Los procesos judiciales contencioso administrativos en España.

El objeto procesal en la jurisdicción contencioso administrativa lo constituye siempre una pretensión deducida en relación a la actividad de la administración pública: al acto administrativo, o bien al silencio administrativo, o a una actuación por la vía de hecho, o a la inactividad material. Siendo necesario no obstante en la mayor parte de los casos el agotamiento previo de los recursos en vía administrativa (es decir, no se puede acudir a la vía judicial en tanto no se haya intentado la solución por la vía del recurso administrativo).

La ley 29/98 regula todos los tipos de proceso contencioso administrativo, salvo el electoral.

1. Procedimiento ordinario.

Como su propio nombre indica, se trata del proceso que se seguirá de forma ordinaria cuando no sea de aplicación por la materia un proceso espacial, o bien el proceso abreviado.

Se inicia mediante escrito de interposición, que sirve para identificar la actuación recurrida, así como para que el órgano judicial reclame el expediente administrativo. Una vez remitido el expediente al juzgado es cuando se da traslado del mismo a las partes para formalizar la demanda.

El trámite de conclusiones no es extrictaménte necesario, y solo se realizará cuando lo pidan las partes o bien el órgano juzgador.

En el procedimiento contencioso administrativo hay una prueba esencial, el expediente administrativo, que relativiza en cierta medida las exigencias de la prueba testifical y de la prueba pericial a diferencia de lo que sucede en los procesos civiles, penales o laborales.

2. Procedimiento abreviado.

Es el que corresponde a aquellos casos en los que la cuantía litigiosa no excede de  30.000 € así como en los siguientes supuestos independientemente de su cuantía:

  • Inejecución de actos administrativos.
  • Extranjería.
  • Personal al servicio de la administración.
  • Disciplina deportiva.

El procedimiento abreviado se inicia directamente por demanda, sin tener a la vista el expediente administrativo (por ello en la vista se pueden introducir cuestiones nuevas tras conocer el expediente).

La vista es un acto concentrado donde se realiza la contestación a la demanda y se propone la prueba. Las partes deben llevar a la vista los medios de prueba de los que intenten valerse.

 

3. Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales.

En este procedimiento se pueden formular cualesquiera pretensiones, siempre y cuando el recurso tenga por finalidad restablecer o preservar los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

El escrito de interposición debe estar suficientemente fundamentado: se debe argumentar al menos la procedencia de este cauce procesal e identificarse el derecho o derechos lesionados.

Los plazos son mucho más breves que en el procedimiento ordinario.

En el caso de este recurso para protección de derechos fundamentales no es preciso agotar la vía administrativa.

4. Procedimiento para la protección del derecho de reunión.

Se englobaría dentro del proceso para la protección de derechos fundamentales del punto anterior, pero con peculiaridades importante: la extraordinaria premura necesaria en estos casos.

Interviene siempre el Ministerio Fiscal y contra la sentencia que se dicte sólo cabe recurso de amparo. El procedimiento es sumario en el sentido de que su objeto se halla limitado al mantenimiento o revocación de las prohibiciones o modificaciones propuestas por la autoridad administrativa.

5. Procedimiento sobre la cuestión de ilegalidad.

Cuando un Juez o Tribunal de lo Contencioso administrativo hubiere dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada (reglamento) deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposición, salvo que el propio órgano juzgador sea competente para ello, en cuyo caso la sentencia declarará la validez o nulidad de dicha disposición general. Por su parte, el Tribunal Supremo anulará cualquier disposición general cuando, en cualquier grado, conozca de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de aquella norma

6. Procedimiento de suspensión administrativa de actos y acuerdos.

Se seguirá este procedimiento en los casos en que, conforme a las Leyes, la suspensión administrativa de actos o acuerdos de Corporaciones o Entidades públicas deba ir seguida de la impugnación o traslado de aquéllos ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

El objeto del proceso es el acto suspendido. Se subordina a la presentación en un breve plazo de diez días desde la resolución o acto, de un recurso contencioso administrativo.

Interpuesto el recurso, se requerirá a la corporación o entidad que lo hubiera dictado para que en el plazo de diez días remita el expediente administrativo, alegue lo que estime conveniente en defensa de aquél y notifique a cuantos tuvieran interés legítimo.

La vista se celebrará como mínimo a los diez días de la puesta de manifiesto del expediente.

El órgano jurisdiccional podrá, motivadamente, sustituir el trámite de vista por el de alegaciones escritas.

Celebrada la vista o deducidas las alegaciones a que se refieren los apartados anteriores, se dictará sentencia por la que se anule o confirme el acto o acuerdo objeto del recurso, disponiendo lo que proceda en cuanto a la suspensión.

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Qué es la inflación y por qué tener en cuenta el IPC en los contratos

Ya estamos cerca de las fiestas navideñas, el turrón, el mazapán y el año nuevo, y entre otras cosas la llegada del uno de enero supone cada año la ejecución de una cláusula muy común en cientos de miles de contratos de arrendamiento o de los más variados servicios, la cláusula del IPC.

En todo contrato la revisión a inicio de año del IPC supone la actualización de la prestación económica prevista en dicho contrato en función del susodicho índice. Por todos es conocido que tan famosas siglas son el acrónimo de Índice de Precios al Consumo, nombre del índice económico calculado por el Instituto Nacional de Estadística y que pretende medir de manera aproximada la inflación.

Por tanto, la revisión por IPC permite a los titulares de dichos contratos tener en cuenta la inflación en las prestaciones económicas de estos servicios.

Pero ¿Qué es la inflación?

Podemos definir la inflación como la subida generalizada de los precios de los bienes y servicios de una economía en un período determinado. Popularmente se conoce como “la subida de la vida” o como “la subida media de la cesta de la compra”.

Aceptando esta definición entendemos mejor lo que pretenden las cláusulas contractuales del IPC, y no es más que las rentas o precios de los contratos suban cada año en función de lo que haya subido el nivel de precios de la economía nacional.

¿Cómo funciona el IPC?

Este índice oficial es un número índice estadístico que pretende medir la inflación en España. El año que se selecciona como año base es el que tiene valor 100, y dicho valor de 100 se otorga a la suma de los precios de un conjunto de bienes y servicio.

Si el año siguiente el conjunto de precios de los mismos bienes representa 101 ello significa que el coste medio ha subido en dicha proporción respecto de 100, y diremos que el IPC ha subido por tanto un 1%.

El significado práctico de esta subida es que los bienes que podíamos comprar con 100 unidades monetarias nos costará en el año siguiente 101 unidades monetarias. Nuestro poder adquisitivo ha disminuido porque con el mismo dinero solo podremos comprar menos cosas que el año anterior.

¿Qué se consigue con la revisión del IPC?

Veámoslo con un ejemplo fácil: si un propietario alquila un inmueble por 600 € al mes, con esta renta que cobra podrá comprar para su familia comida, bebida, gasolina para el coche, pagar recibos del agua, la luz o la calefacción por valor de dicho importe.

Pero si al año siguiente la inflación ha subido un 5 %, ello implicará que de media todos los bienes y servicios que adquiría mensualmente le costarán 630 €, por lo que si la renta mensual que él cobra no se ve revisada al alza en la misma proporción tendrá que reducir en 30 € el total mensual de bienes que antes adquiría con lo que cobra por el alquiler.

Sin embargo, si su contrato de arrendamiento incluye la cláusula de revisión, podrá mantener el volumen de bienes que mensualmente compra, dado que aunque los mismos bienes le cuesten 630 € él también pasará a cobrar tras la revisión del IPC esa misma cantidad.

¿Cómo proteger nuestros ahorros y nuestro capital del efecto de la inflación?

El mismo razonamiento que acabamos de ver para el ejemplo de un contrato de arrendamiento de un inmueble sirve en general para cualquier otro bien. Y es que si no protegemos nuestras rentas e ingresos de la subida de precios, el poder adquisitivo que nos otorgan dicho ingresos se verá mermado en la misma proporción que la tasa de inflación.

Esto no solo pasa evidentemente respecto de las rentas e ingresos, sino respecto de nuestros ahorros, dado que el importe de los mismos tendrá cada vez menor valor adquisitivo.

Si hoy tenemos 100.000 € ahorrados y con ellos podemos comprar un conjunto de bienes en la economía, en la medida en que a lo largo de los años el rendimiento de dichos ahorros no supere la inflación relativamente nuestros ahorros irán mermando.

Si en 10 años hemos obtenido una rentabilidad del 20% pero la inflación en dicho período ha sido del 10% el resultado es que la rentabilidad neta una vez descontada la inflación es del 10%. Esto es, nuestros ahorros pueden adquirir un 10% más de bienes respecto del momento inicial, dado que aunque se hayan incrementado un 20% el coste de la vida en el mismo período ha crecido un 10%.

¿Qué es lo que causa la inflación?

Este aumento generalizado de los precios a lo largo del tiempo en una economía que llamamos inflación parece intuitivamente tener su causa en el incremento que los empresarios y productores van realizando en los respectivos bienes y servicios. Una mirada superficial nos podría hacer creer que los vendedores de los bienes van subiendo poco a poco sus precios de forma más o menos organizada.

Pero esta no es realmente la causa de la inflación, no existe en la práctica tal situación, sino que los precios de los bienes suben o bajan en función de la demanda en el mercado de dichos bienes.

Es fácil constatar con un simple ejemplo que el azúcar no sube por una decisión arbitraria de un productor, sino que conforme a las más básicas reglas del mercado subirá: a) si se incrementa su demanda sin un aumento en paralelo de la oferta (por ejemplo, porque más fabricantes encuentran usos prácticos para el azúcar en sus procesos productivos, pero se mantiene la cantidad de azúcar ofertada en el mercado); b) si se reduce la oferta sin una reducción en paralelo de la demanda (por ejemplo, si la cosecha de remolacha para azúcar se ve mermada en un 50% por razones climatológicas, pero los fabricantes siguen necesitando la misma cantidad de azúcar que el año anterior).

Entendiendo que todos los bienes económicos están sujetos a estas leyes de oferta y demanda, se plantea esta cuestión que nos ocupa ¿cómo puede ser que en la inflación constatemos que los precios no paran de subir?.

Existen diferentes explicaciones para este fenómeno de la inflación en las diversas escuelas de pensamiento económico. Siguiendo los postulados de pensamiento económico de la escuela austríaca, que encuentran ya un antecedente la escuela de salamanca (s. XVI) podemos afirmar que la causa de la inflación es el aumento de la oferta monetaria. Si se pone más dinero en circulación sin que realmente se haya producido un crecimiento económico real, los precios de los bienes de dicha economía tenderán a subir.

Es decir, la explicación del incremento continuado de los precios no tiene su causa en los propios productos, sino en algo externo a dichos productos, en el dinero con el que adquirimos los productos.

Recurramos de nuevo a un ejemplo muy sencillo para intentar entenderlo: si en una economía hay 100 unidades monetarias en circulación, la totalidad de los bienes de la economía tenderán a tener un valor monetario de 100. Si el banco central emite 5 unidades monetarias más, sin que haya un crecimiento de la producción real de bienes, los precios de los bienes tenderán a subir a 105 para mantener en términos relativos su valor monetario.

Dado que la moneda actualmente en circulación es moneda fiduciaria, y no tiene ningún respaldo en bienes reales (por ejemplo, en oro) los bancos centrales pueden disponer un incremento de dinero en circulación. Generalmente este incremento tiene su origen en motivos políticos, para comprar deuda emitida por los gobiernos, que financian así sus expansiones y programas de gasto público. Al poner más dinero en circulación para comprar la deuda pública, incrementan la base monetaria y se produce la inflación de precios de los bienes de dicha economía. El proceso inflacionario tiende a ser rápido y a propagarse a lo largo de todos los bienes de la economía.


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Los procesos judiciales civiles en España

Vamos a estudiar de forma breve en este ensayo los asuntos y cuestiones que corresponden al orden jurisdiccional civil, así como los diferentes tipos de procesos judiciales a seguir.

Cuestiones reservadas a la Jurisdicción Civil.

El orden jurisdiccional civil, de acuerdo con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 45 a 62 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tiene encomendado el conocimiento de las siguientes materias:

1) Con carácter exclusivo: de los derechos reales y arrendamientos de inmuebles; las sociedades o personas jurídicas que tengan su domicilio en territorio español; la validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un Registro español; las patentes y derechos análogos; resoluciones judiciales y decisiones arbitrales dictadas en el extranjero.

2) Con carácter general: de las cuestiones relativas a los contratos.

3) En materia de declaración de ausencia o fallecimiento; en materia de incapacitación y de medidas de protección de la persona.

4) En materia de relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, nulidad matrimonial, separación y divorcio; en materia de filiación y de relaciones paternofiliales; para la constitución de la adopción; en materia de alimentos.

5) En materia de obligaciones contractuales; en las acciones relativas a bienes muebles.

6) En materia de sucesiones.

7) En materia de contratos de consumidores; en el caso de cualquier otro contrato de prestación de servicio o relativo a bienes muebles.

8) En materia de seguros.

9) En materias propias de Derecho mercantil, Derecho concursal y marcas de la Unión Europea.

Conforme al art. 45 LEC modificado por LO 7/2015 señala que:

  1. Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento, en primera instancia, de todos los asuntos civiles que por disposición legal expresa no se hallen atribuidos a otros tribunales.
  2. Conocerán, asimismo, dichos Juzgados:
  3. a) De los asuntos, actos, cuestiones y recursos que les atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial.
  4. b) De los concursos de persona natural que no sea empresario.

Tipologías de procesos jurisdiccionales civiles.

Respecto de los diferente tipos de procesos judiciales, debemos diferenciar en primer lugar entre los procesos  declarativos, que serían los generales, y los proceso denominados especiales.

  1. Procesos declarativos:
    1. Juicio ordinario
    2. Juicio verbal
  2. Procesos especiales:
    1. Procesos de familia: matrimoniales, menores, filiación e incapacidad.
    2. Procesos para la división de patrimonios: hereditario y régimen económico matrimonial.
    3. Procesos de comercio:
      1. Juicio monitorio.
      2. Juicio cambiario.

 

Juicio ordinario.

Se dirimirán en juicio ordinario las demandas relativas a las siguientes cuestiones:

1.º Derechos honoríficos de la persona.

2.º tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro derecho fundamental.

3.º Impugnación de acuerdos sociales.

4.º Competencia desleal ydefensa de la competencia, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame.

5.º Acciones relativas a condiciones generales de contratación.

6.º Asuntos relativos a arrendamientos urbanos o rústicos de bienes inmuebles, salvo que se refieran en exclusiva a reclamaciones de cantidad.

7.º Por acción de retracto de cualquier tipo.

8.º Relativas a la Ley de Propiedad Horizontal y juntas de propietarios.

Se decidirán también en el juicio ordinario las demandas cuya cuantía excedan de seis mil euros y aquéllas cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo relativo.

Juicio verbal.

Se trata de un proceso más rápido y sencillo que el juicio ordinario y se decidirán en juicio verbal, independientemente de su cuantía, las demandas siguientes:

1.º Reclamanción de cantidades por impago de rentas o cantidades debidas por el arrendatario o cualquier otro propietario.

2.º Recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca.

3.º Para recuperar la posesión de bienes a quien los hubiere adquirido por herencia si no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario.

4.º Para la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute.

5.º Para la suspensión de una obra nueva.

6.º Para la demolición o derribo de obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina y que amenace causar daños a quien demande.

7.º Por derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, cuando se demanden la efectividad de esos derechos.

8.º Las que soliciten alimentos debidos por disposición legal o por otro título.

9.º Las que supongan el ejercicio de la acción de rectificación de hechos inexactos y perjudiciales.

10.º Por incumplimiento por el comprador de las obligaciones derivadas de los contratos inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles.

11.º Por incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero, de arrendamiento de bienes muebles, o de un contrato de venta a plazos con reserva de dominio.

12.º Las que supongan el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios.

13.º Las que pretendan la efectividad de los derechos reconocidos en el artículo 160 del Código Civil.

En todo caso, se decidirán también en el juicio verbal las demandas cuya cuantía no exceda de seis mil euros y no se refieran a ninguna de las materias previstas para el Juicio ordinario.

Procesos de familia.

Las disposiciones del proceso judicial de familia serán aplicables a los siguientes procesos:

1.º Los que versen sobre la capacidad de las personas y los de declaración de prodigalidad.

2.º Los de filiación, paternidad y maternidad.

3.º Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio y los de modificación de medidas adoptadas en ellos.

4.º Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores.

5.º Los de reconocimiento de eficacia civil de resoluciones o decisiones eclesiásticas en materia matrimonial.

6.º Los que versen sobre las medidas relativas a la restitución de menores en los supuestos de sustracción internacional.

7.º Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores.

8.º Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción.

 

Procesos para la división judicial del Patrimonio.

Cualquier coheredero o legatario de parte alícuota podrá reclamar judicialmente la división de la herencia, siempre que esta no deba efectuarla un comisario o contador-partidor designado por el testador, por acuerdo entre los coherederos o por el Secretario judicial o el Notario.

La liquidación de cualquier régimen económico matrimonial que, por capitulaciones matrimoniales o por disposición legal, determine la existencia de una masa común de bienes y derechos sujeta a determinadas cargas y obligaciones se llevará a cabo, en defecto de acuerdo entre los cónyuges, con arreglo a lo dispuesto en el capítulo de la ley de Enjuiciamiento Civil para este tipo de procesos.

Juicio Monitorio.

Corresponde este proceso en los casos en los que existe una deuda y hay documentación que lo compruebe. La misma puede ser cualquier tipo de soporte, siempre que tenga la firma de quien debe o algún sello que lo avale.

Son admitidos los soportes electrónicos, certificaciones, facturas y albaranes de entrega. También se aplica en reclamaciones por parte de gastos comunes.

Su especialidad reside en que es más breve y sencillo que el proceso declarativo que correspondiese según cantidad, ya que el documento principal que de la deuda actúa como prueba en firme ejecutiva.

Juicio Cambiario.

Corresponde este proceso para los casos de cobro de documentos cambiaros con carácter ejecutivo e impagados: letras de cambio, pagarás o cheques.

Igual que en el caso del proceso monitorio, sus plazos son más reducidos y ágiles que los del proceso declarativo, y además los motivos de oposición a la demanda están tasados.


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Tres buenas razones para invertir en ETFs

Aunque los ETFs han adquirido un peso muy importante en el mercado financiero, llegando a alcanzar en Europa una cifra de 450.000 millones de euros, a la parte que suponen un total de dos billones de euros de ahorro invertido a nivel internacional, aún siguen siendo unos grandes desconocidos para muchos inversores particulares.

En este pequeño ensayo vamos a explicar brevemente en qué consisten, y vamos a dar tres buenas razones para utilizarlos en nuestras inversiones. Aunque primero parece recomendable recordar brevemente los conceptos básicos de este vehículo de inversión colectiva.

¿Qué es un ETF?

Su nombre es un acrónimo formado por las iniciales de su denominación en inglés, Exchange Trade Fund, que podemos traducir como fondo de inversión cotizado. Es decir, estamos antes fondos de inversión cuyas participaciones cotizan en la Bolsa, esto es, en el mercado secundario oficial, creando un híbrido entre los fondos y las acciones.

Primera Razón, la gestión pasiva.

Tenemos que traer aquí al frente otro concepto básico muy importante, concretamente el de que hay básicamente dos posibles estrategias de inversión en los mercados financieros:

  1. Gestión activa: existe una labor activa de análisis de los mercados, para determinar en qué valores o activos invertir, o bien cuáles hay que vender de los que ya hemos invertido, y en qué momento comprar o vender. Esta gestión intenta superar la rentabilidad media del mercado, para cuya medida se utiliza un índice como referencia del mercado. Por ejemplo, si en un fondo de gestión activa en las principales empresas cotizadas del mercado español su gestor ha logrado en el último año una rentabilidad del 5 % mientras que el índice de referencia de dicho mercado, el Ibex 35, ha logrado un 3,5 % de subida, entendemos que la gestión ha batido y superado en un 1,5 % de rendimiento al mercado. En definitiva, asume la premisa de que el análisis generará un mejor entendimiento de la información del mercado, pudiendo batirlo de manera recurrente.
  2. Gestión pasiva: es aquella que se limita a replicar el índice de mercado, por entender que intentar batir dicho rendimiento medio del mercado implica una gran cantidad de coste de análisis, y quizá un mayor riesgo, mientras que simplemente replicando el índice nos aseguramos su rentabilidad. Es decir, asume la premisa de que el mercado en sí mismo es eficiente, y el coste del análisis no nos va a permitir batirlo de manera recurrente. Replicar el índice ya implica por sí mismo diversificar e invertir en las empresas más representativas.

 

Era necesario especificar el concepto anterior ya que la mayor parte de los ETFs se construyen con un modelo de gestión pasiva, y están indexados a un índice, al cual replican. Por tanto, son el instrumento que nos permite realizar una gestión pasiva pura como inversores particulares, asegurando que la gestora del ETF revisará sus posiciones diariamente para que nuestra inversión replique la media del mercado, obteniendo por tanto su rendimiento medio, sin asumir mayores riesgos y sin asumir costes de análisis.

Segunda razón, la liquidez.

El alto grado de liquidez de los ETFs es su segundo principal atributo para optar por estos vehículos de inversión. Y es que su principal diferencia con los fondos ordinarios reside especialmente en la liquidez que les otorga cotizar en el mercado.

Y es que en los fondos tradicionales las participaciones se compran a la Gestora del Fondo, y su liquidez futura está supeditada a que dicha Gestora pueda asumir su compra posterior, o bien deshacer posiciones para poder atender las necesidades de venta del partícipe.

Sin embargo las participaciones de un ETF se pueden vender en todo momento en Bolsa, como las acciones o cualquier otro título cotizado.

Dado que la cartera de inversión del ETF se compone de los valores del índice al que replica, su liquidez es en esencia la misma de dicha cartera. Además, el acceso a esta liquidez está garantizado por medio de la figura de unos intermediarios especialistas que asumen el compromiso de ofrecer en todo momento precios de compra y venta de las participaciones del ETF durante las sesiones de mercado. De ello de hecho depende su admisión a cotización en el mercado oficial (en España BME) y su cumplimiento está también supervisado por el organismo rector de la Bolsa, lo cual es una garantía muy importante de dicha liquidez para los inversores.

Estos intermediarios especialistas que adoptan la función de “market makers” en los ETFs y que garantizan su liquidez suelen ser Bancos de inversión e instituciones financieras que tienen capacidad para otorgar en todo momento de las sesiones de mercado abierto precios de compra y venta de las participaciones del ETF en una horquilla (spread) determinada.

Tercera razón, la diversificación.

Apuntábamos ya en la primera de las razones para utilizar ETFs en nuestra inversión (gestión pasiva) que el invertir en el índice de mercado nos otorga por sí mismo una diversificación de nuestra inversión, ya que el propio índice está compuesto por una muestra representativa de este mercado al que nos indexamos.

Pero la razón que aquí queremos exponer como diversificación va más allá de ello, y es más elevada, porque lo que realmente nos permite el comprar participaciones de ETFs es el acceder a múltiples mercados a través de ETFs que replican diferentes índices internacionales.

Así por tanto, si creemos que USA y Europa deben tener un peso del 60% de nuestra cartera, pero el otro 40% lo tenemos que destinar a mercados emergentes, por ejemplo con un 20% en mercados de Sudamérica, un 10% en Indica y un 10% restante en Asia, podríamos ejecutar esta estrategia invirtiendo en ETFs que repliquen mercados norteamericanos, europeos y emergentes repartiendo la inversión entre ellos con la proporción descrita.

Es decir, invertir en diferentes ETFs internacionales nos permite diversificar por partida doble sin grandes costes de análisis y selección de valores: primero, cada ETF nos acerca a un país determinado; segundo, en cada uno de los ETFs estamos diversificando la inversión en aquél mercado.


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La diferencia entre Nación, País, Estado y Gobierno.

No pocas veces en los debates se tienden a confundir cuatro conceptos que, siendo muy distintos en la teoría política y en el Derecho, parecen muy similares en el ideario popular. Estos conceptos son los de Nación, País, Estado y Gobierno. En este pequeño ensayo vamos a abordar estos cuatro conceptos a fin de poder diferenciarlos entre sí adecuadamente, aclarando en qué consiste cada uno.

En primer lugar estaría el concepto de Nación, que consiste en un conjunto de personas que comparten unos rasgos culturales e históricos comunes, normalmente con una misma lengua, una misma religión, unas mismas tradiciones, e incluso similares rasgos antropológicos. La palabra nación se utilizaba ya en época romana, y proviene del latín nātio (derivado de nāscor, nacer), que significa nacimiento, étnica, especie o clase.

Por tanto como vemos el concepto de nación tiene una esencia emitentemente personal, referido a un grupo de ciudadanos. Un ejemplo sería el de la denominada “Nación Judía”, que une e identifica a todos los miembros del pueblo judío a nivel internacional, independientemente de que vivan en Israel o en cualquier otro país.

Llegamos así al segundo concepto en cuestión, el de País, que se refiere al territorio geográfico con características geográficas propias. Por lo tanto, mientras que veíamos que la nación hacía referencia a las personas, observamos ahora que el concepto de país se relaciona con un espacio físico determinado, que suele representarse a través de fronteras definidas que lo delimitan.

Esta palabra tiene su origen en la palabra francés “pays” y que se usaba para hablar de las regiones naturales de Francia: el País de Auge, País de Buch, País de Caux, País de Sault, Países del Loira o el País Vasco francés.

Un ejemplo dentro de España lo tendríamos en el País Vasco, que tiene históricamente una delimitación coincidente con los territorios geográficos correspondientes a las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

Finalmente llegamos así al concepto de Estado, que se refiere a la estructura política y de gobierno constituida por un determinado conjunto de personas que residen en un país o conjunto de países y que ostentan soberanía sobre dichos territorios, los cuales controlan estableciendo las fronteras con el resto del mundo y legislando internamente.

Así por tanto, el concepto de Estado se centra en la organización política que mantiene bajo su soberanía un territorio, así como bajo su control a todas las personas que se encuentran en dicho territorio.

El origen del Estado puede ser democrático, a través del acuerdo de la mayoría de ciudadanos para su constitución, y rigiendo un Gobierno que igualmente se elige de forma democrática. Si bien también puede tener su origen en la fuerza, por una guerra o por una revolución en la cual una parte de los ciudadanos se hace con el poder militar suficiente para imponer su control gubernamental territorial al resto de ciudadanos.

La forma de Estado es el concepto generalmente recogido en el derecho Constitucional que diferencia entre estado unitario, donde el pueblo, el territorio y el poder son uniformes, y estados complejos, que se dividirían a su vez en federal y confederal, teniendo cada estado federado su propia categoría de estado y su propio gobierno. El ejemplo más conocido de estado federal es del de los Estados Unidos de América (United States of América) constituido por cincuenta estados, con sus respectivos gobiernos, y un gobierno federal común radicado en el distrito federal de Washintong. El caso de España sería el de un estado unitario que reconoce gobiernos regionales en cada Comunidad Autónoma, pues a diferencia de USA, donde los estados previamente existentes se federaron o unieron, en España el Estado es único y previo, y en su organización interna adopta constitucionalmente el esquema de autonomías.

Finalmente, inherente al concepto de Estado encontramos el concepto de Gobierno, que es el conjunto de instituciones previstas para dirigir y controlar el Estado, y ocupadas por personas al cargo de dichos órganos institucionales.

En un sistema estatal democrático estas instituciones suelen estar compuestas por un jefe de Estado, un parlamento que ostenta el poder legislativo, un gobierno que ostenta el poder ejecutivo y un sistema judicial. Normalmente en elecciones los ciudadanos eligen los miembros que ocupan de forma temporal los diferentes órganos del Estado.


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La regla del 72 en finanzas

Todos los que hemos estudiado contabilidad conocemos a Fray Luca Pacioli, fraile franciscano italiano del s. XV a quien debemos el sistema contable de partida doble (el debe y el haber) que desde entonces se ha utilizado en todas las instituciones y compañías mercantiles.

Pero este monje no solo desarrolló la moderna contabilidad, sino que aportó obras tan importantes como la Divina Proporción, manuales de matemáticas y manuales de Ajedrez.

Entre todas sus aportaciones, queremos aquí destacar una muy importante, denominada “la regla del 72”. Se trata de un método de resolución de problemas financieros que se aproximó a los logaritmos casi un siglo antes de que Jhon Napier desarrollase la logarítmica.

Esta regla del 72 nos permite de forma muy sencilla calcular cuántos años necesitamos para duplicar nuestra inversión, o bien dado un plazo de años determinado a qué tipo de interés se tendría que reinvertir para duplicar la inversión.

Primero recordemos que nuestra inversión se puede capitalizar a interés simple o bien a interés compuesto. El interés simple significa que los interese se cobran por el inversor y no se reinvierten, por lo que la fórmula matemática para calcular el rendimiento sería

Donde Cn es el capital final obtenido, Co es el capital inicial invertido, “i” es el tipo de interés que se cobra, y “n” es el término temporal en el que se cobran intereses por dicha inversión.

Como vemos, calcular aquí cuánto se tardaría en duplicar la inversión es relativamente sencillo, dado que basta con realizar operaciones aritméticas simples.

Sin embargo, el interés compuesto implica que los intereses generados por la inversión se reinvierten al mismo tipo de interés. Así, la fórmula matemática sería como sigue:

Dado que en este caso del interés compuesto el factor tiempo actúa como exponente, puesto que los nuevos intereses generados cada cierto tiempo se añaden a la inversión inicial, calcular el plazo necesario para duplicar la inversión requeriría operaciones complejas que hoy resolveríamos con logaritmos.

Sin embargo, Fray Luca Pacioli nos dio la regla simple para calcular aritméticamente el plazo de tiempo para necesario para multiplicar por dos lo invertido. Basta con dividir 72 entre el tipo de interés (multiplicado por 100) y obtendremos el tiempo necesario.

Veamos cómo funciona con un ejemplo. Pensemos que invertimos 10.000 € a un tipo de interés compuesto anual del 4 %. Cada año aplicando la fórmula del interés compuesto ganamos 400 € por lo que el capital final tras la inversión de un año será de 10.400 €

Con la regla del 72 podemos calcular de forma rápida el número de años necesario para que este capital final de nuestro ejemplo sea al menos de 20.000 € habiendo duplicado con el tiempo la inversión inicial.

Procedemos a dividir 72 entre el tipo de interés en términos absolutos, es decir, entre 4, y obtenemos como resultado 18 años. Veamos cómo efectivamente el resultado es aproximadamente correcto.

Si probamos con cualquier otro tipo de interés, veremos que el número de años calculado siempre permite hacer duplicar la inversión según el tipo de interés compuesto utilizado.

A la inversa, si tenemos un capital y un plazo de tiempo durante el cual podremos invertirlo, también podemos calcular el tipo de interés compuesto al cual lo debemos invertir para duplicar la inversión en dicho tiempo. Sería tan sencillo como dividir 72 entre el número de años, y el resultado sería el valor en términos absolutos del tipo de interés a requerir para aproximadamente multiplicar la inversión por dos en el plazo de años que tendremos disponible el capital.

Por ejemplo, si durante 10 años que nos faltan para la jubilación vamos a disponer de 30.000 € ahorrados, ¿qué tipo de interés deberíamos requerir para duplicar este capital en el momento de jubilarnos?. Al dividir 72 entre 10 obtenemos 7,2 por lo que el interés que duplica esta inversión en 10 años es de 7,2%.

Cómo es posible que esta regla tan sencilla funcione? La respuesta es que si calculamos a qué exponente es necesario elevar la suma del tipo de interés porcentual más 1 para que el resultado sea 2, dicho exponente necesario será igual siempre al resultado de la fracción entre 72 y el tipo de interés (este último multiplicado por 100, no en términos porcentuales).  Este cálculo corresponde en las matemáticas modernas al campo de los logaritmos y del cálculo infinitesimal, pero el conocimiento de Fray Luca Pacioli nos lo brindó en forma de sencilla regla financiera hace ya cinco siglos.


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Breve historia del sistema monetario internacional

Denominamos “Sistema Monetario Internacional” al conjunto de normas que regulan los cobros y pagos que se producen en las transacciones comerciales y financieras a nivel internacional. Estas normas, plasmadas generalmente en convenios internacionales, permiten que el tráfico mercantil entre diferentes países y con diferentes monedas se desarrolle con liquidez, fluidez y seguridad entre las partes.

El comercio internacional, con la utilización de diferentes monedas, es tan antiguo como la propia historia de la humanidad. Puesto que cada pueblo políticamente organizado ha tendido a mantener su propia moneda, el intercambio de bienes entre diferentes Reinos, Estados o Naciones siempre ha requerido la necesidad de establecer una valoración adecuada.

Si bien nunca ha existido una única moneda internacional, el oro ha funcionado desde la antigüedad como principal moneda mundialmente admitida, junto con la plata en menor medida.

Pero la historia formal del Sistema Monetario Internacional se inicia en el año 1880 con la adopción del “Patrón Oro”. Este sistema fue teoriazado por David Hume en 1752. Su funcionamiento supone que:

  1. cuando un país A incurre en déficit comercial con otro país B, el oro de la economía A será trasladado hacia la economía B.
  2. Ello implica que la oferta monetaria de oro en A disminuya, por lo que sus precios también disminuirán (“ceteris paribus”, si con menos oro en el país hay los mismos bienes, el precio relativo de cada bien disminuye de valor).
  3. Por el contrario, en la economía B habrá mayor oferta monetaria, derivando en un aumento de sus precios. (“ceteris paribus”, si con más oro en el país hay los mismos bienes, el precio relativo de cada bien aumenta de valor).
  4. Estos cambios conllevan que los productos de A se abaratan en los mercados internacionales mientras que los de B se encarecen.
  5. Consecuentemente, el país A aumentará sus exportaciones (por volverse más “barato” para el resto de países) y el país B disminuirá las propias (por volverse más “caro” para el resto de países), haciendo que los flujos de oro se reviertan y que, teóricamente, se llegue a un punto de equilibrio en las ofertas monetarias de ambas economías.

En este sistema todos los billetes emitidos como dinero de curso legal eran cambiables directamente por la cantidad en oro que representaban en cualquier momento, lo cual implicaba que los Estados y Bancos Centrales emisores del dinero en billetes estaban obligados a tener un coeficiente de caja del 100%, garantizando con oro todo el dinero emitido. Siendo Robert Peel el Primer Ministro de Reino Unido se aprobó en 1844 la Ley de Banca, conocida después como Ley de Peel, que obligaba a las entidades bancarias a conservar en oro un coeficiente de caja del 100 % del dinero recibido.

Más tarde, en la Conferencia de Génova de 1922 se alcanzó un acuerdo internacional para abandonar el tradicional Patrón Oro, por el cuál todas las monedas eran convertibles en oro, sustituyéndose por el Patrón Cambio de Oro. Con este nuevo modelo solo el dólar y la libra esterlina eran directamente convertibles en oro, quedando el resto de monedas con una relación de cambio con la libra esterlina o el dólar.

Posteriormente, tras la recesión económica iniciada por el gran Crack de 1929 y durante el período de entreguerras, el sistema de Patrón de Cambio Oro dejó de utilizarse entre los países. En este escenario los grandes gobiernos comenzaron a emitir una gran cantidad de deuda pública para financiar programas públicos, y para financiar su actuación en la Guerra.

Tras las segunda guerra mundial los gobiernos de las grandes naciones volvieron a reunirse en 1944 en la conferencia de Bretton Woods, que buscando seguir flexibilizando las monedas para dar lugar a más deuda pública y a mayores expansiones crediticias bancarias, decidió que solo el Dólar serían convertible en oro, siendo el resto de divisas a su vez convertibles en dólares.

Se creó por los acuerdos de Bretton Woods el organismo denominado Fondo Monetario Internacional, con el objetivo de crear estabilidad monetaria y eliminar las restricciones de cambio que en su opinión dificultaban el comercio internacional. El valor de cada moneda se expreó en cantidades fijas de oro, y la base del sistema era la convertibilidad del dólar de Estados Unidos en oro a un tipo de 35 dólares la onza. El dólar se convertía en la moneda estándar internacional.

Sin embargo, en las décadas siguientes la presión de los gobiernos, que se veían constreñidos en sus políticas de gasto expansivo, desencadenó finalmente el abandono de este sistema de tipo de cambios fijo. Finalmente, el 15 de agosto de 1971 el Presidente Richad M. Nixon decreto que el Dólar dejaba de ser convertible en oro, ante la presión de flujos externos de capital y su deseo de ampliar el déficit comercial. En 1972 el gobierno de Reino Unido decretó también la libre flotación del valor de la Libra esterlina.

Definitivamente en 1973 se rompió el acuerdo de Bretton Woods y los tipos de cambio entre las monedas pasaron a ser flotantes. A día de hoy por regla general las monedas fluctúan libremente, salvo en algunos países (como China) mantienen restringida la fluctuación de sus monedas en una banda de valores determinada.

En el sistema de libre flotación, cada Banco Central emite la moneda que estima oportuna, sin ceñirse al patrón oro ni a un coeficiente de caja (ha día de hoy el coeficiente de caja exigido a los Bancos en la Zona Euro es del 2 % para los depósitos a menos de dos años, y del 0 % para pasivos de más largo plazo).


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Tipos de procesos judiciales penales en España

El proceso judicial penal por objeto la averiguación del delito, la identificación del delincuente y su grado de responsabilidad en el delito, así como la imposición de una pena, o una medida de seguridad y de una responsabilidad civil, en su caso, y también lograr la ejecución y efectivo cumplimiento de las consecuencias del delito o de la falta cometidos.

Nuestro sistema jurídico procesal penal contempla diferentes procedimientos penales en función de un doble criterio, existiendo un total de diez procesos penales diferenciados:

En función de la naturaleza y de la gravedad de la infracción.

  1. Juicio ordinario por delitos graves.
  2. Procedimiento ante el Tribunal del Jurado.
  3. Procedimiento abreviado.
  4. Juicio rápido.
  5. Juicio de faltas o de delitos leves.
  6. Proceso por aceptación de decreto.
  7. Procedimiento de decomiso autónomo.

En función de la condición y circunstancias personales de los responsables.

  1. Procedimiento de la Ley del Menor.
  2. Procedimiento contra Diputados o Senadores.
  3. Proceso penal militar.

 

  1. Juicio ordinario.

Es el proceso judicial penal reservado a los delitos castigados con pena privativa de libertad superior a nueve años, salvo que para un delito de estas características corresponda el proceso ante el Tribunal del Jurado. También se denomina juicio por delitos graves o sumario ordinario. Se desarrolla en Audiencia Provincial.

 

  1. Procedimiento del Jurado.

La competencia del Tribunal de Jurado se extiende al conocimiento de los procesos penales por homicidio (artículos 138 a 140 CP) y otros delitos que relaciona el artículo 1.2 LOTJ.

  • homicidio (artículos 138 a 140 CP);
  • amenazas (artículo 169.1º CP);
  • omisión del deber de socorro (artículos 195 y 196 CP);
  • allanamiento de morada (artículos 202 y 204 CP);
  • incendios forestales (artículos 352 a 354 CP);
  • infidelidad en la custodia de documentos (artículos 413 a 415 CP);
  • cohecho (artículos 419 a 426 CP); h) tráfico de influencias (artículos 428 a 430 CP);
  • malversación de caudales públicos (artículos 432 a 434 CP);
  • fraudes y exacciones ilegales (artículos 436 a 438 CP);
  • negociaciones prohibidas a funcionarios (artículos 439 y 440 CP);
  • infidelidad en la custodia de presos (artículo 471 CP).

El Tribunal del Jurado se compone de nueve jurados y un Magistrado-Presidente, integrante de la Audiencia Provincial

  • La función de los jurados consiste en emitir el veredicto, declarando probado o no probado el hecho justiciable, así como la culpabilidad o inculpabilidad de los acusados
  • Al Magistrado-Presidente le corresponde dictar la sentencia, en que recogerá el veredicto del jurado e impondrá la pena que corresponda.

 

  1. Procedimiento abreviado.

Es el proceso judicial penal que corresponde a los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración (art. 757 L.e.cr.).

Se desarrolla en los Juzgados de lo Penal cuando el delito está penado con multa o con hasta cinco años de privación de libertad, y en la Audiencia Provincial para delitos con penas más graves.

  1. Juicio rápido.

Se trata del proceso reservado a los delitos castigados con penas privativas de libertad de hasta cinco años, o cualquier otra pena (o penas conjuntas hasta diez años) en los que se presenta un atestado policial con las siguientes características:

  1. El delito o delitos en concreto son:
    1. lesiones, coacciones, amenazas, violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las personas a las que se refiere el art 173.2 C.P.; hurto, robo, delitos contra la seguridad del tráfico, hurto y robo de vehículos, delitos contra la seguridad del tráfico; delitos de daños del art 263 C.P.; delitos contra la propiedad intelectual de los art. 270, 273, 274 y 275 C.P.; delitos contra la salud pública del art. 368 C.P.
  2. En el atestado policial aparecen identificadas las personas a las que se atribuye el delito.
  3. Se trata de delitos flagrantes según lo previsto en el art. 795.1 LECrim.
  4. Se trata de un hecho punible cuya instrucción presumiblemente va a resultar sencilla, conforme al art. 795.1 LECrim.

Con carácter general, este proceso corresponde a los Juzgados de lo Penal, y su instrucción a los Juzgados de Guardia.

  1. Juicio de faltas o de delitos leves.

Corresponde al proceso judicial que se sigue para juzgar infracciones leves determinadas como faltas por el Código Penal. Estos juicios se llevan a cabo por parte del Juzgado de Paz, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer o el Juzgado de Instrucción, según el tipo concreto de falta.

Los órganos judiciales competentes son los Juzgados de Paz para las siguientes faltas:

  • deslucir bienes inmuebles de dominio público o privado, sin la debida autorización de la Administración o de sus propietarios (art. 626 CP);
  • abandonar jeringuillas, en todo caso, u otros instrumentos peligrosos, de modo o con circunstancias que pudieran causar daño a las personas o contagiar enfermedades, o en lugares frecuentados por menores (art. 630 CP);
  • maltratar cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente (art. 632 CP);
  • perturbar levemente el orden en la audiencia de un Tribunal o Juzgado, en los actos públicos, en espectáculos deportivos o culturales, solemnidades o reuniones numerosas (art. 633 CP);
  • amenazar de modo leve a otro con armas u otros instrumentos peligrosos, o sacar armas o instrumentos peligrosos en riña, como no sea en justa defensa, y salvo que el hecho sea constitutivo de delito (art. 620.1º CP), salvo cuando la víctima pertenezca al ámbito familiar;
  • causar a otro una amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve (art. 620.2º CP), salvo cuando la víctima pertenezca al ámbito familiar.

 

Los órganos judiciales competentes son los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en los siguientes casos:

  • Por las faltas contenidas en los títulos I y II del libro III del Código Penal (faltas contra las personas y faltas contra el patrimonio), cuando la víctima sea la esposa del autor, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.
  • Así también, cuando la falta se cometa sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género.

Por último, son competentes los Juzgados de Instrucción en el resto de faltas previstas en la legislación penal.

 

  1. Proceso por aceptación de decreto.

Es el proceso judicial penal que sirve para la resolución anticipada de las causas penales en el caso de delitos de menor entidad: tanto para los delitos leves como a los delitos menos graves que se encuentren dentro de su ámbito material de aplicación.

Permite la conversión de la propuesta sancionadora realizada por el Ministerio Fiscal en sentencia firme.

En cualquier momento después de iniciadas diligencias de investigación por la fiscalía o de incoado un procedimiento judicial y hasta la finalización de la fase de instrucción, aunque no haya sido llamado a declarar el investigado, podrá seguirse el proceso por aceptación de decreto cuando se cumplan cumulativamente los siguientes requisitos:

  1. Que el delito esté castigado con pena de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad o con pena de prisión que no exceda de un año y que pueda ser suspendida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Código Penal con o sin privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
  2. Que el Ministerio Fiscal entienda que la pena en concreto aplicable es la pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad y, en su caso, la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
  3. Que no esté personada acusación popular o particular en la causa.
  4. Procedimiento de decomiso autónomo.

Es el proceso judicial penal establecido para la agilización de los trámites que hayan de llevar a la incautación y privación de los bienes y efectos relacionados con el delito y, por otro, preservar las garantías de las personas demandadas como titulares aparentes de esos mismos bienes

Se utiliza para los bienes, efectos o ganancias que procedan de un hecho punible cuyo autor haya fallecido o no pueda ser enjuiciado por hallarse en rebeldía o por incapacidad para comparecer en juicio, es decir, sin condena previa; o bien que el Fiscal haya hecho reserva expresa, en el correspondiente escrito de acusación, de la acción para solicitar el decomiso de bienes para este procedimiento autónomo.

Esta acción de decomiso autónomo será ejercitada exclusivamente por el Ministerio Fiscal.

Serán citados a juicio en calidad de demandados los sujetos contra los que se dirija la acción por su relación con los bienes a decomisar.

 

  1. Procedimiento de la Ley del Menor.

Es el proceso penal que se sigue para la exigencia de la responsabilidad penal de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por hechos tipificados en el Código Penal o en otras leyes especiales como hechos constitutivos de delito o falta.

La competencia corresponde como regla general al Juzgado de Menores del lugar donde se

haya cometido el hecho delictivo.

 

  1. Procedimiento contra Diputados o Senadores.

Los Diputados y Senadores gozan de inmunidad parlamentaria, y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara parlamentaria respectiva.

Tienen un fuero especial ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por lo que solo esta Sala de lo Penal es competente para juzgar en materia penal a los Senadores y Diputados.

 

  1. Proceso penal militar.

Conforme al art. 117.5 CE dispone que “La Ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución”.

La jurisdicción militar tiene atribuido el conocimiento de la materia penal militar y de la materia contencioso-administrativa militar.

En cuanto a la materia penal militar, se concreta en el enjuiciamiento de los siguientes delitos:

  1. a) Los comprendidos en el código penal militar.
  2. b) Los cometidos durante la vigencia del estado de sitio que se determinen en la declaración de dicho estado.
  3. c) Los cometidos por militares españoles en misiones fuera del territorio nacional, de acuerdo con los tratados en que España sea parte.

En cuanto a la materia contencioso-administrativa militar, se concreta en el conocimiento de los recursos contra las sanciones impuestas en aplicación del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

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La volatilidad como medida del riesgo.

En la inversión en activos financieros, a pesar de que existen siempre muy diversos riesgos asociados a la inversión en función del tipo de activos en concreto, la palabra riesgo suele referirse en concreto al riesgo de que un activo cotizado pierda gran parte de su valor en el mercado.

¿Y cómo se mide ese riesgo de posibles bajadas en la cotización de un activo? A través de la volatilidad de la cotización, que se mide mediante la desviación estándar estadística.

Para entender correctamente este concepto debemos partir de la base de que la cotización de las acciones en Bolsa, como las de resto de activos financieros en cualquier mercado en el que coticen, pueden visualizarse como una serie estadística en la que cada punto o registro de la serie es un valor de cotización en un momento determinado del tiempo, normalmente en los días en los que opera el mercado.

Por ejemplo, tomemos la siguiente serie para la cotización del último año de las acciones de la compañía REPSOL que cotizan en la Bolsa de Madrid:

Entre el 2 de agosto de 2018 y el 2 de agosto de 2019 hay 256 cotizaciones, con un valor medio de 15,21 € por acción, siendo el valor máximo de la serie de 17,14 € y el mínimo de 13,28 €.

En dicha serie de valores podremos en primer lugar calcular la varianza (Φ2 ) que es la medida estadística de dispersión que nos indica el valor medio de dispersión de los registros respecto de su media. Es decir, si tomamos en nuestro ejemplo los 256 registros de cotizaciones, para calcular la varianza debemos: 1) calcular en cada valor su desviación de la media de 15,21 €; 2) elevar al cuadrado dichas desviaciones, porque habrá unas positivas (cuando el registro se desvía al alza respecto de la cotización media) y otros negativos (cuando el registro se desvía a la baja respecto de la cotización media); 3) calculamos la media de dichas desviaciones al cuadrado (valores positivos). El resultado de este cálculo de la varianza es de . . Se indica así (más/menos) dado que la media de desviaciones al cuadrado puede ser al alza o a la baja. La Varianza no tiene unidad al haberse perdido la misma al elevar al cuadrado para eliminar los valores negativos.

Ahora, a partir de la varianza, podemos ya calcular la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de dicha varianza  ) y que en nuestro ejemplo es 0,973 €. Esta es la volatilidad o riesgo medio que estamos asumiendo teniendo en cuenta los valores de la serie de cotizaciones de Repsol en nuestro ejemplo, y significa que a tenor de esto datos conocidos para nuestra inversión el valor tenderá a subir o bajar 0,973 €.

Continuando con este ejemplo práctico, si compramos acciones de Repsol con el valor de la última cotización de la serie, esto es, 13,82 € nuestro riesgo medio de bajada, aplicando la volatilidad calculada, implicaría que podrían de media bajar a 12,84 €. Así por tanto, la volatilidad sería en este caso del 7%.

Ahora cabe preguntarse ¿es muy elevada? Si comparamos el 7% que hemos calculado con la volatilidad anual medida en el índice IBEX 35 en el que se incluyen estas acciones, que está en torno al 14%, podemos afirmar que el riesgo de estas acciones es un 50% inferior al riesgo de su Benchmark, con lo cual parece una apuesta poco arriesgada.

Aunque siempre debemos fijarnos en esta volatilidad como medida del posible riesgo de caída de las acciones que compramos, debemos tener en cuenta que dicha volatilidad no representa solo una media de la potencial caída, sino que representa cuánto puede subir o bajar de media el valor según la serie histórica de su cotización. Por lo tanto, el 7% también puede decirnos cuanto puede subir de media el valor de las acciones de Repsol en nuestro ejemplo. Aunque debemos repetir que la prudencia pasa por tener en cuenta la volatilidad como medida del riesgo, y realizar un análisis fundamental adecuado para predecir la posible subida que pueda tener el valor.

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