Tipos de Decretos en España: Real Decreto, Real Decreto Legislativo y Real Decreto Ley

El Decreto es la norma jurídica que emana del poder ejecutivo, esto es, del Gobierno. Tradicionalmente se denomina Real Decreto por el hecho de que se sancionan por el Rey (art. 91 CE)  Son refrendados por el presidente del Gobierno o por los ministros competentes.

Según su rango en la jerarquía normativa, podemos diferenciarlos entre aquellos que tienen rango de Ley, y aquellos otros que tienen un rango inferior, reglamentario.

Real Decreto.

Como decíamos, se trata de una norma jurídica con rango de Reglamento, que sirve para ejercer el poder ejecutivo. La Constitución en su Art. 97 otorga al Gobierno la potestad reglamentaria, esto es, la facultad de promulgar normas con rango inferior a ley, y en desarrollo de los preceptos contenidos en ésta.

El Gobierno, al ejercer el poder ejecutivo, tiene a su disposición los decretos como la fórmula jurídica que le otorga la Constitución para el desarrollo de la Ley, a fin de poder ejecutar lo legislado.

El Decreto emana del Consejo de Ministros, pero existen también reglamentos que emanan de órganos ejecutivos inferiores, por delegación y especialización de las materias que desarrollan:

  • Real Decreto: proviene del Consejo de Ministros.
  • Orden: proviene de las Comisiones delegadas del Gobierno.
  • Orden Ministerial: proviene de un Ministerio.
  • Circulares, Resoluciones, Instrucciones y Ordenes de Servicio: provienen de los distintos órganos que integran la Administración Central, y su rango normativo depende del rango jerárquico del órgano del que emanan.

Podemos encontrar en la legislación administrativa, y para todos los sectores de actividad económica, miles de Decretos: sobre Energía, sobre Telecomunicaciones, sobre Agricultura, sobre Tráfico, etc… Cuanto mayor es la intervención del Gobierno en un sector, mayor es el número de Reales Decretos que podemos encontrar en dicho sector.

Real Decreto Legislativo.

Se trata de una norma que tiene rango de ley, realizada por el Gobierno por delegación del Parlamento.

El art. 82 C.E. permite al poder legislativo delegar en el Gobierno la realización de leyes, siempre que las materias a tratar no afecten a cuestiones reservadas a Ley Orgánica.

Existen dos tipos de delegación, y por tanto dos tipos de Real Decreto Legislativo:

  • Delegación para realizar un Texto Articulado, mediante una Ley de Bases del Parlamento, que delimita con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa, así como los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. Así, mediante esta técnica legislativa, el Parlamento sienta las bases de la materia a legislar, y el Gobierno desarrolla dicha materia en el Texto Articulado, que formalmente reviste la forma de Real Decreto Legislativo. El ejemplo más conocido en España es el del Código Civil: las Cortes aprobaron 27 bases que el Gobierno desarrolló en 1975 artículos.
  • Delegación para realizar un Texto Refundido, mediante una Ley Ordinaria del Parlamento que contendrá los límites y el objetivo de la delegación. Mediante esta técnica legislativa se encomienda al Gobierno la labor de refundir varios textos legales en uno solo. . La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. Algunos ejemplos de Reales Decretos Legislativos de este tipo son el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

Real Decreto-Ley.

Se trata también una norma con rango de Ley. El Art. 86 CE indica que en caso de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-Leyes.

Por esta naturaleza extraordinaria, tiene carácter provisional, y sólo puede valer para el tiempo necesario a fin de reunir al Parlamento para que sea éste quién “regularice” la situación de dicha legislación. Deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad en el Congreso en un plazo de treinta días desde su promulgación.

Así, en un plazo de treinta días el Congreso deberá convalidarlo o derogarlo. Si lo convalida, el Decreto-Ley seguirá llamándose así pero pasará a ser Ley ordinaria, y dejará de tener carácter temporal. Por el contrario, si el Congreso lo deroga dejará de existir pero habrá sido plenamente válido durante el tiempo anterior, pues la derogación no tiene efectos retroactivos.

El Gobierno como legislador.

La capacidad del Gobierno para crear normas legales está prevista en la Constitución como algo excepcional, solo para casos de extraordinaria y urgente necesidad (art. 86 CE) dado que nuestro Estado de Derecho tiene como principio básico la separación de poderes, quedando reservada la capacidad legislativa al Parlamento (art. 66.2 CE).

Por ello, el Real Decreto ordinario debería ser la única forma de crear normativa reguladora del Gobierno. Es decir, el Gobierno debe tener capacidad de crear Reglamentos pero no Leyes.

En el caso del Real Decreto Legislativo se entiende que no hay una creación pura de una nueva Ley, en tanto que se limita a Articular según lo previsto en la Ley de Bases, o bien a Refundir leyes y normas ya existentes.

Pero en el caso del Decreto-Ley el poder ejecutivo toma directamente las atribuciones de legislador, rompiendo la división de Poderes y entrando así en una dinámica peligrosa, la del Ejecutivo que además de ejecutar puede legislar, sin ostentar la representación del pueblo que sí que existe en el Parlamento, donde encontramos cientos de representantes de todos los partidos políticos (Congreso) y de todos los territorios nacionales (Senado).


* Más información|Bufete Rosales Fundación Fuego
* Imagen|Pixabay

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Los Recursos Administrativos a disposición del ciudadano.

En nuestro país la intervención de las administraciones públicas en nuestra vida diaria es intensa. Tenemos un gobierno central, un gobierno en cada autonomía, diputaciones provinciales y gobiernos locales en nuestros ayuntamientos, que a su vez cuentan con decenas de organismos (ministerios, secretarías, delegaciones, consejerías, concejalías, empresas públicas, etc..),  y todos ellos se afanan por intervenir cada día en nuestra esfera personal y patrimonial, respecto de multitud de temáticas: vivienda, sanidad, educación, suministros, servicios municipales, agricultura, industria, comercio, urbanismo, o tráfico, por indicar algunos ejemplos.

Logotipo_del_Ministerio_de_Administraciones_PúblicasPor ello es absolutamente necesario que el ciudadano conozca cómo puede recurrir los actos de las administraciones públicas, esto es, el sistema de recursos administrativos. Su principal regulación legal se encuentra en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proceso Administrativo Común (Capítulo II, arts. 107 y ss).

¿QUÉ ACTOS ADMINISTRATIVOS PODEMOS RECURRIR?

  1. Las resoluciones y los actos de trámite, si éstos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos
  2. Los actos que incurran en nulidad de pleno derecho:
  • Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
  • Lo que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
  • Los que tengan un contenido imposible.
  • Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
  • Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
  • Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
  • Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.
  • También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
  1. Los actos que incurran en anulabilidad:
  • Los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
  • El defecto de forma determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
  • La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

¿QUÉ ACTOS ADMINISTRATIVOS NO PODEMOS RECURRIR?

  1. Las disposiciones administrativas de carácter general (como un Reglamento, una Circular, etc…).
  2. Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno. En particular, en la Administración General del Estado:
  • Los emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares.
  • Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal.
  • En los organismos públicos adscritos a la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa.

TIPOS DE RECURSOS

  1. Recurso de Alzada.
  2. Recurso Potestativo de Reposición.
  3. Recurso Extraordinario de Revisión.

RECURSO DE ALZADA

Es el recurso ordinario que se debe interponer contra las resoluciones y actos que antes hemos citado como recurribles.

Se denomina “de alzada” porque se interpone contra el órgano inmediatamente superior a aquél que dictó la resolución o acto recurrido. Si no existiese un órgano superior, se deberá interponer Recurso Potestativo de Reposición.

Están legitimados para interponer este recurso los interesados en el acto administrativo.

Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.

b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.

c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

También estarán legitimadas las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, que serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.

Por último, cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.

El recurso se presenta mediante una solicitud que reúna los requisitos del artículo 110 de la Ley 30/1992 : datos de identificación del recurrente, el acto que se recurre y la razón de la impugnación, domicilio para su notificación, lugar, fecha y firma del recurrente, unidad administrativa al que se dirige así como demás particularidades exigidas, en su caso, por disposiciones específicas.

Escuela_Superior_de_Administración_Pública_logoEl Plazo para interponerlo es de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

Por su parte, la administración recurrida cuenta con un plazo de tres meses para dictar y notificar la resolución al recurso. Transcurrido este plazo sin resolución se podrá entender desestimado el recurso.

Contra su resolución cabe Recurso Postestativo de Reposición, en vía administrativa, o bien acudir a la vía judicial.

RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN.

Se interpone contra los actos que pongan fin a la vía administrativa, y que serán los siguientes:

  1. Las resoluciones de los Recursos de Alzada.
  2. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico (salvo que una Ley estableciese lo contrario).
  3. Las resoluciones de los órganos administrativos cuándo, teniendo un superior jerárquico, se haya dispuesto por Ley o reglamento que deben ser recurridas en Reposición.
  4. Las resoluciones de los procedimientos de impugnación a que se refiere el artículo 107.2 de la Ley 30/1992 (según redacción Ley 4/1999, de 13 de enero).
  5. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

Este recurso se denomina “Potestativo” porque es potestad del interesado el interponerlo en vía administrativa, o acudir directamente a la vía judicial (mediante recurso contencioso-administrativo).

Las personas legitimadas para interponerlo son los interesados, según lo que ya hemos expuesto en el Recurso de Alzada.

Se inicia por escrito que contendrá requisitos similares a los explicados en el Recurso de Alzada.

Los plazos para interponer este recurso, por parte del recurrente, y para su resolución y notificación, por parte de la administración recurrida, son similares a los indicados también en el Recurso de Alzada. Contra su resolución cabe acudir a la vía judicial.

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN.

Está dirigido a revisar los actos firmes en vía administrativa por el órgano que lo dictó, y se puede interponer contra los actos que agotan la vía administrativa o contra los que no se haya interpuesto recurso administrativo en plazo.

Pero tiene carácter extraordinario, porque solo puede interponerse contra actos que concurran en alguna de las causas tasadas a que alude el artículo 118 de la Ley 30/1992:

  • Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
  • Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
  • Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
  • Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

Las personas legitimadas son los interesados en el acto administrativo, según lo ya expuesto más arriba para el Recurso de Alzada, y la forma de inicio es por escrito con similares requisitos.

Respecto del plazo que tiene el interesado para interponerlo, cuando se trate de la primera causa de las expuestas, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.

La administración recurrida cuenta con tres meses para resolver y notificar la resolución.

Contra su resolución cabe acudir a la vía judicial.

Vía | Ministerio del Interior

Más Información | Revisión   Alzada  Reposición  Ley 30/92

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