Los Recursos Administrativos a disposición del ciudadano.

En nuestro país la intervención de las administraciones públicas en nuestra vida diaria es intensa. Tenemos un gobierno central, un gobierno en cada autonomía, diputaciones provinciales y gobiernos locales en nuestros ayuntamientos, que a su vez cuentan con decenas de organismos (ministerios, secretarías, delegaciones, consejerías, concejalías, empresas públicas, etc..),  y todos ellos se afanan por intervenir cada día en nuestra esfera personal y patrimonial, respecto de multitud de temáticas: vivienda, sanidad, educación, suministros, servicios municipales, agricultura, industria, comercio, urbanismo, o tráfico, por indicar algunos ejemplos.

Logotipo_del_Ministerio_de_Administraciones_PúblicasPor ello es absolutamente necesario que el ciudadano conozca cómo puede recurrir los actos de las administraciones públicas, esto es, el sistema de recursos administrativos. Su principal regulación legal se encuentra en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proceso Administrativo Común (Capítulo II, arts. 107 y ss).

¿QUÉ ACTOS ADMINISTRATIVOS PODEMOS RECURRIR?

  1. Las resoluciones y los actos de trámite, si éstos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos
  2. Los actos que incurran en nulidad de pleno derecho:
  • Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
  • Lo que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
  • Los que tengan un contenido imposible.
  • Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
  • Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
  • Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
  • Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.
  • También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
  1. Los actos que incurran en anulabilidad:
  • Los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
  • El defecto de forma determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
  • La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

¿QUÉ ACTOS ADMINISTRATIVOS NO PODEMOS RECURRIR?

  1. Las disposiciones administrativas de carácter general (como un Reglamento, una Circular, etc…).
  2. Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno. En particular, en la Administración General del Estado:
  • Los emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares.
  • Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal.
  • En los organismos públicos adscritos a la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa.

TIPOS DE RECURSOS

  1. Recurso de Alzada.
  2. Recurso Potestativo de Reposición.
  3. Recurso Extraordinario de Revisión.

RECURSO DE ALZADA

Es el recurso ordinario que se debe interponer contra las resoluciones y actos que antes hemos citado como recurribles.

Se denomina “de alzada” porque se interpone contra el órgano inmediatamente superior a aquél que dictó la resolución o acto recurrido. Si no existiese un órgano superior, se deberá interponer Recurso Potestativo de Reposición.

Están legitimados para interponer este recurso los interesados en el acto administrativo.

Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.

b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.

c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

También estarán legitimadas las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, que serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.

Por último, cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.

El recurso se presenta mediante una solicitud que reúna los requisitos del artículo 110 de la Ley 30/1992 : datos de identificación del recurrente, el acto que se recurre y la razón de la impugnación, domicilio para su notificación, lugar, fecha y firma del recurrente, unidad administrativa al que se dirige así como demás particularidades exigidas, en su caso, por disposiciones específicas.

Escuela_Superior_de_Administración_Pública_logoEl Plazo para interponerlo es de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

Por su parte, la administración recurrida cuenta con un plazo de tres meses para dictar y notificar la resolución al recurso. Transcurrido este plazo sin resolución se podrá entender desestimado el recurso.

Contra su resolución cabe Recurso Postestativo de Reposición, en vía administrativa, o bien acudir a la vía judicial.

RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN.

Se interpone contra los actos que pongan fin a la vía administrativa, y que serán los siguientes:

  1. Las resoluciones de los Recursos de Alzada.
  2. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico (salvo que una Ley estableciese lo contrario).
  3. Las resoluciones de los órganos administrativos cuándo, teniendo un superior jerárquico, se haya dispuesto por Ley o reglamento que deben ser recurridas en Reposición.
  4. Las resoluciones de los procedimientos de impugnación a que se refiere el artículo 107.2 de la Ley 30/1992 (según redacción Ley 4/1999, de 13 de enero).
  5. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

Este recurso se denomina “Potestativo” porque es potestad del interesado el interponerlo en vía administrativa, o acudir directamente a la vía judicial (mediante recurso contencioso-administrativo).

Las personas legitimadas para interponerlo son los interesados, según lo que ya hemos expuesto en el Recurso de Alzada.

Se inicia por escrito que contendrá requisitos similares a los explicados en el Recurso de Alzada.

Los plazos para interponer este recurso, por parte del recurrente, y para su resolución y notificación, por parte de la administración recurrida, son similares a los indicados también en el Recurso de Alzada. Contra su resolución cabe acudir a la vía judicial.

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN.

Está dirigido a revisar los actos firmes en vía administrativa por el órgano que lo dictó, y se puede interponer contra los actos que agotan la vía administrativa o contra los que no se haya interpuesto recurso administrativo en plazo.

Pero tiene carácter extraordinario, porque solo puede interponerse contra actos que concurran en alguna de las causas tasadas a que alude el artículo 118 de la Ley 30/1992:

  • Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
  • Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
  • Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
  • Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

Las personas legitimadas son los interesados en el acto administrativo, según lo ya expuesto más arriba para el Recurso de Alzada, y la forma de inicio es por escrito con similares requisitos.

Respecto del plazo que tiene el interesado para interponerlo, cuando se trate de la primera causa de las expuestas, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.

La administración recurrida cuenta con tres meses para resolver y notificar la resolución.

Contra su resolución cabe acudir a la vía judicial.

Vía | Ministerio del Interior

Más Información | Revisión   Alzada  Reposición  Ley 30/92

Imágenes | Wikimedia  Wikimedia  Pixabay

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