Los principios generales del Derecho

Encontramos los principios generales como fuente de Derecho en nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 1 de nuestro Código Civil, concretamente como fuente subsidiaria en defecto de Ley o Costumbre. Es decir, cuando no existe una Ley aplicable a un caso concreto, y tampoco existe una costumbre probada al respecto, deberá acudirse a los principios generales para establecer el marco jurídico adecuado.

Pero cabe preguntarse ¿Qué son estos principios? ¿Cuáles son concretamente? ¿Quién los define? Y es que pudiera resultar un poco ambiguo este concepto para el lego en Derecho, creándole inseguridad jurídica. Pero en este ensayo vamos a demostrar que sucede justo al contrario, es decir, que el reconocimiento positivo en nuestro Código Civil respecto a la vigencia como fuente del Derecho de los principios generales nos permite garantizar la solidez sin fisuras de nuestro sistema jurídico.

Código Civil

El artículo 1.4 Código Civil indica que “Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurí-dico”.

Concepto

Siguiendo al profesor De Castro podemos definir los principios generales como las ideas fundamentales e informadoras de la organización jurídica. Es decir, el ordenamiento jurídico es una estructura lógica formada por normas generales; y los principios generales son aquellos pilares básicos que sostienen dicha estructura.

Naturaleza axiomática

Dado que el Derecho es un sistema lógico que regula las relaciones de las personas, dicho sistema debe tener en cuenta la naturaleza propia del ser humano.

Y en la naturaleza del ser humano existen principios básicos, que no requieren ser probados de forma empírica, porque su validez existe “a priori” de cualquier prueba, y “per se” sin recurrir a ninguna demostración. Se trata de verdades universales del ser humano, innegables y autoexplicativas.

El principio básico primario del hombre es que desea mantenerse vivo, dando lugar a su derecho a la vida. En tanto está vivo, el segundo principio básico es que desea ser libre, dando lugar a su derecho a la libertad.

Estos principios básicos de vida y libertad funcionan por tanto como axiomas del Derecho, permitiendo un razonamiento lógico axiomático, es decir, apriorístico deductivo. Y es que este tipo de sistemas lógicos funcionan por deducción: los axiomas son principios básicos cuya verdad es universal, y razonando por deducción dado que las premisas son verdaderas (los axiomas) si el razonamiento no cae en errores (falacias) el resultado será siempre verdadero. Además, en todos los casos cabe estudiar las afirmaciones del sistema lógico-jurídico y descartar aquellas que no son conformes a los axiomas.

Por ejemplo, del derecho a la vida como axioma primario o principio del Derecho se derivan el derecho a la integridad física y moral, para preservar la vida, y la necesidad de que los comportamientos contrarios a la vida de una persona sean tipificados como delictivos, con la consiguiente sanción punitiva.

En cualquier situación no regulada por una ley o una costumbre que atente contra la vida, acudiendo a este principio general prevalecerá el derecho a la vida y dicha situación se tendrá que resolver a favor de la vida.

Así pasaría por ejemplo en la eutanasia o en el aborto, que a pesar de que no existiese ley o costumbre jurídica que lo regulase, serían situaciones contrarias a la vida. De la misma forma, cualquier ley a favor de estas situaciones sería realmente antijurídica al atentar contra dicho principio.

Otro ejemplo, del derecho a la libertad se deriva la capacidad de una persona de poseer libremente y hacer suyos los bienes que no sean de otra persona, utilizándolos de manera libre con la limitación lógica de la vida o la libertad (personal y patrimonial) de las otras personas. Esta libertad implica igualmente que una persona por sí misma no puede ser propiedad de otra persona, por lo que aunque decida trabajar o dedicar su vida a otra persona, será por un pacto libre que podrá rescindir, lo cual imposibilita la exclavitud (dado que ésta sería incompatible con la libertad).

En cualquier situación no regulada por una ley o costumbre que atente contra la libertad, acudiendo a este principio general prevalecerá el derecho a la libertad y dicha situación se tendrá que resolver a favor de la libertad.

Así pasaría por ejemplo en los “vientres de alquiler”, que a pesar de que no existiese ley o costumbre jurídica que lo regulase, serían situaciones contrarias a la libertad de la persona, dado que supone vender un bebé, es decir, comerciar con una persona como si fuese un objeto. Esto es una exclavitud contraria al principio general de la libertad.

Función de garantía ante lagunas legales vacatio legis

Como vemos por tanto, existe una doble función para los principios generales del derecho:

  1. Cubren las lagunas legales o situaciones de “vacatio legis”, constituyéndose en estas situaciones como fuente del Derecho.
  2. Sirven para la correcta interpretación de la Ley y de la Costumbre, dado que por su carácter de axiomas no pueden existir normas válidas contrarias a los principios generales.

Derecho natural y derecho positivo

Tradicionalmente han existido dos grandes corrientes de pensamiento en la ciencia del Derecho:

  1. La escuela del Derecho Positivo, que tiene una base filosófica relativamente reciente (x. XIX) en las corrientes positivistas, empiristas y cientistas, y cuyo máximo exponente es Hans Kelsen. En esta doctrina el Derecho es el conjunto de normas escritas que emanan de un órgano legislativo legítimamente constituido. Es decir, el Derecho es toda norma que se haya dictado por el legislador siguiendo un procedimiento determinado.
  2. La escuela del Derecho Natural, que tiene sus raíces en la filosofía de Aristóteles y en el Derecho Romano, y que ha sido defendida por múltiples autores relevantes a lo largo de la Historia, como Santo Tomás de Aquino, Francisco de Vitoria, Francisco Suarez, H. Grocio, T. Hobbes, J. Locke, J.J. Rousseau, o I. Kant, por citar a algunos. Y siendo sus máximos exponentes en la época moderna M. Rothbard o H.H. Hoppe. Bajo esta doctrina, existen valores inherentes a la naturaleza humana, que actúan como principios de la convivencia. Dado que son inherentes al hombre, son anteriores y superiores al Estado, a la ley escrita o a los mandatos de un órgano legislativo determinado en un momento concreto del tiempo, y sus preceptos tienen validez universal en todo momento.

Según lo dicho en los puntos anteriores del presente ensayo, y a pesar de que podríamos intuir como “anti científico” el posicionamiento naturalista, es justamente la escuela del Derecho Natural la que ostenta un entendimiento válido y correcto del sistema jurídico. Puesto que, como dijimos en nuestra exposición, existen principios inherentes al ser humano que se convierten axiomas en el sistema jurídico.

De hecho, un sistema jurídico que no tuviese estos principios como axiomas sería inhumano, al atentar contra la propia naturaleza de los sujetos cuyas vidas y patrimonio regula.

Principios reconocidos positivamente en el ordenamiento jurídico.

Es tan evidente que los principios generales deben instruir el ordenamiento jurídico, que las principales normas positivas contienen entre sus preceptos generales dichos principios.

Así, el artículo 1 de la Constitución Española indica literalmente que “propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Como otro ejemplo evidente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada por todos los países pertenecientes a la ONU y rectora por tanto de sus ordenamientos, jurídicos, eleva a nivel positivo el derecho a la vida y a la libertad del ser humano, los cuales tienen su origen previo en el Derecho Natural.


* Más información| Lidefer Wikipedia Enciclopedia Jurídica
* Imagen| Pixabay

Anuncios

Funcionamiento del sistema d’Hondt en España con un ejemplo

El Congreso representa a todo el pueblo español en su conjunto y está constituido por 350 diputados, siendo la circunscripción electoral la provincia. Hay un mínimo de 2 diputados por provincia por lo que dado que existen 50 provincias en España esto hace un total de 100 diputados. Así también hay 1 diputado por la ciudad autónoma de Ceuta y 1 diputado por parte de la ciudad autónoma de Melilla. Los 248 diputados restantes se distribuyen en función de la población de derecho de cada provincia.

En las elecciones al Congreso se presentan por cada partido listas electorales cerradas, y los diputados representan a todo el pueblo español, no solo a la provincia en la que resultan electos.

Para el reparto de escaños se utiliza por parte de nuestra legislación electoral el conocido como Sistema d’Hondt a fin de distribuir los votos que obtiene cada lista en cada provincia.

Este sistema asigna una representación proporcional a cada lista electoral en función de los votos obtenidos y del número de escaños correspondientes a la circunscripción. Dicha asignación se realiza mediante un método de cocientes o promedio mayor que parte de la premisa de que los escaños se van asignando de forma secuencial a cada lista.

Veamos un ejemplo de asignación con los datos de la provincia de Albacete, a la cuál le corresponden un mínimo de 2 diputados, más otros 2 por su población de derecho.

El número de votos se distribuye de la siguiente forma por cada lista electoral.

Lista Votos Porcentaje
PP 89.564 40,93%
PSOE 59.461 27,17%
UNIDOS PODEMOS 33.301 15,22%
C’s 31.883 14,57%
PACMA 1.973 0,90%
UPyD 429 0,20%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 316 0,14%
FE de las JONS 254 0,12%
PCPE 233 0,10%
Total 217.414

 

En primer lugar hay que destacar que aquellas litas que no han logrado el mínimo del 3% no participan en la distribución de escaños.

En segundo lugar, se realiza la división por cocientes. Dado que hay 4 escaños se dividen los votos de todas las listas en cuatro cocientes: primero entre 1, luego entre 2, luego entre 3 y luego entre 4.

 

 

Cocientes/Votos PP PSOE Unidos Podemos Ciudadanos
          89.564           59.461           33.301           31.883
1           89.564           59.461           33.301           31.883
2           44.782           29.731           16.651           15.942
3           14.927             9.910             5.550             5.314
4             3.732             2.478             1.388             1.328

 

Con la regla d´Hondt el reparto de los escaños quedaría como sigue:

Escaño Votos por cociente Partido
Escaño 1                      89.564 PP
Escaño 2                      59.461 PSOE
Escaño 3                      44.782 PP
Escaño 4                      33.301 Unidos Podemos

 

Este sistema fue ideado por el jurista belga Victor d’Hondt en 1878, y como anticipábamos sigue una lógica secuencial: cuando los votos del primer cociente han reportado el primer escaño al PP, en el segundo cociente el número de votos más alto lo tiene la lista del PSOE, por lo que le otorga el escaño número dos, y se sigue iterando de esta forma hasta asignar todos los escaños.

Una de las grandes críticas que se realizan a este sistema de reparto es que el porcentaje de escaños no se corresponde con el porcentaje de votos obtenidos por cada lista. Como podemos ver en la siguiente tabla, solo en el caso de la segunda lista más votada el porcentaje de escaños está en línea con el porcentaje de votos obtenidos, mientras que las otras dos listas están sobreponderadas en escaños respecto de votos, y la lista de ciudadanos se queda sin escaños a pesar de haber obtenido prácticamente el mismo porcentaje de votos que Unidos Podemos.

Lista Porcentaje de Votos Porcentaje de Escaños
PP 40,93% 50%
PSOE 27,17% 25%
UNIDOS PODEMOS 15,22% 25%
Ciudadanos 14,57% 0,00%
PACMA 0,90% 0,00%
UPyD 0,20% 0,00%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0,14% 0,00%
FE de las JONS 0,12% 0,00%
PCPE 0,10% 0,00%

 


* Más información| Constitución El País 
* Imagen| Pixabay

La diferencia entre Ley Orgánica y Ley Ordinaria.

Decía el afamado jurista romano Marco Tulio Cicerón (43 a.C.) que para ser libres es necesario ser esclavos de la Ley, y llevaba mucha razón porque solo cuando todos los ciudadanos quedan obligados a cumplir con la legalidad vigente podemos garantizar nuestra libertad dentro de la comunidad.

No todas las leyes sin embargo en nuestro Estado actual tienen el mismo nivel. Existe un orden de jerarquía entre las mismas que podríamos resumir de la siguiente forma:

  1. Constitución.
  2. Ley:
    1. Orgánica.
    2. Ordinaria
  3. Real Decreto
  4. Reglamento

La Ley emana del pueblo a través de las Cortes Generales, o Parlamento, formado por los Diputados y Senadores elegidos libremente por los ciudadanos en cada legislatura, y que ejercen el Poder Legislativo.

  • Como vemos en la jerarquía, por encima de Ley tenemos a la Constitución, por lo que las leyes aprobadas por el Parlamento, deben someterse en todo caso a lo previsto en la Carta Magna.
  • Por debajo de la Ley encontramos normas legales pero que emanan del Gobierno, el Poder Ejecutivo, que tendrán que estar siempre de acuerdo a lo previsto en la Ley además de la Constitución.

Pero ahora cabe preguntarse ¿qué diferencia hay entre Ley Orgánica y Ley Ordinaria? Ambas tienen similar rango jerárquico, pero la respuesta a esta pregunta es doble, ya que se diferencian:

  1. en primer lugar respecto de las materias que cada una de ellas puede regular:
    1. La Ley Orgánica trata de aquellas cuestiones expresamente reservadas en la Constitución para dicho tipo de Ley (art. 81 C.E y arts. 165, 107, 54 y 8 C.E.):
      1. Derechos Fundamentales y Libertades Públicas
      2. Estatutos de Autonomía
      3. Régimen Electoral General
      4. Modificación o desarrollo de la Constitución
      5. Tribunal Constitucional.
      6. Consejo de Estado
      7. Fuerzas Armadas
      8. Defensor del Pueblo
    2. La Ley Ordinaria trata de todas aquellas materias no reservadas expresamente a la Ley Orgánica.
  2. en segundo lugar respecto de la mayoría necesaria para su aprobación:
    1. La Ley Orgánica requiere de mayoría absoluta del Congreso para su aprobación final. Esta mayoría absoluta es necesaria en votación final sobre el conjunto del proyecto. Veamos brevemente el proceso de creación de las leyes en España para entender este requisito cualificado:
      • la iniciativa legislativa corresponde vía Proyecto de Ley al Gobierno y a las Asambleas Legislativas, o vía Proposición de Ley al Congreso, Senado, Asambleas de las CC.AA. o iniciativa popular con más de 500.000 firmas acreditadas.
      • El proyecto o proposición se debate en Comisión Legislativa en el Congreso, y posteriormente en el Pleno del Congreso, artículo por artículo. Si supera este trámite pasa al Senado, que dispone de 2 meses para aprobar, vetar o presentar enmiendas.
      • Posteriormente vuelve al Congreso, que puede levantar el veto por mayoría absoluta, o mayoría simple transcurridos 2 meses; y las enmiendas, previo debate se aceptan o no por mayoría simple.
      • Finamente, tras el oportuno debate y votación en caso de enmiendas, la Ley queda aprobada.
      • Es en este punto donde, si se tratase de una Ley Orgánica, se requiere aprobación en votación final sobre el total del texto legal con mayoría absoluta.
    2. La Ley Orgánica no requiere esta votación final con mayoría absoluta. Es decir, si el proyecto o proposición de Ley superan las fases legales del debate en Congreso y Senado, queda aprobada al volver al Congreso (previo debate de veto o enmiendas en su caso).

Podemos resumir por tanto, a modo de conclusión, que la Ley Orgánica es aquella que regula unas materias consideradas por la Constitución como de mayor relevancia y especial protección. Y por esta tan considerable relevancia para los ciudadanos su trámite legislativo está revestido de un proceso más complejo, que exige una mayoría cualificada para su aprobación.


* Más información| Iberley LoQueLaLeyRegula
* Imagen|Pixabay

¿Puede mi antigua empresa seguir utilizando mi cuenta de e-mail?

Recientemente me plantearon la cuestión de un trabajador, al que voy a llamar Pepito Perez que, tras más de un año fuera de su empresa, ha descubierto que dicha empresa mantiene activa a día de hoy su cuenta de correo electrónico.

Cuando trabajaba en dicha compañía, tenía una cuenta de e-mail corporativa, imaginemos que denominada pepito.perez@masa.es mientras que en su actual empresa ostenta una cuenta de e-mail denominada pepito.perez@fesa.es. Cuándo uno de sus contactos se equivocó al querer enviarle un mensaje a su actual cuenta, y por el parecido entre ambas se la envió a la primera, desde aquella cuenta le contestaron a su contacto.

Aquí fue cuándo este trabajador cuestionó a su anterior empresa, ¿por qué seguían teniendo abierta y operativa su cuenta de mail? ¿Esto es lícito?. La empresa contestó que dicha cuenta de e-mail es de su propio dominio y propiedad, y que además no la tenía activa sino redirigida a otro buzón de e-mail de la compañía, es decir, que si clientes o proveedores escribían a pepito.perez@masa.es aún más de un año después de abandona la empresa, estas comunicaciones llegarían automáticamente a otra cuenta desde donde se gestionaban posteriormente.

Con los nombres ficticios que estamos utilizando, está claro que se había cambiado de trabajar en Masa a trabajar en Fesa, que además en la realidad son empresas en competencia en la misma industria. Y el trabajador se sigue realizando hoy las mismas preguntas sobre la licitud de esta actuación de Masa.

Desde mi punto de vista, este tipo de proceder es absolutamente ilegal, en tanto lesiona dos bienes jurídicos distintos, protegidos en nuestro sistema legal:

  • La propia identidad del trabajador, mediante una suplantación de su identidad (art. 401 C.P.). Y es que la anterior empresa está usando un e-mail con su nombre y sus apellidos, y recibiendo comunicaciones dirigidas para él.
  • El secreto a la privacidad de las comunicaciones (art. 18 C.E.). Los mails que han llegado a Pepito Pérez son comunicaciones protegidas por su derecho constitucional a la privacidad.

Respecto de lo que alega la empresa, en tanto que se trata de una cuenta profesional sujeta a la propiedad e intereses de la empresa, y que por tanto puede gestionar, cabe decir:

  • En el caso de los mails no abiertos por su legítimo destinatario, están protegidos por lo previsto en el art. 18.3 CE ya indicado antes, por lo que solo podrían intervenirse mediante una orden judicial que respetase las garantías legales necesarias.
  • En el caso de los mail ya abiertos por su destinatario, esto es, aquellos que había abierto antes de dejar la empresa, rige la protección del artículo 18.1 C.E. sobre el derecho a la intimidad así como el art. 18.4 C.E. sobre el derecho a la protección de datos personales. por lo que su control e intervención por parte de la empresa solo serían posibles por causas muy justificadas, y probablemente también solicitando orden judicial para ello. Pero en ningún caso es factible sostener razones de ningún tipo para estar gestionando una cuenta de correo electrónico a nombre de un trabajador que lleva más de un año fuera de la empresa (y en otra empresa de la competencia).

Por tanto, los directivos de la empresa que han ordenado la gestión de esta cuenta de email del sr. Pepito Pérez habrán incurrido en el tipo penal previsto en el artículo 197.1 y 199.1 del Código Penal.

¿Y qué podía haber hecho la empresa? Pues si hubiese actuado de buena fe, y hubiesen deseado derivar de forma transparente las comunicaciones de clientes y proveedores a otra cuenta de mail de la compañía, podrían haber puesto una respuesta automática que derivase a aquellos que contactaban con Pepito Pérez a otra persona de contacto de la empresa. Pero dejarla abierta, derivando los mails de forma secreta a otro buzón desde el que se gestionaban, es un proceder oscuro e ilícito según todo lo explicado en el presente artículo.

* Más información| tecnología.elderecho.com  Cinco Días
* Imagen| Pixabay