Prescripción y Caducidad en nuestro Código Civil

Una de las cuestiones más importantes en Derecho es saber diferenciar correctamente entre prescripción y caducidad, ya que se trata de dos instituciones jurídicas que, aunque pueden a veces confundirse, tienen una naturaleza y unos efectos totalmente distintos.

1. Prescripción.

La prescripción es la forma de terminación de las obligaciones por su no ejercicio en un plazo de tiempo determinado. Es decir, supone la extinción de los derechos subjetivos o acciones que corresponden a una persona por el hecho de no haber ejercitado los mismos en un período de tiempo concreto.

En la etapa clásica del Derecho Romano las acciones eran perpetuas, si bien conforme fue evolucionando empezaron a señalarse plazos de prescripción. Por ejemplo, la “quereia inofficiosi testamenti” debía intentarse en un plazo de cinco años, y las acciones concedidas por el Pretor debían ser usadas dentro del plazo de un año. Finalmente, la Constitución del emperador Teodosio II del año 424 d.C. estableció la prescripción de todas las acciones a los 30 años.

ley 1La razón fundamental que con toda probabilidad conllevó el desarrollo de la institución de la Prescripción fue la seguridad jurídica, es decir, que el acreedor que no hacía uso de sus facultades durante un dilatado plazo de tiempo liberaba con su “non facere” al deudor de sus obligaciones. De otra manera, existiría la inseguridad continua en el tráfico jurídico de que hoy me pudiesen reclamar una obligación de hace cincuenta años, por ejemplo.

En nuestro Derecho Civil, la prescripción viene regulada en los artículos 1961 y ss del Código Civil, que señalan que las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley.

Aunque se habla de acciones en sentido genérico, el Código Civil se refiere a los derechos subjetivos patrimoniales: los derechos reales y los derechos de crédito.

Se establecen cuatro requisitos para que opere la prescripción extintiva:

  • Que el derecho no haya sido ejercitado, habiendo podido hacerse por su titular.
  • Que transcurra el período de tiempo legalmente determinado.
  • Que se alegue judicialmente una vez prescrito.
  • Que no haya existido una renuncia a la prescripción por parte de su titular.

El plazo de prescripción se inicia desde el día en que pudiesen haber sido ejercitados los derechos.

En el Código Civil se indican los distintos plazos legales establecidos para la prescripción de los derechos reales y los derechos de crédito.:

  1. Las acciones reales sobre bienes inmuebles prescriben a los treinta años (arts. 1.957, 1.959 y 1.963 Cc)
  2. La acción hipotecaria prescribe a los veinte años (art. 1964 C.C.)
  3. Las acciones reales sobre bienes muebles prescriben a los seis años de pérdida la posesión, salvo que el poseedor haya ganado por menos término el dominio conforme al artículo 1955, y excepto los casos de extravío y venta pública, y los de hurto o robo (art. 1.962 Cc).
  4. El plazo general de prescripción de las obligaciones cuando no haya ninguno señalado es de cinco años (art. 1964 C.C.) Este plazo se instauró por la Ley 42/2015 siendo anteriormente de quince años, por lo que debe tenerse en cuenta el régimen transitorio previsto en esa misma ley:
  • Acciones derivadas de relaciones jurídicas nacidas entre el 7-10-2000 y el 7-10-2005: seguirá vigente el régimen legal anterior, siendo el plazo de quince años.
  • Acciones derivadas de relaciones jurídicas nacidas entre el 7-10-2005 y el 7-10-2015:  se aplicará el nuevo régimen de prescripción de cinco años, prescribiendo el día 7-10 -2020.
  • Acciones derivadas de relaciones jurídicas nacidas a partir de 7-10-2015: se aplica el nuevo plazo de prescripción de cinco años

La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.

La prescripción no solo puede ser de carácter extintivo, como la que acabamos de estudiar, sino que también puede ser adquisitiva, siendo entonces denominada Usucapión. Se trata dicha institución de la adquisición del derecho real de propiedad sobre un bien mueble o inmueble por su pacífica y pública posesión, como si hubiese sido su propietario, durante un plazo determinado de tiempo. En la usucapión mobiliaria el tiempo que ha de durar la posesión es de tres o seis años, según se trate de una usucapión ordinaria o extraordinaria. En la usucapión inmobiliaria el tiempo es de diez o veinte años si la usucapión es ordinaria y de treinta si es extraordinaria.

2. Caducidad.

La caducidad por su parte es una construcción doctrinal y jurisprudencial, que impone también un límite de tiempo al ejercicio de los derechos, en aras igualmente a la seguridad jurídica, y que opera sobre acciones de impugnación de una determinada situación jurídica.

La institución de la caducidad se encuentra por primera vez recogida en el Código Napoleónico, en la parte de testamentos, y de ahí se extendió al resto de Derechos occidentales; si bien se cree que con anterioridad se había aplicado por jueces y jurisconsultos en la práctica legal.

Los derechos que según extensa doctrina y jurisprudencia caducan son las acciones judiciales que tienen por objeto impugnar una determinada situación jurídica. La acción de nulidad de un contrato sería objeto por ejemplo de caducidad.

Muy ilustrativa resulta, para entender la caducidad frente a la prescripción, la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 1978, que señala que:

  • la caducidad se refiere a a la duración del derecho y la necesidad de que el derecho se ejercite en un determinado plazo permaneciendo hasta entonces en situación expectante.
  • mientras que la prescripción se refiere a la acción más que al derecho en sí, siendo establecida por la ley con fines de seguridad jurídica como sanción a la falta de ejercicio por su titular.

A diferencia de la interrupción de la prescripción, que supone que su computo se inicie newtons-cradle-256213_960_720de cero tras ser interrumpida, los plazos de caducidad no se “reinician” con su interrupción; o dicho de otra manera, los plazos de caducidad no se interrumpen cuándo son alegados, siguen corriendo.

Otra diferencia importante es que la prescripción como dijimos debe ser alegada a instancia de parte, no pudiendo el juez si no tenerla en cuenta, mientras que la caducidad si puede apreciarse de oficio por el tribunal.

Las figuras de caducidad y prescripción, además de en el Derecho Civil, se manifiestan también en el resto de ramas del Derecho, existiendo plazos de caducidad y prescripción en el Derecho Penal, en el Derecho Administrativo y en la jurisdicción laboral. Siendo la naturaleza de dichas instituciones similar en lo esencial a las del Derecho Civil.

Más Información| Blog Sánchez Bermejo  La guía Derecho  Noticias Jurídicas

Imágenes | Pixabay  Pixabay

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