Tipos de procesos judiciales penales en España

El proceso judicial penal por objeto la averiguación del delito, la identificación del delincuente y su grado de responsabilidad en el delito, así como la imposición de una pena, o una medida de seguridad y de una responsabilidad civil, en su caso, y también lograr la ejecución y efectivo cumplimiento de las consecuencias del delito o de la falta cometidos.

Nuestro sistema jurídico procesal penal contempla diferentes procedimientos penales en función de un doble criterio, existiendo un total de diez procesos penales diferenciados:

En función de la naturaleza y de la gravedad de la infracción.

  1. Juicio ordinario por delitos graves.
  2. Procedimiento ante el Tribunal del Jurado.
  3. Procedimiento abreviado.
  4. Juicio rápido.
  5. Juicio de faltas o de delitos leves.
  6. Proceso por aceptación de decreto.
  7. Procedimiento de decomiso autónomo.

En función de la condición y circunstancias personales de los responsables.

  1. Procedimiento de la Ley del Menor.
  2. Procedimiento contra Diputados o Senadores.
  3. Proceso penal militar.

 

  1. Juicio ordinario.

Es el proceso judicial penal reservado a los delitos castigados con pena privativa de libertad superior a nueve años, salvo que para un delito de estas características corresponda el proceso ante el Tribunal del Jurado. También se denomina juicio por delitos graves o sumario ordinario. Se desarrolla en Audiencia Provincial.

 

  1. Procedimiento del Jurado.

La competencia del Tribunal de Jurado se extiende al conocimiento de los procesos penales por homicidio (artículos 138 a 140 CP) y otros delitos que relaciona el artículo 1.2 LOTJ.

  • homicidio (artículos 138 a 140 CP);
  • amenazas (artículo 169.1º CP);
  • omisión del deber de socorro (artículos 195 y 196 CP);
  • allanamiento de morada (artículos 202 y 204 CP);
  • incendios forestales (artículos 352 a 354 CP);
  • infidelidad en la custodia de documentos (artículos 413 a 415 CP);
  • cohecho (artículos 419 a 426 CP); h) tráfico de influencias (artículos 428 a 430 CP);
  • malversación de caudales públicos (artículos 432 a 434 CP);
  • fraudes y exacciones ilegales (artículos 436 a 438 CP);
  • negociaciones prohibidas a funcionarios (artículos 439 y 440 CP);
  • infidelidad en la custodia de presos (artículo 471 CP).

El Tribunal del Jurado se compone de nueve jurados y un Magistrado-Presidente, integrante de la Audiencia Provincial

  • La función de los jurados consiste en emitir el veredicto, declarando probado o no probado el hecho justiciable, así como la culpabilidad o inculpabilidad de los acusados
  • Al Magistrado-Presidente le corresponde dictar la sentencia, en que recogerá el veredicto del jurado e impondrá la pena que corresponda.

 

  1. Procedimiento abreviado.

Es el proceso judicial penal que corresponde a los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración (art. 757 L.e.cr.).

Se desarrolla en los Juzgados de lo Penal cuando el delito está penado con multa o con hasta cinco años de privación de libertad, y en la Audiencia Provincial para delitos con penas más graves.

  1. Juicio rápido.

Se trata del proceso reservado a los delitos castigados con penas privativas de libertad de hasta cinco años, o cualquier otra pena (o penas conjuntas hasta diez años) en los que se presenta un atestado policial con las siguientes características:

  1. El delito o delitos en concreto son:
    1. lesiones, coacciones, amenazas, violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las personas a las que se refiere el art 173.2 C.P.; hurto, robo, delitos contra la seguridad del tráfico, hurto y robo de vehículos, delitos contra la seguridad del tráfico; delitos de daños del art 263 C.P.; delitos contra la propiedad intelectual de los art. 270, 273, 274 y 275 C.P.; delitos contra la salud pública del art. 368 C.P.
  2. En el atestado policial aparecen identificadas las personas a las que se atribuye el delito.
  3. Se trata de delitos flagrantes según lo previsto en el art. 795.1 LECrim.
  4. Se trata de un hecho punible cuya instrucción presumiblemente va a resultar sencilla, conforme al art. 795.1 LECrim.

Con carácter general, este proceso corresponde a los Juzgados de lo Penal, y su instrucción a los Juzgados de Guardia.

  1. Juicio de faltas o de delitos leves.

Corresponde al proceso judicial que se sigue para juzgar infracciones leves determinadas como faltas por el Código Penal. Estos juicios se llevan a cabo por parte del Juzgado de Paz, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer o el Juzgado de Instrucción, según el tipo concreto de falta.

Los órganos judiciales competentes son los Juzgados de Paz para las siguientes faltas:

  • deslucir bienes inmuebles de dominio público o privado, sin la debida autorización de la Administración o de sus propietarios (art. 626 CP);
  • abandonar jeringuillas, en todo caso, u otros instrumentos peligrosos, de modo o con circunstancias que pudieran causar daño a las personas o contagiar enfermedades, o en lugares frecuentados por menores (art. 630 CP);
  • maltratar cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente (art. 632 CP);
  • perturbar levemente el orden en la audiencia de un Tribunal o Juzgado, en los actos públicos, en espectáculos deportivos o culturales, solemnidades o reuniones numerosas (art. 633 CP);
  • amenazar de modo leve a otro con armas u otros instrumentos peligrosos, o sacar armas o instrumentos peligrosos en riña, como no sea en justa defensa, y salvo que el hecho sea constitutivo de delito (art. 620.1º CP), salvo cuando la víctima pertenezca al ámbito familiar;
  • causar a otro una amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve (art. 620.2º CP), salvo cuando la víctima pertenezca al ámbito familiar.

 

Los órganos judiciales competentes son los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en los siguientes casos:

  • Por las faltas contenidas en los títulos I y II del libro III del Código Penal (faltas contra las personas y faltas contra el patrimonio), cuando la víctima sea la esposa del autor, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.
  • Así también, cuando la falta se cometa sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género.

Por último, son competentes los Juzgados de Instrucción en el resto de faltas previstas en la legislación penal.

 

  1. Proceso por aceptación de decreto.

Es el proceso judicial penal que sirve para la resolución anticipada de las causas penales en el caso de delitos de menor entidad: tanto para los delitos leves como a los delitos menos graves que se encuentren dentro de su ámbito material de aplicación.

Permite la conversión de la propuesta sancionadora realizada por el Ministerio Fiscal en sentencia firme.

En cualquier momento después de iniciadas diligencias de investigación por la fiscalía o de incoado un procedimiento judicial y hasta la finalización de la fase de instrucción, aunque no haya sido llamado a declarar el investigado, podrá seguirse el proceso por aceptación de decreto cuando se cumplan cumulativamente los siguientes requisitos:

  1. Que el delito esté castigado con pena de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad o con pena de prisión que no exceda de un año y que pueda ser suspendida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Código Penal con o sin privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
  2. Que el Ministerio Fiscal entienda que la pena en concreto aplicable es la pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad y, en su caso, la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
  3. Que no esté personada acusación popular o particular en la causa.
  4. Procedimiento de decomiso autónomo.

Es el proceso judicial penal establecido para la agilización de los trámites que hayan de llevar a la incautación y privación de los bienes y efectos relacionados con el delito y, por otro, preservar las garantías de las personas demandadas como titulares aparentes de esos mismos bienes

Se utiliza para los bienes, efectos o ganancias que procedan de un hecho punible cuyo autor haya fallecido o no pueda ser enjuiciado por hallarse en rebeldía o por incapacidad para comparecer en juicio, es decir, sin condena previa; o bien que el Fiscal haya hecho reserva expresa, en el correspondiente escrito de acusación, de la acción para solicitar el decomiso de bienes para este procedimiento autónomo.

Esta acción de decomiso autónomo será ejercitada exclusivamente por el Ministerio Fiscal.

Serán citados a juicio en calidad de demandados los sujetos contra los que se dirija la acción por su relación con los bienes a decomisar.

 

  1. Procedimiento de la Ley del Menor.

Es el proceso penal que se sigue para la exigencia de la responsabilidad penal de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por hechos tipificados en el Código Penal o en otras leyes especiales como hechos constitutivos de delito o falta.

La competencia corresponde como regla general al Juzgado de Menores del lugar donde se

haya cometido el hecho delictivo.

 

  1. Procedimiento contra Diputados o Senadores.

Los Diputados y Senadores gozan de inmunidad parlamentaria, y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara parlamentaria respectiva.

Tienen un fuero especial ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por lo que solo esta Sala de lo Penal es competente para juzgar en materia penal a los Senadores y Diputados.

 

  1. Proceso penal militar.

Conforme al art. 117.5 CE dispone que “La Ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución”.

La jurisdicción militar tiene atribuido el conocimiento de la materia penal militar y de la materia contencioso-administrativa militar.

En cuanto a la materia penal militar, se concreta en el enjuiciamiento de los siguientes delitos:

  1. a) Los comprendidos en el código penal militar.
  2. b) Los cometidos durante la vigencia del estado de sitio que se determinen en la declaración de dicho estado.
  3. c) Los cometidos por militares españoles en misiones fuera del territorio nacional, de acuerdo con los tratados en que España sea parte.

En cuanto a la materia contencioso-administrativa militar, se concreta en el conocimiento de los recursos contra las sanciones impuestas en aplicación del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

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Las pruebas circunstanciales en el sistema judicial español

Estamos ya acostumbrados al término jurídico “prueba circunstancial” gracias al cine y a las series de televisión norteamericanas. También en el género de novela policíaca solemos leer de forma recurrente esta expresión.

El término inglés concreto sería “circunstantial evidence”. En el derecho anglosajon (common law) las pruebas circunstanciales o “circunstantial evidence” son testimonios que no se basan en conocimientos personales u observaciones de los hechos, sino en otros hechos de los cuales se hacen deducciones, a fin de demostrar de modo indirecto los hechos que se pretenden demostrar ¿esto es equivalente en nuestro sistema jurídico?.

En líneas generales la fase probatoria en el proceso judicial tiene como objetivo poder comprobar la veracidad o falsedad de las afirmaciones sobre los diferentes hechos relevantes para la causa sostenidos por cada una de las partes. En nuestro sistema judicial es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que la única prueba que puede desvirtuar la presunción de inocencia es la efectuada en el juicio oral bajo los principios de contradicción, publicidad e inmediación.

Y los tipos de pruebas admitidas en el proceso judicial en España son: 1) las pruebas documentales (documentos públicos o privados); 2) el reconocimiento judicial; 3) el dictamen pericial; 4) el interrogatorio de las partes; y 5) el interrogatorio de testigos o prueba testifical.

A su vez, con estos medios de pruebas las partes pueden demostrar al juzgador la veracidad o falsedad de las afirmaciones en cuestión de dos formas: a) de forma directa; y b) de forma indirecta.

Cuando el medio de prueba pretende probar un hecho de manera directa, el objeto de la prueba y el hecho a probar coinciden en sí mismos.

Por ejemplo, si se pretende probar ante el tribunal que el acusado de robo forzó la puerta principal para acceder al inmueble acceder al inmueble donde se perpetró el delito y se presenta para ello la grabación de una cámara de seguridad donde este hecho se visualiza, se está probando de forma directa dicho hecho aseverado por la acusación.

Sin embargo, cuando el medio de prueba no puede probar de forma directa el hecho que se pretende demostrar ante el tribunal, pero del mismo se puede deducir de forma racional el hecho que se quiere demostrar, el objeto de la prueba y el hecho no coincidirán y estaremos aquí ante la denominada prueba indirecta, más conocida en España como prueba indiciaria y que equivaldría a la prueba circunstancial. En el proceso penal español se denomina prueba de presunciones judiciales y está regulada en el artículo 386.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La capacidad de la prueba indirecta para destruir la presunción de inocencia está admitida por una extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional siempre que: 1) Conste en la sentencia la existencia de unos hechos básicos, que han de estar completamente acreditados y justificados por otras pruebas; 2) exista un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano, entre tales hechos y las conclusiones fácticas incriminatorias para los acusados, que de aquellos se infieren; 3) se expresen los razonamientos en virtud de los cuales el Tribunal llegó a tales inferencias. Finalmente la jurisprudencia del Tribunal Supremo exige la existencia de una pluralidad de indicios probados, y que de todos ellos se pueda inducir racionalmente el hecho probado de forma indirecta.

En definitiva, se trata de un proceso racional de inferencia o inducción, que permite inducir con alto grado de probabilidad un argumento (los hechos afirmados) a partir de unas premisas suficientemente probadas.

Pongamos finalmente un ejemplo de prueba indiciaria o circunstancial. Supongamos que como en el ejemplo anterior se pretende probar ante el tribunal que el acusado de robo forzó la puerta principal para acceder al inmueble donde se perpetró el delito, pero no existe grabación de la cámara de seguridad. Sin embargo, el acusado fue detenido por la policía a escasos metros del inmueble, tras haber avisado un vecino a la policía, alertado por unos ruidos sospechosos en mitad de la noche. Dicho vecino declara que vio a una persona con una gorra azul y un abrigo negro saliendo del inmueble, y el acusado vestía de esta misma forma cuando fue detenido. El propietario declaró a la policía que le habían sustraído 11.000 euros. Finalmente consta en las diligencias policiales que en el momento de la detención se le incautaron al detenido una palanca de hierro que coincide con el tipo de elemento que se utilizó para forzar el inmueble, y 10.000 euros que llevaba en su poder. Las pruebas circunstanciales por tanto serían la declaración testifical y el atestado policial donde constan las circunstancias de la vestimenta, hora de la detención y objetos incautados en la detención, y de todas ellas cabe inferir racionalmente que el sospechoso fue con alto grado de probabilidad quién entró a robar en el inmueble.


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La diferencia entre hurto, robo y apropiación indebida.

Decía el gran economista L. Von Mises que propiedad y civilización van de la mano, y efectivamente la propiedad privada es uno de los pilares que sustentan el desarrollo de la sociedad moderna. Y es que no es posible vivir en sociedad de manera pacífica si no se  respeta y defiende la integridad de los bienes de los ciudadanos, esto es, sus hogares, empresas, medios de producción, bienes muebles, etc..

La propiedad viene regulada en el Código Civil y se define como el derecho real que ostenta su titular sobre un bien para gozar y disponer del mismo sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla.

Cualquier apropiación ilegítima de la propiedad ajena se suele denominar como robo en el lenguaje común, pero nuestro Derecho Penal distingue tres tipos de delitos bien diferenciados y que dan lugar a distintas penas:

1- Hurto, penado con hasta tres años de prisión.

2.- Robo, penado con hasta seis años de prisión.

3.- Apropiación indebida, penado con hasta seis años de prisión.

La diferencia entre estos tres tipos delictivos contra la propiedad privada reside especialmente en el modo de cometer el mismo:

1.En el hurto el delincuente toma con ánimo de lucro un bien ajeno sin la voluntad del dueño, pero sin mediar violencia o intimidación.

  1. Si el valor es inferior a 400 € se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.
  2. Si el valor se superior a 400 € se impondrá una pena de prisión de seis a dieciocho meses.
  3. Si se hubieran neutralizado, eliminado o inutilizado, por cualquier medio, los dispositivos de alarma o seguridad instalados en las cosas sustraídas, la pena (según el importe sea mayor o menor a 400 €) se impondrá en su mitad superior.
  4. El hurto se entiende más grave y será castigado con la pena de prisión de uno a tres años cuando el bien sustraído sea:
    1. Bienes de valor artístico, histórico, cultural o científico.
    2. Cosas de primera necesidad y que causen situación de desabastecimiento.
    3. Conducciones o cableado de gas y luz, o de telecomunicaciones, causando un perjuicio grave.
    4. Productos agrarios o ganaderos, causando un perjuicio grave.
    5. Cuando revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustraídos, o se produjeren perjuicios de especial consideración.
    6. Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económico.
    7. Cuando se utilice a menores de dieciséis años para la comisión del delito

2.- En el robo el delincuente toma con ánimo de lucro un bien ajeno sin la voluntad del dueño, pero con fuerza sobre las cosas y/o violencia o intimidación sobre las personas:

  1. fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran
  2. violencia o intimidación en las personas,
    1. ya sea al cometer el delito,
    2. o bien para proteger la huida,
    3. o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren.

El culpable de robo con fuerza en las cosas será castigado con la pena de prisión de uno a tres años.

  • Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años cuando concurra alguna de las circunstancias definidas para el hurto de mayor gravedad (letra c) del punto anterior)
  • El robo cometido en casa habitada, edificio o local abiertos al público, o en cualquiera de sus dependencias, se castigará con una pena de prisión de dos a cinco años.
  • Si los hechos se hubieran cometido en un establecimiento abierto al público, o en cualquiera de sus dependencias, fuera de las horas de apertura, se impondrá una pena de prisión de uno a cinco años.

El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años, sin perjuicio de la que pudiera corresponder a los actos de violencia física que realizase.

3.- Finalmente en la apropiación indebida el delito se comete por aquel que, en perjuicio de otro, se apropiare para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido.

Así por tanto, como resumen final podemos afirmar que la distinción entre robo y hurto reside en que para que exista robo debe quedar probada fuerza sobre las cosas o bien violencia o intimidación sobre las personas. Mientras que en la apropiación indebida lo que existe es un depósito, comisión o custodia de los bienes que el delincuente aprovecha para apropiarse de manera ilegítima de las mismas.


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La diferencia entre la agresión sexual y el abuso sexual.

Recientemente en España la sentencia del denominado por los medios “caso de la Manada” ha abierto una intensa polémica sobre los delitos sexuales. Esta sentencia ha condenado a los acusados por un delito de abuso sexual, para el cual el código penal prevé una pena de uno a tres años de prisión, o con hasta diez años en caso de demostrarse acceso carnal. Sin embargo, los críticos con la sentencia esperaban que se condenase a los acusados por el delito de agresión sexual en su modalidad de violación, penado con hasta doce años.

Y es aquí donde cabe preguntarse ¿qué diferencia existe entre el abuso sexual, la agresión sexual y la violación? Nuestro Código Penal regula los delitos contra la libertad sexual en su Título VIII y diferencia entre agresión sexual y abuso sexual.

Entre ambos delitos la agresión sexual se considera más grave, y consiste en el atentado a la libertad sexual utilizando violencia o intimidación. No existe una definición concreta de qué tipo de conductas encajan en estos términos, pero la jurisprudencia del Tribunal Supremo viene entendiendo que:

  • Existe violencia cuando queda probado que ha existido una fuerza física o medio semejante y suficiente para anular la voluntad de la víctima, haciendo inútil su negativa al acto sexual. Es necesario por tanto probar tanto la violencia ejercida por el agresor como la resistencia de la víctima.
  • Existe intimidación cuando queda probado que ha existido una fuerza psíquica, moral o psicológica, exteriorizada con el propósito de causar un mal sobre la víctima o las personas vinculadas a ella, la cual doblega su voluntad para conseguir cometer el delito. La jurisprudencia existe la prueba de que el mal con el que se atemoriza a la víctima, relativo a su salud o su propia vida, sea ilícito y antijurídico, con suficiente entidad, gravedad, realidad y proximidad.

Un tipo de agresión sexual agravada es la violación, que se comete cuando la agresión sexual consiste en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías. En este caso de violación el responsable será castigado con prisión de seis a doce años.

Por su parte, el abuso sexual es el atentado a la libertad sexual pero sin violencia o intimidación. Es decir, cuando no media consentimiento pero tampoco puede demostrarse violencia o intimidación en los términos antes explicados, estaríamos ante un abuso.

Esta es la frontera por tanto entre el abuso y la agresión sexual: la existencia de violencia o intimidación para cometer el atentado sexual contra la voluntad de la víctima, es decir, sin su consentimiento.

Dentro del tipo delictivo del abuso sexual el código penal regula de manera explícita los siguientes casos:

  • Los abusos sexuales no consentidos se ejecutan sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare, o se cometen anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto.
  • Cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima.

Finalmente cabe indicar que la pena de prisión será superior, de cuatro a diez años, cuando el abuso sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías.


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Delitos de cuello blanco

Solemos asociar la palabra delito a la imagen de un bandido que, cubriendo su rostro con pasamontañas y vestimenta oscura, entra a robar por la ventana, ocultándose en la oscuridad de la noche y aprovechando que no hay nadie en casa.  De la misma manera, la imagen que nos puede evocar la palabra crimen es la de un hombre de semblante sombrío y actitud desafiante que blande un cuchillo en la mano mientras mantiene una mirada maliciosa.

Pero muy alejados de estos estereotipos, podemos encontrar delincuentes y criminales que de forma elegante visten traje y corbata, actúan a plena luz del día, y mantienen una actitud pacífica y serena que de ninguna manera evidencia los ilícitos que pueden estar cometiendo. Son los conocidos como delincuentes de cuello blanco.

Mientras que su vestimenta y posición social puede asociarse a valores como el éxito logrado a base de esfuerzo, o al trabajo solo posible para personas brillantes, la verdadera naturaleza de sus actos se descubre como ilícita.

Significado del término “Cuello Blanco”.

El término “delito de cuello blanco” se lo debemos al sociólogo estadounidense Edwin H. Sutherland, y la primera vez que lo usó fue en su conferencia de 27 de diciembre de 1939 en la American Sociology Society titulada White Collar Criminality.

El origen del término “cuello blanco” o “delitos de cuello blanco” deriva de que los empleados contables, ejecutivos o cargos políticos solían vestir con camisa blanca en los años 20 y 30 en los qeu Sutherland desarrolló su trabajo. Otro posible origen se encuentra en la diferencia entre “red neck” o cuello rojo, que en Estados Unidos se refiere a los trabajadores del campo o labores expuestas al sol e intemperie, como los agricultores u obreros de la construcción (de ahí su cuello enrojecido por el sol), y “white neck” que se refiere a los trabajadores de oficina, no expuestos al sol.

Concepto de delito de cuello blanco.

Podemos definirlos como los ilícitos penales cometidos por profesionales aprovechando su cargo, trabajo o posición. Suelen ser ilícitos patrimoniales cuya finalidad es obtener una ganancia económico. Por tanto serían la conjunción de una doble dimensión:

  • una personal, referida al sujeto activo del delito: su pertenencia a una clase social-profesional elevada;
  • y una coyuntural, referida al ámbito donde lleva a cabo el delito: su cargo, trabajo o profesión, y no su vida personal.

Los bienes jurídicos protegidos en estos delitos son el patrimonio de las personas físicas y jurídicas al cuál atenta el delito, pero también el sistema económico y el orden económico.

Naturaleza del concepto.

Como podemos apreciar en esta conceptualización, la definición del delito de cuello blanco no es una definición jurídica, sino más bien criminalística o sociológica.

Se trata por tanto de un concepto útil para la política criminal o el estudio criminalístico, que puede tener como fin abordar una realidad social determinada: en su origen se perseguía con su estudio que los delincuentes de cuello blanco no quedasen impunes, sino que se persiguiese su delito como el de los delincuentes comunes.

Pero no se trata de un concepto de Derecho Penal, sino que lo que encontramos en el Derecho Penal es un concepto más amplio, referido en su generalidad a los delitos económicos.

Delitos de cuello blanco en nuestro Código Penal.

Según lo expuesto, podemos entender diversos tipos delictivos de los regulados en nuestro Código Penal como delitos de cuello blanco, en tanto que la persona que los realiza tenga una categoría profesional determinada, y que los realice en su cargo o profesión. Cabe enumerar las siguientes categorías, aunque no sea más que una lista orientativa por lo expuesto:

  • formación de cárteles;
  • abuso de poder económico;
  • obtención fraudulenta de fondos del Estado;
  • infracciones informáticas;
  • infracciones societarias;
  • violación de las normas de seguridad y salud;
  • fraudes en perjuicio de acreedores;
  • infracciones contra el consumidor o concurrencia desleal, publicidad engañosa;
  • infracciones fiscales o contra la Seguridad Social;
  • infracciones cambiarias;
  • infracciones de bolsa e infracciones contra el medio ambiente.
  • Delitos de los partidos políticos
  • Espionaje industrial;
  • Estafa y fraude.
  • Crimen organizado

 

Delito de guante blanco.

Una tipología criminal que no debemos confundir es la de los delitos denominados “de guante blanco” y que hacen referencia a delitos contra el patrimonio (hurto, robo, apropiación indebida, estafa) que se realizan con una técnica sofisticada y sin dañar ningún otro bien jurídico. Un ejemplo típico sería el del ladrón que logra acceder a un gran museo y robar una prestigiosa obra de arte: se trata de una labor compleja, y no existe concurso con otro delito contra la integridad física de las personas (intimidación, violencia, etc..).


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Dilaciones indebidas: contra la “pena de banquillo”

La justicia si es lenta no es justicia. Esta frase, tan conocida en el mundo del Derecho, no es sino la constatación de una gran verdad, y es que cuándo los procesos judiciales necesitan años e incluso décadas para resolverse, la justicia pierde irremediablemente valor.

presoY no solo para la víctima, sino también para el acusado en el ámbito del procedimiento penal, que en estas ocasiones padece lo que se conoce como “pena de banquillo”: años de instrucción y proceso judicial que lesionan su derecho de defensa, su derecho a un proceso justo sin dilaciones, y su derecho a la presunción de inocencia (en este sentido: artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948); Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo; artículo 24  Constitución Española de 1978)

Nuestro Código Penal al regular las circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal tiene en cuenta la dilación indebida en su articulado, y establece en el artículo 21.6 que <<La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa>>.

Recientemente, la Sentencia del Tribunal Supremo 4055/2015, de 30 de septiembre de 2015 nos recordaba que <<La Jurisprudencia de esta Sala ha venido señalando que la dilación indebida para ser considerada como tal debe ser procesalmente injustificada, extraordinaria, no imputable al inculpado y desproporcionada con la complejidad de la causa>>.

La Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2013 indicaba que <<La apreciación de la atenuante exige precisar en qué momentos o secuencias del proceso se han producido paralizaciones que deban reputarse indebidas. Hemos dicho que el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que no es identificable con el derecho procesal al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes, impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas, y también ejecutar lo resuelto, en un tiempo razonable. Se trata, por lo tanto, de un concepto indeterminado que requiere para su concreción el examen de las actuaciones procesales, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que sea imputable al órgano jurisdiccional y no precisamente a quien reclama >>

office-581131_960_720Así por tanto, la jurisprudencia de nuestro alto tribunal determina claramente que aquél que alegue la aplicación de esta atenuante deberá  exponer en su alegato un análisis en detalle del proceso penal seguido, que pasa por dividirlo en sus distintas fases y demostrar de manera razonada cuál de estas fases es en concreto en la que se han producido dilaciones injustificadas, desproporcionadas y extraordinarias, imputables al propio órgano judicial.

Es decir, se requiere un análisis del caso concreto, y un razonamiento de qué parte del proceso ha sido la concretamente afectada por dilaciones indebidas.

En conclusión podemos afirmar que esta atenuante salvaguarda como decíamos al principio los legítimos derechos y garantías procesales del imputado o acusado, pero requiere del análisis pormenorizado del proceso seguido en el caso en cuestión, para determinar de manera concreta, razonada e inequívoca dónde se ha realizado dicha lesión.

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Los ejecutivos comerciales y el secreto de empresa

Resulta habitual en el mundo empresarial que un ejecutivo comercial cambie de empresa, o bien se desligue de su compañía para constituirse en empresario y abrir la suya propia.

Desde luego, las más de las veces el comercial utiliza su conocimiento y relaciones con los clientes en su nuevo trabajo o en su nuevo negocio.

Cuando la empresa para la que trabajaba sufre la competencia de este antiguo empleado sobre su cartera de clientes, resulta habitual cuestionarse si el comercial puede estar incurriendo en el delito de revelación de secretos de empresa.

El Artículo 199 de nuestro Código Penal prescribe:

<<1. El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. 2. El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años>>

Pero ¿Qué es secreto de empresa?

La Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de mayo de 2008  define secreto de empresa como aquella información de la empresa que de ser conocida afectaría a la competitividad de la empresa.

Dicha información debe tener, según nuestro Tribunal Supremo, las siguientes características:

  • ser exclusiva de la empresa,
  • ser confidencial
  • ser evaluable en términos económicos.

negocioEsto ya en principio significaría que la información genérica de clientes no es un secreto de empresa. La información de clientes, como los nombres de las compañías, personas de contacto en departamentos de compras, hábitos de compra de los clientes, etc.. no son información exclusiva ni confidencial.

Entendiendo ya a la luz de la citada jurisprudencia qué tipo de información se considera como secreto de empresa, la siguiente pregunta a la que tenemos que responder sería ¿Quién está obligado a guardar secreto?

Están obligados a guardar secreto de empresa:

  • Los administradores de la empresa, por imperativo legal.
  • Los trabajadores que hayan firmado un contrato o unas cláusulas contractuales en las cuales explícitamente se les imponga dicho secreto. Para que este contrato o cláusula sea efectivo, el Estatuto de los Trabajadores indica que el plazo máximo al que se puede pactar el guardar secreto es de 2 años, y debe tener una contraprestación económica a favor del trabajador.

silhouettes-317831_960_720Así por tanto si no se es Administrador de la sociedad, o bien trabajador que haya firmado un contrato o cláusula de guardar secreto, cobrando por ello una contraprestación económica, no se tiene una especial obligación que haya de ser sancionada por el Derecho Penal.

Es significativo como empezábamos diciendo que los comerciales de una organización conocen, por razón de su profesión, a los clientes de la misma, y en función igualmente de su trabajo tienen una relación directa con los mismos. ¿Se puede acusar de revelación de secreto de empresa a un comercial que pasa a trabajar a otra compañía y no ha firmado un contrato o cláusula que le obligue a guardar especial secreto?

Según la sentencia del Tribunal Supremo Sala 1 de 24-11-2006 no pueden ser objeto de secreto empresarial aquellas informaciones que forman parte de las habilidades, capacidades y experiencias profesionales de carácter general de un sujeto, como por ejemplo un director comercial. Ni tampoco el conocimiento y relaciones que pueda tener con la clientela, aun cuando dichas habilidades o capacidades se hayan adquirido en el desempeño de un puesto determinado o de unos concretas funciones desarrolladas para un determinado empleador. Estos conocimientos y habilidades son propios del empleado, y forman parte de su bagaje profesional.

Por último tenemos cabría preguntarnos ¿Un listado comercial de clientes es un secreto empresarial?

Según la Sentencia 17/2011 de la Audiencia Provincial de La Coruña, que examina el caso de un comercial de seguros de la correduría local S.Y.S que, tras ser despedido, se fue a trabajar para otro corredor de seguros local, vendiendo para éste último diferentes seguros a la cartera de clientes que había gestionado en su anterior compañía, dado que conocía los seguros contratados por los clientes, así como las fechas de vencimiento de los mismos, y tenía una relación cordial con estos mismos clientes: <<el listado de clientes es cuestionable que pueda constituir secreto de empresa. Por ello señalar que el acusado había trabajado para la empresa un largo período de tiempo y era la única persona encargada de realizar la contratación de los seguros con los clientes, a los que conocía, en su mayoría por ser de la zona donde trabajaba, otros eran parientes, pero en definitiva por su trayectoria laboral conocía a los clientes, sabía los nombres, conocía los trabajos de otros de ellos, sabía también donde vivían otros, en definitiva tenía perfecto conocimiento de la relación de clientes de S.Y.S., con relación a los seguros y diversos datos al respecto, por lo que no puede hablarse de apoderamiento. Pero es que además, para el caso concreto, en relación al tipo delictivo, lo esencial es que tampoco consta que existiese ningún pacto que le obligase a guardar reserva ni pacto alguno de la no concurrencia en su actividad. En consecuencia procede la libre absolución del acusado.>>

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