Los procesos judiciales contencioso administrativos en España.

El objeto procesal en la jurisdicción contencioso administrativa lo constituye siempre una pretensión deducida en relación a la actividad de la administración pública: al acto administrativo, o bien al silencio administrativo, o a una actuación por la vía de hecho, o a la inactividad material. Siendo necesario no obstante en la mayor parte de los casos el agotamiento previo de los recursos en vía administrativa (es decir, no se puede acudir a la vía judicial en tanto no se haya intentado la solución por la vía del recurso administrativo).

La ley 29/98 regula todos los tipos de proceso contencioso administrativo, salvo el electoral.

1. Procedimiento ordinario.

Como su propio nombre indica, se trata del proceso que se seguirá de forma ordinaria cuando no sea de aplicación por la materia un proceso espacial, o bien el proceso abreviado.

Se inicia mediante escrito de interposición, que sirve para identificar la actuación recurrida, así como para que el órgano judicial reclame el expediente administrativo. Una vez remitido el expediente al juzgado es cuando se da traslado del mismo a las partes para formalizar la demanda.

El trámite de conclusiones no es extrictaménte necesario, y solo se realizará cuando lo pidan las partes o bien el órgano juzgador.

En el procedimiento contencioso administrativo hay una prueba esencial, el expediente administrativo, que relativiza en cierta medida las exigencias de la prueba testifical y de la prueba pericial a diferencia de lo que sucede en los procesos civiles, penales o laborales.

2. Procedimiento abreviado.

Es el que corresponde a aquellos casos en los que la cuantía litigiosa no excede de  30.000 € así como en los siguientes supuestos independientemente de su cuantía:

  • Inejecución de actos administrativos.
  • Extranjería.
  • Personal al servicio de la administración.
  • Disciplina deportiva.

El procedimiento abreviado se inicia directamente por demanda, sin tener a la vista el expediente administrativo (por ello en la vista se pueden introducir cuestiones nuevas tras conocer el expediente).

La vista es un acto concentrado donde se realiza la contestación a la demanda y se propone la prueba. Las partes deben llevar a la vista los medios de prueba de los que intenten valerse.

 

3. Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales.

En este procedimiento se pueden formular cualesquiera pretensiones, siempre y cuando el recurso tenga por finalidad restablecer o preservar los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

El escrito de interposición debe estar suficientemente fundamentado: se debe argumentar al menos la procedencia de este cauce procesal e identificarse el derecho o derechos lesionados.

Los plazos son mucho más breves que en el procedimiento ordinario.

En el caso de este recurso para protección de derechos fundamentales no es preciso agotar la vía administrativa.

4. Procedimiento para la protección del derecho de reunión.

Se englobaría dentro del proceso para la protección de derechos fundamentales del punto anterior, pero con peculiaridades importante: la extraordinaria premura necesaria en estos casos.

Interviene siempre el Ministerio Fiscal y contra la sentencia que se dicte sólo cabe recurso de amparo. El procedimiento es sumario en el sentido de que su objeto se halla limitado al mantenimiento o revocación de las prohibiciones o modificaciones propuestas por la autoridad administrativa.

5. Procedimiento sobre la cuestión de ilegalidad.

Cuando un Juez o Tribunal de lo Contencioso administrativo hubiere dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada (reglamento) deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposición, salvo que el propio órgano juzgador sea competente para ello, en cuyo caso la sentencia declarará la validez o nulidad de dicha disposición general. Por su parte, el Tribunal Supremo anulará cualquier disposición general cuando, en cualquier grado, conozca de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de aquella norma

6. Procedimiento de suspensión administrativa de actos y acuerdos.

Se seguirá este procedimiento en los casos en que, conforme a las Leyes, la suspensión administrativa de actos o acuerdos de Corporaciones o Entidades públicas deba ir seguida de la impugnación o traslado de aquéllos ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

El objeto del proceso es el acto suspendido. Se subordina a la presentación en un breve plazo de diez días desde la resolución o acto, de un recurso contencioso administrativo.

Interpuesto el recurso, se requerirá a la corporación o entidad que lo hubiera dictado para que en el plazo de diez días remita el expediente administrativo, alegue lo que estime conveniente en defensa de aquél y notifique a cuantos tuvieran interés legítimo.

La vista se celebrará como mínimo a los diez días de la puesta de manifiesto del expediente.

El órgano jurisdiccional podrá, motivadamente, sustituir el trámite de vista por el de alegaciones escritas.

Celebrada la vista o deducidas las alegaciones a que se refieren los apartados anteriores, se dictará sentencia por la que se anule o confirme el acto o acuerdo objeto del recurso, disponiendo lo que proceda en cuanto a la suspensión.

* Más información| Guias Jurídicas Wolters Kluver  BOE 
* Imagen| Pixabay

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