La nulidad del proceso judicial a Jesús de Nazaret

Hace unos años se publicó  Proceso a Jesús (Almuzara, 2013), una obra que ha adquirido cierta fama y en la que su autor, José María Ribas Alba, profesor de Derecho Romano de la Universidad de Sevilla, defiende que el proceso judicial a Cristo fue justo y legítimo, de acuerdo con la legalidad de su momento.

Según el profesor Ribas, a Jesús no lo mataron los fariseos ni los romanos, sino la ley y el Derecho. Pero nada más lejos de la realidad, dado que como aquí expondremos a Jesús lo mataron los intereses de la clase social que ostentaba el poder en el pueblo judío.

Mi propósito por tanto con este ensayo es demostrar, en base al texto histórico recogido en los Evangelios, así como en base a la historiografía de fuentes romanas y judías, la nulidad de la sentencia de muerte a Jesús de Nazaret, sobre la base la nulidad de los procesos judiciales que dieron lugar a dicha sentencia.

Nulidad

La nulidad es un concepto jurídico que declara que un acto, hecho o negocio jurídico no reúne los requisitos necesarios para su válida existencia, por lo que se debe tener por inexistente: nunca realmente ha llegado a nacer válidamente, y no despliega por tanto ningún efecto; todo lo que se haya hecho en base al mismo debe retrotraerse, para que las cosas queden como si nunca hubiese existido dicho acto, hecho o negocio jurídico declarado nulo, pues jurídicamente no ha llegado a existir.

La nulidad puede ser parcial (afecta solo a una parte del acto, hecho o negocio) o total. En el caso del proceso judicial a Jesús debemos entender que es total, pues no habría ninguna parte válida de los distintos procesos seguidos.

Coyuntura política y jurídica.

Judea y Galilea eran reinos clientelares, formaban una provincia perteneciente al Imperio Romano, que la había ocupado y se la había anexado en el año 63 a.C.

En la época de Jesús, la región de Judea contaba como autoridad romana con Poncio Pilatos, y la de Galilea con Herodes Antípas. La ley vigente era la del Derecho Romano, y el pueblo estaba sometido a la jurisdicción de los magistrados y las autoridades del Imperio.

No obstante los romanos permitían que los representantes del pueblo judío ejerciesen la autoridad moral y juzgasen en base a la ley y normas del pueblo judío, recogida desde miles de años antes en sus Escrituras. Este órgano era el Sanedrín o  Consejo Supremo Judío, formado por el sumo sacerdote y 70 hombres prominentes de Israel.

Así por tanto, había una doble autoridad:

  • Imperio Romano:
    • Judea: Poncio Pilato
    • Galilea: Herodes Antipas
  • Moral o Religiosa: El Sanedrín, sometido a su vez a la autoridad imperial.

Diversidad de procesos judiciales

El proceso judicial a Jesús de Nazaret fue doble:

  • Por un lado fue juzgado por el Sanedrín, la autoridad judía, bajo la acusación de blasfemia: declararse un Dios a sí mismo. Al declararse “Hijo de Dios” se ponía al mismo nivel de Dios mismo, y esto iba en contra de la ley judía. La pena en caso de demostrarse la comisión del delito era de muerte. Este proceso se inició e impulsó por buena parte de los altos representantes de los fariseos.
  • Por otro lado fue procesado por la autoridad romana, bajo la acusación de lesa majestad  y sedición: declararse un Rey y agitar al pueblo contra el Cesar. Al declararse “Rey de los Judíos” atenta contra el César, y la pena en caso de demostrarse la comisión del delito era de muerte. Este proceso se inició e impulsó por los representantes del Sanedrín.

Los fariseos

En la época de Jesús de Nazaret había distintos grupos o sectas religiosas judías, que se distinguían por su distinta interpretación de las ley judía o Escrituras Sagradas:

  • Fariseos
  • Esenios
  • Saduceos
  • Zelotes

De todos ellos, los que mayor aceptación por parte del pueblo, y también mayor poder habían alcanzado eran los fariseos, que ocupaban los puestos más prominentes en la jerarquía judía, y eran por lo general hombres ricos, con posesiones y formación. Eran la élite del pueblo, y representaban por así decirlo el judaísmo oficial.

Sus creencias religiosas se caracterizaban por enfatizar el formalismo: para ellos las formas eran lo más importante. Partían de la premisa de que no se podía explorar el interior de un hombre, por lo que el exterior, es decir, sus actos y lo que hacía, determinaban el fondo.

Esto chocó fuertemente con las enseñanzas de Jesús, que predicaba una visión de Dios menos formal y más afectiva, basada en el amor al prójimo.

Valga aquí en aras a la brevedad este burdo resumen, para poner en situación y contexto al lector, ya que este choque  doctrinal es desde luego mucho más amplio, y requeriría de un análisis e informe mucho más profundo, en tanto que la doctrina impartida por Jesús desbancaba de manera absoluta a lo que durante siglos había predicado y establecido la élite de los fariseos.

Lo buscaban para matarlo.

La sentencia de muerte a Jesús de Nazaret ya estaba dictada antes del proceso.

El citado enfrentamiento entre Jesús y los fariseos, que como ya dijimos antes eran hombres poderosos, se había recrudecido a lo largo de los años de vida pública de Jesús. Su gran autoridad a la hora de enseñar era acompañada de signos y milagros, y muchos ciudadanos tanto del pueblo judío como de otros pueblos creían en su mensaje.

Esto le convirtió en un hombre de gran prestigio y, según nos indican los Evangelios en distintas ocasiones, los fariseos lo buscaban para matarlo. Cada milagro que se hacía público y adquiría relevancia suponía un duro golpe contra el poderoso Sanedrín.

Tras uno de sus más importantes milagros, el de devolver a la vida a Lazaro, nos dice el Evangelio de Juan que se reunió el Sanedrín, preocupados por la gran fama que había adquirido Jesús. Dado que gracias a la resurrección de Lazaro muchos judíos creían en él como el Cristo, el hijo de Dios. Y decidieron que era un peligro y debían matarle.

¿Cómo puede ser justo un juicio si, antes de que se inicie el mismo, y sin contradicción ni pruebas, ni existiendo posible defensa para el acusado, ya se ha decidido la sentencia? Ésta sería la primera prueba de la absoluta nulidad, por tanto, del proceso seguido contra Jesús.

El prendimiento.

No fue ni mucho menos un proceso justo, sino una trama que tenía por objetivo asesinar a un opositor que ponía en entredicho el gobierno religioso de los poderosos fariseos.

Éstos, aprovechando su poder económico, compraron (con 30 monedas de plata) a uno de los discípulos del Nazareno, concretamente a Judas Iscariote, como infiltrado en el círculo privado de Jesús, a fin de señalar su paradero y entregarlo al Sanedrín.

Debemos aquí tener en cuenta que Jesús no tenía una residencia fija, se movía por un territorio extenso, y contaba con muchos seguidores que lo protegían, por lo cual no resultaba una misión fácil para los jefes fariseos el darle caza; de hecho los Evangelios nos indican que varias veces habían ya intentado apresarlo. Además en su prendimiento tenían que tratar de no escandalizar al pueblo y a los seguidores de Jesús, debía tratarse de una acción rápida y efectiva.

Finalmente, antes de la celebración de la Pascua (para no levantar escándalo durante la fiesta sagrada) y con nocturnidad y alevosía, mediante la ayuda de Judas Iscariote pudieron los hombres del Sanedrín apresar a Jesús mientras oraba en el huerto de Getsemaní.

Desde luego, la injusticia del proceso se vuelve aquí a poner de manifiesto, y es que el miedo por parte de los fariseos a capturar al Nazareno de forma pública revela que no estaban haciendo bien las cosas, no hubiesen tenido problemas en capturar a un verdadero delincuente a plena luz del día y sin tantos rodeos.

El proceso ante el Sanedrín.

El primer proceso judicial que afronta Jesús es ante el máximo órgano judicial y de poder religioso judío. La acusación que se le realiza es la de blasfemia, y se pide para él la pena de muerte.

Nada más detenerlo, y siendo de madrugada, se lo llevan a casa de Anás, que había sido sumo sacerdote. Un juicio ordinario nunca se podría producir de noche, sino que se habría producido de día y con una convocatoria pública ordinaria. Reunirse de noche y tan extraordinariamente es otro indicio más de la injusticia del proceso.

Desde luego, y según todo lo ya expuesto, podemos afirmar que no se trataba de juzgar de manera objetiva el delito, sino que perseguían obtener a toda costa la sentencia que buscaban los propios jueces, esto es, la muerte de Jesús.

Por ello, no existió defensa posible ni principio de contradicción entre las partes. Y tampoco declararon testigos objetivos. De hecho, se comenzó interrogando al acusado, y solicitando de él una declaración autoinculpatoria, mientras un guardia le pegaba. La ley judía exigía audiencia pública y la defensa del acusado ante un delito penado con pena capital, pero nada de eso se dio aquí.

De casa de Anás lo llevan a casa de su yerno Caifás, actual sumo sacerdote, donde está reunido el Sanedrín. Allí la táctica de los juzgadores fue la misma, siguieron intentando una declaración inculpatoria por parte del propio acusado.

Dado que los testigos tenían una gran relevancia en el proceso judicial de los judíos, pues según su ley varias declaraciones en contra suponían una prueba muy firme, llevaron los acusadores a falsos testigos que declaraban contra Jesús. Pero al no haber preparado adecuadamente dichos falsos testimonios, se contradecían unos con otros. Desesperados, seguían pidiendo al acusado que se declarase culpable.

“Plantearle preguntas al acusado y condenarlo en función de su respuesta constituyó [una] violación de la justicia formal” como bien indicaba en sus escritos el famoso abogado inglés Alexander Taylor Innes.

Finalmente el sumo sacerdote le pregunta bajo juramento divino “Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios” a lo que Jesús le respondió “Tú lo has dicho”. De lo cual Caifás dijo a los demás “Ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia ¿qué decís?” y los demás sacerdotes dijeron “Es reo de muerte”.

Ya habían conseguido por tanto su objetivo, la pena de muerte.

Todo el proceso violaba la justicia formal y los más elementales principios del derecho procesal judío. Es decir, el proceso era nulo de pleno derecho.

El Gobernador Pilato.

Dado que bajo la soberanía romana el Sanedrín no tenía poder para ejecutar su propia sentencia, puesto que solo el Imperio Romano podía ordenar la muerte de un reo, llevaron al sentenciado al palacio del gobernador Pilato.

El delito de blasfemia por el que lo habían sentenciado quedaba en la esfera de la religión judía, y por tanto no era motivo de muerte ante el derecho romano. Fue por ello que los sacerdotes judíos presentaron a Jesús ante Pilato como “Rey de los Judíos”, es decir, como rebelde ante el Imperio Romano.

Además indicaron a Pilato que Jesús era un elemento subversivo para el pueblo, y predicaba que no se pagasen impuestos al Cesar. Estas falsas acusaciones lo convertían en reo de sedición contra el Imperio, lo cual si podía dar lugar a su condena a muerte.

Sin embargo, debía ser tan evidente que Jesús no lo era que Pilato indicó que no veía delito alguno en él, y no quiere firmar su sentencia de muerte.

Interrogándolo de nuevo, Pilato descubre que Jesús es natural de Nazaret, perteneciendo esta localidad a la jurisdicción de Galilea, bajo el mandato de Herodes Antipas. Y dado que Herodes se encontraba esos días en su palacio de Jerusalen para celebrar la Pascua lo envía a él. Es decir, se declara incompetente judicialmente para condenar a un ciudadano de otra región.

En el Palacio de Herodes Antipas.

Así por tanto los fariseos se vieron obligados a llevar a Jesús ante Herodes. Y éste, que había oído hablar mucho de él, pues debía ser como dijimos antes un hombre de gran fama y prestigio sobre el pueblo, le pidió que hiciese un milagro. Dado que Jesús no le respondía, Herodes se enfadó y se burló de él, pero no atreviéndose a condenarlo a muerte lo devuelve a Pilato concediéndole a éste la jurisdicción.

De nuevo ante Pilato.

El gobernador Pilato sigue sin creer en la culpabilidad de Jesús como reo de sedición, pues no existen pruebas ni antecedentes, ni tampoco testigos fiables, y se nota que solo es una estratagema del Sanedrín para matar al nazareno por motivos religiosos. Así por tanto, y buscando de nuevo eludir su responsabilidad, saca al balcón a Jesús.

Dado que tenía otro delincuente apresado para crucificarlo, llamado Barrabás, sacó a ambos a su balcón, y concedió al pueblo por estar en ciernes de la fiesta de la Pascua que pudiesen liberar a uno de ellos. Desde luego es lógico deducir que pretendía con esta estrategia que no quisiesen soltar al criminal real, Barrabás, mientras que liberarían al hombre que nada había hecho, Jesús de Nazaret.

Aquí resulta clave lo que nos dice el Evangelio de Lucas: «Ustedes me han traído a este hombre, acusándolo de incitar al pueblo a la rebelión. Pero yo lo interrogué delante de ustedes y no encontré ningún motivo de condena en los cargos de que lo acusan; ni tampoco Herodes, ya que él lo ha devuelto a este tribunal. Como ven, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. 16 Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad.

Sin embargo, los judíos allí presentes gritaron que liberase a Barrabás y crucificase a Jesús. ¿Cómo pudo ser esto así? Debemos tener en cuenta que todos los sacerdotes, junto con sus familiares, amigos y dirigentes fariseos habían sido quienes habían llevado allí a Jesús pidiendo su muerte, por lo que éstos debían estar allí en primera línea, agitando al pueblo. No era una representación real y homogénea del pueblo, sino que estaba muy sesgada por la presencia de los fariseos.

Sentencia de muerte.

Nos indican los evangelios que ante esto, Pilato se lavó públicamente las manos, en señal de que reconocía la profunda injusticia que se iba a cometer al soltar a un delincuente real y crucificar a un inocente. Pero no queriendo asumir más problemas con el pueblo judío, firmó finalmente la sentencia de muerte, indicando en una tablilla para público conocimiento que el reo se había declarado Rey de los Judíos.

Nulidad absoluta del proceso.

De todo lo expuesto se concluye la total y absoluta nulidad del proceso judicial seguido contra Jesús de Nazaret, siendo por tanto también nula la condena de muerte dictada contra el Nazareno.

  • La sentencia de muerte estaba decidida antes del proceso, por motivos políticos y religiosos, dado que Jesús amenazaba el poder de los fariseos.
  • La detención se realizó con nocturnidad y sin ningún tipo de garantías para el imputado.
  • El proceso ante el Sanedrín se desarrolló igualmente de noche, de manera sumaria, rápida, privada y sin audiencia pública.
  • No se respetaron los más elementales principios de un proceso justo, sin ningún tipo de garantías procesales para el acusado.
  • No se presentaron pruebas de cargo de entidad suficiente, ni testigos de cargo reales y fidedignos. No se probó la acusación de ninguna manera.
  • La culpabilidad y condena por blasfemia se derivó de una afirmación indirecta del propio acusado: “Tú lo has dicho”.
  • El Sanedrín lo presentó como culpable de sedición contra el Imperio Romano ante el gobernador: una falsa acusación, dado que lo habían condenado por blasfemia. El objetivo único de esta acusación en falso era obtener con dicha mentira la condena de muerte que ellos no podían ejecutar.
  • El gobernador romano Pilato indicó que era evidente que el reo era inocente del delito imputado, y lo quería soltar. Por ello no se atrevía a firmar la condena.
  • Herodes Antipas, gobernador de Galilea (y por tanto con jurisdicción sobre Nazaret) tampoco quiso firmar la condena, lo cual reafirma de nuevo la evidente inocencia de Jesús de los delitos de los que le acusaban.
  • Devuelto por Herodes a Poncio Pilato, este intentó de nuevo salvar a Jesús, entendiendo que se trataba de un inocente, pero la manipulación de los fariseos logró salvar al delincuente Barrabas y obligar a Pilato a condenar a Jesús.
  • Finalmente, se vuelve a evidenciar la inocencia cuando Pilato se lava las manos y firma la sentencia de muerte solo porque no ve otra salida para no crear conflicto con los poderosos del pueblo judío.

En definitiva, un proceso a todas luces injusto y nulo tanto en el fondo como en las formas.


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Urdangarín, recurso de apelación y medidas cautelares

Una de los grandes errores de la opinión pública es pensar que con la primera sentencia termina el proceso penal. Y es que los condenados tienen derecho a recurrir a una segunda instancia, y así ha pasado en el caso de Iñaki Urdangarin, que ha planteado un recurso de apelación contra su sentencia condenatoria.

Este no es un derecho exclusivo de Urdangarin, sino que el recurso de apelación penal asiste a cualquier ciudadano condenado en el proceso penal, tratando de garantizar sus derechos y libertades en el marco del pleno Estado de Derecho.

Es lo que se conoce como principio de doble instancia, previsto en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, y en el  Protocolo 7º del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, que en nuestro derecho positivo garantiza el sistema de recursos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El recurso  permite un nuevo examen o novum iudicium de las pruebas practicadas, así como de la valoración jurídica de las normas aplicadas en la sentencia recurrida.

En tanto que se resuelva el recurso de apelación, la sentencia de primera instancia puede quedar en suspenso, y a fin de asegurar que este período de tiempo no pueda ser aprovechado por los condenados para intentar eludir la acción de la justicia, llevando a cabo acciones que dificulten o imposibiliten que el proceso penal pueda cumplir su fin, como por ejemplo la ocultación de bienes, o la huida a un tercer país sin convenio de extradición, se podrán imponer a los condenados medidas cautelares, que con carácter instrumental (no son un fin en sí mismas, sino un instrumento de aseguramiento de que la condena pueda devenir firme), provisional (no son medidas definitivas, sino modificables según discurra el proceso) y de  homogeneidad (con las penas previstas en la sentencia recurrida) aseguren la efectividad de la sentencia.

La adopción de medidas cautelares requiere de la valoración de dos presupuestos:

1- “Fumus Boni Iuris” o aspecto de buen derecho: razonada atribución del hecho punible a una persona determinada, con un alto grado de probabilidad, así como a que el hecho en cuestión sea constitutivo de delito.

2.- “Periculum in Mora” que significa la existencia de un peligro cierto de fuga del imputado, o de la disposición del patrimonio en perjuicio del futuro cumplimiento de la sentencia.

En el caso de Iñaki Urdangarin la Audiencia Provincial de Palma no ha apreciado riesgo de fuga, por lo que ha denegado el ingreso en prisión provisional.

En tanto que se dilucida el recurso de apelación, podría haberse decretado como medida cautelar el ingreso en prisión, bajo el razonado juicio de los presupuestos antes indicados. Pero pensemos que la privación de libertad es la más grave de las penas que pueden imponerse a un ciudadano, y como ya hemos explicado antes la sentencia de primera instancia no es definitiva en tanto que no se confirme en segunda instancia una vez interpuesta la apelación.

Por ello, cada día lo jueces se enfrentan a este tipo de decisiones (meter a una persona en la cárcel para asegurar la efectividad del proceso, sabiendo que la revisión de la sentencia puede dar lugar a la revocación de esta pena, con el consiguiente daño a las libertades del encausado). Y en el caso que nos ocupa se ha valorado la inexistencia de peligro de fuga.

Desde luego puede parecer un error, si ahora el penado se da a la fuga, o aprovecha su libertad para alterar elementos del proceso. Pero la Audiencia ha debido realizar su juicio de probabilidades bajo el marco del Estado de Derecho y su decisión es legítima, y garantista con las libertades fundamentales.

Otro error de la opinión pública es el de pensar que Iñaki Urdangarín ha eludido la cárcel y no tendrá que cumplir su condena. Ni mucho menos es así. Como ya hemos indicado en tanto que se dilucida la apelación, la sentencia está en suspenso. Pero si la segunda instancia confirma las penas privativas de libertad, tendrá que entrar en la cárcel y cumplir sus penas.

En resumen, no existen indicios para pensar que el señor Urdangarín ha gozado de un trato de favor por parte de la justicia española que no habría tenido el común de los ciudadanos. Sino que se ha actuado como con cualquier otro condenado en primera instancia, y le han asistido los mismos derechos. De la misma manera, tendrá que cumplir sus penas si se confirman en segunda instancia. Lo preocupante de nuestra justicia es que se hubiese caído en el populismo de haberle tratado más gravosamente por ser un personaje público.


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Dilaciones indebidas: contra la “pena de banquillo”

La justicia si es lenta no es justicia. Esta frase, tan conocida en el mundo del Derecho, no es sino la constatación de una gran verdad, y es que cuándo los procesos judiciales necesitan años e incluso décadas para resolverse, la justicia pierde irremediablemente valor.

presoY no solo para la víctima, sino también para el acusado en el ámbito del procedimiento penal, que en estas ocasiones padece lo que se conoce como “pena de banquillo”: años de instrucción y proceso judicial que lesionan su derecho de defensa, su derecho a un proceso justo sin dilaciones, y su derecho a la presunción de inocencia (en este sentido: artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948); Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo; artículo 24  Constitución Española de 1978)

Nuestro Código Penal al regular las circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal tiene en cuenta la dilación indebida en su articulado, y establece en el artículo 21.6 que <<La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa>>.

Recientemente, la Sentencia del Tribunal Supremo 4055/2015, de 30 de septiembre de 2015 nos recordaba que <<La Jurisprudencia de esta Sala ha venido señalando que la dilación indebida para ser considerada como tal debe ser procesalmente injustificada, extraordinaria, no imputable al inculpado y desproporcionada con la complejidad de la causa>>.

La Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2013 indicaba que <<La apreciación de la atenuante exige precisar en qué momentos o secuencias del proceso se han producido paralizaciones que deban reputarse indebidas. Hemos dicho que el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que no es identificable con el derecho procesal al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes, impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas, y también ejecutar lo resuelto, en un tiempo razonable. Se trata, por lo tanto, de un concepto indeterminado que requiere para su concreción el examen de las actuaciones procesales, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que sea imputable al órgano jurisdiccional y no precisamente a quien reclama >>

office-581131_960_720Así por tanto, la jurisprudencia de nuestro alto tribunal determina claramente que aquél que alegue la aplicación de esta atenuante deberá  exponer en su alegato un análisis en detalle del proceso penal seguido, que pasa por dividirlo en sus distintas fases y demostrar de manera razonada cuál de estas fases es en concreto en la que se han producido dilaciones injustificadas, desproporcionadas y extraordinarias, imputables al propio órgano judicial.

Es decir, se requiere un análisis del caso concreto, y un razonamiento de qué parte del proceso ha sido la concretamente afectada por dilaciones indebidas.

En conclusión podemos afirmar que esta atenuante salvaguarda como decíamos al principio los legítimos derechos y garantías procesales del imputado o acusado, pero requiere del análisis pormenorizado del proceso seguido en el caso en cuestión, para determinar de manera concreta, razonada e inequívoca dónde se ha realizado dicha lesión.

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La Diligencia de Entrada

El artículo 18.2 de nuestra Constitución Española reconoce la inviolabilidad del domicilio como derecho fundamental de todo ciudadano,. “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”. La propiedad privada es un principio fundamental de nuestro Derecho, y la Constitución protege con especial afán el propio domicilio, como extensión de la dignidad e intimidad de la propia persona.

policiaEn el transcurso de la investigación judicial necesaria para el esclarecimiento de hechos que pudiesen ser constitutivos de un delito penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula  cómo el Juez de Instrucción, o la Policía Judicial en casos taxativos y excepcionales, pueden restringir este derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, en aras a la resolución de los hechos investigados. Puesto que dentro de dicho domicilio puede estar la persona a detener, así como el cuerpo o instrumentos del delito, o pruebas fundamentales de la investigación.

Por tanto, la Diligencia de Entrada es toda resolución judicial por la que se limita el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.

El objeto material de la Entrada lo constituye cualquier lugar cerrado en el que el ciudadano ejercita su derecho a la intimidad y privacidad. El artículo 554.2.º establece que es domicilio «el edificio o lugar cerrado, o la parte de él destinada principalmente a la habitación de cualquier español o extranjero residente en España y de su familia». El Tribunal Constitucional concibe el domicilio como «aquel espacio en el cual un individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima».

Este acto procesal, al limitar un derecho fundamental, debe guardar el principio de proporcionalidad, por lo que el Juez solo podrá adoptar esta medida cuándo no exista una alternativa menos gravosa.

La Diligencia de entrada no es una prueba en sí misma, ni un acto de investigación. Sino que se trata de un medio para la práctica de otra prueba, como el registro o la detención.

juezEl Juez de Instrucción que dirige la investigación de la causa es el órgano judicial competente, si bien lo será también el Juez de lo Contencioso-Administrativo cuándo se trate de entradas administrativas (por ejemplo en el transcurso de una investigación de Hacienda). En caso de flagrante delito, estado de excepción o sitio, o en el ámbito de la legislación antiterrorista, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden disponer la entrada en el domicilio de los particulares. El delito flagrante se define en el artículo 795.1.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece que “se considerará delito flagrante el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto”.

A nivel formal, la Diligencia de Entrada reviste la forma de Auto, que debe estar suficientemente motivado, conteniendo por tanto los indicios acerca de la existencia en el lugar cerrado del imputado cuya detención se pretende, o de los instrumentos del cuerpo del delito cuya recogida y custodia se desea lograr por el Juez de Instrucción.

El artículo 566 LECrim prescribe que deberá notificarse al interesado de manera personal, de manera simultánea. Si no se realiza de manera simultánea, deberá el Juez adoptar las medidas necesarias para evitar la fuga, o la ocultación o destrucción de pruebas (art. 567) pues de otra manera no se cumpliría con el fin último pretendido por la Diligencia de Entrada.

En el caso de la entrada policial, la comunicación evidentemente será verbal, pudiendo oponerse el sujeto pasivo de la misma, lo cual se hará constar en acta. Y debiendo los agentes dar cuenta de manera inmediata al Juez competente, indicando adecuadamente los motivos que motivaron la entrada, y el resultado de la misma.

Vía | Ilustre Colegio Abogados Málaga  Manual de Derecho Procesal Penal

Más Información | AidpEspaña  Ministerio de Justicia  URJC

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Acción, Jurisdicción y Proceso

El Derecho Procesal es la rama del Derecho que se ocupa de los procesos jurisdiccionales y arbitrales necesarios para el efectivo cumplimiento del derecho material.

La Ley, los contratos, los cuasicontratos, los actos y omisiones ilícitos, y los actos y omisiones en los que interviene culpa o negligencia hacen nacer para las personas obligaciones y derechos. Cuándo dichas obligaciones y derechos no se cumplen de manera voluntaria, existe discrepancia entre las partes intervinientes, o se incumplen los mandatos legales, el Derecho Procesal contiene las normas y principios necesarios para obtener dicho cumplimiento, mediante la regulación de la totalidad del proceso necesario para ello.

Por ejemplo: cuándo el comprador incumple el segundo plazo de pago previsto en el contrato de compraventa, alegando que el vendedor no entregó el bien objeto del contrato en tiempo y forma, el Derecho Procesal Civil prevé el plazo y forma que tienen las partes para solicitar al Juez el cumplimiento, cuál será el Juzgado al que deben dirigirse, la forma y plazo de la parte demandada para contestar a la demanda, la forma en que se desarrolla el juicio, o el plazo del Juez para dictar sentencia, así como los distintos recursos que caben contra dicha sentencia.

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Otro ejemplo: cuándo existen distintos indicios que apuntan a una persona como sospechosa de asesinato, el Derecho Procesal Penal regula la forma y garantías en que deberá tratarse al sospechoso, el plazo máximo de la prisión provisional, la labor del juez de instrucción para investigar el delito, o la forma en que será juzgado en caso de declararse imputado.

Podemos comprender el Derecho Procesal como derecho adjetivo, frente al derecho material (civil, penal, administrativo) que podríamos denominar derecho sustantivo.

Todo el Derecho Procesal se mueve sobre tres instituciones fundamentales: La Acción, la Jurisdicción y el Proceso.

La ACCIÓN.

La acción es la potestad que asiste al titular de un derecho para reclamar sus legítimas pretensiones en sede judicial.

La acción es la llave del proceso. “Nemo iudex sine actore” (no puede existir un proceso si no hay actor) y “nemo procedat iudex iure ex oficio” (no puede existir un proceso de oficio), aforismos que tienen su origen en el Derecho Romano, describen cómo el actor debe contar con una acción para poder elevar su reclamación a un tribunal.

La acción como derecho adjetivo se deriva de la esfera del derecho sustantivo del actor. Todo sujeto de derecho posee la capacidad de solicitar sus legítimas pretensiones, si entiende que éstas no se cumplen en la práctica, y dicha capacidad es la acción. El proceso por tanto no nace “per se” sino que debe ser invocado por el actor que posee dicha acción.  Por ejemplo, la acción de rescisión asiste al contratante que entiende que la otra parte del contrato no cumple con sus obligaciones.

La acción se instrumenta en la práctica procesal a través de la Demanda, la Querella, o los Recursos, cuándo las partes hacen valer sus pretensiones en sede judicial a lo largo del proceso.

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La JURISDICCIÓN.

La jurisdicción comprende de manera genérica la instancia judicial (o arbitral) a la que el actor se dirige al interponer las acciones pertinentes, con poder y legitimidad para resolver el conflicto jurídico que se le expone, vía auto, sentencia o laudo, y con capacidad de hacer cumplir lo juzgado.

La jurisdicción es territorial (juzgado local, o provincial, o estatal, o internacional) y por materia (civil, penal, social, contencioso-administrativa, laboral, constitucional, militar).

El poder de los juzgados estatales viene determinado por la Constitución de cada país, y deriva del propio poder de coacción del Estado. En el caso de los organismos internacionales, este poder nace de los convenios y resoluciones a las que cada Estado se encuentra acogido. Cuándo se trata de órganos arbitrales, igualmente las partes han de haber reconocido la legitimidad del mismo y su sometimiento voluntario a la decisión del árbitro, juez o tribunal.

La jurisdicción comprende también la organización y funcionamiento de toda la maquinaria administrativa que conforma los juzgados, tribunales y órganos arbitrales. Por ejemplo, en España la Ley Orgánica del Poder Judicial, y los reglamentos que la desarrollan, son normas de Derecho Procesal que regulan el status y funciones de los órganos judiciales y de sus funcionarios, así como la delimitación de la jurisdicción de cada órgano, y las materias para las que es competente.

El poder de la jurisdicción reside en última instancia en que sus resoluciones posean la naturaleza de “cosa juzgada”: la sentencia emitida se convierte en realidad jurídica última, pudiendo crear y extinguir obligaciones para las partes. Igualmente, la jurisdicción abarca la ejecución de sus resoluciones, mediante la vía coactiva si fuese necesaria, pues de otra manera sus resoluciones serían meramente declarativas.

El PROCESO.

El proceso es el conjunto de actos que conforme a la normativa procesal se llevan a cabo desde que el actor expone sus pretensiones a través de la acción, hasta que la jurisdicción competente emite su sentencia, y en caso de ser necesario actúa en vía ejecutiva para obtener el cumplimiento de la misma.

Así por tanto, es la hoja de ruta que de manera formal y preestablecida guía a las partes intervinientes y a los órganos jurisdiccionales, dictando las formas y tiempos en las que cada uno debe o puede actuar, para conseguir el objetivo buscado, la justa resolución jurisdiccional.

Maccari-Cicero

Así todo ello, no existiría un sistema jurídico realmente efectivo si los derechos materiales no pudiesen alegarse (acción) en vía judicial (jurisdicción) con una forma definida de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (proceso).

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El Proceso Monitorio

La razón de ser de cualquier negocio es obtener beneficios. Sin un beneficio neto positivo, no existe viabilidad para ninguna empresa. Por supuesto, los beneficios los generan las ventas, pero una venta no termina hasta que es cobrada. Si vendemos y no cobramos, todos nuestros esfuerzos habrán sido en balde, obtendremos irremediables perdidas.

El derecho a cobrar una venta es un derecho de carácter sustantivo, que nace de la obligación de nuestro cliente a satisfacer el importe correspondiente, como todo deudor de cualquier obligación debe satisfacer al acreedor.

Pero, ¿Qué pasa si el deudor no cumple? ¿Cómo perseguirlo? Desde luego, si hay que litigar durante años, sin garantías de éxito, la persecución del crédito puede incrementar aún más las pérdidas.

Para ello, existe en el derecho adjetivo de nuestro ordenamiento procesal el Juicio Monitorio, un procedimiento judicial destinado a obtener con la mayor celeridad posible el pago de una deuda.

El objetivo del acreedor al interponer Juicio Monitorio es obtener un título ejecutivo, es decir, una resolución judicial con la que poder ejecutar la deuda, embargando por ejemplo bienes suficientes del patrimonio del acreedor.

la evolucion del tique - la factura simplificada

El Juicio Monitorio se inicia con una Petición del acreedor donde debe identificar suficientemente a su deudor, el origen y cuantía de la deuda, y todos los documentos que acrediten la misma.

Respecto de la deuda, para poderse proceder vía Juicio Monitorio ésta debe ser:

  • Dineraria.
  • Líquida. Es decir, que se halla exactamente determinada, o es fácilmente determinable (por ejemplo, multiplicando unidades vendidas por precio unitario).
  • Exigible. No existen motivos para no poder exigirla, como alguna cláusula en el contrato que no se haya cumplido.
  • Vencida. Ha cumplido el plazo determinado para su pago.

Respecto de los documentos que acreditan la misma:

  • Documentos firmados y sellados por el acreedor, que reflejen la deuda.
  • Mediante documentos emitidos el acreedor, como facturas, albaranes, certificaciones, etc… que sean los que habitualmente se utilicen en la relación comercial para documentar créditos y deudas.
  • Documentos comerciales que acrediten una relación anterior y duradera, como contratos de varios años, facturas de venta similares de distintos ejercicios, etc…
  • Certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes en Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

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Si la Petición identifica correctamente a acreedor y deudor, así como una deuda con las características indicadas, y adjunta medios suficientes de prueba documental acreditativos de dicha deuda, según lo expuesto más arriba, el Juez (1ª Instancia del domicilio del Acreedor) admitirá por Auto dicha petición, y el Secretario Judicial se dirigirá al Deudor, requiriendo que pague la deuda o se oponga en el plazo de 20 días.

Si no hay oposición, y no se produce el pago pasado el plazo indicado, el Secretario Judicial Decreto dando por terminado proceso monitorio y dará traslado al acreedor para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud.

La oposición del deudor no puede ser indeterminada y genérica, sino que si éste se opone al Juicio Monitorio debe acreditar en su escrito, al menos de manera sucinta, las razones por las que a su entender no debe pagar (aunque hay doctrina y jurisprudencia que admiten la oposición indicando solamente “no debo” o “la deuda es inexistente”). Si el deudor se opone de esta forma al pago, el procedimiento se transforma en Juicio Ordinario o Juicio Verbal.

En resumen, el Juicio Monitorio es la herramienta procesal que permite al acreedor obtener con rapidez un título ejecutivo con que poder obtener el pago de una deuda que está suficientemente determinada.

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El Juicio Cambiario.

Para reflejar una deuda mercantil existen ciertos documentos que permiten el pago aplazado y que gozan de especial solvencia legal para ello: La Letra de Cambio, el Pagaré y el Cheque. Dichos documentos son un instrumento que permite al acreedor de una relación jurídica extender una promesa de pago en firme, en una fecha futura, para compensar a su deudor.

De ello se desprende un importantísimo efecto, y es la creación de una doble relación jurídica entre acreedor y deudor: Por un lado el negocio jurídico de fondo (por ejemplo, una compraventa de mercancías) y por otro lado el negocio jurídico cambiario (la obligación de pago contenida en la letra, cheque o pagaré).

Es decir, cuándo el pago de una operación comercial viene reflejado en uno de estos documentos, con los requisitos formales requeridos por la Ley 19/1985 Cambiaria y del Cheque, el acreedor podrá reclamar directamente el pago de la letra, cheque o pagaré sin tener que entrar a discutir el fondo del asunto (por ejemplo, que las mercancías no estaban en buen estado).

Y esto es una garantía importantísima para el empresario que vende a crédito, pues incrementa la seguridad del cobro.

Además, estos títulos cambiaros que reúnen los requisitos formales de dicta la ley cumplen función de giro: mediante endoso, pueden servir a su tenedor para pagar otras deudas, sin esperar al vencimiento. Imaginemos que Juan vende a Pepe 100 kg de carne por 1.000 €, y acuerdan un pago a 90 días, y Pepe firma una Letra a dicho plazo obligándose con ello al pago de la deuda. Pasados 10 días Juan puede convertir en liquidez su Letra, endosándola a un Banco para descontarla por, por ejemplo 900 € (renuncia a 100 € pero adelante 80 días el pago). O bien puede utilizar el derecho de cobro de 1.000 € que otorga la Letra para endosarla a otro comerciante al que le compra piensos. El vendedor de piensos a su vez podrá utilizar después la misma letra para pagar a quién le suministra su materia prima. Y así hasta llegados los 90 días. Pepe tendrá que pagar los 1.000 € al tenedor de dicha Letra a vencimiento.

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Puesto que como decimos el documento de cobro contiene en sí mismo una relación jurídica separada del negocio de fondo que le dio origen, y contiene así también la obligación firme del deudor a pagar en la fecha señalada, si llegado el vencimiento este documento resulta impagado la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) prevé un proceso especial, con vocación de rapidez y sencillez, para que el acreedor pueda reclamar el pago. Este es el Juicio Cambiario de los artículos 819 y ss de la LEC.

El juicio cambiario comienza mediante demanda sucinta  que se presenta ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado, a la que se acompañará el título cambiario. El Juzgado analiza mediante Auto que el titulo contiene todos los requisitos formales previstos en la ley, y de ser así requiere al deudor para que pague en 10 días, ordenando el embargo preventivo de los bienes de éste, más intereses de demora, gastos y costas, como medida preventiva.

Como podemos ver, el acreedor no tiene que explicar nada más allá del título cambiario que tiene firmado y reconocido en el documento de cobro por parte de su deudor, así como justificar el impago a vencimiento, para que el Juez ordene el pago.

letra de cambio

En los 10 días de plazo el deudor puede pagar, o bien oponerse por las siguientes causas:

– Excepciones basadas en sus relaciones personales. Como veíamos, la letra puede haber girado varias veces en el tráfico mercantil, por lo que si quién es su tenedor llegado el vencimiento no tiene ninguna relación con el deudor, nada podrá oponerle éste sobre relaciones de fondo.

– Excepciones personales que él tenga frente a los tenedores anteriores si al adquirir la letra el tenedor procedió a sabiendas en perjuicio del deudor.

– Inexistencia o falta de validez de su propia declaración cambiaria, incluida la falsedad de firma.

– Falta de legitimación del tenedor o de las formalidades necesarias de la letra de cambio.

– Extinción del crédito cambiario cuyo cumplimiento se exige al demandado.

Como vemos, las causas de oposición son tasadas. Presentado por el deudor escrito de oposición, el Secretario judicial dará traslado de él al acreedor con citación para la vista conforme a lo dispuesto en el apartado primero del artículo 440 para los juicios verbales.

En resumen, el Juicio Cambiario persigue que el acreedor pueda hacer valer de manera rápida y sencilla su título de crédito frente al deudor que impaga, siempre que dicha deuda esté representada en un título cambiario.

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