La nulidad del proceso judicial a Jesús de Nazaret

Hace unos años se publicó  Proceso a Jesús (Almuzara, 2013), una obra que ha adquirido cierta fama y en la que su autor, José María Ribas Alba, profesor de Derecho Romano de la Universidad de Sevilla, defiende que el proceso judicial a Cristo fue justo y legítimo, de acuerdo con la legalidad de su momento.

Según el profesor Ribas, a Jesús no lo mataron los fariseos ni los romanos, sino la ley y el Derecho. Pero nada más lejos de la realidad, dado que como aquí expondremos a Jesús lo mataron los intereses de la clase social que ostentaba el poder en el pueblo judío.

Mi propósito por tanto con este ensayo es demostrar, en base al texto histórico recogido en los Evangelios, así como en base a la historiografía de fuentes romanas y judías, la nulidad de la sentencia de muerte a Jesús de Nazaret, sobre la base la nulidad de los procesos judiciales que dieron lugar a dicha sentencia.

Nulidad

La nulidad es un concepto jurídico que declara que un acto, hecho o negocio jurídico no reúne los requisitos necesarios para su válida existencia, por lo que se debe tener por inexistente: nunca realmente ha llegado a nacer válidamente, y no despliega por tanto ningún efecto; todo lo que se haya hecho en base al mismo debe retrotraerse, para que las cosas queden como si nunca hubiese existido dicho acto, hecho o negocio jurídico declarado nulo, pues jurídicamente no ha llegado a existir.

La nulidad puede ser parcial (afecta solo a una parte del acto, hecho o negocio) o total. En el caso del proceso judicial a Jesús debemos entender que es total, pues no habría ninguna parte válida de los distintos procesos seguidos.

Coyuntura política y jurídica.

Judea y Galilea eran reinos clientelares, formaban una provincia perteneciente al Imperio Romano, que la había ocupado y se la había anexado en el año 63 a.C.

En la época de Jesús, la región de Judea contaba como autoridad romana con Poncio Pilatos, y la de Galilea con Herodes Antípas. La ley vigente era la del Derecho Romano, y el pueblo estaba sometido a la jurisdicción de los magistrados y las autoridades del Imperio.

No obstante los romanos permitían que los representantes del pueblo judío ejerciesen la autoridad moral y juzgasen en base a la ley y normas del pueblo judío, recogida desde miles de años antes en sus Escrituras. Este órgano era el Sanedrín o  Consejo Supremo Judío, formado por el sumo sacerdote y 70 hombres prominentes de Israel.

Así por tanto, había una doble autoridad:

  • Imperio Romano:
    • Judea: Poncio Pilato
    • Galilea: Herodes Antipas
  • Moral o Religiosa: El Sanedrín, sometido a su vez a la autoridad imperial.

Diversidad de procesos judiciales

El proceso judicial a Jesús de Nazaret fue doble:

  • Por un lado fue juzgado por el Sanedrín, la autoridad judía, bajo la acusación de blasfemia: declararse un Dios a sí mismo. Al declararse “Hijo de Dios” se ponía al mismo nivel de Dios mismo, y esto iba en contra de la ley judía. La pena en caso de demostrarse la comisión del delito era de muerte. Este proceso se inició e impulsó por buena parte de los altos representantes de los fariseos.
  • Por otro lado fue procesado por la autoridad romana, bajo la acusación de lesa majestad  y sedición: declararse un Rey y agitar al pueblo contra el Cesar. Al declararse “Rey de los Judíos” atenta contra el César, y la pena en caso de demostrarse la comisión del delito era de muerte. Este proceso se inició e impulsó por los representantes del Sanedrín.

Los fariseos

En la época de Jesús de Nazaret había distintos grupos o sectas religiosas judías, que se distinguían por su distinta interpretación de las ley judía o Escrituras Sagradas:

  • Fariseos
  • Esenios
  • Saduceos
  • Zelotes

De todos ellos, los que mayor aceptación por parte del pueblo, y también mayor poder habían alcanzado eran los fariseos, que ocupaban los puestos más prominentes en la jerarquía judía, y eran por lo general hombres ricos, con posesiones y formación. Eran la élite del pueblo, y representaban por así decirlo el judaísmo oficial.

Sus creencias religiosas se caracterizaban por enfatizar el formalismo: para ellos las formas eran lo más importante. Partían de la premisa de que no se podía explorar el interior de un hombre, por lo que el exterior, es decir, sus actos y lo que hacía, determinaban el fondo.

Esto chocó fuertemente con las enseñanzas de Jesús, que predicaba una visión de Dios menos formal y más afectiva, basada en el amor al prójimo.

Valga aquí en aras a la brevedad este burdo resumen, para poner en situación y contexto al lector, ya que este choque  doctrinal es desde luego mucho más amplio, y requeriría de un análisis e informe mucho más profundo, en tanto que la doctrina impartida por Jesús desbancaba de manera absoluta a lo que durante siglos había predicado y establecido la élite de los fariseos.

Lo buscaban para matarlo.

La sentencia de muerte a Jesús de Nazaret ya estaba dictada antes del proceso.

El citado enfrentamiento entre Jesús y los fariseos, que como ya dijimos antes eran hombres poderosos, se había recrudecido a lo largo de los años de vida pública de Jesús. Su gran autoridad a la hora de enseñar era acompañada de signos y milagros, y muchos ciudadanos tanto del pueblo judío como de otros pueblos creían en su mensaje.

Esto le convirtió en un hombre de gran prestigio y, según nos indican los Evangelios en distintas ocasiones, los fariseos lo buscaban para matarlo. Cada milagro que se hacía público y adquiría relevancia suponía un duro golpe contra el poderoso Sanedrín.

Tras uno de sus más importantes milagros, el de devolver a la vida a Lazaro, nos dice el Evangelio de Juan que se reunió el Sanedrín, preocupados por la gran fama que había adquirido Jesús. Dado que gracias a la resurrección de Lazaro muchos judíos creían en él como el Cristo, el hijo de Dios. Y decidieron que era un peligro y debían matarle.

¿Cómo puede ser justo un juicio si, antes de que se inicie el mismo, y sin contradicción ni pruebas, ni existiendo posible defensa para el acusado, ya se ha decidido la sentencia? Ésta sería la primera prueba de la absoluta nulidad, por tanto, del proceso seguido contra Jesús.

El prendimiento.

No fue ni mucho menos un proceso justo, sino una trama que tenía por objetivo asesinar a un opositor que ponía en entredicho el gobierno religioso de los poderosos fariseos.

Éstos, aprovechando su poder económico, compraron (con 30 monedas de plata) a uno de los discípulos del Nazareno, concretamente a Judas Iscariote, como infiltrado en el círculo privado de Jesús, a fin de señalar su paradero y entregarlo al Sanedrín.

Debemos aquí tener en cuenta que Jesús no tenía una residencia fija, se movía por un territorio extenso, y contaba con muchos seguidores que lo protegían, por lo cual no resultaba una misión fácil para los jefes fariseos el darle caza; de hecho los Evangelios nos indican que varias veces habían ya intentado apresarlo. Además en su prendimiento tenían que tratar de no escandalizar al pueblo y a los seguidores de Jesús, debía tratarse de una acción rápida y efectiva.

Finalmente, antes de la celebración de la Pascua (para no levantar escándalo durante la fiesta sagrada) y con nocturnidad y alevosía, mediante la ayuda de Judas Iscariote pudieron los hombres del Sanedrín apresar a Jesús mientras oraba en el huerto de Getsemaní.

Desde luego, la injusticia del proceso se vuelve aquí a poner de manifiesto, y es que el miedo por parte de los fariseos a capturar al Nazareno de forma pública revela que no estaban haciendo bien las cosas, no hubiesen tenido problemas en capturar a un verdadero delincuente a plena luz del día y sin tantos rodeos.

El proceso ante el Sanedrín.

El primer proceso judicial que afronta Jesús es ante el máximo órgano judicial y de poder religioso judío. La acusación que se le realiza es la de blasfemia, y se pide para él la pena de muerte.

Nada más detenerlo, y siendo de madrugada, se lo llevan a casa de Anás, que había sido sumo sacerdote. Un juicio ordinario nunca se podría producir de noche, sino que se habría producido de día y con una convocatoria pública ordinaria. Reunirse de noche y tan extraordinariamente es otro indicio más de la injusticia del proceso.

Desde luego, y según todo lo ya expuesto, podemos afirmar que no se trataba de juzgar de manera objetiva el delito, sino que perseguían obtener a toda costa la sentencia que buscaban los propios jueces, esto es, la muerte de Jesús.

Por ello, no existió defensa posible ni principio de contradicción entre las partes. Y tampoco declararon testigos objetivos. De hecho, se comenzó interrogando al acusado, y solicitando de él una declaración autoinculpatoria, mientras un guardia le pegaba. La ley judía exigía audiencia pública y la defensa del acusado ante un delito penado con pena capital, pero nada de eso se dio aquí.

De casa de Anás lo llevan a casa de su yerno Caifás, actual sumo sacerdote, donde está reunido el Sanedrín. Allí la táctica de los juzgadores fue la misma, siguieron intentando una declaración inculpatoria por parte del propio acusado.

Dado que los testigos tenían una gran relevancia en el proceso judicial de los judíos, pues según su ley varias declaraciones en contra suponían una prueba muy firme, llevaron los acusadores a falsos testigos que declaraban contra Jesús. Pero al no haber preparado adecuadamente dichos falsos testimonios, se contradecían unos con otros. Desesperados, seguían pidiendo al acusado que se declarase culpable.

“Plantearle preguntas al acusado y condenarlo en función de su respuesta constituyó [una] violación de la justicia formal” como bien indicaba en sus escritos el famoso abogado inglés Alexander Taylor Innes.

Finalmente el sumo sacerdote le pregunta bajo juramento divino “Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios” a lo que Jesús le respondió “Tú lo has dicho”. De lo cual Caifás dijo a los demás “Ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia ¿qué decís?” y los demás sacerdotes dijeron “Es reo de muerte”.

Ya habían conseguido por tanto su objetivo, la pena de muerte.

Todo el proceso violaba la justicia formal y los más elementales principios del derecho procesal judío. Es decir, el proceso era nulo de pleno derecho.

El Gobernador Pilato.

Dado que bajo la soberanía romana el Sanedrín no tenía poder para ejecutar su propia sentencia, puesto que solo el Imperio Romano podía ordenar la muerte de un reo, llevaron al sentenciado al palacio del gobernador Pilato.

El delito de blasfemia por el que lo habían sentenciado quedaba en la esfera de la religión judía, y por tanto no era motivo de muerte ante el derecho romano. Fue por ello que los sacerdotes judíos presentaron a Jesús ante Pilato como “Rey de los Judíos”, es decir, como rebelde ante el Imperio Romano.

Además indicaron a Pilato que Jesús era un elemento subversivo para el pueblo, y predicaba que no se pagasen impuestos al Cesar. Estas falsas acusaciones lo convertían en reo de sedición contra el Imperio, lo cual si podía dar lugar a su condena a muerte.

Sin embargo, debía ser tan evidente que Jesús no lo era que Pilato indicó que no veía delito alguno en él, y no quiere firmar su sentencia de muerte.

Interrogándolo de nuevo, Pilato descubre que Jesús es natural de Nazaret, perteneciendo esta localidad a la jurisdicción de Galilea, bajo el mandato de Herodes Antipas. Y dado que Herodes se encontraba esos días en su palacio de Jerusalen para celebrar la Pascua lo envía a él. Es decir, se declara incompetente judicialmente para condenar a un ciudadano de otra región.

En el Palacio de Herodes Antipas.

Así por tanto los fariseos se vieron obligados a llevar a Jesús ante Herodes. Y éste, que había oído hablar mucho de él, pues debía ser como dijimos antes un hombre de gran fama y prestigio sobre el pueblo, le pidió que hiciese un milagro. Dado que Jesús no le respondía, Herodes se enfadó y se burló de él, pero no atreviéndose a condenarlo a muerte lo devuelve a Pilato concediéndole a éste la jurisdicción.

De nuevo ante Pilato.

El gobernador Pilato sigue sin creer en la culpabilidad de Jesús como reo de sedición, pues no existen pruebas ni antecedentes, ni tampoco testigos fiables, y se nota que solo es una estratagema del Sanedrín para matar al nazareno por motivos religiosos. Así por tanto, y buscando de nuevo eludir su responsabilidad, saca al balcón a Jesús.

Dado que tenía otro delincuente apresado para crucificarlo, llamado Barrabás, sacó a ambos a su balcón, y concedió al pueblo por estar en ciernes de la fiesta de la Pascua que pudiesen liberar a uno de ellos. Desde luego es lógico deducir que pretendía con esta estrategia que no quisiesen soltar al criminal real, Barrabás, mientras que liberarían al hombre que nada había hecho, Jesús de Nazaret.

Aquí resulta clave lo que nos dice el Evangelio de Lucas: «Ustedes me han traído a este hombre, acusándolo de incitar al pueblo a la rebelión. Pero yo lo interrogué delante de ustedes y no encontré ningún motivo de condena en los cargos de que lo acusan; ni tampoco Herodes, ya que él lo ha devuelto a este tribunal. Como ven, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. 16 Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad.

Sin embargo, los judíos allí presentes gritaron que liberase a Barrabás y crucificase a Jesús. ¿Cómo pudo ser esto así? Debemos tener en cuenta que todos los sacerdotes, junto con sus familiares, amigos y dirigentes fariseos habían sido quienes habían llevado allí a Jesús pidiendo su muerte, por lo que éstos debían estar allí en primera línea, agitando al pueblo. No era una representación real y homogénea del pueblo, sino que estaba muy sesgada por la presencia de los fariseos.

Sentencia de muerte.

Nos indican los evangelios que ante esto, Pilato se lavó públicamente las manos, en señal de que reconocía la profunda injusticia que se iba a cometer al soltar a un delincuente real y crucificar a un inocente. Pero no queriendo asumir más problemas con el pueblo judío, firmó finalmente la sentencia de muerte, indicando en una tablilla para público conocimiento que el reo se había declarado Rey de los Judíos.

Nulidad absoluta del proceso.

De todo lo expuesto se concluye la total y absoluta nulidad del proceso judicial seguido contra Jesús de Nazaret, siendo por tanto también nula la condena de muerte dictada contra el Nazareno.

  • La sentencia de muerte estaba decidida antes del proceso, por motivos políticos y religiosos, dado que Jesús amenazaba el poder de los fariseos.
  • La detención se realizó con nocturnidad y sin ningún tipo de garantías para el imputado.
  • El proceso ante el Sanedrín se desarrolló igualmente de noche, de manera sumaria, rápida, privada y sin audiencia pública.
  • No se respetaron los más elementales principios de un proceso justo, sin ningún tipo de garantías procesales para el acusado.
  • No se presentaron pruebas de cargo de entidad suficiente, ni testigos de cargo reales y fidedignos. No se probó la acusación de ninguna manera.
  • La culpabilidad y condena por blasfemia se derivó de una afirmación indirecta del propio acusado: “Tú lo has dicho”.
  • El Sanedrín lo presentó como culpable de sedición contra el Imperio Romano ante el gobernador: una falsa acusación, dado que lo habían condenado por blasfemia. El objetivo único de esta acusación en falso era obtener con dicha mentira la condena de muerte que ellos no podían ejecutar.
  • El gobernador romano Pilato indicó que era evidente que el reo era inocente del delito imputado, y lo quería soltar. Por ello no se atrevía a firmar la condena.
  • Herodes Antipas, gobernador de Galilea (y por tanto con jurisdicción sobre Nazaret) tampoco quiso firmar la condena, lo cual reafirma de nuevo la evidente inocencia de Jesús de los delitos de los que le acusaban.
  • Devuelto por Herodes a Poncio Pilato, este intentó de nuevo salvar a Jesús, entendiendo que se trataba de un inocente, pero la manipulación de los fariseos logró salvar al delincuente Barrabas y obligar a Pilato a condenar a Jesús.
  • Finalmente, se vuelve a evidenciar la inocencia cuando Pilato se lava las manos y firma la sentencia de muerte solo porque no ve otra salida para no crear conflicto con los poderosos del pueblo judío.

En definitiva, un proceso a todas luces injusto y nulo tanto en el fondo como en las formas.


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Ampliación de capital para pequeños accionistas

Identificar compañías sólidas (blue chips) y destinar una parte de los ahorros a comprar acciones de las mismas en bolsa es una de las prácticas más habituales de los ahorradores españoles.

Según los informes anuales publicados por BME, podemos afirmar que en torno al 25 % del ahorro privado en España está invertido en renta variable (unos 2 billones de euros), siendo las familias propietarias del 25 % de las acciones que cotizan en la Bolsa española. Bien sea de forma indirecta, mediante la participación en Fondos de Inversión o Planes de Pensiones, o bien de forma directa mediante la compra y tenencia de acciones (sobre un 8 % del ahorro estaría invertido de esta forma).

Las acciones reportan a sus titulares dos fuentes principales de beneficio:

  • Revalorización a medio/largo plazo que puedan tener las acciones de la compañía.
  • Dividendos que vaya repartiendo la empresa derivados de sus beneficios anuales.

Pero cuando los ahorradores son titulares directos de las acciones de las compañías cotizadas, y como propietarios de una parte de la misma, tendrán que encarar en determinadas ocasiones la decisión de la alta dirección y del Consejo de Administración de dicha empresa de realizar una ampliación de capital, y se hace necesario que comprendan qué es, cómo funciona y como afecta a su patrimonio, a fin de que puedan tomar las decisiones adecuadas.

¿Qué es una ampliación de capital?

Se trata de un método de financiación de las empresas, para captar fondos sin recurrir al endeudamiento. Así, cuando los administradores de la empresa determinan que es necesario que entre dinero en la compañía (normalmente para reforzar fondos propios, para hacer frente a nuevas inversiones o proyectos, para cubrir pérdidas, o bien para amortizar deuda con terceros) y entienden que no corresponde pedir este dinero a un acreedor (Banco, Fondo de Inversión, o prestamista análogo; mediante un préstamo, crédito u forma de financiación análoga) recurrirán a pedir dicho dinero a sus propios accionistas.

Esta solicitud de fondos a sus accionistas se realiza mediante la ampliación del capital social, emitiendo nuevas acciones. Se pone un valor a estas nuevas acciones, resultado de dividir el dinero que se necesita entre el número de nuevas acciones, y los compradores de estas nuevas acciones se convertirán en nuevos accionistas de la empresa, cubriendo con el dinero que desembolsan por las mismas el importe requerido para su financiación por parte de la empresa. Así por ejemplo, si una empresa necesita 100 millones de euros y decide realizar una ampliación de capital, puede emitir 100 millones de acciones, valoradas en 1 euro cada una, a fin de recaudar dichos fondos.

Efecto Dilución

Las ampliaciones de capital en las grandes compañías cotizadas tienden a tener un efecto de dilución de su valor de cotización previo a la ampliación.

Si la empresa de nuestro ejemplo anterior cotizaba en bolsa a 0,7 € por acción, y tenía antes de la ampliación 100 millones de acciones, su valor en bolsa sería de 70 millones de euros. Si amplia capital hasta los 200 millones de acciones (100 MM de acciones antes de la ampliación, más 100 MM  de nuevas acciones) el valor de cada una de sus acciones en bolsa sería de 0,35 € después de la ampliación (70 MM de € dividido entre 200 MM de acciones).

Así por tanto en nuestro ejemplo, si un accionista no acude a la ampliación de capital, comprando una nueva acción por cada antigua acción, verá reducido el valor de su participación después de la ampliación.

De la misma manera funcionaría en cuanto al valor contable o valor en libros de la acción. Si el patrimonio de esta empresa de nuestro ejemplo es de 200 millones, cada acción antes de la ampliación valdría 2 € (200 MM de € entre 100 MM de acciones), mientras que después de la ampliación (donde la compañía pasa a tener 300 MM  de fondos, pero 200 MM de acciones) cada acción valdría 1,5 € según libros. Es decir, el accionista que no compre nuevas acciones verá el valor de su acción reducido un 25 %.

De la misma manera, su voto y participación se diluyen si no acuden a la ampliación. Siguiendo con el mismo ejemplo, cuándo la empresa tenía 100 MM de acciones y representando cada acción un voto en la Junta de Accionistas, el accionista que no suscriba en su totalidad la ampliación de capital pasará a tener la mitad de votos en la Junta, dado que si por ejemplo un accionista de esta empresa tiene 1 millón de acciones, tendrá antes de la ampliación el 1 % de los votos, en tanto que de no suscribir la ampliación y tras la misma tendrá el 0,5 % de los votos (1 MM de acciones que posee entre 200 MM de acciones tras la ampliación).

Derechos de adquisición preferente

Para los actuales accionistas se suele otorgar un derecho a adquirir las nuevas acciones con preferencia ante un inversor ajeno. Esto trata de proteger a los actuales accionistas según lo expuesto en el apartado anterior, para que puedan suscribir la ampliación antes que un tercero y no vean reducida su participación en la propiedad de la compañía, así como para proteger igualmente el valor de su inversión.

Estos derechos de adquisición preferente pueden utilizarse por el accionista para acudir a la ampliación, pero también pueden venderse a un tercero, que adquirirá los mismos para acceder con preferencia a dicha ampliación.

El valor teórico de estos derechos de adquisición preferente equivaldría a la diferencia entre la cotización de las acciones antes de la ampliación, y la cotización teórica de las acciones de la compañía tras la ampliación de capital:

La cotización teórica tras la ampliación sería la media ponderada de las acciones antiguas (número de acciones antiguas exigidas por cada nueva acción -o dicho de otra forma número de acciones antiguas a las que corresponde un derecho de adquisición preferente- multiplicado por su valor de cotización) y de las acciones nuevas (número de acciones nuevas correspondientes a un derecho de adquisición preferente).

m = número de acciones antiguas por cada derecho de adquisición preferente

C´= valor de cotización antes de la acción

C´´=valor teórico de cotización tras la ampliación

n = número de acciones nuevas a recibir a un cierto precio de emisión por cada derecho

E= precio de emisión de las nuevas acciones a adquirir con el derecho preferente

Además en el caso de las compañías que cotizan en Bolsa, estos derechos pueden cotizar también, con lo cual podrán llegar a tener un valor en el mercado superior o inferior a su valor teórico, si bien el valor de cotización tendería a igualarse al valor teórico.

Pongamos un ejemplo de una empresa con 100.000.000 acciones que cotizan en Bolsa a 2 euros, y que para captar 10.000.000 € a fin de acometer un nuevo proyecto decide ampliar su capital en 10.000.000 acciones nuevas con un valor de adquisición unitaria de 1 euro. A cada accionista actual se le concede un derecho de adquisición preferente por cada 10 acciones antiguas (100.000.000/10.000.000). El valor teórico de cotización de cada acción será de 1,91 € (((10*2)+(1*1))/(10+1)). Por tanto el valor teórico de cada derecho de adquisición preferente sería de 0,09 € (2-1,91).

Los accionistas antiguos pueden realizar tres estrategias distintas, en función de su análisis de la nueva inversión, y de sus preferencias o posición de liquidez:

  • Acudir a la ampliación por el total de los derechos que le corresponden.
  • Vender una parte de los derechos de adquisición preferente, y utilizar otra parte de los mismos para acudir a la ampliación. Podrían calcular los derechos a vender necesarios para, con los ingresos recibidos, acudir a la ampliación con el resto de derechos sin desembolsar tesorería propia.
  • Vender todos los derechos de adquisición preferente.

Tipos de emisión de las nuevas acciones.

Las acciones nuevas se pueden emitir por un valor de emisión determinado que corresponda a su valor nominal. En este caso, como hemos visto, el nuevo titular que no sea accionista y quiera acudir a la ampliación tendría que abonar el valor de los derechos de suscripción preferente necesarios para comprar las nuevas acciones, más el valor de emisión de las nuevas acciones.

Pero también se pueden dar las siguientes situaciones:

  • Emisión con Prima: cuando el valor de emisión es superior al valor nominal. Esto permite a la compañía aprovechar su prestigio o solvencia, o bien el interés que despiertan sus nuevas inversiones, para obtener mayor financiación con su nueva emisión de acciones. También sirve para compensar a los antiguos accionistas: por las inversiones, activos o reservas de la compañía, de lo cual se beneficiaran los nuevos accionistas, pero han logrado los antiguos accionistas de manera previa a la ampliación.
  • Emisión Liberada: el precio de emisión se corresponde con el valor nominal, pero se utilizan fondos propios de la sociedad para su capitalización. Así, podría ser totalmente liberada cuando la suscripción de las nuevas acciones por los accionistas se realiza con cargo a reservas de la sociedad. O bien podría ser parcialmente liberada, por lo que una parte del valor de emisión se pagaría por los accionistas, y otra parte se aportaría con cargo a fondos propios o reservas


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¿Puede mi antigua empresa seguir utilizando mi cuenta de e-mail?

Recientemente me plantearon la cuestión de un trabajador, al que voy a llamar Pepito Perez que, tras más de un año fuera de su empresa, ha descubierto que dicha empresa mantiene activa a día de hoy su cuenta de correo electrónico.

Cuando trabajaba en dicha compañía, tenía una cuenta de e-mail corporativa, imaginemos que denominada pepito.perez@masa.es mientras que en su actual empresa ostenta una cuenta de e-mail denominada pepito.perez@fesa.es. Cuándo uno de sus contactos se equivocó al querer enviarle un mensaje a su actual cuenta, y por el parecido entre ambas se la envió a la primera, desde aquella cuenta le contestaron a su contacto.

Aquí fue cuándo este trabajador cuestionó a su anterior empresa, ¿por qué seguían teniendo abierta y operativa su cuenta de mail? ¿Esto es lícito?. La empresa contestó que dicha cuenta de e-mail es de su propio dominio y propiedad, y que además no la tenía activa sino redirigida a otro buzón de e-mail de la compañía, es decir, que si clientes o proveedores escribían a pepito.perez@masa.es aún más de un año después de abandona la empresa, estas comunicaciones llegarían automáticamente a otra cuenta desde donde se gestionaban posteriormente.

Con los nombres ficticios que estamos utilizando, está claro que se había cambiado de trabajar en Masa a trabajar en Fesa, que además en la realidad son empresas en competencia en la misma industria. Y el trabajador se sigue realizando hoy las mismas preguntas sobre la licitud de esta actuación de Masa.

Desde mi punto de vista, este tipo de proceder es absolutamente ilegal, en tanto lesiona dos bienes jurídicos distintos, protegidos en nuestro sistema legal:

  • La propia identidad del trabajador, mediante una suplantación de su identidad (art. 401 C.P.). Y es que la anterior empresa está usando un e-mail con su nombre y sus apellidos, y recibiendo comunicaciones dirigidas para él.
  • El secreto a la privacidad de las comunicaciones (art. 18 C.E.). Los mails que han llegado a Pepito Pérez son comunicaciones protegidas por su derecho constitucional a la privacidad.

Respecto de lo que alega la empresa, en tanto que se trata de una cuenta profesional sujeta a la propiedad e intereses de la empresa, y que por tanto puede gestionar, cabe decir:

  • En el caso de los mails no abiertos por su legítimo destinatario, están protegidos por lo previsto en el art. 18.3 CE ya indicado antes, por lo que solo podrían intervenirse mediante una orden judicial que respetase las garantías legales necesarias.
  • En el caso de los mail ya abiertos por su destinatario, esto es, aquellos que había abierto antes de dejar la empresa, rige la protección del artículo 18.1 C.E. sobre el derecho a la intimidad así como el art. 18.4 C.E. sobre el derecho a la protección de datos personales. por lo que su control e intervención por parte de la empresa solo serían posibles por causas muy justificadas, y probablemente también solicitando orden judicial para ello. Pero en ningún caso es factible sostener razones de ningún tipo para estar gestionando una cuenta de correo electrónico a nombre de un trabajador que lleva más de un año fuera de la empresa (y en otra empresa de la competencia).

Por tanto, los directivos de la empresa que han ordenado la gestión de esta cuenta de email del sr. Pepito Pérez habrán incurrido en el tipo penal previsto en el artículo 197.1 y 199.1 del Código Penal.

¿Y qué podía haber hecho la empresa? Pues si hubiese actuado de buena fe, y hubiesen deseado derivar de forma transparente las comunicaciones de clientes y proveedores a otra cuenta de mail de la compañía, podrían haber puesto una respuesta automática que derivase a aquellos que contactaban con Pepito Pérez a otra persona de contacto de la empresa. Pero dejarla abierta, derivando los mails de forma secreta a otro buzón desde el que se gestionaban, es un proceder oscuro e ilícito según todo lo explicado en el presente artículo.

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Urdangarín, recurso de apelación y medidas cautelares

Una de los grandes errores de la opinión pública es pensar que con la primera sentencia termina el proceso penal. Y es que los condenados tienen derecho a recurrir a una segunda instancia, y así ha pasado en el caso de Iñaki Urdangarin, que ha planteado un recurso de apelación contra su sentencia condenatoria.

Este no es un derecho exclusivo de Urdangarin, sino que el recurso de apelación penal asiste a cualquier ciudadano condenado en el proceso penal, tratando de garantizar sus derechos y libertades en el marco del pleno Estado de Derecho.

Es lo que se conoce como principio de doble instancia, previsto en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, y en el  Protocolo 7º del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, que en nuestro derecho positivo garantiza el sistema de recursos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El recurso  permite un nuevo examen o novum iudicium de las pruebas practicadas, así como de la valoración jurídica de las normas aplicadas en la sentencia recurrida.

En tanto que se resuelva el recurso de apelación, la sentencia de primera instancia puede quedar en suspenso, y a fin de asegurar que este período de tiempo no pueda ser aprovechado por los condenados para intentar eludir la acción de la justicia, llevando a cabo acciones que dificulten o imposibiliten que el proceso penal pueda cumplir su fin, como por ejemplo la ocultación de bienes, o la huida a un tercer país sin convenio de extradición, se podrán imponer a los condenados medidas cautelares, que con carácter instrumental (no son un fin en sí mismas, sino un instrumento de aseguramiento de que la condena pueda devenir firme), provisional (no son medidas definitivas, sino modificables según discurra el proceso) y de  homogeneidad (con las penas previstas en la sentencia recurrida) aseguren la efectividad de la sentencia.

La adopción de medidas cautelares requiere de la valoración de dos presupuestos:

1- “Fumus Boni Iuris” o aspecto de buen derecho: razonada atribución del hecho punible a una persona determinada, con un alto grado de probabilidad, así como a que el hecho en cuestión sea constitutivo de delito.

2.- “Periculum in Mora” que significa la existencia de un peligro cierto de fuga del imputado, o de la disposición del patrimonio en perjuicio del futuro cumplimiento de la sentencia.

En el caso de Iñaki Urdangarin la Audiencia Provincial de Palma no ha apreciado riesgo de fuga, por lo que ha denegado el ingreso en prisión provisional.

En tanto que se dilucida el recurso de apelación, podría haberse decretado como medida cautelar el ingreso en prisión, bajo el razonado juicio de los presupuestos antes indicados. Pero pensemos que la privación de libertad es la más grave de las penas que pueden imponerse a un ciudadano, y como ya hemos explicado antes la sentencia de primera instancia no es definitiva en tanto que no se confirme en segunda instancia una vez interpuesta la apelación.

Por ello, cada día lo jueces se enfrentan a este tipo de decisiones (meter a una persona en la cárcel para asegurar la efectividad del proceso, sabiendo que la revisión de la sentencia puede dar lugar a la revocación de esta pena, con el consiguiente daño a las libertades del encausado). Y en el caso que nos ocupa se ha valorado la inexistencia de peligro de fuga.

Desde luego puede parecer un error, si ahora el penado se da a la fuga, o aprovecha su libertad para alterar elementos del proceso. Pero la Audiencia ha debido realizar su juicio de probabilidades bajo el marco del Estado de Derecho y su decisión es legítima, y garantista con las libertades fundamentales.

Otro error de la opinión pública es el de pensar que Iñaki Urdangarín ha eludido la cárcel y no tendrá que cumplir su condena. Ni mucho menos es así. Como ya hemos indicado en tanto que se dilucida la apelación, la sentencia está en suspenso. Pero si la segunda instancia confirma las penas privativas de libertad, tendrá que entrar en la cárcel y cumplir sus penas.

En resumen, no existen indicios para pensar que el señor Urdangarín ha gozado de un trato de favor por parte de la justicia española que no habría tenido el común de los ciudadanos. Sino que se ha actuado como con cualquier otro condenado en primera instancia, y le han asistido los mismos derechos. De la misma manera, tendrá que cumplir sus penas si se confirman en segunda instancia. Lo preocupante de nuestra justicia es que se hubiese caído en el populismo de haberle tratado más gravosamente por ser un personaje público.


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Tres razones para recomendar un PPA

Los Planes de Previsión Asegurados (PPA) han tenido un importante crecimiento en los últimos años, pasando a ser uno de los productos más utilizados por los particulares para la gestión del ahorro y previsión de su jubilación. Como ponen de manifiesto los Informes Anuales de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones publicados hasta 2015, mientras que las cuentas de partícipes de planes de pensiones individuales (PPI) presentaban una tendencia negativa, los PPA crecían cada año.

Por tanto en poco más de una década (los PPA se lanzaron al mercado español en 2003) estos seguros de ahorro se han convertido en un producto estrella, retando de manera directa el señorío que los PPI ostentaban tradicionalmente en nuestro país.

¿Por qué recomendar un PPA frente al resto de opciones disponibles en nuestro mercado, como los PPI o los PIAS? ¿No gozan todos prácticamente de la misma fiscalidad y de las mismas ventajas para los ahorradores?

En mi opinión, hay tres atributos diferenciales de los PPA que convierten este producto en una muy buena opción, y que debemos tener en cuenta para recomendar a los clientes en nuestro asesoramiento financiero:

1- Rentabilidad Técnica Asegurada: Sin duda, esta es la principal característica diferenciadora de estos productos. Los PPA son seguros de vida-ahorro que por Ley deben contar con un interés técnico garantizado. En un escenario como el actual, donde apenas encontramos PPI de rentabilidad garantizada, esto es, que garanticen las aportaciones más una rentabilidad anual, el PPA satisface esta necesidad de contar con una rentabilidad fija y conocida de antemano para nuestra inversión. Así, el tomador de una póliza de PPA sabe desde el minuto cero la rentabilidad que le va a aportar su inversión.

Aquí debemos destacar que el interés técnico garantizado no se aplica sobre la prima bruta, sino que a la misma se le deben descontar los gastos administrativos y de comercialización. Habrá que conocer las políticas de las compañías aseguradoras y leer las pólizas con detenimiento, para dar un buen servicio a nuestros clientes, pero no obstante estos no suelen ser relativamente elevados, por lo que la mayor parte del interés técnico garantizado se traducirá en interés real para el cliente.

¿Cómo consiguen las compañías de seguros ofrecer un interés asegurado? Lo que hacen las compañías de seguros es diseñar una estructura de inversión en activos financieros mediante técnicas actuariales que garantizan el interés asegurado: normalmente construyen una cartera de renta fija pública y privada, y/o productos derivados con subyacente renta fija, y con un horizonte de inversión coincidente con el plazo del PPA (habitualmente 10 años); con el dinero de las primas de los clientes que suscriben el PPA realizan la inversión en dichos activos financieros. Diseñan una estructura de inversión que asegure al tomador del PPA que en el plazo marcado recuperará el 100 % de su inversión, más el interés pactado.

Este esquema actuarial es muy similar al de los seguros de vida, que invierten sus primas en carteras de activos reales y financieros. Pues a nadie escapa que el PPA es un seguro de vida-ahorro con un plazo temporal marcado para su vencimiento.

2 – Participación en Beneficios o Interés Técnico Adicional: Además de garantizar un interés anual durante los años de duración del PPA, una gran parte de ellos ofrecen un interés adicional, variable, denominado “participación en beneficios”.

Como decíamos en el párrafo anterior, las primas se invierten en una cartera predefinida de activos, mediante técnica actuarial-financiera. Y si bien con la estructura de inversión se asegura una rentabilidad mínima, los activos pueden generar una mayor rentabilidad de la asegurada. El tomador que haya suscrito un PPA con participación en beneficios tendrá derecho a este plus de rentabilidad cada año.

Por tanto, su beneficio total será la suma del interés técnico asegurado más la participación anual en beneficios generada por las inversiones del PPA.

3 – Cobertura por fallecimiento: Si el PPA incluye esta cobertura, y la mayor parte la suelen incluir, en caso de fallecimiento del titular asegurado, los herederos designados cobrarán el 100 % del capital, más el interés designado en la póliza.

Sin embargo, si en vez de tratarse de un PPA se tratase de un PPI, en caso de fallecimiento los herederos designados cobrarían el valor de mercado de las participaciones del PPI, por lo que si en ese momento su valor de mercado fuese inferior al valor de la aportación que realizó el titular, los herederos obtendrían un menor importe del invertido. Un riesgo que el PPA elimina y una nueva ventaja por tanto a su favor.

Así por tanto, podemos concluir que la estructura interna de los PPA garantiza una rentabilidad asegurada a los ahorradores, lo cual resulta muy atractivo en un entorno de incertidumbre y tipos de interés bajos. Y no solo garantiza dicha rentabilidad en el caso de la cobertura ordinaria de jubilación o invalidez, sino también en caso de fallecimiento. Otorgando además una rentabilidad adicional mediante la participación en beneficios. Si bien un PPI nos puede llegar a otorgar mucha más rentabilidad, un PPA se constituye por todo lo dicho en una gran opción de seguridad para los ahorradores.

El oro como inversión segura

Desde la más remota antigüedad, pocos son los bienes materiales que se han demostrado tan idóneos para mantener y rentabilizar el valor de una inversión como el oro. Es sin duda el rey de los activos reales de inversión, seguido quizá de la plata y los diamantes.

Todo patrimonio bien diversificado, es decir, con activos de baja correlación entre sí que reduzcan al máximo el riesgo total de la cartera, debería distinguir entre activos reales y activos financieros. Y dentro de los activos reales distinguiríamos a su vez entre bienes muebles y bienes inmuebles. Entre los bienes muebles que podemos utilizar para invertir con éxito una parte del patrimonio de nuestros clientes aquellos de mayor solera son el arte, las joyas y los metales preciosos.

¿A quién podemos recomendar el Oro?

Dentro de los activos muebles, el oro se configura como el activo idóneo que podemos recomendar a los clientes de perfil conservador, con un horizonte de inversión a largo plazo, alta aversión al riesgo y que buscan estabilidad en su inversión.

¿Dónde adquirir oro físico?

Podemos adquirirlo en cualquier joyería o establecimiento dedicado a la compraventa de oro, pero es necesario tener muy en cuenta el precio de mercado del oro en cada momento, dado que muchos de estos comercios mantienen unos precios superiores, por lo cual habrá de negociarse para no acabar comprando por encima del valor real.

En distintas páginas de internet podremos conocer la cotización de este activo. Por ejemplo en oro.bullionvault.es.

https://oro.bullionvault.es/Precio-del-oro.do

También existen plataformas especializadas como Auvesta, Apmex o Lingoro, en las cuales poder realizar la compraventa.

¿Cuál es la forma estándar de medir el oro?

La forma estandarizada es el Lingote. También conocido como Gold Bar, o Bullion, consiste en la fusión de este metal precioso en un molde rectangular, con un peso de 400 Oz según el standard Good Delivery. En la práctica existen moldes de distinto peso, para facilitar las transacciones físicas. El lingote debe contener grabado el nombre de su fabricante, su pureza y su peso.

La Onza troy es una medida inglesa de peso que se utiliza para el oro, equivaliendo 1 Oz a 31,1035 gramos. La onza general equivaldría a 28,35 gramos, pero se adoptó internacionalmente la Onza troy para medir el peso del oro. Así por tanto, un lingote con el standard Good Delivery pesa 12,4 kg.

La pureza o ley viene determinada por la proporción del oro puro dentro de la aleación del lingote. Se han utilizado diferentes medidas en distintos países y momentos, pero siempre se mide el ratio de oro puro en el conjunto de la estructura o lingote. Una medida utilizada para la pureza del oro y muy conocida es el quilate. Un quilate de pureza de oro equivale a una veinticuatroava parte de la aleación. Así por tanto, si un lingote de oro es de 18 quilates esto significa que 18 de las 24 partes en que se puede dividir el lingote son oro puro. Esto equivale al 75 % del mismo. También se utilizan a nivel legal y en muchos países las milésimas, donde 750 milésimas de ley indican que 750 partes de cada 1.000 son oro puro (75 %).

¿Y por qué no todo el lingote o estructura de oro que compramos es oro puro? Principalmente porque para estabilizar y fundir el oro se pueden utilizar otros metales en el proceso. En joyería es habitual utilizar otros metales como el paladio o la plata, por ejemplo para crear oro blanco. Incluso cuando no se utilizan otros metales, pueden existir impurezas en el oro, para ello se utiliza la media “N” o “de los nueves” (9), mediante la cual una pieza de oro del 99 % de pureza se denominaría como de 2N, y si fuese del 99,9 % sería 3N (se han llegado a crear piezas de 6N).

¿Dónde custodiar el oro físico?

Podemos guardarlo en cualquier lugar que nos resulte seguro, desde luego. Por ejemplo en nuestra residencia en una caja fuerte. También pueden utilizarse cajas de seguridad de las instituciones bancarias y de depósito.

Fiscalidad del oro

Si compramos oro de joyería, debemos pagar el tipo general del IVA (21%).

Si compramos oro de inversión, podremos acogernos al régimen especial tributario previsto para el mismo. Y es que para lograr que el oro se asimile a otros activos financieros o de inversión, la legislación fiscal exime del IVA al mismo cuando los lingotes o láminas de oro adquiridas sean de ley igual o superior a 995 milésimas, y cuyo peso se ajuste a lo dispuesto en el apartado noveno de la Ley del IVA.

¿Qué alternativas existen a la compra y custodia personal del oro físico?

Los operadores Auvesta, Apmex o Lingoro ofrecen además del servicio de compra un servicio de custodia, emitiendo certificados de titularidad que reflejan la propiedad de los lingotes a nombre de su legítimo propietario. Estos certificados por sí mismos pueden utilizarse como medio de intercambio. Existe también un mercado de certificados de oro: por ejemplo, en Bolsa de Madrid se cotiza un certificado de oro referenciado a la Onza troy de Societé Generale.

También pueden utilizarse instituciones de inversión colectiva. Existen ETFs y Fondos de Inversión que se dedican a invertir en oro físico, así como en empresas mineras dedicas a la extracción del oro (con lo cual su correlación con el precio del oro es alta).
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* Imagen| Creación propia

La obligación de identificación de la policía

Si bien los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad están al servicio del ciudadano, y por lo general dichos cuerpos están formados por gente excepcional que vela cada día por nuestra seguridad, actuando como magníficos profesionales, no es menos cierto que cualquiera de nosotros podemos vernos involucrados en una situación complicada en la que consideremos que el funcionario policial no está actuando de manera respetuosa con nuestros derechos y libertades.

Y es que los miembros de los distintos cuerpos policiales en un Estado de Derecho deben ser absolutamente respetuosos con nuestra libertad de circulación, nuestra integridad física o moral, y con nuestra presunción de inocencia. Y nosotros como ciudadanos debemos exigir a estos funcionarios que el respeto a nuestra integridad y derechos sea efectivo siempre que veamos una sospecha de amenaza en la actuación policial.

Tras una situación que consideremos puede incurrir en abuso judicial debemos dirigirnos para denunciarlo al Juzgado, o a cualquier cuerpo de policía (Policía Nacional, Guardia Civil, Policías forales, Policías locales).

Pero poder identificar de manera clara y precisa al agente público que creemos ha menoscabados nuestras libertades o derechos es la piedra angular del proceso.

Pensemos que las más de las veces este tipo de situaciones en las que creeremos necesario levantar la mano ante un posible abuso policial van a ser situaciones de tensión o violentas, y si no recabamos de forma adecuada la identificación del funcionario es posible que no podamos después identificar de forma concreta a dicho agente en sede judicial.

Por ello, dentro de lo posible es necesario mantener la calma, y preguntar al agente público su número de identificación. Así mismo, y puesto que se trata de una numeración que puede ser difícil memorizar en el mismo instante, deberíamos poder anotarlo (por ejemplo en el teléfono móvil, o en cualquier papel que tengamos a mano). Incluso tendríamos que pedirle a dicho agente su colaboración, para que nos facilite por escrito dicha identificación. Los servidores públicos no deberían tener problema en ello si no tienen nada que ocultar.

El artículo 18 del Real Decreto 1484/1987, de 4 de diciembre, sobre normas generales relativas a escalas, categorías, personal facultativo y técnico, uniformes, distintivos y armamento del Cuerpo Nacional de Policía, prescribe que <<Todos los uniformes llevarán obligatoriamente la placa-emblema del Cuerpo, con indicación del número de identificación personal, en el pecho, por encima del bolsillo superior derecho de la prenda de uniformidad.>>.

Así mismo, el artículo 21 del mismo Real Decreto establece los siguientes puntos:

<<1.- Los funcionarios que prestan servicio sin uniforme usarán como medio identificativo de su condición de Agentes de la Autoridad el carné profesional y la placa-emblema, cuando sean requeridos para identificarse por los ciudadanos o en los casos que sea necesario para realizar algún servicio.

2.- Los funcionarios que realizan servicio de uniforme acreditarán su condición de Agentes de la Autoridad con el mismo. No obstante, llevarán obligatoriamente el carné profesional, que será exhibido cuando sean requeridos para identificarse por los ciudadanos, con motivo de sus actuaciones policiales.

3.- Hallándose los funcionarios fuera de servicio, solamente podrán utilizar el carné profesional y la placa-emblema, excepcionalmente, cuando tengan que actuar en defensa de la Ley o de la seguridad ciudadana.>>

Por tanto, todo agente de policía está obligado a identificarse mediante la exhibición de su carné profesional a solicitud de todo ciudadano que se vea inmerso en una actuación policial.

Pero cabe preguntarnos ¿qué hacer si el policía se niega a facilitarnos su identificación? Deberíamos seguir los siguientes puntos:

  • Memorizar o anotar el número de matrícula de su vehículo.
  • Recabar testigos que después puedan confirmar nuestra solicitud de identificación y la negativa del agente.
  • Solicitar al agente que nuestra demanda de poner en conocimiento de su superior jerárquico la negativa de éste a identificarse.

Como decíamos al principio, siempre debemos presuponer que los agentes policiales cumplen de manera diligente con su trabajo, y si nos vemos involucrados en actuaciones policiales deberíamos confiar en su buen criterio.

Pero es importante que no olvidemos nuestros derechos, y que los hagamos siempre valer ante cualquier autoridad, y por ello pedir la identificación de los funcionarios policiales debe ser lo primero en cuánto percibamos que la actuación puede menoscabar nuestros derechos como ciudadano.

* Más información| Policía SeguridadPublica.es
* Imagen|Pixabay