Acción, Jurisdicción y Proceso

El Derecho Procesal es la rama del Derecho que se ocupa de los procesos jurisdiccionales y arbitrales necesarios para el efectivo cumplimiento del derecho material.

La Ley, los contratos, los cuasicontratos, los actos y omisiones ilícitos, y los actos y omisiones en los que interviene culpa o negligencia hacen nacer para las personas obligaciones y derechos. Cuándo dichas obligaciones y derechos no se cumplen de manera voluntaria, existe discrepancia entre las partes intervinientes, o se incumplen los mandatos legales, el Derecho Procesal contiene las normas y principios necesarios para obtener dicho cumplimiento, mediante la regulación de la totalidad del proceso necesario para ello.

Por ejemplo: cuándo el comprador incumple el segundo plazo de pago previsto en el contrato de compraventa, alegando que el vendedor no entregó el bien objeto del contrato en tiempo y forma, el Derecho Procesal Civil prevé el plazo y forma que tienen las partes para solicitar al Juez el cumplimiento, cuál será el Juzgado al que deben dirigirse, la forma y plazo de la parte demandada para contestar a la demanda, la forma en que se desarrolla el juicio, o el plazo del Juez para dictar sentencia, así como los distintos recursos que caben contra dicha sentencia.

justicia

Otro ejemplo: cuándo existen distintos indicios que apuntan a una persona como sospechosa de asesinato, el Derecho Procesal Penal regula la forma y garantías en que deberá tratarse al sospechoso, el plazo máximo de la prisión provisional, la labor del juez de instrucción para investigar el delito, o la forma en que será juzgado en caso de declararse imputado.

Podemos comprender el Derecho Procesal como derecho adjetivo, frente al derecho material (civil, penal, administrativo) que podríamos denominar derecho sustantivo.

Todo el Derecho Procesal se mueve sobre tres instituciones fundamentales: La Acción, la Jurisdicción y el Proceso.

La ACCIÓN.

La acción es la potestad que asiste al titular de un derecho para reclamar sus legítimas pretensiones en sede judicial.

La acción es la llave del proceso. “Nemo iudex sine actore” (no puede existir un proceso si no hay actor) y “nemo procedat iudex iure ex oficio” (no puede existir un proceso de oficio), aforismos que tienen su origen en el Derecho Romano, describen cómo el actor debe contar con una acción para poder elevar su reclamación a un tribunal.

La acción como derecho adjetivo se deriva de la esfera del derecho sustantivo del actor. Todo sujeto de derecho posee la capacidad de solicitar sus legítimas pretensiones, si entiende que éstas no se cumplen en la práctica, y dicha capacidad es la acción. El proceso por tanto no nace “per se” sino que debe ser invocado por el actor que posee dicha acción.  Por ejemplo, la acción de rescisión asiste al contratante que entiende que la otra parte del contrato no cumple con sus obligaciones.

La acción se instrumenta en la práctica procesal a través de la Demanda, la Querella, o los Recursos, cuándo las partes hacen valer sus pretensiones en sede judicial a lo largo del proceso.

ley 1

La JURISDICCIÓN.

La jurisdicción comprende de manera genérica la instancia judicial (o arbitral) a la que el actor se dirige al interponer las acciones pertinentes, con poder y legitimidad para resolver el conflicto jurídico que se le expone, vía auto, sentencia o laudo, y con capacidad de hacer cumplir lo juzgado.

La jurisdicción es territorial (juzgado local, o provincial, o estatal, o internacional) y por materia (civil, penal, social, contencioso-administrativa, laboral, constitucional, militar).

El poder de los juzgados estatales viene determinado por la Constitución de cada país, y deriva del propio poder de coacción del Estado. En el caso de los organismos internacionales, este poder nace de los convenios y resoluciones a las que cada Estado se encuentra acogido. Cuándo se trata de órganos arbitrales, igualmente las partes han de haber reconocido la legitimidad del mismo y su sometimiento voluntario a la decisión del árbitro, juez o tribunal.

La jurisdicción comprende también la organización y funcionamiento de toda la maquinaria administrativa que conforma los juzgados, tribunales y órganos arbitrales. Por ejemplo, en España la Ley Orgánica del Poder Judicial, y los reglamentos que la desarrollan, son normas de Derecho Procesal que regulan el status y funciones de los órganos judiciales y de sus funcionarios, así como la delimitación de la jurisdicción de cada órgano, y las materias para las que es competente.

El poder de la jurisdicción reside en última instancia en que sus resoluciones posean la naturaleza de “cosa juzgada”: la sentencia emitida se convierte en realidad jurídica última, pudiendo crear y extinguir obligaciones para las partes. Igualmente, la jurisdicción abarca la ejecución de sus resoluciones, mediante la vía coactiva si fuese necesaria, pues de otra manera sus resoluciones serían meramente declarativas.

El PROCESO.

El proceso es el conjunto de actos que conforme a la normativa procesal se llevan a cabo desde que el actor expone sus pretensiones a través de la acción, hasta que la jurisdicción competente emite su sentencia, y en caso de ser necesario actúa en vía ejecutiva para obtener el cumplimiento de la misma.

Así por tanto, es la hoja de ruta que de manera formal y preestablecida guía a las partes intervinientes y a los órganos jurisdiccionales, dictando las formas y tiempos en las que cada uno debe o puede actuar, para conseguir el objetivo buscado, la justa resolución jurisdiccional.

Maccari-Cicero

Así todo ello, no existiría un sistema jurídico realmente efectivo si los derechos materiales no pudiesen alegarse (acción) en vía judicial (jurisdicción) con una forma definida de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (proceso).

Imágenes | pixabay

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