Los principios generales del Derecho

Encontramos los principios generales como fuente de Derecho en nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 1 de nuestro Código Civil, concretamente como fuente subsidiaria en defecto de Ley o Costumbre. Es decir, cuando no existe una Ley aplicable a un caso concreto, y tampoco existe una costumbre probada al respecto, deberá acudirse a los principios generales para establecer el marco jurídico adecuado.

Pero cabe preguntarse ¿Qué son estos principios? ¿Cuáles son concretamente? ¿Quién los define? Y es que pudiera resultar un poco ambiguo este concepto para el lego en Derecho, creándole inseguridad jurídica. Pero en este ensayo vamos a demostrar que sucede justo al contrario, es decir, que el reconocimiento positivo en nuestro Código Civil respecto a la vigencia como fuente del Derecho de los principios generales nos permite garantizar la solidez sin fisuras de nuestro sistema jurídico.

Código Civil

El artículo 1.4 Código Civil indica que “Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurí-dico”.

Concepto

Siguiendo al profesor De Castro podemos definir los principios generales como las ideas fundamentales e informadoras de la organización jurídica. Es decir, el ordenamiento jurídico es una estructura lógica formada por normas generales; y los principios generales son aquellos pilares básicos que sostienen dicha estructura.

Naturaleza axiomática

Dado que el Derecho es un sistema lógico que regula las relaciones de las personas, dicho sistema debe tener en cuenta la naturaleza propia del ser humano.

Y en la naturaleza del ser humano existen principios básicos, que no requieren ser probados de forma empírica, porque su validez existe “a priori” de cualquier prueba, y “per se” sin recurrir a ninguna demostración. Se trata de verdades universales del ser humano, innegables y autoexplicativas.

El principio básico primario del hombre es que desea mantenerse vivo, dando lugar a su derecho a la vida. En tanto está vivo, el segundo principio básico es que desea ser libre, dando lugar a su derecho a la libertad.

Estos principios básicos de vida y libertad funcionan por tanto como axiomas del Derecho, permitiendo un razonamiento lógico axiomático, es decir, apriorístico deductivo. Y es que este tipo de sistemas lógicos funcionan por deducción: los axiomas son principios básicos cuya verdad es universal, y razonando por deducción dado que las premisas son verdaderas (los axiomas) si el razonamiento no cae en errores (falacias) el resultado será siempre verdadero. Además, en todos los casos cabe estudiar las afirmaciones del sistema lógico-jurídico y descartar aquellas que no son conformes a los axiomas.

Por ejemplo, del derecho a la vida como axioma primario o principio del Derecho se derivan el derecho a la integridad física y moral, para preservar la vida, y la necesidad de que los comportamientos contrarios a la vida de una persona sean tipificados como delictivos, con la consiguiente sanción punitiva.

En cualquier situación no regulada por una ley o una costumbre que atente contra la vida, acudiendo a este principio general prevalecerá el derecho a la vida y dicha situación se tendrá que resolver a favor de la vida.

Así pasaría por ejemplo en la eutanasia o en el aborto, que a pesar de que no existiese ley o costumbre jurídica que lo regulase, serían situaciones contrarias a la vida. De la misma forma, cualquier ley a favor de estas situaciones sería realmente antijurídica al atentar contra dicho principio.

Otro ejemplo, del derecho a la libertad se deriva la capacidad de una persona de poseer libremente y hacer suyos los bienes que no sean de otra persona, utilizándolos de manera libre con la limitación lógica de la vida o la libertad (personal y patrimonial) de las otras personas. Esta libertad implica igualmente que una persona por sí misma no puede ser propiedad de otra persona, por lo que aunque decida trabajar o dedicar su vida a otra persona, será por un pacto libre que podrá rescindir, lo cual imposibilita la exclavitud (dado que ésta sería incompatible con la libertad).

En cualquier situación no regulada por una ley o costumbre que atente contra la libertad, acudiendo a este principio general prevalecerá el derecho a la libertad y dicha situación se tendrá que resolver a favor de la libertad.

Así pasaría por ejemplo en los “vientres de alquiler”, que a pesar de que no existiese ley o costumbre jurídica que lo regulase, serían situaciones contrarias a la libertad de la persona, dado que supone vender un bebé, es decir, comerciar con una persona como si fuese un objeto. Esto es una exclavitud contraria al principio general de la libertad.

Función de garantía ante lagunas legales vacatio legis

Como vemos por tanto, existe una doble función para los principios generales del derecho:

  1. Cubren las lagunas legales o situaciones de “vacatio legis”, constituyéndose en estas situaciones como fuente del Derecho.
  2. Sirven para la correcta interpretación de la Ley y de la Costumbre, dado que por su carácter de axiomas no pueden existir normas válidas contrarias a los principios generales.

Derecho natural y derecho positivo

Tradicionalmente han existido dos grandes corrientes de pensamiento en la ciencia del Derecho:

  1. La escuela del Derecho Positivo, que tiene una base filosófica relativamente reciente (x. XIX) en las corrientes positivistas, empiristas y cientistas, y cuyo máximo exponente es Hans Kelsen. En esta doctrina el Derecho es el conjunto de normas escritas que emanan de un órgano legislativo legítimamente constituido. Es decir, el Derecho es toda norma que se haya dictado por el legislador siguiendo un procedimiento determinado.
  2. La escuela del Derecho Natural, que tiene sus raíces en la filosofía de Aristóteles y en el Derecho Romano, y que ha sido defendida por múltiples autores relevantes a lo largo de la Historia, como Santo Tomás de Aquino, Francisco de Vitoria, Francisco Suarez, H. Grocio, T. Hobbes, J. Locke, J.J. Rousseau, o I. Kant, por citar a algunos. Y siendo sus máximos exponentes en la época moderna M. Rothbard o H.H. Hoppe. Bajo esta doctrina, existen valores inherentes a la naturaleza humana, que actúan como principios de la convivencia. Dado que son inherentes al hombre, son anteriores y superiores al Estado, a la ley escrita o a los mandatos de un órgano legislativo determinado en un momento concreto del tiempo, y sus preceptos tienen validez universal en todo momento.

Según lo dicho en los puntos anteriores del presente ensayo, y a pesar de que podríamos intuir como “anti científico” el posicionamiento naturalista, es justamente la escuela del Derecho Natural la que ostenta un entendimiento válido y correcto del sistema jurídico. Puesto que, como dijimos en nuestra exposición, existen principios inherentes al ser humano que se convierten axiomas en el sistema jurídico.

De hecho, un sistema jurídico que no tuviese estos principios como axiomas sería inhumano, al atentar contra la propia naturaleza de los sujetos cuyas vidas y patrimonio regula.

Principios reconocidos positivamente en el ordenamiento jurídico.

Es tan evidente que los principios generales deben instruir el ordenamiento jurídico, que las principales normas positivas contienen entre sus preceptos generales dichos principios.

Así, el artículo 1 de la Constitución Española indica literalmente que “propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Como otro ejemplo evidente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada por todos los países pertenecientes a la ONU y rectora por tanto de sus ordenamientos, jurídicos, eleva a nivel positivo el derecho a la vida y a la libertad del ser humano, los cuales tienen su origen previo en el Derecho Natural.


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La Costumbre como fuente del Derecho

Siendo el Código Civil el cuerpo principal del derecho privado, es decir, la norma básica jurídica que regula las relaciones de Derecho entre los ciudadanos de una nación, encontramos en su artículo 1 la relación de las fuentes del ordenamiento jurídico, a saber:

  1. La Ley
  2. La Costumbre
  3. Los principios generales del Derecho.

Esta relación es jerárquica, en tanto que la fuente principal es la Ley, y en su defecto prevalece la Costumbre. Solo en ausencia de Ley y costumbre se recurrirá a los principios generales como fuente jurídica.

El objeto del presente ensayo es el de conocer la costumbre como fuente del Derecho en nuestro ordenamiento jurídico español.

Podemos definir la costumbre como la norma jurídica creada por la comunidad a través de su uso reiterado y uniforme en el tiempo.

Conforme a la doctrina mayoritaria y a lo exigido en la jurisprudencia del Tribunal Supremo deben indicarse dos requisitos para apreciar una costumbre como norma jurídica válida:

 

  1. Requisito externo: que exista un uso social, es decir, el comportamiento de un grupo social que se ajusta a un determinado modo de conducta.Para que el uso social sea jurídicamente relevante ha de ser:
  • General: se aplica a todos los casos.
  • Constante: se aplica sin interrupciones
  • Uniforme: es idéntico en todos los casos.
  • Duradero: se aplica de forma repetida, no puntual.

 

  1. Requisito interno: que exista una convicción jurídica de los miembros del grupo social de la obligatoriedad de la norma:
  • Opinio Iuris: existe una convicción en el grupo social de que se trata de una obligación jurídica.
  • Opinio necessitatis: existe una convicción en el grupo social de que su aplicación es siempre necesaria.

Según lo dispuesto en el art. 1.3 del Código Civl “la costumbre solo se aplicara en defecto de ley aplicable, siempre que resulte probada y no sea contraria a la moral o al orden público. Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad, tendrán la consideración de costumbre”.

Así por tanto para para la validez jurídica de la costumbre en España se necesitan las siguientes condiciones:

  1. Subsidiaridad: Solo se aplica la costumbre como norma jurídica con carácter subsidiario, cuando no existe una Ley que determine positivamente la norma para el caso concreto.
  2. Racionalidad: No puede contravenir la moral y el orden público.
  3. Necesidad probatoria: Debe resultar probada. En este sentido el ar. 281 de la Ley de Enjuiciamiento Civil indica que la costumbre será objeto de prueba en el proceso judicial, excepto que las partes estuviesen de acuerdo en su existencia y contenido, no afectando sus normas al orden público. Además dispone que no será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general.

Finalmente, cabe indica que según la relación con la Ley, la costumbre puede ser:

  • “Contra legem”. Se encuentra rechazada por el art. 1º CC, según el cual la costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable. En este sentido el art. 2.2 C.C. indica que ñas leyes sólo se derogan por otras posteriores. En el régimen foral de Navarra si se admite la costumbre contra legem, si bien como dice Diez Picazo esto ha de entenderse que cabe costumbre contra fuero o ley foral, pero no contra leyes de aplicación general.
  • “Secundum legem”. No se encuentra prevista en el Código Civl. Es la que coincide con la norma legal y su única función es interpretativa. El hecho de que una determinada interpretación legal venga favorecida por la costumbre no puede entenderse como vinculante, por lo que los Tribunales conservan su libertad para interpretar las leyes con arreglo a los criterios hermenéuticos generales.
  • “Praeter legem” o “extra legem” es aquella que regula situaciones carentes de disposición legal. Esta es la costumbre admitida de modo general por el art. 1º CC como fuente del ordenamiento jurídico. Requiere que no exista ley expresa y que además no quepa la aplicación por analogía de otra ley.


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La diferencia entre el hecho jurídico, el acto jurídico y el negocio jurídico

Tres de los conceptos fundamentales sobre los que se asienta el Derecho Civil son el hecho jurídico, el acto jurídico y el negocio jurídico. Se trata de hechos de la vida, actos de las personas o bien acuerdos entre varias personas a los cuáles el Derecho otorga efectos jurídicos.

Fue Savigny, jurista alemán del s. XIX y padre de la Escuela Histórica del Derecho, quién expuso por primera vez en su obra la teoría del hecho jurídico, siendo el acto y el negocio jurídico variantes del hecho jurídico.

El hecho jurídico.

Para Savigny el hecho jurídico es el acontecimiento del mundo exterior al cual el ordenamiento jurídico atribuye un efecto jurídico determinado: la adquisición, pérdida o modificación de un derecho.

Los hechos jurídicos pueden ser de muy diversa índole, pudiendo clasificarse principalmente en las siguientes categorías:

  • Por su contenido:
    1. Positivos: consistentes en un acontecimiento o suceso.
    2. Negativos: consistentes en la omisión de un suceso o acontecimiento.
  • Por sus efectos jurídicos:
    1. Constitutivos de un derecho.
    2. Modificativos de un derecho.
    3. Extintivos de un derecho.
  • Por su estructura:
    1. Simples: consistentes en un único suceso o acontecimiento.
    2. Complejos: cuando consisten en un conjunto de sucesos o acontecimientos.

Los hechos jurídicos suelen referirse a sucesos naturales o físicos, veamos unos ejemplos para entenderlo:

  • el paso del tiempo puede determinar la adquisición del derecho de propiedad sobre un inmueble a favor de su poseedor de buena fe. Es un hecho positivo (ha pasado el tiempo), y constitutivo (crea un derecho).
  • El paso del tiempo puede igualmente determinar la extinción de un derecho. Así sucede en la prescripción extintiva.
  • El nacimiento de un ser humano determina su consideración como sujeto de derechos.
  • Un terremoto o cualquier otra catástrofe natural puede determinar la activación de un protocolo jurídico público especial, como un estado de alarma.

El acto jurídico.

Si los hechos a los cuáles les otorga el Derecho efectos jurídicos suceden o tienen lugar no por la simple naturaleza, sino por la voluntad humana, a este tipo de hechos se les denomina actos jurídicos.

Se trata de actos realizados por una voluntad consciente y exteriorizada por parte de una persona. Por lo cual aquellos actos no realizados de forma consciente, como podría suceder en un niño o en un enfermo mental, no tienen trascendencia jurídica. Igualmente

Así por tanto estamos ante actos humanos a los que el Derecho reconoce efectos jurídicos, haciendo nacer, modificar o extinguir derechos y obligaciones.

La clasificación de los actos jurídicos a partir de estas premisas se divide entre aquellos que generan efectos positivos y aquellos que generan sanciones:

  • Actos ilícitos: en ellos lo que está legislado en el Derecho positivo es la sanción respecto de su comisión. Se dividen entre:
    1. Ilícito penal: sancionado como delito o falta por las normas de Derecho Penal.
    2. Ilícito civil: sancionado por las normas de Derecho Civil
    3. Ilícito administrativo: sancionado por las normas de Derecho Administrativo o derecho laboral.
  • Actos líticos: generan efectos constitutivos, modificativos o extintivos de obligaciones y derechos. Se dividen entre:
    1. Actos jurídicos en sentido estricto, que generan efectos “ex voluntae”, donde la declaración de voluntad libre y exteriormente expresada determina dichos efectos.
    2. Actos jurídicos “ex lege” donde el efecto concreto es el que determina la ley, independientemente de la voluntad del sujeto que realiza el acto. Diferenciándose a su vez entre:
      1. Actos asemejados a los negocios jurídicos, donde aunque el efecto es el determinado por la ley, la voluntad del sujeto que lo realiza busca voluntariamente dicho efecto. Como por ejemplo la adopción o el reconocimiento de un hijo.
      2. Actos reales, donde el acto busca por parte del sujeto que lo realiza un fin concreto pero el Derecho hace nacer de dicho acto efectos diferenciados. Por ejemplo en el hallazgo de un tesoro el sujeto por ejemplo busca realizar una obra en un inmueble, pero al encontrar el tesoro lo que está legislado es que se genere una propiedad para el Estado y un derecho a su favor de cobrar una indemnización.

El negocio jurídico.

Si los actos jurídicos lícitos “ex voluntae” se realizan por varias personas con la intención de crear, extinguir o regular relaciones que generan entre ellas derechos y obligaciones de forma recíproca, en el marco de lo establecido en el Derecho Positivo, estaríamos antes lo que se denomina negocio jurídico.

Según el tipo de relaciones que regulan podemos diferenciar entre:

  • Negocios patrimoniales, referidos a bienes muebles o inmuebles.
  • Negocios familiares o personales, como el matrimonio.

Según la finalidad podemos diferenciar entre:

  • Negocios gratuitos o de mera liberalidad.
  • Negocios onerosos.

Por su duración pueden ser:

  • De tracto único.
  • De tracto sucesivo.

Resumen.

Así por tanto, como vemos de forma incremental, los hechos que acaecen sin intervención de la voluntad humana pero a los que el Derecho reconoce efectos jurídicos se denominan hechos jurídicos. Mientras que los hechos que se producen por voluntad humana libremente expresada y a los que el Derecho reconoce efectos jurídicos se denominan actos jurídicos. Y finalmente cuando los actos se acuerdan entre varias personas para crear relaciones a las que el Derecho reconoce efectos jurídicos estaríamos antes negocios jurídicos.

A diferencia del hecho jurídico y del acto jurídico, el concepto de negocio jurídico no procede del Derecho romano, sino que se debe a la labor de los juristas del s. XVIII y posteriores, por la Escuela Histórica del Derecho como ya pusimos de relieve al inicio de este artículo.


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La filiación: concepto y efectos

La institución de la familia es el centro de nuestra estructura social, y dentro de una familia el estatus jurídico y las relaciones entre padre e hijos se rigen por la figura jurídica de la filiación.

Podemos definir la filiación, siguiendo a Puig Peña, como la situación jurídica que la ley asigna a determinadas personas, derivada de la relación natural de procreación. Biológicamente todos tenemos un padre y una madre, y de este hecho biológico de la procreación el derecho hace nacer la filiación. Aunque la filiación puede derivar también de una especial ficción legal, esto es, la adopción.

Evolución.

En la Historia del derecho español, la relación biológica derivada del hecho de la procreación no siempre daba lugar a un estatus jurídico de filiación. Sino que sólo era aplicable a los hijos legítimos, esto es, los habidos dentro del matrimonio. Los ilegítimos por el contrario tenían un estatus jurídico de segundo orden.

Desde la Edad Media, la Ley de las Siete Partidas y las Leyes de Toro reconocían únicamente el estatus jurídico de filiación a los hijos legítimos, los concebidos dentro del matrimonio. Dentro de la filiación ilegítima, esto es, concebidos fuera del matrimonio se distinguían dos tipos: la natural, denominada hijos de barraganas, los nacidos de padres que al tiempo de la concepción podían casarse justamente con la madre; y en segundo lugar la espúrea, los hijos adulterinos, incestuosos, sacrílegos y mánceres.

Regulación actual.

Nuestro Código Civil de 1889 siguió esta tradición jurídica, hasta la llegada de la Constitución Española de 1979, bajo la cual se reguló una profunda reforma del Código (Ley de 13 mayo de 1981).

Tras la reforma se suprimen las discriminaciones, y a pesar de que se sigue distinguiendo entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales, se establece sin embargo una equiparación total de los derechos, y se les da los mismos efectos (con fundamento en los arts 14 y 39 de la C.E.). Conforme a lo dispuesto en el artículo 108 C.C. en su actual redacción, la filiación puede tener lugar:

 

 

 

  • por naturaleza, pudiendo ser en este caso:
    • Matrimonial, cuando el padre y la madre están casados entre sí.
    • No matrimonial en caso contrario
  • por adopción.

Efectos.

Según lo dispuesto en el art. 112 C.C. la filiación produce sus efectos desde que tiene lugar. Su determinación legal tiene efectos retroactivos siempre que la retroactividad sea compatible con la naturaleza de aquéllos y la ley no dispusiere lo contrario.

En todo caso, conservarán su validez los actos otorgados, en nombre del hijo menor o incapaz, por su representante legal, antes de que la filiación hubiere sido determinada.

Los efectos concretos que se derivan según el Código Civil de la filiación son:

  1. Patria potestad
  2. Deber de cuidar y alimentar a los hijos.
  3. Transmisión de los apellidos.
  4. Sucesión del progenitor y del hijo.
  5. Nacionalidad y Vecindad.

 

  1. Patria potestad.

Los hijos no emancipados están bajo la potestad de sus progenitores. Así por tanto, como primer efecto la filiación atribuye a los padres el conjunto de derechos y obligaciones en que consiste la patria potestad.

El principal aspecto jurídico de la  patria potestad consiste en ostentar su representación y administrar sus bienes.

  1. Deber de cuidar y alimentar a los hijos

El padre y la madre, aunque no ostenten la patria potestad, están obligados a velar por los hijos menores y a prestarles alimentos.

Por extensión se incluirían en este punto obligaciones relativas al cuidado y educación de los hijos.

  1. Transmisión de los apellidos

La filiación determina los apellidos con arreglo a lo dispuesto en la ley. En general, los padres pueden decidir de mutuo acuerdo el orden de los apellidos, y a falta de acuerdo se estará a lo dispuesto en la ley. Pero el orden definido para el hijo mayor regirá para los

Si bien el hijo, al alcanzar la mayor edad, podrá solicitar que se altere el orden de los apellidos.

  1. Sucesión del progenitor y del hijo.

Los hijos tienen los derechos legitimarios y son los primeros llamados a suceder a los padres en el caso de morir intestado

Por su parte, los padres tienen igualmente derechos legitimarios respecto de los hijos, con la reserva semitroncal y el derecho de reversión. Y a falta de hijos o descendientes son llamados a la sucesión intestada.

  1. Nacionalidad y vecindad

Son españoles de origen los nacidos de padre o madre con nacionalidad española. Además para la concesión de la nacionalidad española, bastará el tiempo de residencia de un año para el nacido fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

Tienen vecindad civil en territorio de derecho común o en uno de los de derecho especial o foral, los nacidos de padres que tengan tal vecindad.

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El derecho real de superficie

A veces un proyecto empresarial que requiera construir un inmueble no resultará viable por el coste del suelo necesario, o incluso por no existir suelo disponible a la venta en la zona en la que sería viable el proyecto.

En estos casos, el derecho real de superficie se configura como una solución que permite al empresario construir un inmueble sobre suelo ajeno, adquiriendo la propiedad de dicho inmueble para su explotación. Pero manteniendo el dueño del terreno la propiedad del suelo, y con el derecho a percibir una renta por la cesión del derecho de superficie.

El prestigioso civilista Roca Sastre define este derecho de superficie como el derecho real a mantener, temporal o indefinidamente, en un inmueble ajeno, una edificación o plantación en propiedad separada.

Este derecho real tiene su origen en el Derecho Romano, donde originariamente se calificaba como un arrendamiento “sui generis” a largo plazo, ya que el arrendamiento es un contrato de esencial carácter temporal (corto o medio plazo), pero que fue evolucionando hasta convertirse en un verdadero derecho real.

Nuestro Código Civil no contiene una regulación expresa del derecho de superficie, solo se limita a mencionarlo en el artículo 1611 CC. Por otro lado, la naturaleza de la superficie difiere de la de los foros, y no es un gravamen de duración indefinida, por lo que la doctrina moderna no cree aplicable el artículo 1655 CC para su regulación.

Sin embargo, cuando el suelo sobre el que se constituye el derecho de superficie es de naturaleza urbana, sí que encontramos una regulación legal en el artículo 35.1 de la Ley del Suelo 8/2007.

La definición que encontramos en esta Ley es la de que se trata de un derecho real que atribuye al superficiario la facultad de realizar construcciones o edificaciones en la rasante y en el vuelo y el subsuelo de una finca ajena, manteniendo la propiedad temporal de las construcciones o edificaciones realizadas.

Los elementos personales de este derecho de superficie sobre suelo urbano son los siguientes:

  • Dueño del suelo o concedente: sólo puede ser constituido por el propietario del suelo, sea público o privado.
    • No pueden constituirlo por tanto ni el usufructuario ni el enfiteuta.
    • Se exige capacidad y poder de disposición.
    • Cabe constituir el derecho de superficie a favor de sí mismo, siempre que se constituya bajo la condición suspensiva de transmitir una de las dos propiedades (suelo o edificio) a un tercero (doctrina de la DGRN de 21/10/80).
  • Superficiario: es el que adquiere el derecho a edificar (si es sobre solar) y la propiedad superficiaria sobre la edificación.

Por su parte, los elementos reales de este derecho son los siguientes:

  • El suelo: el derecho de superficie recae sobre un inmueble con la consideración de suelo urbano; para construir en él o bajo rasante, o directamente sobre el edificio ya construido
  • La edificación: se trata del inmueble construido sobre el suelo, dando lugar a una dualidad de propiedades separadas, esto es, la del suelo y la del edificio. Puede ser también una plantación o bien una propiedad en régimen horizontal.

Finalmente los elementos formales del derecho de superficie sobre suelo urbano son:

  • La escritura pública, título material constitutivo del derecho de superficie. Se trata de un requisito de forma imprescindible para la válida constitución del derecho, no se admite su constitución en documento privado.
  • La inscripción registral: se trata de un requisito de eficacia así como de oponibilidad a terceros. Y conforme al artículo 36.2 LS parece la inscripción constitutiva de la existencia del derecho.

Por último, este derecho se constituye a largo plazo, pero nunca indefinido sino con carácter temporal, dado que la ley indica que de no haber plazo previsto de duración el plazo máximo del derecho será de 99 años.

Algunos ejemplos prácticos del derecho de superficie sobre suelo urbano son los siguientes:

  • Construcción de un garaje subterráneo con un derecho de superficie constituido por el propietario de un solar, a cambio de una renta anual a favor del propietario del suelo.
  • Construcción de un edificio de oficinas en suelo ajeno, explotando el edificio durante 25 años a cambio de ceder la propiedad del edificio al dueño del suelo al vencimiento.
  • Construcción de piscina e instalaciones deportivas con derecho a su explotación durante 15 años sobre un suelo público propiedad de Ayuntamiento, a cambio de ceder dichas instalaciones al consistorio pasado el tiempo pactado, además de abonar una renta anual.

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Derechos reales de largo plazo como alternativa al arrendamiento

A través del contrato de arrendamiento resulta posible para el arrendador llevar a cabo proyectos económicos explotando bienes inmuebles sin tener que comprar su propiedad. Por ejemplo, a través del arrendamiento de una nave industrial o de una tierra agrícola el empresario arrendatario puede desarrollar una actividad sin tener que realizar la compra de la nave o de la tierra, lo cual probablemente haría inviable dicho proyecto. Y en contrapartida el propietario mantiene su propiedad, y obtiene una renta por el arrendamiento.

Pero el contrato de arrendamiento tiene un carácter temporal para el corto o medio plazo. El Código Civil prescribe que la duración se pactará entre las partes, y en caso de no definirse una duración explícita:

  • en cuanto a las fincas rústicas, durará todo el tiempo necesario para la recolección de los frutos que toda la finca arrendada diere en un año o pueda dar por una vez.
  • El de tierras labrantías, divididas en dos o más hojas, se entiende por tantos años cuantas sean éstas
  • En cuanto a las urbanas, si no se hubiese fijado plazo al arrendamiento, se entiende hecho por años cuando se ha fijado un alquiler anual, por meses cuando es mensual, por días cuando es diario.

Por tanto, la institución jurídica del arrendamiento no parece la forma contractual adecuada para proyectos de largo plazo.

Y por ello en el derecho civil encontramos derechos reales que permiten al propietario instrumentar la cesión a largo plazo de la posesión, uso, disfrute o habitación, sobre un bien inmueble, manteniendo la propiedad y el derecho a cobrar una renta:

  • Enfiteusis
  • Censo
  • Derecho a primeras cepas
  • Superficie

Aunque el Código Civil los categoriza erróneamente como contratos, de los cuáles surge la relación jurídica de largo plazo, estamos sin embargo no ante contratos sino ante derechos reales.

Concretamente son derechos reales de contenido limitado que recaen sobre un inmueble y en base al cuál dicho bien responde de la realización de ciertas prestaciones reiteradas, que consisten en el abono de una renta monetaria, o de una cantidad determinada de productos naturales obtenidos de dicho bien, que se habrán de entregar al propietario o poseedor la finca gravada.

Así por tanto, se trata de una carga sobre la finca, la cual responde con su valor de venta en caso de incumplimiento de la prestación. Y como decíamos antes siempre a largo plazo:

  • En la enfiteusis y en el censo, se constituye el derecho real sobre el inmueble de manera indefinida. Se cede por tanto el uso y usufructo del inmueble a perpetuidad, y el que lo recibe debe abonar una renta durante el tiempo que dure la cesión. El cedente mantiene la titularidad de la propiedad, y puede revocar la cesión en cualquier momento.
  • En el derecho a primeras cepas, con un máximo de 50 años, se constituye el derecho por el tiempo que duren las cepas plantadas.
  • En el derecho de superficie, con un máximo de 99 años, se constituye el derecho por el tiempo determinado por las partes, que estará en relación con la edificación que se va a realizar.

Así por tanto, como vemos, para utilizar bienes inmuebles ajenos durante unos años contamos con los contratos de arrendamiento, y para proyectos de largo plazo en los que resulte necesario utilizar o explotar un inmueble ajeno y no se desee adquirir la propiedad, contamos con los derechos reales de censo, enfiteusis, primeras cepas o superficie.


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El derecho a primeras cepas

La importancia de la vid en España.

Actualmente España es el país con mayor extensión de viñedo del mundo. Con en torno a un millón de hectáreas plantadas de vid, el 15 % de los viñedos de todo el planeta se encuentran en tierra española. Siendo además nuestro país el tercer productor mundial de vino del mundo, solo por detrás de Italia y Francia.

Si bien desde la antigüedad se había practicado el cultivo de las cepas así como la elaboración de vino en la península ibérica (desde los primeros pueblos íberos hasta la Hispania romana, pasando por los fenicios y cartagineses) es a partir del s. XVIII y primera mitad del s. XIX cuando se apuesta de manera especial en España por el cultivo de la vid y la elaboración de vinos, alcanzando algunos de ellos fama mundial.

Más adelante, en la segunda mitad del s. XIX, una epidemia de filoxera arrasó los viñedos de Francia e Italia, que contaban en aquel momento con las mayores extensiones de viña del mundo. Tenían también estos países una técnica de plantación, maquinaria y métodos de fermentación más avanzados, así como variedades de uva de gran rendimiento.

Esto hizo que muchos productores franceses viniesen a España a plantar sus cepas para producir uva y elaborar vino, trayendo consigo sus métodos y técnicas.

Así todo ello, la escasez de vid en Europa junto con la potenciación de nuevas plantaciones en nuestra tierra contribuyó a situar a España como un gigante mundial de la industria del vino.

La tierra para plantar viñedo.

Y dado que las tierras estaban en los s. XVIII y XIX principalmente en manos de la nobleza, latifundistas y terratenientes, se generalizó el conocido como derecho a primeras cepas para instrumentalizar la relación jurídica entre:

  • los propietarios de la tierra por un lado,
  • y los campesinos o productores, interesados en dichas tierras para plantar viñedo por el otro lado.

Así, nació el denominado “derecho a primeras cepas”, también conocido con Rabassa Morta (cepas muertas) en Cataluña.

Configuración del derecho a primeras cepas.

Se trataba de un derecho real que trasladaba al titular del mismo, el agricultor o campesino, la posesión y disfrute de la tierra, con el objetivo específico de plantar viñedo y explotarlo durante el tiempo de vida de las cepas plantadas; debiendo después devolver la tierra a su legítimo propietario, el dueño de la misma, que durante este tiempo no perdía en ningún momento la nuda propiedad, y tenía el derecho a cobrar una renta anual por parte del cesionario.

Este derecho solía nacer de un contrato entre las partes, cuyo objeto era constituir dicho dominio dividido: el dueño de la finca cede su uso para plantar viñas por el tiempo que vivieren las primeras cepas, pagándole el campesino cesionario una renta o pensión anual en frutos o en dinero.

Y ambas partes obtenían importantes beneficios:

  • El productor no tenía así que comprar la tierra, con el gran desembolso que ello implicaría, sino solo pagar una renta anual por ella, pero con la garantía de poder explotar la tierra todo el tiempo que durase la viña plantada.
  • Por otro lado, el propietario de las tierras se beneficiaba de la renta anual del cesionario, y obtenía tierras fértiles y en buen estado a la finalización del contrato.

El derecho a primeras cepas en nuestro Código Civil.

Este derecho a primeras cepas se extendió especialmente en zonas vinícolas de Cataluña, donde existe registro documental de centenares de contratos y escrituras públicas en las que los propietarios de la tierra la cedían “a primeras cepas” a cambio de una renta anual.

Y uno de los principales problemas que planteaba en la práctica era el de su duración. ¿Cuántos años dura una cepa?  Mediante la técnica de renuevos y mugrones éstas podían vivir indefinidamente.

Por ello, el Código Civil vino a fijar en vía legal un plazo determinado de tiempo para el contrato, estableciéndolo en 50 años, y entendiendo que este plazo coincide con la vida media de una cepa.

Encontramos hoy el régimen legal concreto del derecho a primeras cepas en el artículo 1.656 C.C. configurado con las siguientes reglas:

1.ª Se tendrá por extinguido a los cincuenta años de la concesión, cuando en ésta no se hubiese fijado expresamente otro plazo.

2.ª También quedará extinguido por muerte de las primeras cepas, o por quedar infructíferas las dos terceras partes de las plantadas.

3.ª El cesionario o colono puede hacer renuevos y mugrones durante el tiempo del contrato.

4.ª No pierde su carácter este contrato por la facultad de hacer otras plantaciones en el terreno concedido, siempre que sea su principal objeto la plantación de viñas.

5.ª El cesionario puede transmitir libremente su derecho a título oneroso o gratuito, pero sin que pueda dividirse el uso de la finca, a no consentirlo expresamente su dueño.

6.ª En las enajenaciones a título oneroso, el cedente y el cesionario tendrán recíprocamente los derechos de tanteo y de retracto, conforme a lo prevenido para la enfiteusis, y con la obligación de darse el aviso previo que se ordena en el artículo 1.637.

7.ª El colono o cesionario puede dimitir o devolver la finca al cedente cuando le convenga, abonando los deterioros causados por su culpa.

8.ª El cesionario no tendrá derecho a las mejoras que existan en la finca al tiempo de la extinción del contrato, siempre que sean necesarias o hechas en cumplimiento de lo pactado.

En cuanto a las útiles y voluntarias, tampoco tendrá derecho a su abono, a no haberlas ejecutado con consentimiento por escrito del dueño del terreno, obligándose a abonarlas. En este caso se abonarán dichas mejoras por el valor que tengan al devolver la finca.

9.ª El cedente podrá hacer uso de la acción de desahucio por cumplimiento del término del contrato.

10.ª Cuando después de terminado el plazo de los cincuenta años o el fijado expresamente por los interesados, continuare el cesionario en el uso y aprovechamiento de la finca por consentimiento tácito del cedente, no podrá aquél ser desahuciado sin el aviso previo que éste deberá darle con un año de antelación para la conclusión del contrato.

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