El Convenio en el concurso de acreedores

Se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles por incapacidad financiera para ello.

Y el concurso de acreedores es el procedimiento judicial que se puede ejercitar contra el deudor insolvente, con el objetivo de asegurar la gestión ordenada del patrimonio del deudor a fin de conseguir el pago a los distintos acreedores en la medida de lo posible.

El concurso puede terminar de dos formas:

  • Convenio: medio principal de resolución del concurso.
  • Liquidación: medio subsidiario cuando no pueda aprobarse convenio viable.

Según la exposición de motivos de la ley concursal el convenio debe constituir la solución normal del concurso.

Vamos a estudiar de acuerdo con esta Ley el convenio y su regulación.

Propuestas anticipadas de convenio.

Una vez aprobado el inventario y la lista de acreedores, y tras la declaración de concurso, tanto deudor como acreedores pueden realizar propuestas anticipadas de convenio por escrito. Estas propuestas contendrán el plan económico-financiero y un plan de pagos, y podrán instrumentarse en torno a los siguientes supuestos:

  • Quita: los acreedores renuncian a cobrar una parte de sus créditos, pudiendo de esta manera el patrimonio del deudor satisfacer todos los créditos.
  • Espera: los acreedores aplazan el vencimiento y cobro de sus créditos el tiempo suficiente para que el patrimonio pueda generar el importe suficiente.
  • Un mix de quita y espera: los acreedores renuncian a una parte de la deuda y aprueban aplazamiento para la deuda restante.
  • Otras propuestas, generalmente consistentes en la conversión de créditos en acciones o créditos participativos, transformando deuda en capital (los acreedores se convierten en accionistas).

Existen distintas reglas generales que deben tenerse en cuenta en cuanto a la propuesta anticipada de convenio:

  • la propuesta de quita no puede exceder de la mitad del importe de cada crédito.
  • la propuesta de espera no puede ser de más de 5 años.
  • La propuesta no podrá consistir en la cesión de bienes y derechos a los acreedores en pago de sus créditos, ni en cualquier forma de liquidación global del patrimonio del concursado, ni en la alteración de la clasificación de los créditos establecida por la ley.
  • Cabe la adhesión a cualquier propuesta de convenio pero sin poder introducir modificaciones en la misma.
  • Si se presenta una propuesta anticipada a la que se adhieran acreedores que representen más de la quinta parte del pasivo y resulta viable el juez podrá aprobarla sin la intervención del resto de acreedores.

Apertura de la fase de convenio.

Si el deudor concursado no solicita la liquidación, y no se ha aprobado una proposición anticipada de convenio, una vez transcurre el plazo para impugnar el inventario y la lista de acreedores, finaliza la fase común del concurso y se abre la fase de convenio.

En este momento el concursado y los acreedores que superen una quinta parte del pasivo pueden presentar una propuesta de convenio, que podrá consistir en una propuesta económica como las estudiadas ya antes: quita, espera o conversión de deuda en capital.

Este convenio se somete a la aprobación de la junta de Acreedores presidida por el Juez del concurso, siendo necesario el voto favorable de la mitad del pasivo ordinario para su aceptación.

Los acreedores que no estén de acuerdo con este convenio tienen un plazo de 10 días para formular oposición, la cual se sustanciará por el cauce del incidente concursal y terminará con sentencia que apruebe o rechace el convenio aceptado, pero sin poder modificarlo.

Efectos del convenio.

La ejecución del convenio hace cesar todos los efectos de la declaración del concurso, y se cesan a los Administradores, que tendrán que rendir cuentas.

Y decimos que se cesan los efectos del concurso porque proceder ejecutar lo dispuesto en el convenio:

  • El deudor y los acreedores ordinarios y subordinados quedan vinculados por el convenio en cuanto a los créditos anteriores a la declaración de concurso,
  • Los acreedores privilegiados sólo quedarán obligados si votaron a favor de la propuesta.
  • Los acreedores que no hubiesen votado a favor no quedarán vinculados por el convenio en cuanto a la subsistencia de sus derechos contra los obligados solidariamente con el concursado ni frente a sus fiadores y avalistas, quienes no podrán invocar ni la aprobación ni los efectos del convenio en perjuicio de dichos acreedores.


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Los órganos del concurso de acreedores

Cuando un deudor deviene insolvente y se ve incapaz de atender las distintas deudas que mantiene con sus acreedores, nuestra legislación prevé el concurso de acreedores como proceso de gestión ordenada y liquidación en su caso del patrimonio del deudor, a fin de asegurar en la medida de lo posible el pago de los distintos créditos concursales y créditos contra la masa concursal.

Dentro de la organización del concurso de acreedores, se hace necesario entender correctamente qué papel juegan cada uno de los órganos que intervienen para comprender de forma global el funcionamiento del concurso.

  1. El juez del concurso.

La competencia corresponde al juez de lo Mercantil en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales, es decir, allí donde ejerza de forma habitual y reconocible por terceros la administración de dichos intereses. Si el deudor tuviese en España su domicilio y el lugar de éste no coincidiese con el centro de sus intereses principales, será también competente, a elección del acreedor solicitante, el juez de lo mercantil en cuyo territorio radique aquél.

El juez del concurso tiene amplia jurisdicción sobre todas las acciones civiles con trascendencia patrimonial (pero no las relativas a capacidad, filiación, matrimonio y menores); sobre las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectiva de los contratos de trabajo, asi como de alta dirección (excepto en las relativas a las relaciones laborales individuales); y todas las ejecuciones contra el patrimonio del deudor y medidas cautelares. Se extiende también a todas las cuestiones prejudiciales administrativas o sociales directamente relacionadas con el concurso.

 Respecto de la resolución judicial declarando el concurso:

  • En caso de que la solicitud haya sido presentada por el deudor, es decir, en caso de concurso voluntario, el juez dicta auto declarando el concurso si considera acreditada alguna de las causas de insolvencia.
  • En caso de que la solicitud haya sido presentada por el deudor, es decir, en el caso de concurso necesario, el juez dicta auto declarando el concurso previa audiencia del deudor y con un período de presentación de las pruebas contempladas en la Ley Concursal al efecto.

Dicho auto de declaración de concurso indicará en todo caso el carácter voluntario o necesario del concurso, los efectos sobre las facultades de administración y disposición del deudor, las medidas cautelares que se consideren necesarias, un llamamiento a los distintos acreedores para que indiquen a la administración concursal sus respectivos créditos (plazo de 1 mes)

  1. La administración concursal.

Una vez sea declarado el concurso por Auto judicial, el juez ordena formar la administración concursal del concurso, formada por :

  • Un abogado en ejercicio con al menos 5 años de ejercicio efectivo.
  • Un economista (auditor de cuentas, economista o titulado mercantil colegiado) con la misma experiencia-
  • Un acreedor que sea titular de un crédito ordinario o privilegio general que no esté garantizado.

En el procedimiento abreviado el juez podrá nombrar a un solo administrador que será de carácter profesional.

La administración concursal es la encargada de administrar diligentemente la masa concursal en caso de que el deudor sea inhabilitado para administrar y gestionar el patrimonio, así como de supervisar la actividad del deudor en caso de que no se le inhabilite. Todo ello a fin de garantizar con la masa concursal los legítimos intereses de cobro de los acreedores.

La administración concursal redactará el informe para determinar la masa concursal, con el inventario de la masa activa, la lista de acreedores y la evaluación de las propuestas de convenio que se hayan presentado.

Cobrará una retribución con cargo a la masa del concurso, que se fijará de acuerdo con un arancel legal por auto del juez del concurso que tendrá en cuenta la cuantía del pasivo y la complejidad del concurso.

 

  1. Junta de Acreedores.

Se constituye únicamente en la fase de convenio cuando no se haya aprobado mediante el sistema de adhesiones escritas una propuesta anticipada.

Este órgano, formado por los distintos acreedores, tenía mayor importancia en la legislación anterior, y tenía como finalidad la discusión y votación de las proposiciones de convenio que le fueran presentadas, y lo acordado por la junta se imponía a todos los acreedores. Pero dado que existían numerosos fraudes en la práctica, la nueva Ley Concursal simplificó los órganos del concurso y dejó como residual esta Junta.

  1. Ministerio Fiscal.

Se limita a la calificación del concurso, cuando proceda su apertura. Y sin perjuicio de su actuación en caso de existir indicios de delito contra al patrimonio o el orden socioeconómico que se pongan de manifiesto en estados de insolvencia de algún presunto responsable penal.


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La masa concursal

El gran objetivo del concurso de acreedores es la administración y liquidación ordenada del patrimonio del deudor que se ha declarado insolvente, a fin de garantizar en la medida de lo posible los legítimos intereses de los deudores.

Por ello resulta de capital importancia la determinación de la masa concursal, que estará formada por:

  • Masa activa del concurso: patrimonio susceptible de ejecución concursal, comprenderá los bienes y derechos del deudor.
  • Masa pasiva del concurso: se compone por las obligaciones de pago del deudor a sus distintos acreedores (créditos) susceptibles de incluirse en el concurso (créditos concursales).

Así por tanto podemos definir la masa concursal como el conjunto de bienes y derechos del concursado que servirán para atender las obligaciones pendientes de pago que constituyan los créditos concursales.

De acuerdo con los artículos 74 y siguientes de la Ley Concursal, la administración concursal es la encargada de realizar un informe para determinar con la mayor exactitud dicha masa concursal. Es decir, elaboran un inventario, o mejor dicho un balance con los activos y pasivos que formarán dicha masa concursal. Tienen para ello un plazo de 2 meses.

  1. La masa activa del concurso.

Se trata del conjunto dinámico de activos del deudor concursado, dado que será la suma de los bienes y derechos del patrimonio del deudor a la fecha de la declaración del concurso, más aquellos otros que se reintegren al mismo posteriormente, más los que se adquieran hasta la conclusión del procedimiento.

Quedarán excluidos de la masa activa:

  • los bienes legalmente inembargables, regulados en los arts. 605 y 606 LEC.
  • los buques y aeronaves sobre los que recaigan créditos privilegiados, dado que los acreedores privilegiados podrán ejecutarlos separados de la masa.

En el caso del concursado persona física casado es importante destacar que:

  • Si su sociedad conyugal se regula por el régimen de gananciales, se integran en la masa los bienes privativos, así como los bienes gananciales cuando deban responder de las obligaciones del concursado.
  • Si su sociedad conyugal se regula por el régimen de separación de bienes, se integrarán en la masa activa los bienes propios del cónyuge concursado. Y, de acuerdo con la presunción muciana, se deberán añadir las adquisiciones del cónyuge según el siguiente régimen de “praesumptio iuris tantum” (presunciones contra las que cabe prueba en contra):
    • Se presumirá en beneficio de la masa que el cónyuge concursado donó al otro cónyuge la contraprestación para la adquisición de bienes a título oneroso siempre y cuando esa contraprestación provenga del patrimonio del concursado
    • Si no queda suficientemente acreditado que la procedencia de esa contraprestación provenga del patrimonio del concursado, se presumirá que la mitad de ella fue donada por el concursado siempre que la adquisición de los bienes se haya realizado en el año anterior a la declaración del concurso.

En el caso de que existan saldos en cuentas bancarias de titularidad indistinta, éstos se integran en la masa, salvo prueba en contra del cotitular de la cuenta que demuestre la propiedad a su favor del saldo, ya sea de manera total o parcial.

En el caso de los bienes de propiedad ajena que se encuentren en poder del concursado en el momento de declaración del concurso, y sobre los cuales éste no tenga derecho de uso, garantía o retención, deben ser restituidos a sus legítimos titulares, a solicitud de éstos.

Además podrán añadirse a la masa activa aquellos bienes que se reintegren al patrimonio del deudor concursado en base a las acciones rescisorias. Así, según el artículo 71 de la Ley Concursal son rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración, incluso aunque no hubiere existido intención fraudulenta.

 

  1. La masa pasiva del concurso.

Está constituida por todos los créditos contra el deudor que no tengan la consideración de créditos contra la masa, son los créditos concursales. Es decir, se hace necesario diferenciar aquí dos conceptos:

  • Créditos de la masa concursal: son aquellas deudas del concursado al momento de la declaración de concurso.
    • Corresponderá a la administración concursal determinar la inclusión o exclusión en la lista de acreedores de los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento.
    • Esta decisión se adoptará respecto de cada uno de los créditos, tanto de los que se hayan comunicado expresamente como de los que resultaren de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón constaren en el concurso.
    • Se incluirán necesariamente en la lista de acreedores:
      • aquellos créditos que hayan sido reconocidos por laudo o por resolución procesal, aunque no fueran firmes,
      • los que consten en documento con fuerza ejecutiva,
      • los reconocidos por certificación administrativa,
      • los asegurados con garantía real inscrita en registro público,
      • y los créditos de los trabajadores cuya existencia y cuantía resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón consten en el concurso.
  • Créditos contra la masa concursal: Estos créditos no integran la masa pasiva del concurso, vienen enumerados en el punto 2 del art. 84 de la Ley Concursal, y son en general los gastos originados con motivo del concurso, así como las deudas que se originan por la continuidad de la actividad del concursado: contratos laborales, suministros, pago de créditos bancarios, indemnizaciones laborales, alimentos del deudor a sus familiares, los de los contratos con obligaciones pendientes o recíprocas, etc..

Los créditos de la masa concursal o créditos concursales se dividen en tres categorías:

  1. Créditos con privilegio especial: los garantizados con hipoteca o prenda sin desplazamiento, anticresis, los refaccionarios sobre los bienes reparados, los relativos a cuotas por arrendamiento financiero o plazos de compraventa, créditos con garantía de valores representados por anotaciones en cuenta, los garantizados con prenda constituida en documento público sobre los bienes pignorados.

 

  1. Créditos con privilegio general: los créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía del triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendiente; los de retenciones tributarias y de la Seguridad Social; los derivados del trabajo personal no dependiente; los créditos tributarios y demás de Derecho Público; los derivados de responsabilidad civil extracontractual; Y los créditos del acreedor a instancias del cual se hubiere declarado concurso necesario y que no tuvieren el carácter de subordinados, hasta el cincuenta por ciento de su importe.

 

  1. Créditos ordinarios: Son los créditos no incluidos en los dos puntos anteriores, siempre que no estén subordinados.

 

  1. Créditos subordinados: Son los créditos subordinados a todos los anteriores:
    1. Los créditos comunicados tardíamente a la administración concursal.
    2. Los créditos subordinados por pacto contractual (postergación de rango, como en el caso de la deuda subordinada o deuda junior).
    3. Los créditos por intereses, excepto hipotecarios y pignoraticios.
    4. Los créditos relativos a multas y sanciones pecuniarias.
    5. Los créditos de los que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionada con el deudor.
    6. Los créditos que como consecuencia de la rescisión concursal resulten a favor de persona que haya sido declarada parte de mala fe en el acto impugnado.

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Concurso de acreedores: diferencia entre concurso voluntario y concurso necesario

El concurso de acreedores es el procedimiento de ejecución universal, que se puede ejercitar contra quien se encuentre en estado de insolvencia, con el objetivo de gestionar de forma ordenada el patrimonio del deudor para la liquidación a los distintos acreedores en la medida que resulte posible. La declaración de concurso procederá respecto de cualquier deudor, sea persona natural o jurídica.

Se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles por incapacidad financiera para ello.

En nuestro régimen legal, tanto el propio deudor como sus acreedores pueden solicitar la declaración de concurso:

  • Cuando es el propio deudor el que lo solicita, hablamos de concurso voluntario.
  • Cuando son los acreedores los que lo instan, hablamos de concurso necesario.

En el presente artículo vamos a estudiar la diferencia entre los medios de prueba que debe aportar el deudor cuándo insta el concurso voluntario, y aquellos en los que deben basarse los acreedores que solicitan el concurso necesario.

Concurso Voluntario.

Según el artículo 2 de la Ley Concursal, si la solicitud de declaración de concurso la presenta el deudor, deberá éste justificar su endeudamiento y su estado de insolvencia, que podrá ser:

  • Actual: incapacidad financiera para hacer frente a sus obligaciones de pago.
  • Se encuentra en estado de insolvencia inminente el deudor que prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones.

 

Conforme al artículo 5 de la Ley, la declaración de concurso deberá solicitarla dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia.

 

A fin de justificar la insuficiencia económica de la que deriva la insolvencia, el escrito de solicitud de declaración de concurso deberá acompañar:

 

  • Memoria expresiva de la historia económica y jurídica del deudor, de su actividad en los últimos 3 años, y establecimientos, oficinas y explotaciones de que sea titular. Si fuera persona casada indicará la identidad del cónyuge y régimen económico matrimonial. Y si fuera persona jurídicaa, la identidad de los socios, administradores y liquidadores, y la entidades integrantes de su grupo de empresas.
  • Inventario  de los bienes y derechos, con expresión de su naturaleza y lugar en que se encuentren, identificación registral, valoración y cargas.
  • Si estuviera obligado a llevar contabilidad deberá aportar:
    • las cuentas anuales e informes de gestión de los tres últimos ejercicios;
    • memoria de los cambios significativos operados en su patrimonio con posterioridad a las últimas cuentas anuales;
    • estados financieros intermedios elaborados tras de las últimas cuentas anuales;
    • Si forma parte de un grupo de empresas, las cuentas anuales e informe de gestión consolidados de los 3 últimos ejercicios sociales e informe de auditoría, y memoria de las operaciones realizadas con otras sociedades del grupo.

 

En todo caso, deberá presentar una relación de acreedores por orden alfabético, con la identidad de cada uno y cuantía y vencimiento de las deudas y sus garantías.

 

Y en caso de solicitar liquidación deberá acompañar propuesta del plan de liquidación.

 Concurso necesario.

Cuando la solicitud de concurso la presenta un acreedor, ésta se deberá fundar en alguno de los siguientes presupuestos:

  • Título por el cual se haya despachado ejecución o apremio, sin que del embargo resulten bienes libres bastantes para el pago,
  • Sobreseimiento general en el pago corriente de sus obligaciones;
  • Existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten al patrimonio del deudor;
  • Alzamiento o liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes;
  • Incumplimiento generalizado de obligaciones (tributarias, seguridad social, salarios etc).

En este caso, el acreedor debe expresar en la solicitud el origen, naturaleza, importe, fechas de adquisición y vencimiento del crédito, acompañando el documento acreditativo y los medios de prueba de que se valga, sin que sea bastante la prueba testifical.

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Concurso de Acreedores: Concepto y presupuestos.

Todo negocio y toda empresa son susceptibles de atravesar situaciones de dificultad financiera: momentos en los que la tesorería de la empresa sufre fuerte tensiones, llegando al punto de no poder atender los pagos en el corto plazo, dando lugar a una situación de insolvencia transitoria; o bien atravesar una situación en la que los pasivos en el balance (deudas, créditos, obligaciones) son superiores a los activos de contrapartida (bienes y derechos de cobro), haciéndose imposible la continuidad de la viabilidad de la empresa.

Por ello se hace necesario, como posibles acreedores, deudores, proveedores, clientes, accionistas o empleados de una empresa, entender correctamente el tratamiento jurídico que nuestra legislación prevé para este tipo de situaciones de insolvencia transitoria o definitiva.

Derecho Concursal.

Cuando solo hay un deudor en conflicto con su acreedor, rige el derecho general de obligaciones, pero cuando el incumplimiento se refiere a una diversidad de obligaciones y distintos deudores se hace necesario un procedimiento de equidad (“par conditia creditorum”) para regular una solución ordenada al conflicto creado por la imposibilidad de cumplimiento del deudor.

Legislación previa a la actual Ley Concursal.

Antes de la actual legislación que regula el concurso de acreedores, la legislación concursal estaba dispersa en una amalgama de distintas normas, y que además trataban la situación de forma diferenciada para deudores comunes (normas de derecho civil) o para empresarios (normas de derecho mercantil).

  1. Deudores comunes:
    1. Quita y espera
    2. Concurso de acreedores
  2. Deudores empresarios:
    1. Suspensión de pagos
    2. Quiebra

Régimen actual del Concurso.

La Ley Concursal (Ley 22/2003, de 9 de julio) vino a superar los defectos de la anterior legislación y unificar el procedimiento para aquellos casos de insolvencia, algo que se había demandado durante décadas por la doctrina jurídica.

En una sola ley se regulan los aspectos procesales y materiales del concurso: es decir, un único régimen para todos los deudores (comunes o empresarios); con un único procedimiento para todos los casos; con unidad de presupuesto (la insolvencia); y con dos posibles fases o soluciones, la de convenio y la de liquidación concursal.

 

Concepto y presupuestos del concurso.

Es aquel procedimiento de ejecución universal, que, instado por el propio deudor o por uno de sus acreedores, se puede ejercitar contra quien se encuentre en estado de insolvencia.

Como presupuesto subjetivo, la declaración de concurso procederá respecto de cualquier deudor, sea persona natural o jurídica.

Como presupuesto objetivo, la declaración de concurso procederá en caso de insolvencia del deudor común. Se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles por incapacidad financiera para ello.

Si la solicitud de declaración de concurso la presenta el deudor, deberá justificar su endeudamiento y su estado de insolvencia, que podrá ser actual o inminente.

Si la solicitud de declaración de concurso la presenta un acreedor, deberá fundarla en título por el cual se haya despachado ejecución o apremio sin que del embargo resultasen bienes libres bastantes para el pago, o en la existencia de alguno de los siguientes hechos:

1.º El sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor.

2.º La existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera general al patrimonio del deudor.

3.º El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor.

4.º El incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de las clases siguientes: las de pago de obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso; las de pago de cuotas de la Seguridad Social, y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo período; las de pago de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades.


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