Léame mis derechos. La nueva Ley Orgánica 5/2015.

En nuestro sistema jurídico, todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. La persona a la que se le atribuya la comisión de un delito es inocente hasta que no se demuestre suficientemente y de manera indubitada su culpabilidad en un juicio justo y con las suficientes garantías. Estas garantías incluyen el derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, y a no confesarse culpables.

derecho5El artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias a su defensa.” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 10 de diciembre de 1948).  En nuestra Constitución Española se consagra el principio de la presunción de inocencia en el artículo 24. Y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea regula en su artículo 47 el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, y en su artículo 48 la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Todo ello en desarrollo de los artículos 5 y 6 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, que estipulan la presunción de inocencia y el derecho de defensa.

La Ley Orgánica 5/2015 viene a transponer al Derecho español la Directiva europea 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales. Introduciendo diversas modificaciones en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para reforzar el derecho de defensa y la presunción de inocencia.

Uno de estos refuerzos es el relativo al art. 520 LECrim, que regula el derecho a la información de los detenidos o presos. Con la nueva modificación, el detenido tiene derecho a recibir la información del plazo máximo legal de duración de la detención hasta la puesta a disposición de la autoridad judicial, y del procedimiento por medio del cual puede impugnar la legalidad de su detención. Además, esta información debe facilitarse por escrito.

Así todo ello, el detenido debe ser informado por la autoridad policial del plazo máximo que le pueden tener detenido hasta que le tome declaración el juez, y tener por escrito dicho plazo. Así se evita la posibilidad de que se le pueda tener más tiempo del legal detenido. También debe tener por escrito cómo poder recurrir su detención, si la considera ilegal. En este punto, la reforma legal concede al detenido el derecho de acceso a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad

Además, las personas sordas o con discapacidad auditiva, u otra dificultad en el lenguaje, tendrán derecho a un intérprete gratuito.

hammer-311342__180De la misma manera, con la nueva reforma legal, al detenido se le debe facilitar la información sobre los hechos que se imputan, así como cualquier cambio relevante sobre los mismos debe realizarse “con el grado de detalle suficiente para permitir un ejercicio efectivo del derecho de defensa” (Art. 118 LECrim).

En resumen, las personas sospechosas o acusadas deben ser informadas suficientemente, no solo de manera superficial, de aquello que se les acusa, deben recibir por escrito el plazo máximo de detención policial, y tendrán que ser asistidas gratuitamente por un intérprete si  presentan alguna discapacidad auditiva o del lenguaje.

La Ley Orgánica 5/2015 al transponer la citada Directiva modifica también en la LECrim el artículo 302 (secreto de sumario), el artículo 505 (acceso del Abogado a los elementos de las actuaciones que resulten esenciales para impugnar la privación de libertad) y el artículo 775 (primera comparecencia del imputado). Todo ello para reforzar el derecho a la defensa del detenido, así como su presunción de inocencia.

Vía | El Derecho.com

Más Información | BOE   Otrosí.net  Sepin.es

Imágenes | Pixabay

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Carmena, okupas y propiedad privada

Sin duda, Podemos ha sido la gran revelación política de los últimos años en España. El partido de Pablo Iglesias, que nació al calor del movimiento “indignados”, gobierna hoy en las dos principales capitales españolas, Madrid y Barcelona, así como en otras varias localidades por todo el territorio nacional.

Uno de los colectivos sociales que aglutina la nueva izquierda de Podemos es el de la comunidad Okupa, que está integrada en los distintos movimientos ideológicos que conforman este partido.

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A lo largo de la pasada semana ha sido actualidad la intención del Ayuntamiento de Madrid de ceder inmuebles al movimiento Okupa, a fin de que los integrantes de estos colectivos radicados en la capital española dispongan de nuevos locales para sus actividades, que el consistorio de la capital define como de uso social.

Pero ¿quién puede poseer y ocupar de manera legítima un bien? Vamos a responder aquí a esta cuestión desde el plano legal y jurídico.

La propiedad privada es la base de nuestra civilización, y se encuentra protegida en España por el artículo 33 de la Constitución Española. La propiedad es un derecho real que abarca la posesión, uso y disfrute de un bien mueble o inmueble. Así, si el propietario de un bien inmueble no autoriza la posesión del mismo a terceras personas, por ejemplo a través de un contrato de arrendamiento, sino que el ocupante entra al inmueble “por las bravas”, dicha posesión no sería legítima.

En el caso de que la propiedad ocupada sea la vivienda habitual que constituya la morada de su propietario, los ocupantes estarían incurriendo en un delito de allanamiento de morada, tipificado en el artículo 202 del Código Penal. El propietario que se encuentre con okupas al volver a casa debe denunciar esta situación a la Policía, que tras comprobar que el propietario y residente real es el denunciante y agraviado, debería proceder al desalojo inmediato de la vivienda ocupada.

Si los okupas no han cambiado la cerradura, la actuación policial sería relativamente fácil de ejecutar, pues el propietario abrirá la vivienda con su llave habitual. El problema se complica si los okupas han cambiado la cerradura, pues el denunciante tendría que demostrar de manera suficiente que, pese a no tener las llaves de la vivienda ocupada, dicho inmueble constituye su morada, y esto deberá hacerlo en sede judicial, la policía no puede forzar una vivienda privada sin una orden judicial. Pensemos que, si son los okupas los que tienen las llaves de la vivienda en su poder, y nadie más puede abrir la puerta, la policía debe presumir la legal ocupación, no basta con una mera denuncia para echar abajo la puerta de una casa, y corre por tanto por cuenta del denunciante probar lo contrario.

okupa2En el caso de la ocupación ilegitima de un bien inmueble que no constituya morada, cuándo dicha ocupación se realice mediando violencia o intimidación sobre las personas estaríamos ante un delito de usurpación de bien inmueble previsto en el artículo 245 del Código Penal, penado con multa de 6 a 18 meses, además de las penas que correspondan por la violencia ejercida. Si no media violencia o intimidación, sino que se trata de la ocupación de un inmueble sin la debida autorización de su propietario, las penas previstas por este delito de usurpación en el mismo artículo de nuestro Código Penal son de 3 a 6 meses. Recordemos aquí que la pena de multa es una sanción económica que consiste en pagar una cantidad de dinero por día, que el juez determinará según las circunstancias del caso, utilidad obtenida y daño causado, entre un mínimo de 2 euros y un máximo de 400 euros.

En este caso, si la policía se encuentra a los okupas intentando acceder a un inmueble ajeno, estaríamos ante un delito flagrante, y podrían actuar de inmediato para detener la ilegítima ocupación.

Pero si no se caza a los okupas de manera flagrante, el propietario tendrá que interponer denuncia y seguir el procedimiento jurisdiccional necesario para lograr el desalojo de su propiedad.

Dicho todo esto, la idea del equipo de gobierno de Manuela Carmena es que el Ayuntamiento ceda inmuebles desocupados a los colectivos okupas, con el objetivo de promocionar las actividades culturales que pudieran desarrollar los mismos. Por supuesto, dicho inmuebles tendrán que ser propiedad del consistorio, o bien esta administración deberá antes recabar el consentimiento expreso de su propietario, por ejemplo con un contrato de arrendamiento. Además, deberá contar el local con la oportuna licencia de actividad y guardar las condiciones de seguridad y salubridad que legal y reglamentariamente requiera la normativa según la actividad desarrollada por los okupas.

Por último, cabe recordar que nuestros derechos terminan donde empiezan los de los demás, por lo que las actividades de estos colectivos no podrán alterar la vida de los vecinos de dichos locales, por ejemplo provocando contaminación acústica, o condiciones de insalubridad.

Vía | El Derecho a la Propiedad Privada como Derecho Fundamental

Más Información | Libre Mercado  El Períodico   Noticias Jurídicas

Imágenes | Wikimedia   Wikipedia 

Acción, Jurisdicción y Proceso

El Derecho Procesal es la rama del Derecho que se ocupa de los procesos jurisdiccionales y arbitrales necesarios para el efectivo cumplimiento del derecho material.

La Ley, los contratos, los cuasicontratos, los actos y omisiones ilícitos, y los actos y omisiones en los que interviene culpa o negligencia hacen nacer para las personas obligaciones y derechos. Cuándo dichas obligaciones y derechos no se cumplen de manera voluntaria, existe discrepancia entre las partes intervinientes, o se incumplen los mandatos legales, el Derecho Procesal contiene las normas y principios necesarios para obtener dicho cumplimiento, mediante la regulación de la totalidad del proceso necesario para ello.

Por ejemplo: cuándo el comprador incumple el segundo plazo de pago previsto en el contrato de compraventa, alegando que el vendedor no entregó el bien objeto del contrato en tiempo y forma, el Derecho Procesal Civil prevé el plazo y forma que tienen las partes para solicitar al Juez el cumplimiento, cuál será el Juzgado al que deben dirigirse, la forma y plazo de la parte demandada para contestar a la demanda, la forma en que se desarrolla el juicio, o el plazo del Juez para dictar sentencia, así como los distintos recursos que caben contra dicha sentencia.

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Otro ejemplo: cuándo existen distintos indicios que apuntan a una persona como sospechosa de asesinato, el Derecho Procesal Penal regula la forma y garantías en que deberá tratarse al sospechoso, el plazo máximo de la prisión provisional, la labor del juez de instrucción para investigar el delito, o la forma en que será juzgado en caso de declararse imputado.

Podemos comprender el Derecho Procesal como derecho adjetivo, frente al derecho material (civil, penal, administrativo) que podríamos denominar derecho sustantivo.

Todo el Derecho Procesal se mueve sobre tres instituciones fundamentales: La Acción, la Jurisdicción y el Proceso.

La ACCIÓN.

La acción es la potestad que asiste al titular de un derecho para reclamar sus legítimas pretensiones en sede judicial.

La acción es la llave del proceso. “Nemo iudex sine actore” (no puede existir un proceso si no hay actor) y “nemo procedat iudex iure ex oficio” (no puede existir un proceso de oficio), aforismos que tienen su origen en el Derecho Romano, describen cómo el actor debe contar con una acción para poder elevar su reclamación a un tribunal.

La acción como derecho adjetivo se deriva de la esfera del derecho sustantivo del actor. Todo sujeto de derecho posee la capacidad de solicitar sus legítimas pretensiones, si entiende que éstas no se cumplen en la práctica, y dicha capacidad es la acción. El proceso por tanto no nace “per se” sino que debe ser invocado por el actor que posee dicha acción.  Por ejemplo, la acción de rescisión asiste al contratante que entiende que la otra parte del contrato no cumple con sus obligaciones.

La acción se instrumenta en la práctica procesal a través de la Demanda, la Querella, o los Recursos, cuándo las partes hacen valer sus pretensiones en sede judicial a lo largo del proceso.

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La JURISDICCIÓN.

La jurisdicción comprende de manera genérica la instancia judicial (o arbitral) a la que el actor se dirige al interponer las acciones pertinentes, con poder y legitimidad para resolver el conflicto jurídico que se le expone, vía auto, sentencia o laudo, y con capacidad de hacer cumplir lo juzgado.

La jurisdicción es territorial (juzgado local, o provincial, o estatal, o internacional) y por materia (civil, penal, social, contencioso-administrativa, laboral, constitucional, militar).

El poder de los juzgados estatales viene determinado por la Constitución de cada país, y deriva del propio poder de coacción del Estado. En el caso de los organismos internacionales, este poder nace de los convenios y resoluciones a las que cada Estado se encuentra acogido. Cuándo se trata de órganos arbitrales, igualmente las partes han de haber reconocido la legitimidad del mismo y su sometimiento voluntario a la decisión del árbitro, juez o tribunal.

La jurisdicción comprende también la organización y funcionamiento de toda la maquinaria administrativa que conforma los juzgados, tribunales y órganos arbitrales. Por ejemplo, en España la Ley Orgánica del Poder Judicial, y los reglamentos que la desarrollan, son normas de Derecho Procesal que regulan el status y funciones de los órganos judiciales y de sus funcionarios, así como la delimitación de la jurisdicción de cada órgano, y las materias para las que es competente.

El poder de la jurisdicción reside en última instancia en que sus resoluciones posean la naturaleza de “cosa juzgada”: la sentencia emitida se convierte en realidad jurídica última, pudiendo crear y extinguir obligaciones para las partes. Igualmente, la jurisdicción abarca la ejecución de sus resoluciones, mediante la vía coactiva si fuese necesaria, pues de otra manera sus resoluciones serían meramente declarativas.

El PROCESO.

El proceso es el conjunto de actos que conforme a la normativa procesal se llevan a cabo desde que el actor expone sus pretensiones a través de la acción, hasta que la jurisdicción competente emite su sentencia, y en caso de ser necesario actúa en vía ejecutiva para obtener el cumplimiento de la misma.

Así por tanto, es la hoja de ruta que de manera formal y preestablecida guía a las partes intervinientes y a los órganos jurisdiccionales, dictando las formas y tiempos en las que cada uno debe o puede actuar, para conseguir el objetivo buscado, la justa resolución jurisdiccional.

Maccari-Cicero

Así todo ello, no existiría un sistema jurídico realmente efectivo si los derechos materiales no pudiesen alegarse (acción) en vía judicial (jurisdicción) con una forma definida de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (proceso).

Imágenes | pixabay