Los órganos del concurso de acreedores

Cuando un deudor deviene insolvente y se ve incapaz de atender las distintas deudas que mantiene con sus acreedores, nuestra legislación prevé el concurso de acreedores como proceso de gestión ordenada y liquidación en su caso del patrimonio del deudor, a fin de asegurar en la medida de lo posible el pago de los distintos créditos concursales y créditos contra la masa concursal.

Dentro de la organización del concurso de acreedores, se hace necesario entender correctamente qué papel juegan cada uno de los órganos que intervienen para comprender de forma global el funcionamiento del concurso.

  1. El juez del concurso.

La competencia corresponde al juez de lo Mercantil en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales, es decir, allí donde ejerza de forma habitual y reconocible por terceros la administración de dichos intereses. Si el deudor tuviese en España su domicilio y el lugar de éste no coincidiese con el centro de sus intereses principales, será también competente, a elección del acreedor solicitante, el juez de lo mercantil en cuyo territorio radique aquél.

El juez del concurso tiene amplia jurisdicción sobre todas las acciones civiles con trascendencia patrimonial (pero no las relativas a capacidad, filiación, matrimonio y menores); sobre las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectiva de los contratos de trabajo, asi como de alta dirección (excepto en las relativas a las relaciones laborales individuales); y todas las ejecuciones contra el patrimonio del deudor y medidas cautelares. Se extiende también a todas las cuestiones prejudiciales administrativas o sociales directamente relacionadas con el concurso.

 Respecto de la resolución judicial declarando el concurso:

  • En caso de que la solicitud haya sido presentada por el deudor, es decir, en caso de concurso voluntario, el juez dicta auto declarando el concurso si considera acreditada alguna de las causas de insolvencia.
  • En caso de que la solicitud haya sido presentada por el deudor, es decir, en el caso de concurso necesario, el juez dicta auto declarando el concurso previa audiencia del deudor y con un período de presentación de las pruebas contempladas en la Ley Concursal al efecto.

Dicho auto de declaración de concurso indicará en todo caso el carácter voluntario o necesario del concurso, los efectos sobre las facultades de administración y disposición del deudor, las medidas cautelares que se consideren necesarias, un llamamiento a los distintos acreedores para que indiquen a la administración concursal sus respectivos créditos (plazo de 1 mes)

  1. La administración concursal.

Una vez sea declarado el concurso por Auto judicial, el juez ordena formar la administración concursal del concurso, formada por :

  • Un abogado en ejercicio con al menos 5 años de ejercicio efectivo.
  • Un economista (auditor de cuentas, economista o titulado mercantil colegiado) con la misma experiencia-
  • Un acreedor que sea titular de un crédito ordinario o privilegio general que no esté garantizado.

En el procedimiento abreviado el juez podrá nombrar a un solo administrador que será de carácter profesional.

La administración concursal es la encargada de administrar diligentemente la masa concursal en caso de que el deudor sea inhabilitado para administrar y gestionar el patrimonio, así como de supervisar la actividad del deudor en caso de que no se le inhabilite. Todo ello a fin de garantizar con la masa concursal los legítimos intereses de cobro de los acreedores.

La administración concursal redactará el informe para determinar la masa concursal, con el inventario de la masa activa, la lista de acreedores y la evaluación de las propuestas de convenio que se hayan presentado.

Cobrará una retribución con cargo a la masa del concurso, que se fijará de acuerdo con un arancel legal por auto del juez del concurso que tendrá en cuenta la cuantía del pasivo y la complejidad del concurso.

 

  1. Junta de Acreedores.

Se constituye únicamente en la fase de convenio cuando no se haya aprobado mediante el sistema de adhesiones escritas una propuesta anticipada.

Este órgano, formado por los distintos acreedores, tenía mayor importancia en la legislación anterior, y tenía como finalidad la discusión y votación de las proposiciones de convenio que le fueran presentadas, y lo acordado por la junta se imponía a todos los acreedores. Pero dado que existían numerosos fraudes en la práctica, la nueva Ley Concursal simplificó los órganos del concurso y dejó como residual esta Junta.

  1. Ministerio Fiscal.

Se limita a la calificación del concurso, cuando proceda su apertura. Y sin perjuicio de su actuación en caso de existir indicios de delito contra al patrimonio o el orden socioeconómico que se pongan de manifiesto en estados de insolvencia de algún presunto responsable penal.


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Efectos del Concurso para los Acreedores

Si somos acreedores de un deudor que resulta insolvente, es decir, que no puede cumplir con sus obligaciones por incapacidad financiera, podremos solicitar judicialmente la declaración de concurso de acreedores, a fin de instar una liquidación ordenada de su patrimonio para cobrar lo que nos adeuda. Incluso puede ser que el deudor por sí mismo solicite dicha declaración judicial de concurso al verse incapaz de atender a sus acreedores.

Y como acreedores debemos entender correctamente los efectos que para nosotros tiene dicha declaración de concurso de acreedores.

  1. Integración de la masa pasiva:

El primer efecto es el de que todos los acreedores del deudor, ordinarios o no, y sea cual sea su nacionalidad o domicilio social, quedarán integrados en la masa pasiva del concurso.

  1. Efecto sobre las acciones judiciales individuales:

De lo atedicho se deriva que se quedan paralizadas las acciones individuales del acreedor, en concreto las acciones ejecutivas (por ejemplo la derivada de un auto de ejecución derivado de un proceso cambiario) incluidos los apremios administrativos o tributarios (que quedarán en suspenso si estuvieran en tramitación).

  • Los acreedores con garantía real sobre los bienes del concursado afectos a su actividad empresarial no podrán iniciar la ejecución hasta que:
    • Se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho.
    • O bien transcurra 1 año desde la declaración de concurso sin que se haya producido la apertura de la liquidación. Si ya estuvieren iniciadas se suspenderán también (salvo que ya estuviere anunciada la subasta).
  • La administración concursal podrá atender el pago de los créditos con garantía real con cargo a la masa, liberando así los bienes o derechos hipotecados o pignorados.

Esto no afecta a las acciones declarativas de orden civil o social en tramitación, que continúan hasta la firmeza de la sentencia, ni a las de naturaleza contencioso administrativa o penal, incluso si se ejercitan con posterioridad a la declaración de concurso:

  • En caso de que tras la declaración de concurso el deudor conserve sus facultades de disposición y administración, podrá actuar en juicio con autorización de la administración concursal.
  • En caso de suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor, le sustituirán los administradores concursales en los procedimientos judiciales en trámite, si bien requerirán de autorización judicial para desistir o allanarse o transigir, aunque en aras a la legítima defensa el deudor pueda mantener su representación y defensa separada.

Así por tanto, como vemos, las acciones que conllevan una ejecución directa sobre el patrimonio quedarán en suspenso, para no afectar a la masa patrimonial del concursado en detrimento del resto de deudores, mientras que no afecta esta suspensión a las acciones declarativas, o bien a las acciones penales o administrativas.

  1. Efectos sobre los créditos.

La declaración de concurso tiene tres importantes efectos sobre los derechos de crédito que se ostentasen frente al deudor concursado:

  • No procederá la compensación de los créditos y deudas del concursado a partir de la declaración de concurso.
  • Se interrumpe el devengo de intereses, legales o convencionales, salvo los correspondientes a los créditos con garantía real, que serán exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía.
  • Se interrumpe la prescripción de las acciones contra el deudor por los créditos anteriores a la declaración, así como de las acciones contra socios y contra los administradores, liquidadores, o auditores de la sociedad.
  1. Efectos sobre los contratos.

Como regla general, el concurso no afecta a la vigencia de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento:

  • en los contratos con obligaciones recíprocas, si una parte ha cumplido y la otra no, el crédito o la deuda que corresponda al deudor común se incluye en la masa activa o pasiva del concurso.
  • Las obligaciones pendientes de cumplimiento se seguirán cumpliendo, salvo que la admón. concursal, en caso de suspensión, o el concursado, en caso de intervención, soliciten la resolución del contrato, que el juez aprobará, si hay conformidad entre las partes o resolverá mediante incidente concursal.

En línea con ésto, las posibles cláusulas contractuales que establezcan la facultad de resolución o extinción del contrato por la sola declaración de concurso se tendrán por no puestas.

Respecto de los contratos de crédito o compra con pago aplazado, la administración concursal podrá rehabilitar aquellos cuyo vencimiento anticipado o resolución por impago se haya producido en los 3 meses anteriores a la declaración de concurso, siempre que el tercero contratante no se oponga y se haya iniciado el ejercicio de las acciones antes de la declaración concursal.

Respecto de los contratos de arrendamiento, la administración concursal podrá enervar la acción de desahucio ejercitada contra el deudor arrendatario antes de la declaración de concurso y rehabilitar la vigencia del contrato de arrendamiento, hasta el momento de practicarse el efectivo lanzamiento.

Respecto de los contratos laborales:

  • Los trabajadores no tendrán derecho a la rescisión del contrato con indemnización, salvo que comporten movilidad geográfica fuera de la Comunidad Autónoma, por un período máximo de 12 meses.
  • Los expedientes de modificación, suspensión o extinción colectiva, se tramitan ante el juez del concurso y podrán ser solicitados al juez por la administración concursal, por el deudor, o por los representantes de los trabajadores, intentando llegar a un acuerdo en un período de consultas previas no superior a 30 días o 15 en las empresas con menos de 50 trabajadores.

Se mantiene no obstante la competencia a favor de los tribunales de lo social en materia de relaciones laborales individuales.


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Los efectos del concurso de acreedores para el deudor

¿Qué pasa cuando un deudor resulta incapaz de atender sus obligaciones por insuficiencia financiera? Nuestra legislación prevé en estos casos como solución de resolución de esta situación el proceso del concurso de acreedores: un procedimiento de ejecución que se puede ejercitar contra quien se encuentre en estado de insolvencia, con el objetivo de gestionar de forma ordenada el patrimonio del deudor para la liquidación y pago a los distintos acreedores afectados por la insolvencia.

El auto judicial que decrete el concurso determinará el órgano de administración concursal, que será el que administre el patrimonio del deudor concursado en todo el procedimiento. El órgano de administración concursal se comprondrá por:

  • un abogado en ejercicio con la menos 5 años de ejercicio efectivo,
  • un economista (auditor de cuentas, economista o titulado mercantil colegiado) con la misma experiencia,
  • y un acreedor que sea titular de un crédito ordinario o privilegio general que no esté garantizado.

Una vez que se declara judicialmente el concurso, y se nombra la administración concursal, se despliegan una serie de efectos jurídicos y económicos respecto del deudor, que varían en función de que este deudor incurso en concurso sea una persona física o jurídica

Efectos para el deudor persona física.

El primer efecto, como no puede ser de otra forma, es la limitación de las facultades de disposición y administración del patrimonio.

Es decir, el deudor insolvente tras la declaración de concurso tendrá una limitación parcial o total de administración de la masa patrimonial, a fin de proteger a los deudores de cualquier acto que perjudique sus intereses, dado que es con ese patrimonio con el que van a cobrar en la medida de lo posible:

La limitación varía en función del tipo de concurso:

  • En el caso del concurso voluntario, el deudor conserva sus facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, pero queda sometido el ejercicio de éstas a la intervención de los administradores concursales, mediante su autorización o conformidad.
  • Pero en caso de concurso necesario, el deudor ve suspendido el ejercicio de sus facultades patrimoniales, siendo sustituido en dicho ejercicio por los administradores del concurso.

Si el deudor infringe estas limitaciones, los actos o contratos que hubiere realizado a espaldas de la administración concursal podrán ser anulados a instancia de dicho órgano, y no podrán ser inscritos en los correspondientes registros públicos mientras no vengan confirmados o convalidados por el mismo órgano.

Por otro lado, se podrán desplegar medidas restrictivas o limitativas de derechos fundamentales del deudor concursado, siempre que resulten estrictamente necesarias para la mejor tramitación del procedimiento concursal:

  • La intervención de las comunicaciones
  • El deber de residencia en la población de su domicilio, cabiendo incluso el arresto domiciliario
  • La entrada en el domicilio del deudor y su registro.

Además, otro efecto importante es la no interrupción en la actividad del deudor, pues al margen de las limitaciones ya expuestas en los párrafos que preceden, deberá continuar con su actividad económica en favor de los acreedores. Con la subsistencia de la obligación de formulación y auditoria de las cuentas anuales.

No obstante, si excepcionalmente el juez que declara el concurso estima que la continuidad en el negocio iría en contra de los intereses de los acreedores, podrá acordar el cierre total o parcial -con carácter definitivo o temporal- de la empresa, explotación o establecimiento del deudor concursado.

Finalmente, el deudor declarado en concurso queda obligado a colaborar e informar en todo lo necesario o conveniente para el interés del concurso, especialmente con la puesta a disposición de la administración concursal los libros contables y fiscales de llevanza obligatoria, así como cualquier otro libro, documento y registro relativo a los aspectos patrimoniales de su actividad, pudiendo llegar a ocasionar el incumplimiento de esta obligación la calificación del concurso como culpable.

Efectos para el deudor persona jurídica.

En el caso de que el deudor sea una persona jurídica, de manera similar a lo expuesto para las personas físicas, se mantendrán los órganos de administración de la sociedad durante la tramitación del concurso, pero con las limitaciones que en sus facultades de disposición y administración patrimoniales que se dictaminen en el auto judicial de declaración del concurso.

 Respecto de las medidas restrictivas de derechos fundamentales indicadas en el caso del deudor persona física, cabe su imposición a los socios y administradores en el caso del deudor persona jurídica, cuando fuese extrictamente necesario para la tramitación del procedimiento.

 Otro efecto importante es que se legitimará a los administradores concursales designados judicialmente para ejercer las acciones de responsabilidad que pudieran corresponder a la persona jurídica deudora contra sus administradores, liquidadores o auditores. De igual manera, estarán legitimados para interponer las acciones contra los socios subsidiariamente responsables de las deudas sociales.

 De forma complementaría a lo indicado en el párrafo anterior, el órgano de administración concursal podrá reclamar a los socios el desembolso de las aportaciones sociales (o prestaciones accesorias) pendientes de cumplimiento.

 Por último, cuando de las actuaciones resulte la posibilidad fundada de que la masa de bienes y derechos sobre la que han de cobrarse los acreedores sea insuficiente para pagar todas las deudas, se podrá decretar el embargo de los bienes y derechos de:

  • los administradores o liquidadores,
  • o de quienes hubieran tenido tal condición durante los dos años anteriores a la declaración de concurso,
  • o de los socios que fueran subsidiariamente responsables de las deudas sociales; medida cuya adopción podrá.

No obstante, el embargo podrá sustituirse, a petición del interesado, por aval bancario.


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