Cómo reducir el WAAC o coste de financiación

El coste de financiación de las empresas, también conocido por sus siglas en inglés WACC (Weighted Average Cost of Capital) es el coste promedio que tiene la compañía como resultado del coste de financiación de los fondos propios (Equity o capital social, por la retribución exigida por los accionistas) y del coste de financiación de los fondos ajenos (por el tipo de interés exigido por los acreedores financieros y prestamistas).

Un coste muy alto lastraría la rentabilidad de la compañía y podría derivar incluso en su quiebra por incapacidad de acceder a la financiación.

Existen diversas claves para reducir el coste de financiación. Dado que el WACC como hemos visto es una media ponderada del coste de los fondos propios y del coste de los fondos ajenos, las medidas para reducir el mismo se dividen igualmente en dos partes bien diferenciadas:

  1. Reducir el coste de financiación de los fondos propios.
  2. Reducir el coste de financiación de los fondos ajenos.

Respecto del primer punto, existen fundamentalmente dos vías:

1.a) Reducir el dividendo. En la medida en que la compañía destine un menor porcentaje de beneficios a retribuir a sus accionistas, dicho importe podrá ser destinado a reservas, ampliando los capitales propios para financiar la actividad e inversiones de la compañía. Esta medida merma la rentabilidad de los inversores, por lo que debería consensuarse por la Junta de Accionistas, y el equipo de dirección debería explicar correctamente a qué se van a dedicar los beneficios no repartidos. Esta medida es también habitual cuando la compañía tiene dificultades para financiarse con fondos ajenos, es decir, si no obtiene otra financiación recurre a sus propios beneficios (autofinanciación) en detrimento del accionista. También es habitual en compañías de reciente creación y en crecimiento.

1.b) Ampliar el capital. Si la medida anterior implicaba reducir la retribución a los accionistas, esta medida implica requerir financiación por parte de ellos. Para la compañía, estos nuevos fondos derivados de una ampliación de capital no implican un coste directo, dado que no existe una obligatoriedad de reembolsar el capital social. Y le permite por tanto acometer nuevas inversiones en el activo fijo o circulante sin incrementar sus costes financieros. También cabe realizar una ampliación con

Estas dos medidas no serán posibles sin la confianza de los accionistas en los proyectos de la empresa, por lo que repetimos que el equipo directivo tendrá que dar buena cuenta de su correcta gestión.

Y respecto del segundo punto, indicaremos igualmente dos vías fundamentales:

2.a) Trasladar la financiación al largo plazo: El coste de los créditos bancarios a corto plazo tiende a ser superior, ya que el cuadro de amortización es más exigente. Es decir, si hay menos tiempo para reembolsar el crédito o préstamo, es mayor la probabilidad de que el negocio aborde problemas para su devolución, y ello encarece el tipo de interés. En tanto que se pueda derivar financiación del corto al largo plazo tenderá a reducirse dicho tipo de interés exigido por el banco o entidad prestamista. Por ejemplo, un préstamo para comprar una maquinaria que tardará al menos tres años en optimizar su función dentro de la cadena de producción no debería financiarse con un préstamo, crédito o renting de plazo inferior a tres años, sino en un plazo de unos cuatro años, para que el retorno de la inversión pueda contribuir correctamente a amortizar la inversión. Al estar contemplado el retorno de la inversión en el plazo de amortización crediticia, el Banco o prestamista podrá reducir el interés exigido al ser inferior la prima de riesgo.

2.b) Reforzar garantías en la financiación: cuantas mayores garantías aporte la empresa a sus acreedores financieros externos en cada operación, menor tenderá a ser la prima de riesgo de las operaciones y por lo tanto menor será el tipo de interés de préstamos y créditos, reduciendo el coste de financiación. Principalmente se contemplan dos tipos de garantías, las reales y las personales. Mientras que en el caso de la garantía real se aporta al préstamo o crédito un bien mueble o inmueble de la compañía en garantía de la correcta devolución, en el caso de la garantía personal es el empresario el que avala con su patrimonio personal dicha devolución. Un ejemplo típico de garantía con bien inmueble es la constitución de una hipoteca sobre un edificio o nave industrial, mientras que un ejemplo de garantía mobiliaria (bien mueble) lo constituye la prenda o la reserva de dominio sobre los vehículos de la compañía.

Finalmente debemos indicar que, con la implementación de estas medidas y reduciendo el coste de financiación o WAAC, la compañía se volverá más atractiva para los potenciales inversores, lo cual genera un circulo virtuoso ya que contribuirá a seguir reduciendo dicho coste vía nuevas aportaciones de capital.

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El aseguramiento de préstamos empresariales con FRAs.

Es una realidad que todas las compañías, en mayor o menor medida según su modelo de negocio e industria competitiva, necesitan financiar sus inversiones y operaciones, dado que por lo general necesitarán desembolsar dinero en maquinaria, inmuebles, vehículos, etc… antes de obtener un retorno suficiente a través de la venta de los productos y servicios elaborados gracias a dichas inversiones.

La financiación puede ser con fondos propios, cuando la compañía cuenta en reservas con dinero suficiente, si bien este caso tenderá a ser la excepción ya que el objetivo de las empresas no es acumular fondos, sino repartir el beneficio que se genera cada año entre sus accionistas.

Por tanto, será más habitual que recurran a la financiación vía fondos ajenos, pudiendo aquí financiarse a través de sus accionistas (con una ampliación de capital, o bien con préstamos de los accionistas a la sociedad).

Si la inversión no puede ser acometida por los accionistas, o estratégicamente no se desea realizar una ampliación de capital, se recurrirá a entidades de crédito como los Bancos, los Fondos de Inversión o las Cooperativas de Crédito. En este caso podrán realizar emisiones de Bonos o deuda, o bien recurrir a préstamos bancarios, siendo el objetivo de este artículo precisamente los préstamos.

Estos préstamos que denominaremos aquí bancarios tienen siempre un plazo de devolución, que en la práctica no suele ser superior a 10 o 12 años, pues se entiende que no es viable realizar inversiones en activos empresariales que necesiten un mayor plazo de retorno, dado que su amortización física podrá devenir en dicho caso antes de su amortización financiera.

Para plazos que superen los 5 años se suele exigir garantías reales (bienes físicos que garanticen el préstamo con prenda o hipoteca).

Y evidentemente la empresa prestataria tendrá que devolver el préstamo con un tipo de interés como retribución al prestamista (además de otras posibles comisiones que se puedan establecer).

Este tipo de interés puede determinarse como fijo para todo el plazo de duración, y en este caso se conocerá desde el inicio el importe total a devolver.

Pero como es sabido, el tipo de interés varía a lo largo del tiempo, y por tanto establecer un tipo fijo implica un riesgo para el prestamista, en el sentido de que si el interés sube durante la vida del préstamo, habrá obtenido un tipo de interés inferior al que se cotiza en el mercado.

Por ello, para importes elevados y en coyunturas fluctuantes las entidades financieras suelen establecer tipos de interés variables, y aquí el problema de la empresa prestataria radica en que no puede conocer desde el inicio el importe total que le supondrá el préstamo.

Por ejemplo, imaginemos un préstamo a una empresa de 20.000.000 € a devolver en 4 años, a través de 4 amortizaciones anuales de 5.000.000 € cada una. Si pudiésemos fijar un tipo de interés para toda la vida del préstamo del 5%, y cada año junto con cada cuota de amortización de capital se pagase una cuota de interés anual del 5% sobre el capital pendiente, el total de intereses que la empresa pagaría sería de 2.500.000 € en el plazo de duración del préstamo.

Sin embargo, si el Banco no está de acuerdo en fijar un tipo para toda la vida del préstamo, a fin de salvaguardarse de posibles subidas del tipo de interés, o de exigencias de cobertura del Banco Central, etc… y dicho préstamo se fija a interés variable, referenciado a Euribor, Libor u otro tipo de referencia, aquí la empresa será quién asuma la volatilidad en la evolución del tipo de referencia. Lo que hará el Banco para indexar el interés al mercado será fijar un tipo total igual a la suma de una prima o diferencial más el tipo de referencia (por ejemplo, Euribor más 4%).

Siguiendo con nuestro ejemplo, imaginemos que el tipo de interés sube en los años siguientes a la firma del préstamo: el primer año el interés a pagar del préstamo es del 5%, el segundo año es del 6%, el tercer año es del 4,5%, y el cuarto año se eleva al 6%. El coste total resultante por intereses sería de 2.650.000 €, es decir 150.000 € más que si la empresa hubiese podido cerrar el tipo fijo del 5%.

Si bien es cierto que, de haber bajado el tipo de mercado la empresa de nuestro ejemplo hubiese podido obtener un resultado más favorable, lo que es evidente es que el riesgo al alza siempre existe, y ello impide poder conocer de antemano a la empresa el coste financiero del préstamo (como sí hubiese sucedido en el caso del tipo fijo).

Aquí la solución para la empresa reside en contratar un FRA, acrónimo de Forward Rate Agreement (acuerdo futuro de tipos de interés). Este contrato consiste en que la otra parte, que será un Banco u otra entidad financiera, se compromete a liquidar la diferencia entre el tipo de interés de mercado en un momento futuro y el tipo de interés referenciado en el contrato FRA.

Por lo tanto, la empresa suscribe dos contratos: 1) un contrato de préstamo, a devolver en cinco años y con tipo de interés variable, y 2) un contrato FRA con el cuál consigue asegurar el tipo de interés del préstamo subyacente.

El FRA tendrá un coste que se pagará al Banco o asegurador por parte de la empresa prestataria que asegura con ello en tipo de interés.

Así todo tanto, aplicando un FRA con nuestro ejemplo,:

  • si el tipo de interés resultante según la fórmula del préstamo es en cada momento de pago de intereses es superior al que hubiese resultado de haber podido cerrar un tipo fijo, y coincidiendo dicho tipo fijo con el tipo asegurado en el FRA, el prestatario recibirá un abono del asegurador del FRA (año 2 y año 4 del ejemplo).
  • A la inversa, pagará un cargo al asegurador del FRA (año 3 de nuestro ejemplo).
  • Si coindicen, no existirá cargo ni abono.


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Breve introducción al mercado de renta fija privada

Las dos vías de financiación de las empresas: Banca y Mercados.

Cuando las empresas necesitan financiación para desarrollar su actividad pueden acudir básicamente a dos vías de financiación: una vía es la bancaria, donde los prestamistas son instituciones financieras cuyos recursos provienen de los clientes que depositan allí sus ahorros, intermediando por tanto entre clientes de pasivo (ahorradores) y clientes de activo (demandantes de préstamos); la otra vía es la de acudir directamente a los mercados financieros, emitiendo títulos de deuda que los inversores podrán valorar y adquirir para sus carteras.

La vía directa de los mercados financieros.

Esta segunda vía se impone para compañías de una cierta dimensión, que no pueden depender exclusivamente de la deuda bancaria. Y es que los bancos trabajan bajo una estricta normativa pública que limita los riesgos que pueden asumir y el capital que pueden exponer a cada empresa, proyecto o tipo de financiación en general.

Renta fija y renta variable.

Y en la vía directa de los mercados financieros las empresas pueden emitir diferentes tipos de activos para financiarse, que se clasifican principalmente entre activos de renta fija y activos de renta variable. Los de renta fija otorgan al inversor el derecho a cobrar un rendimiento periódico determinado, como por ejemplo un cupón trimestral, y suelen tener una amortización cierta e igualmente determinada, como por ejemplo la devolución del principal a los 10 años. Por su parte, los activos de renta variable no pagan un cupón determinado, siendo el ejemplo principal la acciones, que pagan a sus propietarios vía dividendos cuando así lo deciden los administradores de la compañía.

Renta fija a corto o largo plazo.

Ya concretamente dentro de los activos de renta fija, podemos realizar una clasificación de los mismos en función de su plazo de vencimiento: renta fija a corto plazo y renta fija a largo plazo. Se considera corto plazo el vencimiento hasta 12 o 18 meses, mientras que los activos a largo plazo son aquellos cuyo vencimiento supera dicho plazo.

La renta fija a corto plazo suele revestir la forma de Pagarés, y se denominan Pagarés de Empresa.

Mientras que la renta fija a largo plazo abarca Bonos, Obligaciones y Participaciones.

El mercado primario y los mercados secundarios.

La distinción entre mercado primario y mercados secundarios se refieren al momento del tiempo en el que se realiza la transacción entre el vendedor del título de renta fija y los inversores.

Cuando la empresa que necesita financiarse emite los valores de renta fija y los vende a los inversores se entiende que la transacción se realiza en el mercado primario. Dicho de otra manera, el mercado primario sería el mercado de emisión inicial de los valores de renta fija.

Pero al tratarse de títulos al portador, esto es, activos cuyo propietario puede vender a otro nuevo inversor después de adquirir el mismo a la empresa que ha emitido los mismos en el mercado primario, y de forma sucesiva cada nuevo tenedor puede volver a venderlos a su vez hasta llegado el vencimiento de los mismos, estas operaciones de compraventa se realizan en el denominado mercado secundario.

Estos mercados secundarios permiten a los inversores gozar de una gran liquidez, pudiendo poner a la venta en cualquier momento sus títulos de renta fija, y permitiendo igualmente poder valorar en todo momento el activo en función de la cotización de títulos similares en el mercado.

Tipos de emisión y rentabilidad de la renta fija.

Los pagarés se suelen emitir “al descuento”, método también denominado “cobro de intereses del tirón”: el inversor los adquiere con un descuento sobre su valor nominal, por lo que su rentabilidad se obtiene por la diferencia entre el precio de compra y el valor nominal del pagaré que se recibe en la fecha de amortización. Los vencimientos se suelen fijar en 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 15 meses o 18 meses. Por ejemplo, en la emisión de unos pagarés a 12 meses con valor nominal de 100 € y valor de emisión al 98 %, los inversores los adquieren por 98 € y cobrarán a vencimiento 100 €, lo que implica una rentabilidad anual del 2 %.

Los Bonos y las Obligaciones suelen emitirse con plazos de amortización entre 5 y 20 años, y las Participaciones suelen sin embargo emitirse sin plazo de vencimiento, como deuda perpetua. Suelen pagar intereses de una de las siguientes formas: en la modalidad denominada “cupón cero” donde el título se adquiere por su valor nominal y se va amortizando a lo largo del tiempo con diferentes primas según el plazo de reembolso; o bien en la modalidad de “interés referenciado” donde el interés se referencia a un índice del mercado, como el Euribor.

AIAF: Mercado oficial de Renta Fija privada.

El mercado secundario oficial de renta fija en España, está organizado y gestionado por AIAF (Asociación de Intermediarios de Activos Financieros) y en él se negocian los Pagarés y otros tipos de deuda a corto plazo de empresas privadas.

Se trata como decimos de un mercado organizado, en contraposición a los mercados OTC (over the counter) creado en 1986 por iniciativa del Banco de España, y perteneciente a BME (Bolsas Y Mercados Españoles) desde 2001. Cuenta con 80 miembros entre los que se encuentran los principales Bancos, sociedades y agencias de inversión.

Se negocian en este mercado los siguientes tipos de activos:

  1. Corto Plazo: Pagarés de Empresa.
  2. Medio y Largo Plazo: Bonos, Obligaciones, Cédulas Hipotecarias, Emisiones Titulizadas, Participaciones preferentes y Bonos Matador.

Los requisitos que deben cumplir las empresas y sus emisiones para ser admitidas a negociación en este mercado son muy elevados, por lo que garantiza una elevada seguridad y solvencia a los compradores.

SEND: Sistema Electrónico de Negociación de Deuda.

Se trata de una plataforma electrónica destinada específicamente a la negociación de Renta Fija para minoristas, creada por AIAF en 2010 para mejorar la transparencia y la liquidez del mercado español de Deuda Corporativa.

Se negocian en SEND participaciones preferentes, bonos y obligaciones simples, obligaciones subordinadas, obligaciones con bonificación fiscal, cédulas y los pagarés con vencimiento superior a 6 meses, emitidas a partir de 2009, con nominal unitario igual o inferior a 1.500 euros, y cuyos destinatarios son inversores particulares.

SEND permite a los particulares realizar transacciones electrónicas sobre los activos allí negociados de forma directa y con menores costes de transacción. Y con la garantía del mercado AIAF en todo momento.

MERF: Mercado Alternativo de Renta Fija.

Se trata del mercado no oficial de renta fija, alternativo a AIAF. Forma parte también de BME pero adopta la estructura jurídica de Sistema Multilateral de Negociación, lo que le permite operar como un mercado privado. Esto implica que los emisores y los títulos negociados no deben cumplir una regulación tan estricta como la del mercado oficial AIAF, y ello dota de flexibilidad a las empresas que necesitan financiación.

Se negocian en este mercado los siguientes tipos de activos:

  1. Corto Plazo: Pagarés de Empresa.
  2. Medio y Largo Plazo: Bonos, Obligaciones y Titulaciones.

La flexibilidad de MERF ha hecho que la mayor parte de las emisiones empresariales y corporativas de los últimos años coticen aquí en vez de en AIAF.


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Los 9 riesgos que asumes en tu inversión financiera.

Invertimos para ganar más de lo que tenemos, pero debemos tener en cuenta que el rendimiento de todo activo financiero está determinado por la función de tres variables:

  • Riesgo
  • Tiempo
  • Rentabilidad

Así por ejemplo un activo determinado puede tener una rentabilidad del 10 % en un período de 1 año, y que durante este tiempo que dura la inversión el inversor asumirá un riesgo determinado.

Pero lo más importante de una inversión no es tanto el rendimiento que nos ofrecen o el tiempo que durará la inversión, sino el saber identificar, analizar, entender y valorar el riesgo que supone, dado que un activo cuyo rendimiento a priori nos puede parecer muy atractivo, podría resultar totalmente desaconsejable cuando entendemos realmente el riesgo que implica.

Básicamente podríamos clasificar los distintos riesgos de una inversión dentro de las siguientes categorías:

  1. Riesgo de contrapartida.

Es la calidad crediticia de la otra parte de la operación, es decir, de quien debe responder de la devolución del principal y los intereses.

Se trata por tanto de la solvencia del deudor en quien invertimos. Si compramos por ejemplo bonos de la empresa Vodafone, nuestro riesgo de contrapartida es el grado de solvencia que le otorguemos a esta empresa como futuro pagador del principal más los intereses de dicho bono.

  1. Riesgo de tipo de interés.

Si el tipo de interés del mercado sube respecto del tipo de interés que obtenemos por nuestra inversión, bajará el valor de mercado del activo en el que hemos invertido.

Por ejemplo, si invertimos en bonos que pagan un 1,5 % anual estando el Euribor al 1 % nuestra inversión es más rentable que el tipo oficial, pero si en un momento posterior a lo largo de la vida de la inversión el Euribor sube al 2,5 % nuestra inversión fluctuará a la baja al perder interés, dado que ahora es menos rentable que el tipo de interés del mercado.

  1. Riesgo de tipo de cambio.

Si el activo en el que invertimos está denominado en una moneda distinta a la nuestra y la cotización de dicha divisa se devalúa respecto de nuestra moneda, nuestra inversión se verá también devaluada.

Por ejemplo, si invertimos en un bono denominado en yenes y dicha moneda se devalúa respecto del euro, nuestra inversión tenderá a fluctuar a la baja, dado que cuando nos paguen intereses y nos reinviertan el principal, el deudor nos lo pagará en yenes, y al transformarlo a nuestra moneda, es decir, en euros, el importe final que conseguiremos será inferior por dicha devaluación.

  1. Riesgo por inflación.

La inflación es la subida del nivel medio de precios en una economía y en un período de tiempo determinado.

Por ejemplo, si invertimos 1.000 euros en un bono a 5 años y al 1 % anual en el año 2.000 y con dicho importe podríamos haber comprado una cesta de bienes de consumo, y posteriormente en el año 2005 esa misma cesta de bienes está valorada en 1.400 euros nuestra inversión se habrá devaluado por la inflación, ya que a vencimiento en 2005 los 1.000 euros que nos devolverán valen en términos relativos un 40 % menos que los que 1.000 euros invertidos en el inicio, y además los intereses que cobraremos de 50 euros (1% anual durante 5 años) no compensan más que una parte de la devaluación sufrida (400 euros).

  1. Riesgo de liquidez.

La liquidez es la facilidad para vender un activo, por lo cual podemos afirmar que un activo es más líquido en la medida en que resulta más fácil venderlo en cualquier momento.

Por tanto, el riesgo de liquidez lo constituye la dificultad que puede presentar nuestro activo de inversión para ser vendido en cualquier momento que lo deseemos.

Por ejemplo, si compramos acciones de una pequeña empresa que no cotiza en ningún mercado bursátil asumiremos un riesgo de liquidez ya que si deseamos vender en el futuro dichas acciones nos resultará mucho más difícil que si hubiésemos comprado acciones de una empresa que cotiza en el mercado bursátil.

  1. Riesgos endógenos.

Son los que se refieren a circunstancias propias e internas del deudor de la inversión.

Por ejemplo, si hemos invertido en acciones de una compañía, la dirección estratégica que adopten sus gerentes o las decisiones de su consejo de administración pueden afectar a la viabilidad de la empresa y por tanto de nuestra inversión como accionistas de la misma.

  1. Riesgos exógenos.

Son los que se refieren a la coyuntura socio-política y normativa en la que se enmarca nuestra inversión financiera:

  • Riesgo político: las decisiones del gobierno pueden ser contrarias a los intereses de la compañía en la que hemos invertido. Por ejemplo, si invertimos en acciones de una empresa con restaurantes de comida rápida y la política nacional dictada en un momento determinado por el Gobierno se posiciona en contra de este tipo de comida, podría afectar en contra de nuestra inversión.
  • Riesgo regulatorio: un cambio en la normativa que regula el sector en el que hemos invertido puede ir en contra del valor de nuestra inversión. Por ejemplo, si invertimos en acciones de una compañía tabaquera y se aprueba una ley que incremente los impuestos sobre el tabaco, las ventas de dicho producto podrían bajar, afectando negativamente al valor de nuestras acciones.
  • Riesgo sistémico o de mercado. La coyuntura económica de la región en la que radican los intereses de la compañía en la que hemos invertido pueden afectar negativamente a nuestra inversión. Por ejemplo, si invertimos en bonos de una compañía china y se produce una crisis bancaria en Asia podría caer el valor de nuestros bonos.
  1. Riesgo de volatilidad.

Si los valores financieros en los que hemos invertido cotizan en un mercado bursátil, la volatilidad que presenta la cotización del activo en dicho mercado constituye su riesgo financiero. Es decir, dicha cotización puede llevar al precio del activo a fluctuar al alza o a la baja, y la potencialidad de que baje su precio constituye este riesgo.

En la medida en que el mercado tiende a refleja el resto de riesgos del activo en su cotización, podemos considerar que la volatilidad constituye la valoración del riesgo total de la inversión. Si bien, dado que los mercados financieros no son perfectos, esta no sería una regla absoluta.

  1. Riesgo por apalancamiento.

Si la inversión se realiza con fondos ajenos, esto es, con financiación de un tercero al que debemos reintegrar el préstamo con el que hemos invertido, a los riesgos antes relacionados se le añade el riesgo de que las fluctuaciones negativas agraven la deuda que mantenemos con el financiador, así como nuestra capacidad de devolución del préstamo.

Por ejemplo, si invertimos 10.000 euros en acciones de una empresa con dinero prestado por un banco, esperando devolver el préstamo con los rendimientos de dichas acciones, en caso de que la empresa dé en quiebra no solo habremos perdido los 10.000 euros de nuestra inversión sino que además tendremos que responder de la deuda de 10.000 euros con el Banco.

Otro riesgo por apalancamiento lo constituye la inversión en activos financieros con el solo pago de garantías o de una parte del valor del activo. Este riesgo es típico de la inversión en derivados, warrants, opciones y futuros.

Por ejemplo, si compramos un activo valorado en 1.000 € pero solo me exigen pagar un 10 % del valor hoy y el resto en un plazo de tiempo determinado, podré hacer la inversión con 100 €. Pero si el valor del activo cae a 0 € tendré unas pérdidas de 1.000 % dado que con 100 € he perdido 1.000 €.


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La diferencia entre Aval y Fianza

¿Qué diferencia hay entre ser avalista o ser fiador? Es fácil confundir estos dos conceptos, y el objetivo del presente ensayo es el de diferenciar correctamente cada uno de ellos, dado que pueden implicar muy distintos grados de responsabilidad para el firmante en una operación de crédito, afianzamiento o contrato en general.

Origen de la Fianza.

La fianza es una figura propia del Derecho Romano, y más concretamente se cataloga dentro de las denominadas deudas accesorias, que son aquellas que tienen un carácter de refuerzo de la garantía de cumplimiento de un contrato principal. Se daban tres tipos de deudas accesorias:

  1. La Intercessio: intervención de una persona en una relación jurídica determinada para obligarse en lugar del deudor o al lado de este. Podríamos verlo como una cesión de crédito.
  2. La Adpromissió: Bajo esta denominación general se contemplaba toda promesa hecha en un contrato verbis destinada a constituir una deuda u obligación personal accesoria. La adpromissio podía tener dos formas:
    1. la Sponsio, que solo puede hacer uno el ciudadano romano y donde el sponsor es el fiador (esta figura se dio en la República, años 509 a.C. – 27 a.C.)
    2. y la Fidepromissio donde puede también intervenir el peregrinus o extranjero como fiador (fidepromissor) (esta figura aparece en una etapa más avanzada).
  3. La fideiusso o fianza: Es un contrato verbal accesorio, mediante el cual una persona (fiador) se obliga a pagar una deuda ajena en el caso en que el deudor principal no pague llegado el término. Se trata por tanto de una garantía personal. Su aplicación no se restringía a las obligaciones nacidas del contrato verbis, como en el caso de la Adpromissió, y podía garantizar toda clase de obligaciones (nacidas de cualquier contrato, y no solamente obligaciones civiles, sino también de obligaciones naturales).

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Como podemos ver, mientras que la Intercessio era una mera subrogación en una posición jurídica, y la adpromissio se limitaba a un tipo de contrato específico (verbis) la fideiusso o fianza tenía un carácter más amplio y genérico, y permitía constituir como obligación accesoria la responsabilidad de una persona de responder por otra que era a su vez deudor en el contrato principal al cuál la fianza era contrato accesorio.

La fianza en nuestro Derecho español.

En nuestro Código Civil, la fianza se regula en los artículos 1822 y siguientes, como un contrato accesorio en el que una persona se obliga a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste, es decir, de forma subsidiaria.

Aunque este carácter genérico de subsidiariedad es una norma de carácter dispositivo, y puede por tanto pactarse la solidaridad del fiador, así como la renuncia a sus beneficios (excusión, orden y división).

Origen del Aval.

Mientras que, como acabamos de ver, la fianza es una institución de Derecho Civil y tiene su origen en el Derecho Romano, el concepto de Aval es más moderno y se origina en el derecho mercantil medieval y moderno, como garantía accesoria a la Letra de Cambio.

puerto de indiasDistintos autores señalan el origen concreto del Aval en  Italia, con los Estatudos de Genova, y los Estatutos de Bolognia (1589) que eran normas mercantiles de cumplimiento para los comerciantes, y que ya prescribían la posibilidad de una fianza solidaria con características de autonomía. Otros autores se decantan como origen por lo usos jurídicos mercantiles de Francia, concretamente en la Ordenanza de Colbert de 1673. Mientras que finalmente existe también doctrina que señala su origen concreto está en Londres (mayo de 1913, sesión del Congreso Internacional de las Cámaras de Comercio, para unificar la normativa reguladora de lechas, cheques y pagarés).

En cualquier caso, el Aval nace como un contrato accesorio a la Letra de Cambio, que refuerza las garantías de cobro de ésta, donde un tercero (avalista) garantiza con su firma el pago de la obligación reflejada en la Letra o documento cambiario.

Así, el contrato de Aval se configura con un contrato accesorio e independiente, que constituye un compromiso unilateral de pago, generalmente solidario, en favor de un tercero (beneficiario), que recibirá la prestación en caso de no cumplir el avalado (deudor del beneficiario). El garante obligado por el aval se denomina avalista.

El Aval en nuestro Derecho español.

Se regula en los artículos 35, 36 y 37 de la Ley 19/1985 Cambiaria y del Cheque, que adopta lo dispuesto a nivel supranacional en arts. 30 a 32 de la Ley Uniforme de Ginebra de 1930.

Principales diferencias entre el Aval y la Fianza.

Como hemos visto, mientras que la fianza es una institución de derecho civil, el aval es una institución del derecho mercantil, y mantienen orígenes y usos diferenciados.

Las principales diferencias entre ambas instituciones serían:

  1. El aval es una garantía solidaria. La ejecución del aval cambiario se ajusta en todo caso a los específicos criterios legales de solidaridad cambiaria establecido en el art.57 LC. Es decir, el beneficiario puede dirigirse indistintamente contra el avalista y contra el deudor principal. Por el contrario, la fianza tiene carácter subsidiario (art. 1822 CC) pues salvo pacto expreso de fianza solidaria, se entiende subsidiaria, es decir, solo se puede requerir el pago al fiador cuando falle el pago del deudor principal.

 

  1. El avalista no goza en caso alguno del beneficio de excusión, orden o división. La ley cambiaria no le otorga ninguno de estos beneficios. Sin embargo, el Código Civil sí prevé para el fiador los beneficios (aunque se puede renunciar a los mismos) de:
    1. excusión (obligación para el beneficiario de dirigirse primero contra el patrimonio del deudo principal),
    2. orden (es una garantía de segundo orden, debiendo probarse que se ha dirigido de manera infructífera primero contra el patrimonio del titular principal)
    3. y división (dado que no es una garantía solidaria, en caso de existir varios fiadores se deberá dirigir solo proporcionalmente contra cada uno de ellos, mientras que si existen varios avalistas la responsabilidad es solidaria, si puede proceder por el total de la deuda contra todos ellos)

 

  1. El avalista no podrá oponer las excepciones personales que correspondan a la persona avalada frente al tenedor del documento cambiario que le reclamase el pago (art.37.1º LC). Para la fianza, aunque el fiador tampoco podrá oponer excepciones extrictamente personales del deudor (por ejemplo un derecho de crédito contra el acreedor por parte del deudor) el artículo 1.853 del Código Civil establece que el fiador sí podrá oponer al acreedor todas las excepciones relativas a la existencia, legitimidad, validez y extensión de la deuda.

 

  1. El aval es una garantía autónoma. El avalista responde aunque la obligación principal del avalado fuese nula por cualquier causa que no sea la de vicio de forma (art.37.1º LC). Esto dota de mayor fuerza al documento cambiario, y le permite circular en el tráfico comercial como documento de garantía o de pago. El fiador sin embargo, y en línea con lo expuesto en el punto anterior, sí podrá oponer la nulidad del negocio principal para evitar el pago.

 

  1. El aval en la letra de cambio, cheque o pagaré es una garantía formal. Presupuesto necesario de eficacia es que el aval quede expresado por escrito en una letra de cambio válidamente existente como tal (art.36 LC), no produciendo efecto cambiario alguno el aval prestado en documento separado. La fianza sin embargo puede pactarse en un contrato accesorio al contrato principal

 

Diferencias en la práctica bancaria y mercantil entre el Aval y la Fianza.

En la práctica bancaria y mercantil en general estas dos figuras suelen corresponderse con negocios bien diferenciados:

  • El Aval se instrumenta como un contrato de fianza donde una de las partes, denominado avalista, se compromete a responder por otra de las partes, denominada avalado, a favor de un tercero ante el cuál el avalado pone a disposición dicho Aval, denominado beneficiario. Se suele constituir en póliza notarial. El avalado utiliza este aval para ofrecerlo como garantía de otros contratos donde él es deudor, siendo el beneficiario su acreedor.

Un producto bancario muy extendido es una línea de avales, que no es otra cosa que un contrato de aval con un límite económico que puede dividirse en partes, utilizando el avalado estas partes por separado para responder de distintos contratos (letras de cambio, cheques, pagarés, contratos de suministro, etc..) y sumando todas las partes el límite económico total del contrato de aval.

 

  • La fianza se constituye como negocio accesorio y refuerzo de la garantía del deudor de un contrato. Normalmente este contrato principal es un préstamo o crédito, y el fiador firma reforzando con su garantía personal el cumplimiento del prestatario o deudor principal.

Consideración final.

A pesar de que las diferencias entre Aval y Fianza han quedado expuestas y son claras en su respectiva regulación, es necesario un análisis de cada caso para determinar el alcance de las obligaciones del avalista o deudor, ya que a veces se utilizan en los contratos estos términos de manera entremezclada, y se requiere de un estudio exhaustivo de la letra de cada contrato para entender la responsabilidad que corresponde a cada caso en concreto.

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El fiador en un préstamo bancario

  1. Introducción.

Para la concesión de préstamos y créditos por parte de la banca comercial en España, resulta muy habitual que el Banco solicite a los prestatarios garantías adicionales.

Es decir, el propio préstamo ya tiene una garantía principal:

  • en el caso de los préstamos personales es el deudor o deudores, que responden de la deuda con todos sus bienes presentes y futuros;
  • en el caso de los préstamos con garantía real, la garantía principal es el bien objeto de prenda o hipoteca.

Y sobre dicha garantía principal (personal o real) se exige una garantía adicional con cuyo respaldo se dote de mayor garantía la devolución del préstamo o crédito.

Estas garantías adicionales, al igual que las principales, pueden ser:

  • de carácter real, con un bien mueble o inmueble adicional al bien principal hipotecado o pignorado, y sobre el cual se inscribirá el correspondiente derecho real de garantía: prenda, hipoteca o anticresis.
  • personales, solicitando que otras personas distintas a los deudores principales garanticen personalmente el cumplimiento de la obligación.

Hablaríamos en este último punto del fiador, aunque en el lenguaje común muchas veces se le llama avalista.

  1. Fiador.

Por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste (art. 1822 C.C). Así lo primero que debe destacarse es que la fianza tiene carácter accesorio: el fiador solo paga en caso de que se demuestre el incumplimiento del prestatario principal.

Además, al fiador le ampara el beneficio de excusión: no puede ser compelido a pagar al acreedor sin hacerse antes excusión de todos los bienes del deudor (art. 1830 C.C.).

Cuando son dos o más los fiadores de un mismo deudor y por una misma deuda, el que de ellos la haya pagado podrá reclamar de cada uno de los otros la parte que proporcionalmente le corresponda satisfacer. Si alguno de ellos resultare insolvente, la parte de éste recaerá sobre todos en la misma proporción (art. 1844 C.C.)

La obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor, y por las mismas causas que las demás obligaciones. (art. 1847 C.C.)

  1. Fiador solidario.

Una manera que tiene el Banco de elevar el nivel de garantía que ofrece la figura del fiador es exigir que el fiador se obligue solidariamente con el deudor principal, denominándose entonces al garante como fiador solidario.

En este caso del fiador solidario se observará lo dispuesto en la sección cuarta, capítulo III, título I del Código Civil, que regula las obligaciones mancomunadas y solidarias.

  • Para el fiador solidario no rige el beneficio de excusión. (art. 1831 C.C.)
  • El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte cobrada la deuda por completo. (art. 1144 C.C.)

Como vemos, el fiador solidario tiene una situación de mayor responsabilidad respecto del mero fiador, dado que el Banco puede dirigirse a él directamente reclamando la deuda, sin que sea requisito que éste pueda oponer excusión.

  1. Renuncia a los beneficios del fiador.

Además, y también para incrementar el nivel de la garantía, el Banco suele exigir, tanto en el caso de la fianza ordinaria como en el caso de la fianza solidaria, a la renuncia por parte de los fiadores de los siguientes beneficios:

  • Beneficio de orden: derecho a que el Banco dirija su reclamación al fiador solo después de haber reclamado al titular principal de la deuda.
  • Beneficio de excusión: derecho a que el Banco se dirija primero contra el patrimonio de los titulares antes de dirigirse contra el patrimonio de los fiadores.
  • Beneficio de división: derecho a que, en caso de existir varios fiadores, se exija proporcionalmente a cada uno de ellos.
  1. Situación real de los fiadores.

Los Bancos han estandarizado e incorporado de forma generalizada a sus documentos contractuales de préstamos y créditos en banca comercial y banca de empresas la figura del fiador solidario, y la renuncia expresa de los fiadores a los beneficios según todo lo expuesto en el presente ensayo.

Por tanto, cuando el fiador avala con su firma a los deudores principales, generalmente se está poniendo casi en la misma posición que el deudor principal, pues en cualquier momento y antes el incumplimiento de los deudores en el pago de sus cuotas y obligaciones derivadas del préstamo o crédito, el Banco podrá dirigirse directamente contra los fiadores.

Es decir, ser fiador implica arriesgar todo nuestro patrimonio presente y futuro sin ningún derecho, al margen de intentar cobrar en segundo término del titular de la hipoteca (lo que probablemente no será posible por la insolvencia de éste).

  1. La opción del hipotecante no deudor.

En el caso de los préstamos hipotecarios en los que el Banco exige a los solicitantes la inclusión de fiadores para reforzar la operación, una opción que los fiadores pueden proponer al Banco es la de ofrecer como segunda garantía al Banco otro inmueble de su propiedad (generalmente libre de cargas, aunque correspondería valorar cada operación: importes y valor neto).

De esta manera, y si el Banco acepta esta segunda garantía en vez de la de incorporar al garante como fiador, se estaría dotando a la operación de préstamo hipotecario de una garantía adicional real, en vez de una garantía adicional personal (según lo que he explicado arriba en la introducción).

Y el Banco solo podría exigir la ejecución hipotecaria de esta segunda garantía de forma accesoria a la ejecución de la garantía principal (vivienda hipotecada objeto del préstamo), sin poder dirigirse contra el patrimonio y limitándose al dinero no cobrado a través de la ejecución del inmueble principal ejecutado.


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