de arrendamiento, la administración concursal podrá enervar la acción de desahucio ejercitada contra el deudor arrendatario antes de la declaración de concurso y rehabilitar la vigencia del contrato de arrendamiento, hasta el momento de practicarse el efectivo lanzamiento.

Respecto de los contratos laborales:

  • Los trabajadores no tendrán derecho a la rescisión del contrato con indemnización, salvo que comporten movilidad geográfica fuera de la Comunidad Autónoma, por un período máximo de 12 meses.
  • Los expedientes de modificación, suspensión o extinción colectiva, se tramitan ante el juez del concurso y podrán ser solicitados al juez por la administración concursal, por el deudor, o por los representantes de los trabajadores, intentando llegar a un acuerdo en un período de consultas previas no superior a 30 días o 15 en las empresas con menos de 50 trabajadores.

Se mantiene no obstante la competencia a favor de los tribunales de lo social en materia de relaciones laborales individuales.


* Más información| Infoautónomos  Blog ING 
* Imagen| Pixabay