Los principios generales del Derecho

Encontramos los principios generales como fuente de Derecho en nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 1 de nuestro Código Civil, concretamente como fuente subsidiaria en defecto de Ley o Costumbre. Es decir, cuando no existe una Ley aplicable a un caso concreto, y tampoco existe una costumbre probada al respecto, deberá acudirse a los principios generales para establecer el marco jurídico adecuado.

Pero cabe preguntarse ¿Qué son estos principios? ¿Cuáles son concretamente? ¿Quién los define? Y es que pudiera resultar un poco ambiguo este concepto para el lego en Derecho, creándole inseguridad jurídica. Pero en este ensayo vamos a demostrar que sucede justo al contrario, es decir, que el reconocimiento positivo en nuestro Código Civil respecto a la vigencia como fuente del Derecho de los principios generales nos permite garantizar la solidez sin fisuras de nuestro sistema jurídico.

Código Civil

El artículo 1.4 Código Civil indica que “Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurí-dico”.

Concepto

Siguiendo al profesor De Castro podemos definir los principios generales como las ideas fundamentales e informadoras de la organización jurídica. Es decir, el ordenamiento jurídico es una estructura lógica formada por normas generales; y los principios generales son aquellos pilares básicos que sostienen dicha estructura.

Naturaleza axiomática

Dado que el Derecho es un sistema lógico que regula las relaciones de las personas, dicho sistema debe tener en cuenta la naturaleza propia del ser humano.

Y en la naturaleza del ser humano existen principios básicos, que no requieren ser probados de forma empírica, porque su validez existe “a priori” de cualquier prueba, y “per se” sin recurrir a ninguna demostración. Se trata de verdades universales del ser humano, innegables y autoexplicativas.

El principio básico primario del hombre es que desea mantenerse vivo, dando lugar a su derecho a la vida. En tanto está vivo, el segundo principio básico es que desea ser libre, dando lugar a su derecho a la libertad.

Estos principios básicos de vida y libertad funcionan por tanto como axiomas del Derecho, permitiendo un razonamiento lógico axiomático, es decir, apriorístico deductivo. Y es que este tipo de sistemas lógicos funcionan por deducción: los axiomas son principios básicos cuya verdad es universal, y razonando por deducción dado que las premisas son verdaderas (los axiomas) si el razonamiento no cae en errores (falacias) el resultado será siempre verdadero. Además, en todos los casos cabe estudiar las afirmaciones del sistema lógico-jurídico y descartar aquellas que no son conformes a los axiomas.

Por ejemplo, del derecho a la vida como axioma primario o principio del Derecho se derivan el derecho a la integridad física y moral, para preservar la vida, y la necesidad de que los comportamientos contrarios a la vida de una persona sean tipificados como delictivos, con la consiguiente sanción punitiva.

En cualquier situación no regulada por una ley o una costumbre que atente contra la vida, acudiendo a este principio general prevalecerá el derecho a la vida y dicha situación se tendrá que resolver a favor de la vida.

Así pasaría por ejemplo en la eutanasia o en el aborto, que a pesar de que no existiese ley o costumbre jurídica que lo regulase, serían situaciones contrarias a la vida. De la misma forma, cualquier ley a favor de estas situaciones sería realmente antijurídica al atentar contra dicho principio.

Otro ejemplo, del derecho a la libertad se deriva la capacidad de una persona de poseer libremente y hacer suyos los bienes que no sean de otra persona, utilizándolos de manera libre con la limitación lógica de la vida o la libertad (personal y patrimonial) de las otras personas. Esta libertad implica igualmente que una persona por sí misma no puede ser propiedad de otra persona, por lo que aunque decida trabajar o dedicar su vida a otra persona, será por un pacto libre que podrá rescindir, lo cual imposibilita la exclavitud (dado que ésta sería incompatible con la libertad).

En cualquier situación no regulada por una ley o costumbre que atente contra la libertad, acudiendo a este principio general prevalecerá el derecho a la libertad y dicha situación se tendrá que resolver a favor de la libertad.

Así pasaría por ejemplo en los “vientres de alquiler”, que a pesar de que no existiese ley o costumbre jurídica que lo regulase, serían situaciones contrarias a la libertad de la persona, dado que supone vender un bebé, es decir, comerciar con una persona como si fuese un objeto. Esto es una exclavitud contraria al principio general de la libertad.

Función de garantía ante lagunas legales vacatio legis

Como vemos por tanto, existe una doble función para los principios generales del derecho:

  1. Cubren las lagunas legales o situaciones de “vacatio legis”, constituyéndose en estas situaciones como fuente del Derecho.
  2. Sirven para la correcta interpretación de la Ley y de la Costumbre, dado que por su carácter de axiomas no pueden existir normas válidas contrarias a los principios generales.

Derecho natural y derecho positivo

Tradicionalmente han existido dos grandes corrientes de pensamiento en la ciencia del Derecho:

  1. La escuela del Derecho Positivo, que tiene una base filosófica relativamente reciente (x. XIX) en las corrientes positivistas, empiristas y cientistas, y cuyo máximo exponente es Hans Kelsen. En esta doctrina el Derecho es el conjunto de normas escritas que emanan de un órgano legislativo legítimamente constituido. Es decir, el Derecho es toda norma que se haya dictado por el legislador siguiendo un procedimiento determinado.
  2. La escuela del Derecho Natural, que tiene sus raíces en la filosofía de Aristóteles y en el Derecho Romano, y que ha sido defendida por múltiples autores relevantes a lo largo de la Historia, como Santo Tomás de Aquino, Francisco de Vitoria, Francisco Suarez, H. Grocio, T. Hobbes, J. Locke, J.J. Rousseau, o I. Kant, por citar a algunos. Y siendo sus máximos exponentes en la época moderna M. Rothbard o H.H. Hoppe. Bajo esta doctrina, existen valores inherentes a la naturaleza humana, que actúan como principios de la convivencia. Dado que son inherentes al hombre, son anteriores y superiores al Estado, a la ley escrita o a los mandatos de un órgano legislativo determinado en un momento concreto del tiempo, y sus preceptos tienen validez universal en todo momento.

Según lo dicho en los puntos anteriores del presente ensayo, y a pesar de que podríamos intuir como “anti científico” el posicionamiento naturalista, es justamente la escuela del Derecho Natural la que ostenta un entendimiento válido y correcto del sistema jurídico. Puesto que, como dijimos en nuestra exposición, existen principios inherentes al ser humano que se convierten axiomas en el sistema jurídico.

De hecho, un sistema jurídico que no tuviese estos principios como axiomas sería inhumano, al atentar contra la propia naturaleza de los sujetos cuyas vidas y patrimonio regula.

Principios reconocidos positivamente en el ordenamiento jurídico.

Es tan evidente que los principios generales deben instruir el ordenamiento jurídico, que las principales normas positivas contienen entre sus preceptos generales dichos principios.

Así, el artículo 1 de la Constitución Española indica literalmente que “propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Como otro ejemplo evidente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada por todos los países pertenecientes a la ONU y rectora por tanto de sus ordenamientos, jurídicos, eleva a nivel positivo el derecho a la vida y a la libertad del ser humano, los cuales tienen su origen previo en el Derecho Natural.


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La Costumbre como fuente del Derecho

Siendo el Código Civil el cuerpo principal del derecho privado, es decir, la norma básica jurídica que regula las relaciones de Derecho entre los ciudadanos de una nación, encontramos en su artículo 1 la relación de las fuentes del ordenamiento jurídico, a saber:

  1. La Ley
  2. La Costumbre
  3. Los principios generales del Derecho.

Esta relación es jerárquica, en tanto que la fuente principal es la Ley, y en su defecto prevalece la Costumbre. Solo en ausencia de Ley y costumbre se recurrirá a los principios generales como fuente jurídica.

El objeto del presente ensayo es el de conocer la costumbre como fuente del Derecho en nuestro ordenamiento jurídico español.

Podemos definir la costumbre como la norma jurídica creada por la comunidad a través de su uso reiterado y uniforme en el tiempo.

Conforme a la doctrina mayoritaria y a lo exigido en la jurisprudencia del Tribunal Supremo deben indicarse dos requisitos para apreciar una costumbre como norma jurídica válida:

 

  1. Requisito externo: que exista un uso social, es decir, el comportamiento de un grupo social que se ajusta a un determinado modo de conducta.Para que el uso social sea jurídicamente relevante ha de ser:
  • General: se aplica a todos los casos.
  • Constante: se aplica sin interrupciones
  • Uniforme: es idéntico en todos los casos.
  • Duradero: se aplica de forma repetida, no puntual.

 

  1. Requisito interno: que exista una convicción jurídica de los miembros del grupo social de la obligatoriedad de la norma:
  • Opinio Iuris: existe una convicción en el grupo social de que se trata de una obligación jurídica.
  • Opinio necessitatis: existe una convicción en el grupo social de que su aplicación es siempre necesaria.

Según lo dispuesto en el art. 1.3 del Código Civl “la costumbre solo se aplicara en defecto de ley aplicable, siempre que resulte probada y no sea contraria a la moral o al orden público. Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad, tendrán la consideración de costumbre”.

Así por tanto para para la validez jurídica de la costumbre en España se necesitan las siguientes condiciones:

  1. Subsidiaridad: Solo se aplica la costumbre como norma jurídica con carácter subsidiario, cuando no existe una Ley que determine positivamente la norma para el caso concreto.
  2. Racionalidad: No puede contravenir la moral y el orden público.
  3. Necesidad probatoria: Debe resultar probada. En este sentido el ar. 281 de la Ley de Enjuiciamiento Civil indica que la costumbre será objeto de prueba en el proceso judicial, excepto que las partes estuviesen de acuerdo en su existencia y contenido, no afectando sus normas al orden público. Además dispone que no será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general.

Finalmente, cabe indica que según la relación con la Ley, la costumbre puede ser:

  • “Contra legem”. Se encuentra rechazada por el art. 1º CC, según el cual la costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable. En este sentido el art. 2.2 C.C. indica que ñas leyes sólo se derogan por otras posteriores. En el régimen foral de Navarra si se admite la costumbre contra legem, si bien como dice Diez Picazo esto ha de entenderse que cabe costumbre contra fuero o ley foral, pero no contra leyes de aplicación general.
  • “Secundum legem”. No se encuentra prevista en el Código Civl. Es la que coincide con la norma legal y su única función es interpretativa. El hecho de que una determinada interpretación legal venga favorecida por la costumbre no puede entenderse como vinculante, por lo que los Tribunales conservan su libertad para interpretar las leyes con arreglo a los criterios hermenéuticos generales.
  • “Praeter legem” o “extra legem” es aquella que regula situaciones carentes de disposición legal. Esta es la costumbre admitida de modo general por el art. 1º CC como fuente del ordenamiento jurídico. Requiere que no exista ley expresa y que además no quepa la aplicación por analogía de otra ley.


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Las pruebas circunstanciales en el sistema judicial español

Estamos ya acostumbrados al término jurídico “prueba circunstancial” gracias al cine y a las series de televisión norteamericanas. También en el género de novela policíaca solemos leer de forma recurrente esta expresión.

El término inglés concreto sería “circunstantial evidence”. En el derecho anglosajon (common law) las pruebas circunstanciales o “circunstantial evidence” son testimonios que no se basan en conocimientos personales u observaciones de los hechos, sino en otros hechos de los cuales se hacen deducciones, a fin de demostrar de modo indirecto los hechos que se pretenden demostrar ¿esto es equivalente en nuestro sistema jurídico?.

En líneas generales la fase probatoria en el proceso judicial tiene como objetivo poder comprobar la veracidad o falsedad de las afirmaciones sobre los diferentes hechos relevantes para la causa sostenidos por cada una de las partes. En nuestro sistema judicial es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que la única prueba que puede desvirtuar la presunción de inocencia es la efectuada en el juicio oral bajo los principios de contradicción, publicidad e inmediación.

Y los tipos de pruebas admitidas en el proceso judicial en España son: 1) las pruebas documentales (documentos públicos o privados); 2) el reconocimiento judicial; 3) el dictamen pericial; 4) el interrogatorio de las partes; y 5) el interrogatorio de testigos o prueba testifical.

A su vez, con estos medios de pruebas las partes pueden demostrar al juzgador la veracidad o falsedad de las afirmaciones en cuestión de dos formas: a) de forma directa; y b) de forma indirecta.

Cuando el medio de prueba pretende probar un hecho de manera directa, el objeto de la prueba y el hecho a probar coinciden en sí mismos.

Por ejemplo, si se pretende probar ante el tribunal que el acusado de robo forzó la puerta principal para acceder al inmueble acceder al inmueble donde se perpetró el delito y se presenta para ello la grabación de una cámara de seguridad donde este hecho se visualiza, se está probando de forma directa dicho hecho aseverado por la acusación.

Sin embargo, cuando el medio de prueba no puede probar de forma directa el hecho que se pretende demostrar ante el tribunal, pero del mismo se puede deducir de forma racional el hecho que se quiere demostrar, el objeto de la prueba y el hecho no coincidirán y estaremos aquí ante la denominada prueba indirecta, más conocida en España como prueba indiciaria y que equivaldría a la prueba circunstancial. En el proceso penal español se denomina prueba de presunciones judiciales y está regulada en el artículo 386.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La capacidad de la prueba indirecta para destruir la presunción de inocencia está admitida por una extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional siempre que: 1) Conste en la sentencia la existencia de unos hechos básicos, que han de estar completamente acreditados y justificados por otras pruebas; 2) exista un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano, entre tales hechos y las conclusiones fácticas incriminatorias para los acusados, que de aquellos se infieren; 3) se expresen los razonamientos en virtud de los cuales el Tribunal llegó a tales inferencias. Finalmente la jurisprudencia del Tribunal Supremo exige la existencia de una pluralidad de indicios probados, y que de todos ellos se pueda inducir racionalmente el hecho probado de forma indirecta.

En definitiva, se trata de un proceso racional de inferencia o inducción, que permite inducir con alto grado de probabilidad un argumento (los hechos afirmados) a partir de unas premisas suficientemente probadas.

Pongamos finalmente un ejemplo de prueba indiciaria o circunstancial. Supongamos que como en el ejemplo anterior se pretende probar ante el tribunal que el acusado de robo forzó la puerta principal para acceder al inmueble donde se perpetró el delito, pero no existe grabación de la cámara de seguridad. Sin embargo, el acusado fue detenido por la policía a escasos metros del inmueble, tras haber avisado un vecino a la policía, alertado por unos ruidos sospechosos en mitad de la noche. Dicho vecino declara que vio a una persona con una gorra azul y un abrigo negro saliendo del inmueble, y el acusado vestía de esta misma forma cuando fue detenido. El propietario declaró a la policía que le habían sustraído 11.000 euros. Finalmente consta en las diligencias policiales que en el momento de la detención se le incautaron al detenido una palanca de hierro que coincide con el tipo de elemento que se utilizó para forzar el inmueble, y 10.000 euros que llevaba en su poder. Las pruebas circunstanciales por tanto serían la declaración testifical y el atestado policial donde constan las circunstancias de la vestimenta, hora de la detención y objetos incautados en la detención, y de todas ellas cabe inferir racionalmente que el sospechoso fue con alto grado de probabilidad quién entró a robar en el inmueble.


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La inmatriculación de la Iglesia

Recientemente el actual gobierno del PSOE ha reavivado en España la polémica de la inmatriculación de los bienes de la Iglesia Católica, con la ejecución de una proposición no de Ley que busca cuestionar la legalidad de la posesión de los bienes de la Iglesia.

Desde la prensa de izquierdas, comandada por su buque insignia El País, se abrió una campaña de claro apoyo al PSOE donde se indicaba que la Iglesia había puesto a su nombre en el Registro entre 30.000 y 40.000 inmuebles sin acreditar (aquí) o bien que había puesto a su nombre por 30 € un edificio patrimonio de la Humanidad como es la Mezquita Catedral de Córdoba (aquí).

En este artículo vamos a estudiar la cuestión jurídica de fondo, respondiendo a cinco preguntas con el objetivo de arrojar luz suficiente sobre este asunto.

¿Qué es el Registro de la Propiedad?

Es una institución del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, que permite a los propietarios de bienes inmuebles, a través de la inscripción de dichos inmuebles en los libros del Registro, hacer pública su legítima propiedad ante terceros. Así, ante cualquier otra persona o institución estará claro quién es el propietario del inmueble inscrito.

¿Es obligatoria la inscripción de los inmuebles en el Registro?

No, se trata de un proceso voluntario. El propietario es libre de inscribir el inmueble o de no hacerlo.

¿La inscripción en el Registro otorga la propiedad?

No, dado que la propiedad del inmueble es previa a la inscripción e independiente de la misma. En nuestro Derecho la propiedad de un inmueble se adquiere mediante el sistema del título y el modo proveniente del derecho romano.

  • El sistema jurídico romano que perdura en nuestros días exige que para la efectiva y legal transmisión de la propiedad de una cosa exista un justo título (contrato, “iusta causa”) y un modo (entrega de la cosa, “traditio”). Y esto es lo que llamamos en Derecho el sistema del título y el modo. El título suele ser el contrato de compraventa y el modo o “traditio” suele ser la entrega de las llaves por parte del vendedor al comprador.  En el caso de los inmuebles no obstante el otorgamiento de la Escritura pública de compraventa equivale a la entrega del inmueble (traditio) pero es recomendable exigir las llaves. 
  • También se puede adquirir la propiead por usucapion, sucesión, accesión y por Ley.

¿Qué es la inmatriculación?

Es el acceso por primera vez de los inmuebles rústicos o urbanos al Registro de la Propiedad. Deriva del vocablo “in matricula” que podemos traducir como “entrar en el registro”.

Dado que como hemos visto en los puntos anteriores la propiedad es previa e independiente del Registro, para que un bien conste en el mismo es necesario que acceda por primera vez en algún momento. A partir de ahí, los sucesivos cambios de titular se realizarán partiendo de esta primera inscripción, pero evidentemente no pueden registrarse cambios si previamente no consta el bien en los libros del Registro.

¿Cuándo se creó el Registro de la Propiedad?

El Registro de la Propiedad en España se creó por la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1861. Por supuesto, la mayor parte de los bienes de la Iglesia Católica están en su propiedad desde siglos antes de la creación del Registro.

Por ejemplo, la Mezquita de Córdoba se construyó en el siglo VI como iglesia de San Vicente Mártir; más tarde con la invasión musulmana se la apropiaron los invasores convirtiéndola en Mezquita, y finalmente en el año 1.238 tras la reconquista volvió a ser propiedad de la Iglesia Católica.

Por ello por supuesto que haya accedido recientemente al Registro no implica que muchos siglos antes no fuese ya propiedad de la Iglesia. El coste de 30 € es por supuesto un coste administrativo establecido para cualquier propietario en el proceso de inmatriculación.

¿Cómo se realiza la inmatriculación?

El interesado debe presentar todos los títulos públicos traslativos del dominio previo; o bien realizar un expediente de dominio ante Notario. En este procedimiento cualquier interesado (titulares alternativos, titulares de derecho u obligaciones sobre el inmueble) pueden hacer valer sus derechos frente al titular que pretende inscribir a su favor.

En el caso de las entidades de Derecho Público pueden realizar la inscripción con los títulos de dominio que ostenten. Igualmente el Registrador se asegurará de que ese bien no estaba previamente a nombre de otro titular, y comunicará a cualquier afectado la inscripción para que pueda oponerse y hacer valer los derechos que considere oportunos.


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La diferencia entre el hecho jurídico, el acto jurídico y el negocio jurídico

Tres de los conceptos fundamentales sobre los que se asienta el Derecho Civil son el hecho jurídico, el acto jurídico y el negocio jurídico. Se trata de hechos de la vida, actos de las personas o bien acuerdos entre varias personas a los cuáles el Derecho otorga efectos jurídicos.

Fue Savigny, jurista alemán del s. XIX y padre de la Escuela Histórica del Derecho, quién expuso por primera vez en su obra la teoría del hecho jurídico, siendo el acto y el negocio jurídico variantes del hecho jurídico.

El hecho jurídico.

Para Savigny el hecho jurídico es el acontecimiento del mundo exterior al cual el ordenamiento jurídico atribuye un efecto jurídico determinado: la adquisición, pérdida o modificación de un derecho.

Los hechos jurídicos pueden ser de muy diversa índole, pudiendo clasificarse principalmente en las siguientes categorías:

  • Por su contenido:
    1. Positivos: consistentes en un acontecimiento o suceso.
    2. Negativos: consistentes en la omisión de un suceso o acontecimiento.
  • Por sus efectos jurídicos:
    1. Constitutivos de un derecho.
    2. Modificativos de un derecho.
    3. Extintivos de un derecho.
  • Por su estructura:
    1. Simples: consistentes en un único suceso o acontecimiento.
    2. Complejos: cuando consisten en un conjunto de sucesos o acontecimientos.

Los hechos jurídicos suelen referirse a sucesos naturales o físicos, veamos unos ejemplos para entenderlo:

  • el paso del tiempo puede determinar la adquisición del derecho de propiedad sobre un inmueble a favor de su poseedor de buena fe. Es un hecho positivo (ha pasado el tiempo), y constitutivo (crea un derecho).
  • El paso del tiempo puede igualmente determinar la extinción de un derecho. Así sucede en la prescripción extintiva.
  • El nacimiento de un ser humano determina su consideración como sujeto de derechos.
  • Un terremoto o cualquier otra catástrofe natural puede determinar la activación de un protocolo jurídico público especial, como un estado de alarma.

El acto jurídico.

Si los hechos a los cuáles les otorga el Derecho efectos jurídicos suceden o tienen lugar no por la simple naturaleza, sino por la voluntad humana, a este tipo de hechos se les denomina actos jurídicos.

Se trata de actos realizados por una voluntad consciente y exteriorizada por parte de una persona. Por lo cual aquellos actos no realizados de forma consciente, como podría suceder en un niño o en un enfermo mental, no tienen trascendencia jurídica. Igualmente

Así por tanto estamos ante actos humanos a los que el Derecho reconoce efectos jurídicos, haciendo nacer, modificar o extinguir derechos y obligaciones.

La clasificación de los actos jurídicos a partir de estas premisas se divide entre aquellos que generan efectos positivos y aquellos que generan sanciones:

  • Actos ilícitos: en ellos lo que está legislado en el Derecho positivo es la sanción respecto de su comisión. Se dividen entre:
    1. Ilícito penal: sancionado como delito o falta por las normas de Derecho Penal.
    2. Ilícito civil: sancionado por las normas de Derecho Civil
    3. Ilícito administrativo: sancionado por las normas de Derecho Administrativo o derecho laboral.
  • Actos líticos: generan efectos constitutivos, modificativos o extintivos de obligaciones y derechos. Se dividen entre:
    1. Actos jurídicos en sentido estricto, que generan efectos “ex voluntae”, donde la declaración de voluntad libre y exteriormente expresada determina dichos efectos.
    2. Actos jurídicos “ex lege” donde el efecto concreto es el que determina la ley, independientemente de la voluntad del sujeto que realiza el acto. Diferenciándose a su vez entre:
      1. Actos asemejados a los negocios jurídicos, donde aunque el efecto es el determinado por la ley, la voluntad del sujeto que lo realiza busca voluntariamente dicho efecto. Como por ejemplo la adopción o el reconocimiento de un hijo.
      2. Actos reales, donde el acto busca por parte del sujeto que lo realiza un fin concreto pero el Derecho hace nacer de dicho acto efectos diferenciados. Por ejemplo en el hallazgo de un tesoro el sujeto por ejemplo busca realizar una obra en un inmueble, pero al encontrar el tesoro lo que está legislado es que se genere una propiedad para el Estado y un derecho a su favor de cobrar una indemnización.

El negocio jurídico.

Si los actos jurídicos lícitos “ex voluntae” se realizan por varias personas con la intención de crear, extinguir o regular relaciones que generan entre ellas derechos y obligaciones de forma recíproca, en el marco de lo establecido en el Derecho Positivo, estaríamos antes lo que se denomina negocio jurídico.

Según el tipo de relaciones que regulan podemos diferenciar entre:

  • Negocios patrimoniales, referidos a bienes muebles o inmuebles.
  • Negocios familiares o personales, como el matrimonio.

Según la finalidad podemos diferenciar entre:

  • Negocios gratuitos o de mera liberalidad.
  • Negocios onerosos.

Por su duración pueden ser:

  • De tracto único.
  • De tracto sucesivo.

Resumen.

Así por tanto, como vemos de forma incremental, los hechos que acaecen sin intervención de la voluntad humana pero a los que el Derecho reconoce efectos jurídicos se denominan hechos jurídicos. Mientras que los hechos que se producen por voluntad humana libremente expresada y a los que el Derecho reconoce efectos jurídicos se denominan actos jurídicos. Y finalmente cuando los actos se acuerdan entre varias personas para crear relaciones a las que el Derecho reconoce efectos jurídicos estaríamos antes negocios jurídicos.

A diferencia del hecho jurídico y del acto jurídico, el concepto de negocio jurídico no procede del Derecho romano, sino que se debe a la labor de los juristas del s. XVIII y posteriores, por la Escuela Histórica del Derecho como ya pusimos de relieve al inicio de este artículo.


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Las pruebas de la filiación

La filiación se define como la situación jurídica que la ley asigna a determinadas personas, derivada de la relación natural de procreación. Y de ella se derivan efectos tan importantes como la patria potestad, el deber de cuidado y alimentos, la transmisión de los apellidos, la sucesión entre padres e hijos, la nacionalidad y la vecindad.

La filiación se determina por la ley, en la medida en la que es la ley la que establece una serie de reglas para atribuir al hecho biológico de la generación la figura jurídica de la filiación.

  • Así, para la filiación matrimonial, sobre una serie de presunciones, vigentes desde el Derecho Romano, la madre es la que da a luz al hijo, y el padre será el marido de ésta, en el caso de la filiación matrimonial. También se presume esta paternidad, salvo prueba en contrario, en los 300 días posteriores al divorcio, y en los 180 días iniciales del matrimonio.
  • En el caso de la filiación no matrimonial, ésta se determina bien por el propio reconocimiento del padre, o bien por un proceso administrativo o judicial que concluye con su determinación.

Por tanto, el estado civil de la filiación se adquiere por el hecho biológico de la generación, a través de la determinación legal, según se ha expuesto.

Y en este contexto cabe preguntarse ¿cuáles son los medios de prueba de la filiación?.

A la luz de lo dispuesto en el Código Civil, en la legislación del Registro Civil, y de acuerdo con la mayor parte de la doctrina y jurisprudencia, los medios probatorios sobre la filiación reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico son los siguientes:

  1. La inscripción en el Registro Civil.

La inscripción es el verdadero título de legitimación y verdadero medio de prueba del estado civil de filiación.

Por ello, la inscripción de nacimiento, completada, en su caso con la del matrimonio de los padres, constituye el medio de prueba ordinario, privilegiado y exclusivo de la filiación.

Para impugnar en juicio el estado de filiación que prueba el Registro, es necesario instar la cancelación o rectificación del correspondiente asiento registral.

  1. El documento o sentencia que la determina legalmente

En el caso de la filiación matrimonial, a falta de la inscripción del nacimiento junto con la del matrimonio de los padres, la filiación podrá quedar determinada por sentencia judicial.

En el caso de la filiación no matrimonial, la filiación quedará determinada legalmente por la sentencia, resolución o documento a que se refiere el artículo 120 CC.

  1. La presunción de paternidad del marido

Las presunciones de paternidad son presunciones “iuris tantum” y por tanto cabe prueba en contrario. Por tanto, y como se explicó más arriba, son un modo establecido por la Ley para la determinación de la filiación, que habrá de ser probada por los demás medios.

  1. La posesión de estado

Finalmente, la posesión de estado es un medio de prueba subsidiario respecto de los anteriores. Y aunque no está definido de manera expresa por el Código Civil, éste lo recoge cono legado de la tradición y la costumbre jurídica.

Según la jurisprudencia, la posesión de estado de hijo es aquella relación del hijo con el padre o con la madre en concepto de tal hijo, manifestada por actos reiterados en dicho sentido y de forma ininterrumpida, continuada y pública.

La posesión de estado debe contener los siguientes tres ámbitos: nomen, tractactus y fama.

  • Nomen: el hijo usa habitualmente el apellido del supuesto padre o de la supuesta madre.
  • Tractactus: existe un comportamiento material y afectivo propio de la relación de la filiación hacía el hijo por parte de los supuestos padre o madre.
  • Fama: en la opinión pública del ámbito de la familia se constata que es considerado como tal hijo.

Se trata por tanto de un conjunto de circunstancias de hecho que en conjunto demuestran las relaciones de filiación o parentesco que se pretende, y a las que por ende el derecho le otorga valor de filiación.


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La determinación de la filiación

La filiación, institución jurídica clave en el derecho de familia, se define como la situación jurídica que la ley asigna a determinadas personas, derivada de la relación natural de procreación. Biológicamente todos tenemos un padre y una madre, y de este hecho biológico de la procreación el derecho hace nacer la filiación. Aunque la filiación puede derivar también de una especial ficción legal, esto es, la adopción.

De la filiación se derivan efectos tan importantes como la patria potestad, el deber de cuidado y alimentos, la transmisión de los apellidos, la sucesión entre padres e hijos, la nacionalidad y la vecindad.

Pero cabe preguntarse ¿cómo se determina la filiación? El hecho biológico de la generación produce la determinación de la filiación, pero este hecho biológico no puede concretarse por sí mismo, por lo que el Derecho requiere unos presupuestos de hecho a los que otorga unos efectos de filiación.

Concretamente la determinación legal de la filiación distingue entre filiación matrimonial o no matrimonial. Y es que desde la antigüedad se ha distinguido la filiación legítima (matrimonial) de la ilegítima (extramatrimonial) si bien actualmente se reconoce una igualdad de derechos a ambos tipos de filiación.

Filiación Matrimonial.

La filiación matrimonial materna y paterna quedará determinada legalmente por la inscripción del nacimiento junto con la del matrimonio de los padres o bien por sentencia firme que así lo establezca.

hijos padresRecogiendo la tradición vigente desde el Derecho Romano, nuestro Código Civil establece un sistema de presunciones para la determinación de la filiación matrimonial, sobre la base de los principios mater certa semper est pero pater is quem nuptiae demostrant. Es decir, la madre siempre es cierta, y el padre se presume que es el marido de la madre.

De esta manera, son hijos matrimoniales:

  1. Los nacidos durante el matrimonio.
  2. Los nacidos 300 días después de la separación legal o de hecho de los cónyuges.
  3. En el caso de los nacidos en los primeros 180 días del matrimonio, el marido podrá destruir la presunción mediante declaración auténtica en contrario formalizada dentro de los seis meses siguientes al conocimiento del parto.
  4. Los nacidos antes de la celebración del matrimonio, cuando se den las circunstancias expuestas en la ley para la filiación no matrimonial y posteriormente se celebre el matrimonio.

Filiación No Matrimonial.

Es la que tiene lugar cuando el padre y la madre no están casados entre sí al tiempo del nacimiento del hijo (sin perjuicio de que luego puedan casarse).

La filiación no matrimonial quedará determinada legalmente:

  1. Por el reconocimiento del padre ante el encargado del Registro Civil, en testamento o en otro documento público.
  2. Por resolución recaída en expediente de paternidad tramitado con arreglo a la legislación del Registro Civil.
  3. Por sentencia firme.
  4. Respecto de la madre, cuando se haga constar la filiación materna en la inscripción de nacimiento practicada dentro de plazo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Registro Civil.

La filiación no matrimonial requiere por tanto, como podemos apreciar, de un acto de utilización de los medios legales para su reconocimiento por parte de los progenitores.

Determinación de la filiación en los casos de utilización de técnicas de reproducción asistida.

Si bien a lo largo de la Historia, en el Derecho se ha distinguido entre filiación matrimonial y no matrimonial partiendo del principio biológico de que un hijo requiere la unión carnal entre un hombre y una mujer, la ciencia moderna permite el nacimiento de un hijo mediante técnicas que hacen innecesaria dicha unión carnal entre una pareja.

Para regular la filiación en estos casos, la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida de 26 de mayo de 2006 establece que la filiación de los nacidos con las técnicas de reproducción asistida se regulará por las leyes civiles, con las siguientes salvedades:

 

  1. Ni la mujer progenitora ni el marido, cuando hayan prestado su consentimiento formal, previo y expreso a determinada fecundación con contribución de donante o donantes, podrán impugnar la filiación matrimonial del hijo nacido como consecuencia de tal fecundación.
  2. No podrá determinarse legalmente la filiación ni reconocerse efecto o relación jurídica alguna entre el hijo nacido por la aplicación de las técnicas reguladas en esta Ley y el marido fallecido cuando el material reproductor de éste no se halle en el útero de la mujer en la fecha de la muerte del varón. No obstante, el marido podrá prestar su consentimiento en escritura pública, en testamento o documento de instrucciones previas, para que su material reproductor pueda ser utilizado en los 12 meses siguientes a su fallecimiento para fecundar a su mujer. Tal generación producirá los efectos legales que se derivan de la filiación matrimonial. El consentimiento para la aplicación de las técnicas en dichas circunstancias podrá ser revocado en cualquier momento anterior a la realización de aquéllas. El varón no unido por vínculo matrimonial podrá hacer uso también de esta
  3. Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero.
    1. La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto.
    2. Queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, conforme a las reglas generales.

En el caso de la generación con técnicas de reproducción asistida, la inscripción en el Registro Civil nunca reflejará datos de los que se pueda inferir el carácter de la generación.


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